miércoles, 5 de julio de 2017

TSJ-CDMX había obligado a los niños que murieron en Magdalena Contrerasa vivir con un violador, denuncian






http://app.proceso.com.mx/mz/nota/493557
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El suicidio de Mireya Agraz Cortés, sus tres hijos y su padre fue resultado de la violencia institucional y la violación a los derechos de los niños por parte de las autoridades del Distrito Federal, denunciaron 40 organizaciones de la sociedad civil (OSC).
En conferencia de prensa, el grupo de expertas y defensoras de derechos humanos aseguró que los integrantes de la familia perdieron la vida el pasado 8 de junio, debido a la desesperación de la madre por un mal tratamiento de la justicia del que fue víctima durante seis años.
Los especialistas explicaron que en el desarrollo del caso se violaron principalmente los derechos humanos de las hijas gemelas de seis años y de otro menor de 10, porque dos juezas del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ-CDMX) ordenaron la relación paterno-filial con el padre, Leopoldo Olvera Silva, aun cuando se comprobó la violencia sexual que éste ejerció contra sus propios hijos.
Según las expertas, existían dos informes -uno de la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (ADIVAC) y otro del Hospital Psiquiátrico Infantil “Dr. Juan N. Navarro”- del 2013 y 2011, respectivamente, que confirmaron la agresión sexual.
Además, Mireya Agraz Cortés interpuso las denuncias penales ante el ministerio público de la Fiscalía Central de Delitos Sexuales FDS-6/T2/5/6/11-06 y FDS/FDS/6-/T3/153/14-02VS, así como una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) contra las actuaciones de la jueza Décima de lo Familiar del TSJ capitalino, entonces dirigido por el magistrado Edgar Elías Azar, actual embajador de México en Holanda.
Sin embargo, en octubre de 2016, la jueza Onceava de lo Familiar de la Ciudad de México, Silvia Araceli García Larga, otorgó a Leopoldo Olvera, abogado en derecho mercantil y civil, la guarda y custodia de sus hijos.
Luego de la resolución, Agraz Cortés -mercadóloga egresada de la Universidad del Valle de México-, sus tres hijos y sus padres, ingirieron un cóctel de pastillas el pasado 8 de junio. Sus cuerpos fueron encontrados sin vida en su domicilio ubicado en la delegación Magdalena Contreras. La única sobreviviente fue la madre de Mireya, quien fue hallada con vida y trasladada de emergencia a un hospital.
“El sistema les falló a los niños”
Ante estos hechos, las defensoras de derechos Humanos sentenciaron que las omisiones de las autoridades, la falta de rigor jurídico y la inobservancia al proceso inhibió la procuración de justicia en favor de Mireya.
Resaltaron la falta de aplicación de los protocolos en materia de derechos de los niños y las niñas -“de los que se dice pionero el gobierno de la Ciudad de México”, criticaron- porque las juezas no consideraron sus testimonios como válidos y, por el contrario, los revictimizaron al someterlos a varios dictámenes psicológicos.
“El sistema procesal les falló a los niños, a sus derechos. ¿Cuántos niños más vamos a perder por omisión de las autoridades responsables?”, cuestionó Leticia Chávez, de la Promotora Popular de Madres Educadoras.
Karla Micheel Salas, litigante de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANDA), criticó: “A los niños se les estaba obligando a convivir con un violador. Mireya y sus hijos perdieron la vida por un mal tratamiento de justicia en el país que buscaron por seis años”.
Las organizaciones civiles, entre las que destacan Comunicación e Información de la Mujer, el Instituto de Investigación y Estudios por la Atención de la Violencia a Niñas y Niños y el Instituto Nacional de Pediatría, exigieron:
Abrir nuevas líneas de investigación que observen las actuaciones de violencia institucional, la destitución inmediata de los encargados de impartir justicia, una debida diligencia con perspectiva de género y derechos de la infancia, y la derogación de la figura jurídica de Alienación parental.
Además, demandaron el acceso a la carpeta de investigación ya que la Procuraduría General de Justicia (PGJ-CDMX) reservó los expedientes.

“Hacemos un llamado a la opinión pública y a las autoridades a reconocer la importancia de los derechos de los niños y niñas. No se están respetando sus derechos”, señaló Mónica Herrerías, perito en psicología.
Las organizaciones inconformes no descartaron acudir ante instancia internacionales para exigir justicia en el caso.

El pasado 13 de junio, el TSJ-CDMX, presidido por el magistrado Álvaro Augusto Pérez Juárez, defendió la actuación de las juezas Décimo y Undécimo de lo Familiar. En una tarjeta informativa, aseguró que su actuar “se apegó en todo momento a las actuaciones que obran en los respectivos expedientes, y siempre mirando en todo por el interés superior del menor”.

Exigen organizaciones derogar la Alienación Parental tras caso Mireya



Tras el caso Mireya Cortés, alrededor de 40 organizaciones exigieron, en conferencia de prensa, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) derogue la figura jurídica de Alienación Parental.
Y que en consecuencia se declare inexistente el artículo 323-Septimus del Código Civil de la Ciudad de México, que la contempla a la como una forma de violencia familiar.
“En el caso de Mireya Cortés, en específico del niño, se tenían los dictámenes del Instituto Nacional de Psiquiatría, del DIF, los de Asociación para el desarrollo integral de personas violadas (que validaban el abuso sexual) y todo eso no lo consideró la jueza”.
“Lo único que retoma es un análisis de hora y media hecha por una institución como el INCIFO -que no cuenta con especialistas para este tipo de casos- que determina que hay Alienación Parental y que los niños son manipulados por la madre”, argumentó la abogada Karla Miches Salas.
Lo cual derivó en que en octubre de 2016 la jueza onceava de lo familiar otorgara la guardia y custodia al padre de los menores, Leopoldo Olvera Silva, pese a las acusaciones y evidencias de la violencia sexual ejercida hacia el hijo e hijas de Mireya Cortés, acusaron las organizaciones.
En tanto, Mónica Herrerías de Rehilete, expuso que dicha figura jurídica debe declararse inconstitucional debido a que no cuenta con un aval científico que la sustente.
Por lo que esperan que el próximo 15 o 16 de julio la SCJN resuelva a favor de la acción de inconstitucionalidad 19-2014 que presentó la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México por la figura jurídica de Alienación Parental.

Otras peticiones

Las organizaciones exigieron que se abran nuevas líneas de investigación para determinar la violencia institucional, el abuso de poder y la violación al derecho pleno a la justicia en el caso Mireya.
Así como la destitución inmediata de los encargados de impartir justicia en dicho caso.
El pasado 8 de junio fueron encontrados las cuerpos de Mireya Agraz Cortés, sus dos hijas e hijo, así como el del padre de Mireya y una carta póstuma en la que explicaron los motivos de su suicidio.

Sufren amenazas

Laura Martínez Rodríguez, de ADIVAC, -quien documentó el abuso sexual- expuso que tras el suicidio de Mireya la asociación ha sufrido amenazas por parte de desconocidos.
Se trata de mensajes intimatorios en los que se les advierte que ya no tendrán más injerencia en el caso.
“Llegaron a través de las redes sociales mensajes de que nuestros informes ya no van a funcionar”, agregó.