El acuerdo político alcanzado por el Consejo y el Parlamento Europeo tiene como objetivo la lucha contra el abuso sexual y la pornografía infantil. Con respecto a las nuevas sanciones introducidas por el proyecto de directiva, por abuso sexual de menores y explotación sexual van desde al menos un año a un mínimo de 10 años de prisión, dependiendo de la naturaleza del delito. Actos como que los niños sean testigos de actividades de tipo sexual (abuso) se castiga en el proyecto de directiva con una pena de prisión de por lo menos un año, mientras que coaccionar a menores para participar en un acto sexual se castiga con pena de prisión de por lo menos 10 años.
Las sanciones por asistir a espectáculos pornográficos con menores como participantes (explotación) serán de dos años de prisión, mientras que forzar a un niño a la prostitución se castigará con un mínimo de 10 años. Por posesión de pornografía infantil la pena será de un año como mínimo, con la única excepción de la posesión con fines investigadores, mientras que la producción de dicho material se condenará con una pena de prisión de al menos tres años. Por otra parte, el proyecto de ley suma a la lista de crímenes el “online grooming”, la manipulación de los menores a través de Internet con la intención de abusar sexualmente de los mismos.
Además, la directiva hará posible que se procesen a ciudadanos europeos por delitos relacionados con el abuso infantil cometidos fuera del territorio de la UE (el llamado turismo sexual), para así reducir la demanda de servicios sexuales. Además, los Estados miembros tendrán que asegurar que la organización de los arreglos de viaje para tales fines se persiga penalmente.
También las víctimas estarán más protegidas por ejemplo evitando que los pedófilos puedan obtener puestos de trabajo relacionados con el cuidado de menores en toda la UE. Para este fin, el proyecto de directiva introduce la posibilidad de solicitar y recibir información sobre las condenas por estos delitos de posibles candidatos, también cuando los candidatos sean de otros Estados miembros.
El acuerdo sobre el proyecto de directiva se alcanzó entre el Consejo y el Parlamento en junio y debería convertirse en ley a finales de 2011, después de su adopción formal por parte de estas dos instituciones. Los Estados miembros tendrán entonces dos años para transponer la Directiva al Derecho nacional. Con esta medida se pretende sustituir la Decisión marco 2004/68/JAI y aumentar significativamente el número de definiciones comunes y las sanciones.
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