Susana solicitó protección para su hija, que había contado ante un juez cómo su padre “le ponía la cabeza en la zona de sus genitales y le hacía daño con los dientes de abajo y la mano”. A pesar del relato de la menor, el Juzgado de Instrucción de Plaza de Castilla consideró que no había elementos para suspender el régimen de visitas “y más en estas fechas que se avecinan en donde la relación entre padre e hija será intensa y prolongada”, refiriéndose a las Navidades. El procedimiento se archivó. Más tarde, fue remitido a otro Juzgado de Plaza de Castilla que, sin practicar ninguna diligencia de investigación, lo volvió a archivar. Fue entonces cuando llegó a ambos juzgados un informe del Centro de Atención a la Infancia (CAI) del Ayuntamiento de Madrid en el que, tras cinco meses de peritaje con la menor, se valora “la existencia de indicios compatibles con la existencia de abuso sexual intrafamiliar”. Dicho informe también fue remitido a la Sección de Menores de la Fiscalía Provincial de Madrid, solicitando “practicar la adecuada protección de la menor”. Sin embargo, el último juzgado sobre el que ha recaído el caso, el Juzgado de Familia, está obligando a la niña a acudir a las visitas con su padre tras haber desestimado las medidas cautelares de protección. Para este juzgado, “el citado informe del CAI carece de la fuerza probatoria que se pretende hacer valer por la parte actora (la madre)”. El archivo ha sido recurrido ante la Audiencia Provincial pero, por el momento, madre e hija siguen a la espera de que ésta se pronuncie.
Archivan incluso casos en los que los médicos forenses constatan que hay traumatismos en los genitales
Son muchos los casos de este tipo que se archivan, “incluso existiendo partes de lesiones desoladores en los que los médicos forenses constatan pruebas físicas contundentes, como traumatismos genitales”, explica la abogada de la Asociación Infancia Libre. Ésta aclara a Diagonal que, aunque los jueces no contemplan por escrito el Síndrome de Alienación Parental (SAP) –desorden psicopatológico por el que un niño o niña rechazaría a uno de sus progenitores, alienado por el otro progenitor– en ninguna de sus sentencias, dado el carácter acientífico de esta teoría, “subyace en el pensamiento de la justicia española el prejuicio de género que considera que las mujeres que denuncian a sus exparejas por abusos sexuales lo hacen porque están resentidas”. Así, no sólo los abogados defensores de los padres, sino también los jueces y los servicios psicosociales adscritos a cada juzgado, siguen creyendo que existe una manipulación de los menores por parte de sus madres a la hora de testimoniar este maltrato. “Es más fácil pensar que las madres son unas despechadas antes que reconocer y corregir las razones por las que uno de cada cinco niños sufre abusos sexuales intrafamiliares en Europa”, añade la abogada citando datos del Consejo Europeo.
“Prefiero verla muerta”
“La frase recogida en el atestado policial del padre [‘prefiero verla muerta antes que no verla’] no denota intención alguna de causar un mal a su hija y previsiblemente estuvo provocada por la desesperación derivada de la imposibilidad de ver a su hija y por el hecho de verse imputado por un delito de abuso sexual contra la misma”. Ésta es la conclusión a la que llega otro Juzgado de Plaza de Castilla en su providencia de noviembre de 2015, valorando al padre como no culpable sin haberle tomado declaración. La menor a la que se refería este padre tiene que huir cada martes y cada viernes de cada semana para no ver a su progenitor. Este procedimiento también se ha archivado, con razonamientos jurídicos que corroboran que, aunque no se mencione el SAP, los jueces siguen relacionando las denuncias con la manipulación materna: “La denunciante, por un sincero temor o por el motivo que fuere, muestra una voluntad férrea de que su hija no esté con su padre y le transmite de forma clara y dinámica, siendo posible que la menor haya ido interiorizando que su madre sufre enormemente cuando ella está con su padre y que, cuando cuenta cosas como las denunciadas, su madre se siente reforzada para luchar contra el deseo de su padre de verla”.
En el caso de Viviana, la jueza obligó a madre e hijo a asistir a un centro de salud mental con el fin de que ella “restructurase su sistema de ideas y creencias” y que el niño se preparase para iniciar las visitas con el supuesto abusador. En octubre de 2014, esta madre se querelló contra el equipo psicosocial adscrito a los juzgados de Valdemoro por un delito contra la Administración de Justicia en su modalidad de emisión de dictamen falso de los artículos 459 y 460 del Código Penal. La querella, sobreseída de plano y recurrida después, estuvo más de ocho meses metida en un cajón. Tras varias quejas al Consejo General del Poder Judicial y al Defensor del Pueblo, finalmente ha sido inadmitida sin practicar diligencia alguna.
Muchas madres se enfrentan a cuantiosas multas por incumplir el régimen de visitas estipulado por el juez
En el caso de Victoria. el equipo psicosocial del juzgado había aconsejado que el menor debía vivir con el padre y consideraba someter a la madre a intervención especializada para modificar su interferencia en el mantenimiento de las relaciones paterno-filiales, a pesar de la existencia de informes psiquiátricos, partes médicos y la denuncia de una profesora del menor en la que también acusaba al padre de abusar del niño. “Los informes de estos profesionales [el equipo psicosocial del juzgado] son asumidos acríticamente por los jueces, sin importar que no se les exija especialización en psicología infantil o abuso sexual a menores, o que sus métodos carezcan de garantías procesales, ya que no son públicos, y sus peritajes, insuficientes en número y tiempo, no son grabados”, confirmó el Defensor del Pueblo en la reunión que mantuvo con los representantes de Infancia Libre.
Otra muestra de la falta de garantías es el hecho de que estos funcionarios sólo citan para evaluación a la madre y al menor. “¿Quién debería ser investigado por abusos, la madre y el menor o el padre?”, se pregunta indignada la abogada de la asociación. “Igual que una mujer cuando dice que su marido le pega o amenaza y los jueces no hacen ni caso, con los abusos a menores ocurre lo mismo con el añadido de que el único adulto que los defiende, la madre, tampoco es creída”, alegan desde Infancia Libre. De hecho, Save the Children destacaba en su último informe de 2013 que los tribunales obvian por lo general durante el proceso el hecho de que en la mayoría de denuncias también hubiese indicios o pruebas de violencia machista hacia las madres, según señala una de las afectadas de la asociación.
Desobeder lo injusto
Al hecho de que las declaraciones de los testigos directos (los menores) y los informes de especialistas, expertos en la psiquiatría infantil pero ajenos a los juzgados, no cuenten para la Administración Pública frente a los de los peritos, se suma la negación recurrente de los juzgados de familia de ordenar medidas cautelares, como la suspensión del régimen de visitas, que eviten el peligro de que los menores vuelvan a ser agredidos. De hecho, en los casos ya archivados, aunque el sobreseímiento no descarte que se haya producido el abuso sino la insuficiencia de base probatoria sobre la que desarrollar el proceso, los juzgados de familia suelen adoptar precipitadamente decisiones en materia de custodias y visitas poniendo en riesgo a los niños. Es entonces cuando comienza para las madres y sus menores “el auténtico calvario”, en palabras de la abogada de Infancia Libre. Muchas de ellas deciden arriesgarse a ser imputadas por un delito de desobediencia tras incumplir el régimen de visitas estipulado por el juez. Es el caso de Laura, cuyos hijos de 11 y 12 años están obligados por un juzgado de Violencia de Género a ver a su padre a pesar de haber explicado ellos mismos ante dicho juzgado que no quieren verle. Con 900 euros de paro, esta madre tiene que hacer frente a multas de 300 euros al mes porque los menores se niegan a ir con su padre, a pesar de que el Observatorio Estatal de Violencia de Género reconozca en su último informe de expertos en psiquiatría que a los menores no se les debe presionar a hacer algo que no quieren hacer. Si esta madre incumple el régimen de visitas, la guarda y custodia pasará a manos del padre, amén de las condenas por falsa denuncia y por desobediencia.
Los psiquiatras advierten del peligro de revictimización de los menores por parte del sistema judicial
En palabras del doctor José Luis Pedreira Massa, responsable de psiquiatría infanto-juvenil en Clínica La Luz de Madrid, el hecho de que estos niños tengan que seguir conviviendo con sus padres y de que los abusos puedan, por tanto, persistir en el tiempo, puede provocar graves secuelas en los menores, especialmente trastornos de comportamiento y conductas disociadas en el futuro. “Es muy difícil tratar a un menor que ha sufrido una agresión, pero es mucho más complicado si estos abusos continúan produciéndose. En muchos casos el niño puede llegar a convertirse en un maltratador de mayor”, explica Pedreira. En concreto, en uno de los casos que ha llegado a la asociación, en el periodo en que el menor siguió viendo a su padre llegó a sufrir un 37% de retraso en su desarrollo madurativo y a autolesionarse, introduciéndose un dedo en el ano, tal como había denunciado que le hacía su padre. El psiquiatra, además, hace hincapié en el peligro de revictimización de los menores por parte de nuestro sistema judicial y, en especial, de los servicios psicosociales: “Su método de comprobación de la fidelidad del testimonio del menor consiste en hacerle repetir una y otra vez lo ocurrido, forzándole a revivir una experiencia perjudicial para él”.
La alianza entre capital y patriarcado
Desde la Asociación Infancia Libre han llevado sus quejas y propuestas a distintos representantes políticos. En el caso de la Comunidad de Madrid, en el próximo Pleno del 4 de febrero la diputada de Podemos Isabel Serra pedirá explicaciones a la Consejería de Políticas Sociales y Familia sobre el funcionamiento del Centro Especializado de Investigación del Abuso Infantil (CIASI) y el trabajo de los equipos psicosociales, ambos competencia del gobierno autonómico. En la Comunidad de Madrid, el CIASI nació en 2005 ya privatizado. “Sus empleados han llegado a recomendar a las madres no denunciar los abusos sexuales de sus hijos. Esto responde a la política del PP en esta comunidad, que ha destruido o privatizado todos los servicios sociales para que los gestionen empresas de sus amigos y hagan negocio”, señala Serra.
En el caso de la Asociación para la Protección del Menor, encargada de la mayoría de estos centros en España, la organización está presidida por Marisa Sacristán, miembro de los Legionarios de Cristo, cuyo fundador fue acusado de abuso sexual infantil. Sacristán, de ideología ultracatólica, fue pionera en importar la visión de la teoría del Síndrome de Alienación Parental a través de los puntos de encuentro familiares.
Tal y como señala Isabel Serra, diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid, detrás de lo que parece una respuesta neomachista al abordaje institucional de la violencia contra las mujeres y los menores, se encuentran los intereses económicos de las empresas privadas que gestionan los puntos de encuentro familiares. Estos centros, donde los menores son entregados por sus madres durante las horas establecidas por el juez para que vean a sus padres, reciben fondos públicos de hasta 3.000 y 9.000 euros por expediente. En ellos, sin embargo, no se llevan a cabo intervenciones psicológicas con carácter terapéutico para los menores ni existe supervisión de padres e hijos durante las horas de encuentro. Se limitan a “facilitar o, mejor dicho, forzar la relación del hijo con su progenitor”, aseguran desde Infancia Libre.
