lunes, 11 de marzo de 2019

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Hay temas que se resisten a ser tratados porque son muy penosos, pero hacerlos visibles es la forma en que podemos evitarlos e incluso advertirlos.

 Hablar de prevención de abuso sexual infantil puede ser doloroso, pero es un tema que debemos abordar.





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Niñas, las principales víctimas de abuso sexual en México

En 2017 se registraron 36 mil 158 delitos sexuales, de éstos, 44 por ciento son delitos de abuso sexual, de los cuales nueve de cada 10 víctimas son mujeres.
En 2017 se registraron 36 mil 158 delitos sexuales, de éstos, 44 por ciento son delitos de abuso sexual, de los cuales nueve de cada 10 víctimas son mujeres.
En México, las niñas son las principales víctimas de abuso sexual; sin embargo, las autoridades desconocen la información sistematizada para documentar este delito, así como mejorar las acciones de prevención.
Así lo denunció Early Institute, una organización de análisis y diseño de políticas que garanticen el bien de los menores, en su “Diagnóstico sobre la situación del abuso sexual infantil en un contexto de violencia hacia la infancia en México”.
Aseguró que se necesita incluir la modalidad “infantil” en el registro de abuso sexual, así como el género de la víctima y la entidad en donde sucedió la agresión.
De acuerdo con cifras del instituto, 641 mil 417 hospitalizaciones de personas menores de 18 años registrados en 2015, 309 egresos estuvieron relacionados con abuso sexual infantil, de esos casos el 87.7% fueron niñas entre los cero y los cinco años hubo 43 casos.
En la óptica de Mario Arroyo, miembro del Consejo Consultivo e investigador del Early Institute, es más probable que una niña sea hospitalizada por un abuso sexual a que lo sea un varón.
Estas cifras revelan un dato contundente: la posibilidad de que una niña sea hospitalizada a causa de un abuso sexual es siete veces mayor que la de un niño”.
Mario Arroyo
En 2017 se registraron 36 mil 158 delitos sexuales, de éstos, 44% son delitos de abuso sexual, de los cuales nueve de cada 10 víctimas son mujeres.
El enemigo está en casa
El análisis del Early Institute detectó que “60% de los delitos son cometidos en el hogar de la víctima, y cuatro de cada 10 víctimas son menores de 15 años”.
La fundadora y directora del Colectivo contra el Maltrato y Abuso Sexual Infantil, Lizzette Argüello Rocha, señaló a La Jornada que los principales agresores suelen estar en el seno familiar “padres biológicos, padrastros, hermanos, abuelos, tíos, sobrinos, primos…”.
Un estudio del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, los principales agresores sexuales de los niños son familiares, luego maestros y después sacerdotes: 30% abuelos o padrastros; 13%, tíos; 11%, padres biológicos; 10%, primos; 8%, vecinos; 7%, maestros, y 3% hermanos.
Las fallas
Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), a pesar de que México ocupa el primer lugar en la escala mundial en abuso infantil, tiene los presupuestos más bajos para combatir este ilícito al destinar el 1% de sus recursos.
En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Early Institute recalcó la importancia de contar con información sistematizada y clasificada sobre abuso sexual infantil para identificar factores de riesgo, variables y tendencias sobre este delito.
Asimismo, se requiere impulsar una agenda entre organizaciones civiles y autoridades para dar seguimiento, evaluar las fuentes de información disponibles y asegurar que haya datos monitoreables.
Se explica que “en México, cada estado tiene su código penal, por lo que frecuentemente una situación que implique abuso sexual, puede ser clasificada como violación u otro tipo de delito sexual, lo cual dificulta conocer la incidencia real del abuso sexual desde el punto de vista jurídico penal”.

Sobre los agresores sexuales


Sobre los agresores sexuales
Columna
 
CECILIA DE MARCHI MOYANO
Publicado el 10/03/2019
   
Los predadores sexuales infantiles tratan siempre de pasar desapercibidos y estar cerca de sus víctimas, por ello es muy común que ataquen a quienes estén dentro de su radio de influencia y oculten su comportamiento, ya sea escondiendo el comportamiento con cariño, amenazando a la víctima o ridiculizándola. La mayoría de los predadores son parientes de la víctima, pero también los hay entre las personas encargadas del cuidado y protección de niños: maestros, religiosos, policías o niñeras, entre otros. Sí, leyó bien: niñeras.

Michele Elliott es una psicóloga infantil que fundó el centro Kidscape que protege a niños víctima. Recibió la medalla de honor en el Reino Unido por sus propuestas en la prevención de delitos contra los niños y formó parte del comité ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud. Es, además, una pionera en la denuncia de las mujeres pedófilas. Sus publicaciones causan mucha incomodidad porque nos cuesta imaginar que haya mujeres agresoras sexuales. Después de la publicación de las investigaciones de Elliott, muchas víctimas se animaron por primera vez a hablar de las agresiones que habían sufrido, pensando que se trataba de un caso raro o único y que nadie les creería.

Tendemos a pensar que el abuso sexual infantil es un delito raro, producido por hombres contra niñas. Se trata de una percepción errada: este delito afecta a muchísimos niños y niñas por igual, en pequeñas y grandes comunidades, en todos los grupos culturales y que es perpetrado tanto por hombres como por mujeres.

En Estados Unidos comenzaron a llevar estadísticas de las agresiones sexuales cometidas por mujeres. Según datos del Center for Disease Control (CDC), cada año entre el 10 y 20% de las denuncias por pedofilia son agresiones cometidas por mujeres. Al igual que en el caso de los hombres pedófilos, muchas agresoras se encuentran dentro del círculo de confianza de los niños y niñas víctima. Es decir, son las madres, tías, niñeras, enfermeras, educadoras, religiosas, personas que deberían proteger a quienes son sus víctimas.

Se podría pensar que esto es algo que sucede solo en los casos de pedofilia, pero no es así. Una serie de investigaciones muestra que las mujeres agresoras sexuales que tienen como víctima a adultos son más frecuentes de lo que se pensaba antes. Los datos del CDC muestran que es mucho más frecuente de lo pensado encontrar hombres víctima de abuso sexual, con prevalencia muy similar a la del abuso a mujeres. La cantidad de mujeres agresoras era mucho mayor a la que habían esperado.

Quizá el principal impedimento para ver esta prevalencia sea nuestro propio prejuicio de género que identifica a las mujeres con víctimas frágiles y a los hombres con agresores privilegiados.

La mayoría de las mujeres agresoras sexuales fueron a su vez víctima de agresión durante su infancia, al igual que en el caso de los hombres pedófilos. Esto no es ni puede ser una excusa. Es, más bien, un dato fundamental si queremos acabar con la reproducción de este delito. Solo protegiendo a las víctimas con apoyo y terapia adecuadas se logrará evitar que el ciclo se repita.

No se puede encontrar aquello que no se busca. Si nuestra idea de agresor es sesgada, no veremos nunca a quien se sale de ese patrón –o pensaremos que su incidencia es menor. Ser mujer no garantiza pureza. Las mujeres somos humanas, y los humanos tenemos una gran capacidad para ser violentos y agredir. Todas las víctimas deben ser protegidas, atendidas, ayudadas; sean hombres o mujeres. Todos los agresores deben ser procesados y deben pagar el delito, sean hombres o mujeres.

Abuso sexual infantil: “el Estado trató a la niña con impericia y negligencia”

Contreras, aspirante a defensora de la infancia, afirmó que el cese del embarazo no puede ser negado a la víctima de una violación. La finalista del concurso que organizó el Congreso dijo que los niños deben acceder a información sobre sus derechos sexuales.

09 Mar 2019 31 309 Por Irene Benito
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"Estamos atrasadísimos. Nosotros ni siquiera podemos reconocer a los chicos como sujetos de derecho", dijo Contreras.
La única candidata tucumana y del Norte a la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación considera que otro debió haber sido el desenlace del caso de la víctima de violación de 11 años que quedó embarazada, y que fue sometida a una cesárea (se informa por separado sobre el deceso de la recién nacida). “De ninguna manera se puede negar la interrupción de la gestación a una mujer abusada porque este derecho está reconocido en el Código Penal desde 1921 y en el fallo ‘FAL’ desde 2012. El Estado trató a la niña de 11 años con impericia, negligencia e imprudencia”, opina Roxana Contreras.
La finalista del concurso que organizó el Congreso de la Nación desliza que el abuso sexual seguido de abuso estatal es más común de lo que se cree. “La mayoría de las violaciones suceden puertas adentro de la vivienda y de la familia. Entonces, la instrucción es necesaria. Los padres deben aprender a creer y a tomar en serio los relatos de los niños”, observa Contreras. Y diagnostica: “estamos atrasadísimos respecto de lo que sucede en otras partes del mundo. Nosotros ni siquiera podemos reconocer a los chicos como sujetos de derecho”.
La educación es el único camino para evitar los abusos sexuales infantiles y los embarazos forzados. Contreras afirma que esto es “básico” y lamenta que Tucumán no haya adherido a la Ley de Educación Sexual Integral. “Es fundamental que los niños accedan a información atinente a su cuerpo. No podemos negar la realidad: los chicos tienen y ejercen derechos sexuales, y nosotros no debemos retacearles la información que necesitan para tomar decisiones”, propone en la entrevista. Los chicos precisan ser educados, pero Contreras no deja afuera de esa necesidad a los padres: “debemos pensar en quienes no están capacitados para educar a sus hijos porque no tuvieron, a su vez, posibilidades de educarse ellos”.
La aspirante a defensora cuestiona la indiferencia y el individualismo de la ciudadanía. E ilustra el fenómeno con una anécdota: dice que ella a menudo se encontró con funcionarios que se reunían a debatir sobre los derechos de los niños, pero luego salían a la calle y ni miraban a los chicos abandonados que se les cruzaban por el camino. “La apatía es generalizada”, advierte.
Centralismo doloroso
Contreras, de 46 años, es abogada y trabaja como mediadora judicial. Dice que siempre le atrajo la niñez y que por ello se involucró en la creación de la Fundación Cainaf. Por ese sendero llegó a postularse para la Defensoría nacional, a la que la Ley 26.061 encomienda velar por la protección y promoción de los derechos consagrados en la Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño y las normas federales. En Tucumán no existe la figura del defensor de los derechos de los niños y adolescentes: Contreras apunta que la Legislatura provincial sacó el capítulo completo al sancionar la Ley 8.293 en 2010.
El cargo con mandato por cinco años (prorrogable por un término más) ha de ser cubierto por medio de un concurso: el Congreso adeuda la designación desde 2005. La competencia fue convocada en 2017. Rindieron 68 inscriptos el examen escrito. Luego de exponer un proyecto de trabajo, quedaron 14 competidores y sólo dos del interior: Contreras y el mendocino Gustavo Álvarez Pereira. Sólo falta la “parte política”, que es difícil porque dos tercios de la comisión bicameral tienen que ponerse de acuerdo y elegir quién ocupará la Defensoría. La decisión ha de ser tratada en forma expresa por ambas cámaras. Los diputados y senadores que integran el comité bicameral también pueden seleccionar a los defensores adjuntos. La estructura no existe y hay que armarla desde cero. “Aspiro a que este proceso no sea postergado porque estamos en un año electoral. Se trata de un concurso muy complejo, que puede caer. Pero la deuda que existe con la defensa de la infancia no admite más demoras”, reflexiona Contreras.
La candidata tucumana se tiene fe entre otros motivos porque representa a la región del país con los índices más altos de pobreza infantil. Explica: “somos los más postergados y necesitamos que nos defiendan. A mí me duele el centralismo argentino porque profundiza las asimetrías y las inequidades”.

Yucatán, segundo lugar nacional en acusaciones de abuso sexual infantil

Lilia Balam
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Viernes 8 de marzo, 2019

La situación de las mujeres en Yucatán es vergonzante: la entidad ha ocupado el séptimo lugar a nivel nacional en casos de violencia física y el segundo lugar en acusaciones de abuso sexual de niñas y niños. De igual forma, el sector femenino de la población enfrenta de manera cotidiana diversas formas de violencia, desde las “más visibles” como la física y la económica hasta las “invisibles” como la sexual, la psicológica, la comunitaria y política, declararon las activistas que solicitaron la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en la entidad hace dos años.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la directora del Observatorio Ciudadano del Feminicidio en Yucatán, Adelaida Salas Salazar, recordó que de acuerdo con la Encuesta Nacional Sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en el 2016, Yucatán ocupó el séptimo lugar por la cantidad de casos de mujeres violentadas a lo largo de su vida.

Agregó que el Observatorio Ciudadano Nacional de Violencia ha indicado que la entidad se encuentra en segundo lugar en casos de abuso sexual de menores. Este dato llama la atención tomando en cuenta que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), anunció que México ocupa el primer lugar en esos ilícitos, pues cada año más de 4 millones de niñas y niños son víctimas de abuso sexual en el país.

Sobre este asunto, la investigadora de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), Ligia Vera Gamboa, insistió en la urgencia de que el sector salud esté capacitado en cuanto a la operación de la Norma Oficial Mexicana (NOM) 046 para atender los casos de violencia sexual. “Solo se denuncia una de cada cuatro violaciones, es decir que un ataque puede terminar en un embarazo forzado si no se brinda el tratamiento adecuado a las víctimas”, sostuvo.

La académica subrayó que hasta la fecha las activistas no han entablado diálogo con la Dirección de Salud Mental de la Secretaría de Salud Estatal y se desconoce si las unidades médicas cuentan con los “kits de violación” para atender a las víctimas de los ilícitos de índole sexual.

Las violencias invisibles: violencia política de genero

Las activistas no se cansaron en enfatizar los peligros que representa la invisibilización de algunos tipos de violencia, como la comunitaria y en especial, la política.

Aunque a raíz de la implementación de la Ley de Paridad (a nivel federal desde el 2015 y a nivel estatal desde el 2017), la participación política de las mujeres se cuadriplicó –de un índice de 7.5 presidentas municipales en todo el país antes del 2018 a 27 tras concluir el proceso electoral del año pasado-, la investigadora de la UADY, Gina Villagómez Valdés, señaló que este avance no fue sustantivo en la entidad ya que en los 25 municipios más grandes del estado –con mayor número de habitantes y que perciben más recursos públicos-, el 80 por ciento de los candidatos durante los comicios del 2018 fueron hombres.

Al concluir dicho proceso, sólo en una de esas 25 comunidades resultó ganadora una mujer. “6 por ciento de la población yucateca está bajo el mando de una alcaldesa, pese a que 27 por ciento de las 106 presidencias municipales fueron ganadas por mujeres. Esto porque se les asignaron municipios pequeños. Las redes de poder de los varones lograron mantenerlas fuera de la competencia”, sostuvo la académica.

A través de un estudio, Villagómez Valdés pudo detectar que las mujeres atraviesan tres fases de violencia política: la primera en la lucha interna de los partidos, que es la que “deja más debilitadas y lastimadas a las féminas, como para no volver a participar en otro proceso electoral”; después en la campaña, en la que observó 12 tipos de violencia en contra de las mujeres que aspiraban cargos políticos, incluyendo hombres persiguiendo con armas a las mujeres para que abandonen sus candidaturas; y la tercera la enfrentan quienes obtienen un puesto y asumen el poder. “Hay bloqueo por parte de los regidores de oposición, y estos tipos de violencia son menos visibles que los demás”, puntualizó.

La especialista hizo un llamado a las mujeres que quieren participar en la política que se informen y acudan con las instancias adecuadas para asesorarse y en su caso, denunciar, ya que el año pasado únicamente se interpuso una demanda por violencia política de género. También hizo hincapié en que las autoridades electorales “ya dejaron en el olvido” estos asuntos y no se han realizado nuevas acciones para combatir ese flagelo.

La AVGM: suspendida

Las activistas reiteraron que no cuentan con cifras certeras sobre los casos de violencia contra las mujeres. Pese a que una de las conclusiones que emitió la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) ante la solicitud de la AVGM fue el fortalecimiento e integración del Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia en Contra de las Mujeres, para administrar la información de todas las instancias involucradas en la atención y sanción de la violencia contra las mujeres, hasta la fecha no se tienen avances de esa medida.

Bertha Elena Munguía Gil, integrante de CASDE A.C., informó que hasta enero se sabía del registro de 12 mil casos en dicho Banco y de la capacitación de 150 personas en el tema, pero no se sabe si ya se integró a todas las instancias involucradas en esos asuntos. Además, comentó, el 80 por ciento de los municipios no cuenta con computadoras ni internet para conectarse con el Banco.

Tampoco se ha dado seguimiento a las otras recomendaciones de la CONAVIM, según las activistas. “Todo lo que se hizo el año pasado en programas, en capacitación, todo está detenido, no se ha vuelto a reactivar nada”, apuntó Salas Salazar.

Sin embargo, este mes las solicitantes de la Alerta enviarán un informe de seguimiento a la CONAVIM, con el cual dicha instancia determinará si la AVGM será decretada o no. “Yo voto porque sí se active”, dijo Gina Villagómez levantando la mano, mientras las demás mujeres que la acompañaban manifestaban estar de acuerdo.

“[Las autoridades] Dicen que están trabajando en políticas públicas por las mujeres. Pero la realidad es vergonzante”, sentenció la activista y miembro de la Asociación Civil “Kookay”, Nancy Walker Olvera.

Endurecerán penas a feminicidas de menores por violencia sexual


  
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Ciudad de México.- El diputado local Nazario Norberto Sánchez se pronunció por endurecer las penas contra quienes cometan el delito de violencia sexual infantil.
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el morenista encabezó el foro “Feminicidio infantil por violencia sexual” y dijo que el 7 de marzo el Congreso de la Ciudad de México aprobó una reforma constitucional para considerar al feminicidio y al abuso sexual contra menores como delitos graves, que ameritan prisión preventiva oficiosa.
El presidente de la Comisión de Puntos
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, aseguró que los menores que son abusados sexualmente, con frecuencia son agredidos por un familiar o alguien cercano a ellos.
“El feminicidio infantil por violencia sexual es un crimen horrendo. Nosotros no queremos que esto pase, y quienes lo hagan estarán en la cárcel”. Y se manifestó en favor de la castración química contra quienes cometan el delito de violación.
Norberto Sánchez manifestó su apoyo incondicional, desde el Congreso local, a las asociaciones civiles dedicadas a la atención de mujeres y niños víctimas de abuso sexual. “No más feminicidios, no más abuso sexual infantil”.
En este foro, celebrado en instalaciones del Congreso de la Ciudad de México, participaron representantes de diversas organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos y la atención de mujeres y niños víctimas de violencia sexual.
Erika Flores, defensora de los derechos de mujeres y niños, y fundadora de diversas organizaciones de apoyo, informó que entre diciembre de 2018 y marzo de 2019 fueron víctimas de feminicidio 198 mujeres en México, 65 de las cuales eran menores de edad.
“En este Día Internacional de la Mujer no hay nada qué celebrar en México, porque nos están asesinando”, lamentó.
Carmen Zamora, feminista y activista defensora de derechos humanos, sugirió visibilizar el problema de las menores desaparecidas, agredidas sexualmente y asesinadas, y solicitó activar una segunda alerta de género en municipios del Estado de México, tras la decretada en julio de 2015, ante el incremento de estos delitos en la entidad.
“Nos están asesinando, están violando a nuestras niñas y adolescentes; y hay muchos feminicidas libres. Si tocan a una, nos tocan a todas”, consignó.
Joel Segura Mata, doctor en Derecho, académico, especialista en derecho penal y colaborador en fundaciones de apoyo a víctimas de violencia, expresó que hasta el año 2012 se incluyó el feminicidio como un delito tipificado en el Código Penal, y afirmó que las niñas son el sector más vulnerable.
Moisés Pérez, abogado familiar y defensor de los derechos humanos, exigió una legislación más severa para los perpetradores de feminicidios. “Nuestras leyes están siendo muy tibias al momento de castigar a estos delincuentes. Se requiere más rigidez y una mejor aplicación de las leyes”, concluyó.