Desde que
el pasado agosto el Tribunal Supremo de Pensilvania hizo público un
demoledor y explícito informe sobre la
pederastia en la Iglesia Católica, preparado por un gran jurado y basado en una exhaustiva investigación de 18 meses dirigida por el fiscal general del estado, se han reactivado la indignación y las acciones ante un escándalo que en Estados Unidos saltó hace más de tres lustros por los abusos y su encubrimiento. Otros
15 estados desde el verano pasado han puesto en marcha
investigaciones.
En varias legislaturas se han aprobado o tramitan leyes para relajar o eliminar los estatutos de limitaciones que constriñen a las víctimas a la hora de llevar sus casos ante los tribunales. Y el martes Virginia Occidental abrió una nueva vía hasta ahora inexplorada para perseguir a la Iglesia que puede sentar precedente.
El fiscal general de Virginia Occidental, Patrick Morrisey, ha acudido a la justicia civil y ha acusado a la diócesis de Wheeling-Charleston y al obispo Michael Bransfield, ahora en la diócesis de la única de Virginia Occidental, de haber violado las leyes de protección al consumidor.
Fraude
La demanda afirma que el obispo y su antigua diócesis “emplearon a pederastas sabiéndolo” tanto en sus escuelas (19 de primaria y seis institutos) como en campamentos. Dice que no se advirtió a los padres del “peligro” de enviar a sus hijos a sus programas, que se publicitaban como ambientes seguros para los menores. Y denuncia que la Iglesia optó por “encubrir y esconder comportamiento de abuso sexual infantil que pudo ser criminal" por reubicar en trabajo con niños a sacerdotes que habían sido acusados en al menos cinco ocasiones en las últimas décadas. Afirma también que no se realizaron comprobaciones de antecedentes o historial en empleados de las escuelas y campamentos.
“Creemos que todos los padres que pagaron matrículas por un servicio que queda cubierto bajo las leyes de protección al consumidor merece saber que las escuelas a las que van sus niños son seguras y la propia iglesia publicitó que los niños estarían en ambientes seguros”, ha declarado el fiscal Morrisey a ‘The New York Times’.
Abogados que han litigado con instituciones católicas como Jayne Conroy auguran que “se va a ver a muchos otros fiscales generales hacer lo mismo” que ha hecho el de Virginia Occidental. Y Mary Leary, profesora de Derecho en la Universidad Católica de América, también opinaba en ‘The New York Times’ que “posiblemente se vea una variedad más amplia de vías legales para hacer a las diócesis responsables”. Y entre quienes han aplaudido “el innovador enfoque” está el fiscal general de Pensilvania, Josh Shapiro, que ha reconocido haber tenido conversaciones con algunos de sus homólogos estatales sobre la posibilidad de plantear demandas argumentando fraude al consumidor.
La meta, más transparencia
Morrisey ha defendido que una meta importante de su esfuerzo es tratar de “
incrementar dramáticamente la transparencia” de la iglesia, que sigue estando en
entredicho. Este miércoles en
Illinois una firma privada de abogados hizo público un documento con los nombres y fotografías de
395 sacerdotes y personal laico de las seis diócesis del estado
acusados de abusos. El documento llega tres meses después de que l
a fiscalía del estado acusara a la iglesia de ocultar allí casi 500 casos (en aquella ocasión no se daban nombres). Desde entonces las autoridades eclesiásticas en Illinois solo han hecho públicos 185 de esos casos.
