El abuso sexual infantil es una amenaza para niñas, niños y adolescentes en todo el mundo. En la mayoría de países de América Latina la violencia contra los niños se incrementa, mientras que el accionar de los gobiernos para prevenir, atender a las víctimas y sancionar a los agresores es insuficiente.
En este sentido, exhortamos a los administradores de justicia de América Latina y el mundo a anteponer el principio del interés superior del niño para asegurar la sanción a los responsables de los abusos sexuales. Asimismo, a la ciudadanía a mantenerse vigilante en la protección y promoción de lo más valioso que tenemos: nuestros niños, niñas y adolescentes.
Solamente en Nicaragua, la Policía Nacional, a través de la Comisaría de la Mujer, atendió el año pasado (2008) 3,797 denuncias de delitos sexuales; el 80% corresponde a los delitos de violación, estupro y abuso sexual infantil.
Sin embargo, esto pasa a formar parte de las estadísticas internacionales que indican que 150 millones de niñas y 73 millones de niños menores de 18 años tuvieron relaciones sexuales forzosas o sufrieron otras formas de violencia sexual con contacto físico (OMS).
Que cada hora 228 niños/as padecen de explotación sexual en América Latina y el Caribe. Dos terceras partes de las víctimas de abuso sexual son de sexo femenino. En la mitad de los casos los atacantes viven con las víctimas y son familiares directos. (Nils Kastberg, Director Regional de Unicef para América Latina y el Caribe)
Es alarmante el incremento progresivo de los casos de agresiones sexuales a niños y adolescentes. Un panorama incierto puesto que las estadísticas son aún subregistros que sólo dan una pincelada a la gravedad del problema.
Si tenemos en cuenta que la mayoría de casos no son denunciados, si incluimos las repercusiones del abuso sexual en las familias, nos damos cuenta que la tarea ciudadana es exigir que las autoridades en cada uno de los países busquen una respuesta inmediata que sancione a los responsables, atienda a las víctimas y establezca acciones preventivas permanentes.
En Nicaragua, las víctimas claman justicia, la ciudadanía sensibilizada y consciente del problema está indignada por la falta de respuestas y políticas que ataquen de raíz ésta pandemia por el contrario estamos siendo testigos de la invisibilización de este problema, que ubica en ventaja a los violadores sexuales de niños, niñas y adolescentes y en desventaja a las víctimas.
Víctimas y familiares que denuncian estos abusos ante las autoridades competentes, que a veces pasan más de ocho meses yendo y viniendo de la policía, los juzgados, la fiscalía y que aún esperan una sanción basada en las leyes.
Muchas de estas víctimas, han tenido que soportar contar una y otra vez cómo le sucedió el abuso, han sufrido humillaciones, reprogramaciones de sus casos, cansancio, hambre y a pesar de todo el dolor, también se enfrentan a la insensibilidad y complicidad de algunos administradores del sistema de justicia cuando emiten sus sentencias.
La mayoría de los ciudadanos desconocemos que nuestra legislación actual, contempla sanciones severas contra los abusadores sexuales, las penas privativas de libertad van desde los 12 hasta los 30 años de prisión. Es importante decir que este nuevo Código aprobado en 2008, incorpora nuevos delitos que sancionan otras formas de violencia sexual, como los delitos relacionados a la explotación sexual comercial.
Sin embargo, el problema no es la falta de leyes, sino, su aplicabilidad en los procesos judiciales, que faciliten a la víctimas restituir su derecho y acceder a la justicia, ya que muchos procesos judiciales terminan en una situación de impunidad. Dentro de este contexto radica la responsabilidad directa de los administradores de justicia, es decir, la Policía Nacional de Nicaragua, Ministerio Público y el Poder Judicial.
Invitamos a los administradores de justicia a ser más vigilantes, honestos y sensibles ante la problemática del abuso sexual, a evitar la revictimización en el sistema de justicia, a ser más capaces en cuanto a sus conocimientos en la aplicación de leyes desde un enfoque humano y con sensibilidad social que no permita la constante reprogramación de los juicios, el cansancio de la familia ante la necesidad de hacer prevalecer la justicia.
La verdad es que todos y todas debemos contribuir a la lucha contra el abuso sexual y está en las autoridades la responsabilidad de difundir estas leyes, no sólo a los adultos, sino también a niñas, niños y adolescentes a quienes es necesario informar sobre las sanciones para quienes atentan contra ellos y ellas y los factores de riesgo implicados tales como maltrato, abandono físico, material y afectivo, hacinamiento, bajo nivel educativo, relaciones de poder (adulto-niño / hombre-mujer) entre otros. Por tanto, es urgente aplicar programas de prevención desde el Estado y el cuidado en las familias que se enfrenta el abuso sexual infantil.
hablemosde.abusosexual@gmail.com
Movimiento contra el abuso sexual – Nicaragua
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