domingo, 21 de febrero de 2016

Los niños tienen que poder reconocer un abuso sexual”



18 FEBRERO 2016
El caso Maristas, de presuntas agresiones sexuales, con 10 denuncias a los juzgados y 6 acusados, de momento, ha dejado al descubierto las carencias del sistema para detectar estos y otros tipos de abusos y matractaments infantiles. Los protocolos que sirven para que diferentes departamentos se coordinen al mismo tiempo de prevenir y evitar la pederastia, no han servido de nada. Legalmente un juez no puede investigar de oficio este tipo de delito. Estos casos sólo van a juicio si el afectado quiere, por lo tanto sin denuncia es imposible hacer nada. Pero si los Mossos y la Fiscalía, como es el caso, están alertados sí pueden recurrir a la dirección deneral de la Infancia y la Adolescencia para que proteja a los menores. La prevención, una vez más se perfila como el arma para evitar casos como los de los Maristas, y eso pasa por la enseñanza. Para la conselleria y para la educación que reciben a los niños. Un factor clave para Maria Jesús larios, adjunta al Síndico por los derechos de los niños y los adolescentes.
Maria Jesús Lario, adjunta al Síndico
¿Qué ha fallado en el caso de los Maristas?
Para mí la clave es que el departament de Ensenyament es el firmante de este protocolo. La conselleria d’Ensenyament firma este protocolo y como tal ella es responsable, como cualquier otro departamento, de hacer cumplir este protocolo. Y en ningún momento se hace ninguna distinción de centros públicos y concertados. Ni en este protocolo ni en lo que tienen de conjunto Ensenyament i Benestar Social, que es del 2012. No se hace ninguna distinción, por lo tanto yo creo que eso no admite demasiada discusión.

Para mí la clave es que el departament d’Ensenyament es responsable de hacer cumplir este protocolo
¿Por qué las escuelas no tienen este conocimiento? ¿Se ha producido un error del departament d’Ensenyament de no explicar este protocolo a todos los centros?
En general en el tema de abuso sexual infantil, de maltrato infantil, hay falta de información. En general, entre los profesionales de escuelas, de servicios sociales, de todo tipo. Desde el año 2009 hacemos un informe extraordinario sobre protección y una de las cosas que se dice es que las escuelas tienen la obligación de detectar maltratos. Pero las escuelas, a veces, los profesionales y, seguramente con razón, por falta de recursos, y porque defienden que su función es la docencia, no han hecho tan suya la detección de maltratos. Nosotros siempre hemos combatido esta idea.

¿Qué dice el protocolo sobre el papel de las escuelas?
El protocolo las sitúa como agente de detección y de protección. Porque el protocolo no olvidamos que viene del caso Alba. El caso Alba era una niña que iba a la escuela y había dado signos de desatención. Alba daba signos de desatención muy claros y eso no se comunicó. El protocolo sitúa a la escuela como un actor de defensa de derechos y detección de maltratos. Falta que haya una verdadera asunción de este rol, un conocimiento por parte de maestros, claustros, consejos escolares, etcétera. Y también, que haya una verdadera formación en los propios niños.

Los niños tienen que reconocer qué es un beso dado por una persona que le quiere o qué es un beso que no le tienen que dar
¿Cómo se tiene que explicar a los niños y niñas?
Los niños deben saber que hay maltratos. Qué es el maltrato. Los niños deben poder reconocer qué es un abuso sexual. Tienen que poder reconocer cuando un adulto o un igual se le acerca de manera inadecuada. Tienen que poder saber qué es un beso dado por una persona que le quiere o qué es un beso que no le tienen que dar. Eso lo tiene que poder identificar un niño. Y si no se lo enseñamos no lo sabe identificar. Faltan muchas campañas también con los niños. Qué sepan reconocer qué es lo que no se puede admitir. No olvidemos que es un tema muy complejo porque en el abuso sexual, normalmente, el abusador no es una persona violenta. No es una persona que te está maltratando. Te está haciendo alguna cosa que tú no entiendes que te está pasando. Y los niños tienen que estar formados, y eso es lo que nos falta. No está en las escuelas. Y es una tarea que tiene que asumirla muy claramente el departamento que forma a los niños, independientemente de lo que puedan hacer después otras instancias como Mossos d’Esquadra, es una tarea que tienen que hacer los propios docentes o expertos de las escuelas.

¿Quizás lo más fácil es trabajarlo desde la propia escuela?
La escuela tiene que tener en sus contenidos, ya sean tutorías, ética, educación para la ciudadanía… una formación en derechos a los niños y una formación en lo que son la negación de los derechos, que es el maltrato. La escuela lo tendría que hacer con mucha normalidad. Además, si quieres hacemos campañas y educación sexual, y hacemos todo lo que haga falta, pero la escuela tiene que integrar los derechos de los niños como un conocimiento que tienen que tener los alumnos.

Estamos hablando de un tema que todavía se tabú en según qué tipo de centro. ¿Quizás en algunos tipos de centro más?
Yo no me atrevería a decir que en unos centros más que en otros. En parte, todavía nos cuesta a la sociedad admitir que hay abuso sexual infantil. Hay informes desde el Consejo de Europa, y de Save the Children, muy exhaustivos, que hacen una buena diagnosis. Hay que ser consciente de que el 80% de maltratos infantiles están en el ámbito familiar, y eso cuesta mucho de admitir. Supone un descalabro. Primero hay que admitir que existe y después hay que formar. Si no rompemos esta barrera previa, no haremos formación y yo creo que hay mucha incomodidad en torno al abuso sexual infantil. Hay mucha incomodidad, desconocimiento, y por lo tanto hace falta mucha formación en las escuelas pero también en centros de ocio, de protección; también hace falta que los educadores estén formados.

El protocolo no es una arma mágica
¿Qué ha pasado para que desde que se hace el protocolo el año 2006 hasta ahora no se haya acabado de desplegar, no se haya hecho formación en las escuelas?
Hay una parte de la administración que tiene una continuïdad. Todo eso es una cadena que no se detiene y dentro de esta cadena, lo que reclamamos del departament d’Ensenyament es que haga cumplir el protocolo. Que las normas de funcionamiento de los centros, igual que se les pide que tengan un reglamento de régimen interno, igual que se les reclama aplicar el régimen disciplinario, el decreto de derechos y deberes… también tienen que obligar a conocer los protocolos y a aplicarlos, y a escuchar a los alumnos. Eso también es muy importante. Aparte de formar a los alumnos los tenemos que escuchar. Las escuelas tienen que escuchar más al alumno. Deberían haber canales a través de los cuales el alumno que tuviera un malestar lo pudiera explicar. Las escuelas lo deberían tener como elemento clave, desde que empieza en P3 hasta que acaba la primaria y continúa a la secundaria. Tendrían que haber canales adaptados a cada edad. Porque a veces se centra la docencia en la consecución de conocimiento pero no escuchamos. Y si no escuchamos nunca podremos llegar a protegerlos lo suficiente.

En el caso de los Maristas, la escuela no informa y la DGAIA, por lo tanto, no se entera…
No.

¿En ningún momento?
Según nos ha dicho a nosotros, en ningún momento se le comunica nada en la DGAIA. Es una de las cosas que señalamos como un error del protocolo. Porque la DGAIA tiene una función que le asigna la ley de protección del niño en general. Es la que debe promover la difusión del protocolo, la que tiene que liderar que todo el Gobierno se coordine de manera que cuando haya alguna denuncia se activen mecanismos. Es donde la ley prevé que debería existir un organismo específico para centralizar cualquier denuncia o sospecha de maltrato. La DGAIA, en el caso de los Maristas, no tenia conocimiento pero desde la sindicatura le reclamamos una actitud más proactiva al mismo tiempo de defender a estos niños. Que la sociedad la perciba como la unidad del gobierno que tiene la responsabilidad máxima de defender a los niños, como organismo transversal.

¿Se le puede reprochar alguna cosa a los Mossos, el fiscal y al juez? ¿Hubieran podido hacer alguna cosa más? De oficio un juez no puede actuar si no hay denuncia en estos casos… ¿pero la policía y el fiscal?
La fiscalía hace una intervención y el juzgado de instrucción, una vez la familia denunciante no lo ratifica, lo acaba archivando. La fiscalía, de acuerdo con el artícle 191 del Código Penal, era la única que podía continúa el proceso y no lo hace. Nosotros no podemos valorar esta circunstancia.

Pero la fiscalía hubiera podido avisar la DGAIA…
Aquí sí que hay un tema de protocolos y sí que creemos que hubiera estado bien. Una cosa es el procedimiento judicial, pero planteamos que se debería haber notificado a la DGAIA.

¿Y los Mossos?
Pues, también. Los Mossos son parte firmante del protocolo y también señalamos como un error importante el hecho de que no notificaran a la DGAIA el conocimiento que había tenido de los hechos los Maristas.

¿Hubiera evitado alguna cosa el protocolo? ¿Al menos, evitado los casos más recientes?
El protocolo no es una arma mágica. Prevé que si hay una denuncia se tiene que comunicar a las administraciones. Si no se hace esto primero, el protocolo es papel mojado. Pero si el centro docente lo comunica al departament d’Ensenyament, i el departament d’Ensenyament lo comunica a la DGAI, aquí hay unos actores que pueden desarrollar actuaciones para evitar otros posibles abusos. A mí no me gusta hacer ficción, el qué hubiera pasado si…  Lo que sí que es cierto es que los protocolos lo que hacen es que las partes que tienen responsabilidades diversas en atención a los niños se coordinen y actúen para defender a aquel niño.

Si en un centro hay un acoso grave se tiene que comunicar
¿El protocolo es de obligado cumplimiento?
Es un compromiso que asumen los departamentos. No es una norma jurídica sino que es un compromiso que firman las partes, es un acuerdo. Si un departamento de la Generalitat firma un protocolo se entiende que se obliga a cumplirlo. Ante un hecho tan complejo lo que hace es intentar establecer pautas para coordinarse e informarse mutuamente. Y el protocolo lo que quiere prevenir es que no quede ningún flequillo

Más allá del protocolo hay un decreto que dice que si hay sospechas claras de una situación de maltrato se debe decir. ¿Sería eso lo que acaba obligando a la escuela, no?
Los centros tienen la obligación de avisar de todo aquello importante que ha pasado en relación a los derechos de los niños. Por lo tanto si en un centro hay un acoso grave se tiene que comunicar.

¿Y lo comunican?
Entendemos que la inspección de enseñanza cuando hace el contacto habitual con los centros conoce todo lo que pasa de trascendente en el centro. Y de hecho, para acabar de cerrar este flanco, hemos recomendado que la inspección juegue un papel activo al mismo tiempo para proteger. Que la propia inspección cuando hace su tarea se implique en la observación de supuestos de maltrato pregunte por posibles casos. Pero creemos que las escuelas ya tienen esta obligación.

¿No les han dicho nada los Maristas?
No. Esperamos a ver.

(Fotos: Sergi Alcazar)

Abusan sexualmente de tres niños en guardería del IMSS, en la CDMX

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tras hallar los elementos necesarios que prueban abuso sexual contra dos niñas y un niño por parte de personal adscrito a una guardería en la Ciudad de México.
En un comunicado, la dependencia informó que los hechos ocurrieron en 2012, luego de que una de las menores fuera llevada al área de urgencias de su unidad familiar y observaron signos de violencia sexual.
La niña, de 4 años de edad, lloraba mucho, tenía pesadillas, no comía, vomitaba constantemente, volvió a usar pañal, tartamudeaba y no quería que su madre la dejara en la guardería.
En la recomendación la CNDH describe que una de las maestras le introducía el “dedo chiquito” en su “colita (ano) y vagina”. Una semana después, la menor dijo que otra maestra le hacía lo mismo y le pedía que le chupara los pezones; además, ambas maestras la pellizcaban en la axila y la amenazaban para que no dijera lo que le hacían.
En junio de ese año, la madre de la niña presentó denuncia de hechos ante la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) de la PGR.
En la Fiscalía se inició una averiguación previa a la que fueron acumuladas dos indagatorias más, y el 19 de julio de 2014 la autoridad ministerial ejerció acción penal contra tres empleadas de la Guardería, por diversos delitos cometidos en agravio de tres menores de edad.
La CNDH conoció de los hechos y de inmediato ofreció a las víctimas apoyo psicológico por conducto del Programa de Atención a Víctimas del Delito (PROVÍCTIMA).
Por su parte, la madre del niño, quien en ese momento tenía 3 años de edad, también presentó queja ante la CNDH, donde señaló los ataques que el infante recibió por parte de dos “maestras” de la Guardería.
El menar le conto a su mamá que una maestra le pegaba, lo pellizcaba, le tocaban “sus huevitos y su pene” y “le pellizcaban su colita”; le mostró fotos de maestras que encontraron en Facebook y reconoció a una de ellas que lo pellizcaba, aventaba y gritaba y a otra más como la que lo tocaba.
La mamá dijo que el menor presentó cambios en su comportamiento tales como pérdida de control de esfínteres, se ponía agresivo, tartamudeaba a pesar de que ya hablaba bien, vomitaba sin razón alguna y en los últimos días se negaba a entrar a la guardería.
Durante la tramitación del expediente, fueron remitidas a esta Comisión Nacional diversas constancias que acreditan que otra menor de edad también había sido víctima de violencia sexual por personal de la Guardería.
La Comisión Nacional contó con elementos suficientes que acreditan transgresiones al principio del interés superior de la niñez y a los derechos humanos a la integridad personal, al normal desarrollo psicosexual, al desarrollo infantil, al trato digno, a un entorno seguro, afectivo y libre de violencia; al cuidado y protección contra actos u omisiones que pueden afectar su integridad física o psicológica, en agravio de tres menores de edad, como consecuencia de actos de violencia sexual, física y psicológica atribuibles al mencionado personal adscrito a la Guardería del IMSS.
Además, también se acreditó victimización secundaria por servidores públicos de la PGR, en virtud de que ocasionaron que la niña y su madre acudieran al menos en ocho ocasiones, y el niño y su progenitora en seis ocasiones para el desahogo de diversas diligencias, lo que les generó aflicciones y desconfianza.
Entre las recomendaciones que emite la CNDH está que el titular del IMSS, entre otras cosas, la reparación integral de los daños ocasionados a los infantes y sus familiares, atención médica, psicológica y de rehabilitación para restablecer su salud física y emocional, así como inscribir a los dos agraviados y a quien tenga derecho a ello, al Registro Nacional de Víctimas.
Además, se emita una circular dirigida al personal que supervisa las guarderías del IMSS, para que éstas se realicen de manera constante y periódica, se verifique que su personal que tiene contacto con las niñas y niños usuarios respete y garantice sus derechos, así como preservar y resguardar en una base de datos los resultados de las supervisiones que se realicen, y se instalen cámaras de video en las áreas de atención de los infantes.

Contabilizan más de 100 víctimas de pederastia en Oaxaca; a dos años el responsable no recibe sentencia

EMILIO RAMÍREZ Y MAYRA MARTINEZ
Oaxaca, Oax. En Oaxaca las víctimas de pederastia por parte del sacerdote Gerardo Silvestre Hernández, se contabilizan en más de 100, en las 7 poblaciones a las que fue asignado el clérigo por la arquidiócesis de Oaxaca, denunció el Foro de la Niñez Oaxaqueña (FONI).



El representante de la asociación, Alejandro de Jesús Ramírez, señaló que las denuncias por abuso sexual en contra de niños por parte de sacerdotes no es en contra de la iglesia, sino a favor de las víctimas.
Y es que a pesar de que hace más de dos años, el ex sacerdote se encuentra recluido en el penal de Tlaxiaco aún no se le ha dictado sentencia.
Detalló que en el año 2006 se dio a conocer el primer caso de abuso de un niño de nueve años por parte de Silvestre Hernández al ocupar el interinato de la parroquia de Huitzo por seis meses.
Así mismo, agregó se estima que en 2008 fueron 45 niños y un anciano el número de personas abusadas por el clérigo en la población de San Lucas Camotlán, sin embargo, apuntó que la organización ha rastreado más de 100 víctimas.
Por su parte al enterarse de los hechos, el arzobispo de Antequera José Luis Chávez Botello, lejos de proceder en contra del pederasta lo encubrió y premió nombrándolo como decano de Ixtlán, en la Sierra Norte, y como encargado de la parroquia de San Juan y Santa María Ozolotepec, denunció el activista.
En tanto que al sacerdote Apolonio Merino Hernández le es ordenado por el arzobispo dejar de escuchar a las víctimas ya que divide a la iglesia y al clero; y posteriormente es suspendido mediante un decreto canónico firmado por Chávez Botello.
Ante esta situación las organizaciones sociales integrantes del FONI, exigieron la suspensión de Silvestre Hernández y la investigación por parte de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) ante el presunto caso de pederastia.
Por lo que el 12 de agosto del 2013 la Agencia del Ministerio Público adscrita a la Subprocuraduría de delitos contra la mujer, ejerció acción penal en contra de Gerardo Silvestre por el delito de corrupción de menores.
De esta manera fue detenido el 29 de noviembre del 2013 y recluido en el penal de Tlaxiaco, fecha desde la cual no se le ha dictado sentencia.
Por la cual, indico que el FONI continúa con su exigencia de justicia para las víctimas y la pena máxima para los responsables de pederastia clerical ya que este delito es cometido en muchas poblaciones de Oaxaca.
Así como castigo a todos los involucrados con su conducta estructural de protección, a quienes se les debe fincar responsabilidad por preferir proteger al victimario en lugar de salvaguardar a las víctimas, declararon integrantes de las organizaciones.
El castigo que no ha llegado a los pederastas en Oaxaca
De golpe la vida les cambió, sus rostros de inocencia, ahora muestran un gesto de enojo, de rabia que no saben como más externar y en un silencio profundo guardan una dura experiencia; son más de cien niños de Oaxaca, víctimas de pederastía.
Desde hace años esperan el "castigo", no el divino, sino el de la justicia, porque dicen que el primero llegará en cualquier momento para todos los curas que detrás de una sotana han cometido abusos contra menores de edad, solapados presuntamente por el arzobispo José Luis Chávez Botello.
La espera ha sido larga, al menos para quienes decidieron denunciar, porque muchos casos más, se guardan como secreto que se llevarán "hasta la tumba", debido a las familias "tradicionalistas" en comunidades indígenas, donde por "vergüenza" y por miedo a la iglesia prefirieron callar.
Por otra parte la reciente visita del papá Francisco a México, despertó la esperanza en las víctimas y sus familias quienes esperaban algún pronunciamiento al respecto, incluso prepararon cartas de petición para el castigo de párrocos abusadores. Sin embargo no hubo trascendencia y la espera sigue siendo una constante.
La demanda es el esclarecimiento y justicia en el caso de estos niños y niñas que fueron abusados sexualmente por el sacerdote Gerardo Silvestre Hernández, que se encuentra recluido desde hace tres años en el penal estatal del distrito de Tlaxiaco.
El Foro de la Niñez Oaxaqueña (FONI) que agrupa a varias organizaciones, ha insistido en sacar a la luz los casos y exigir justicia, reclamó la setencia contra Gerardo Silvestre quien según dijeron cometió sus primeros abusos en el 2006 cuando cubría un interinato de seis meses en la comunidad de San Pablo Huitzo.
Mientras que en Camotlán, comunidad de la Sierra Sur, se han documentado seis abusos por parte del párroco. Familias relatan que a pesar de que las autoridades eclesiásticas fueron notificadas del caso, Silvestre Hernández, fue removido en al menos seis parroquias, pero no fue cesado del cargo ni se escuchó la voz de las víctimas.
No fue hasta noviembre del 2013, cuando se libró la orden de aprehensión, por lo que el sacerdote fue recluido en penal de Tlaxiaco, en donde aún no se le ha dictado sentencia a dos años de proceso.
"Un obispo que cambia a un sacerdote de parroquia cuando se detecta una pederastía, es un inconsciente, y lo mejor que puede hacer es presentar la renuncia”, dijo el papa Francisco durante su viaje de retorno de México a Roma y es precisamente lo que se preguntan las familias oaxaqueñas, si el Papa aceptó la renuncia de Chávez Botello.
EL Arzobispo de Antequera, dijo que presentaría su renuncia al cargo en esta visita papal. Aunque argumentó que no obedecía a las presiones de familias de víctimas de pederastía ni mucho menos por estos casos durante su administración.
Chávez Botello, es originario de Tototlán Jalisco, fue recientemente denunciado también por el sacerdote Manuel Arias Montes por presuntas amenazas debido a sus declaraciones en donde ha dado a conocer los casos de pederastía que segun han sido encubiertos por el Arzobispo.
A decir del titular de la Fiscalía del Gobierno del Estado, Héctor Joaquín Carrillo Ruiz, no existe una denuncia formal contra Chávez Botello, por encubrimiento de pederastas, más sí podrá ser llamado a declarar "como un ciudadano cualquiera" para las investigaciones en torno al caso de Gerardo Silvestre.
Sin embargo, admitió que sí hay una denuncia penal en contra del representante de la iglesia católica interpuesta por el padre Manuel Arias Montes, por lo cual habrá que practicar diligencia.
Por su parte el delegado Estatal de la Procuraduría General de la República en Oaxaca, Javier Villanueva Hernández, dijo que tampoco tiene registro de ninguna denuncia contra los responsables de este tipo de delito. El delegado estatal de esta dependencia federal dijo que no hay investigación en contra de los señalados por un grupo de curas y organizaciones sociales.
Narcisa Mendoza, originaria de uno de los pueblos de la Sierra, dio a conocer su testimonio a través de una carta en donde dio a conocer que su hijo de tan sólo 14 años de edad fue emborrachado por Gerardo Silvestre, posteriormente fue amenazado de ser remitido a Consejo de Tutela por la denuncia realizada por el abuso en su contra.
La estela de opacidad, corrupción eclesiástica y encubrimiento de la pederastía ha tocado a más de una decena de hombres de la iglesia; algunos señalados por las organizaciones de FONI son: Wilgrido Mayrén Peláez, Francisco Reyes y Pedro Ginés.
¿Que es la Pederastía?
Se considera abuso sexual infantil o abuso sexual a menores a toda conducto en la que un menor es utilizado como objeto sexual por parte de otra persona con la que mantiene una relación de desigualdad, ya sea en cuanto a la edad, la madurez o el poder.
En su mayoría, los abusadores son varones (entre un 80 y un 95% de los casos) heterosexuales que utilizan la confianza y familiaridad, y el engaño y la sorpresa, como estrategias más frecuentes para someter a la víctima.
La edad promedio de la víctima es entre los 8 y 12 años de edad, etapa en la cual se dan el mayor número de abusos.

Cura que abusó de menores en Edomex y Cancún, destituido


CIUDAD DE MÉXICO apro).- Por órdenes del Vaticano, el cura Heriberto Monroy Camiruaga, fundador del movimiento Misioneros Eucarísticos Marianos bajo el Signo de la Cruz (MECM), fue destituido por haber cometido abusos sexuales.
Así lo informó el obispo de la prelatura Cancún-Chetumal, monseñor Pedro Pablo Elizondo, quien precisó que el MECM tampoco podrá continuar en Quintana Roo.
A su arribo a Cancún, luego de acompañar al Papa Francisco, quien pidió a los obispos “no tener miedo a la transparencia de la iglesia”, el religioso dijo que la santa sede giró instrucciones para expulsar al cura Monroy Camiruaga de la Iglesia católica, asunto que se notificó a la Arquidiócesis Primada de México.
Los otros tres sacerdotes que integran el MECM, dos de ellos vicarios, podrán continuar en la prelatura, pero únicamente como padres diocesanos, mientras las 12 religiosas que integraban la comunidad deberán buscar otro movimiento o la aprobación de la diócesis.
El cura Monroy Camiruaga fue denunciado en el Estado de México, donde ejercía su labor pastoral en Tlalnepantla, de donde también fue expulsado hace dos años por abuso a menores, luego de lo cual migró a Cancún.