lunes, 6 de agosto de 2018

Denuncian casos de abuso sexual contra niños migrantes en EU

Un extrabajador de un albergue para niños inmigrantes en Arizona fue acusado demolestar sexualmente a ocho adolescentes en ese centro de refugio durante casi un año, según documentos judiciales federales citados por la organización de noticias ProPublica.
Los documentos revelaron que Levian D. Pacheco, de 25 años, trabajó en la instalación Casa Kokopelli, operada por la compañía Southwest Key, de mayo de 2016 a julio de 2017.
Precisaron que entre agosto de 2016 y julio de 2017, Pacheco cometió varios actos de abuso sexual con dos adolescentes y trató de obligar a otro a participar.
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Otros seis adolescentes declararon que Pacheco los tocó, según ProPublica. Todos los muchachos tenían entre 15 y 17 años de edad, y eran menores no acompañados, pero no está claro si fueron separados de sus padres, o si viajaron solos a Estados Unidos.
Los cargos contra Pacheco, quien fue despedido por Southwest Key, se presentaron en agosto de 2017.
ProPublica informó que Casa Kokopelli fue citada por el Departamento de Servicios de Salud de Arizona en 2017 por no completar las verificaciones de antecedentes, incluidas huellas dactilares, para asegurarse de que los empleados no hubieran cometido delitos sexuales y otros crímenes.
Pacheco trabajó durante casi cuatro meses sin una verificación de antecedentes completa, según los documentos.
La acusación contra Pacheco es la segunda que se conoce esta semana sobre abusos sexuales en los albergues que refugian a cientos de niños y adolescentes inmigrantes detenidos tras cruzar la frontera sur de Estados Unidos de manera ilegal.

Toca a una menor de edad y lo descubren

En otro caso, un hispano que trabaja en un centro para menores migrantes en Phoenix, operado también por la organización Southwest Key, fue detenido por la policía, tras ser acusado de abuso sexual y agresión con agravantes, presuntamente cometidos contra una adolescente migrante albergada en el lugar.
Según el Departamento de Policía de Phoenix, el sospechoso Fernando Magaz Negrete, de 32 años, trabaja en el centro de detención migratoria para menores ubicado cerca del centro de la ciudad y fue visto por una testigo juvenil tocar a una menor de 14 años de edad, el pasado 27 de junio.
Los dos casos ponen al descubierto las denuncias de abusos y malas condiciones en los refugios que albergan a niños migrantes, que han estado en el reflector de la opinión pública de Estados Unidos, tras la aplicación de la política migratoria de cero tolerancia, bajo la cual toda persona es detenida tras cruzar la frontera, y es procesada y enjuiciada.
La política de cero tolerancia, implementada por la administración del presidente estadunidense Donald Trump, provocó que entre abril y mayo pasados casi tres mil niños fueran separados de sus padres, luego de ser detenidos cruzando juntos la frontera.

Diócesis de Pennsylvania emite lista de 71 religiosos acusados de abuso sexual

EL OBISPO CATÓLICO RONALD GAINER DE LA DIÓCESIS DE HARRISBURG, PENNSYLVANIA, EL MIÉRCOLES. FOTO: AP

La Corte Suprema del estado publicaría este mes un informe que identifica a “más de 300 sacerdotes depredadores en seis diócesis” de Pennsylvania.


Hace menos de una semana, el Papa Francisco aceptó la renuncia del cardenal estadounidense Theodore McCarrick, de 88 años, acusado de abusos sexuales, algo considerado por los expertos como un hecho sin precedentes. En una nueva tormenta para la Iglesia Católica, la diócesis de Harrisburg, Pennsylvania, publicó el miércoles una lista con 71 religiosos que han enfrentado acusaciones de abuso sexual contra menores desde 1940.
En el documento aparecen 37 sacerdotes, tres diáconos y seis seminaristas de la diócesis de Harrisburg. Además, de nueve clérigos de otras diócesis y 16 miembros de comunidades religiosas, relacionados con denuncias de “comportamiento” indecente e inapropiado como besos, pornografía infantil, “comunicaciones inapropiadas con menores”, entre otras. Ello, a pesar que “la diócesis no hizo ninguna evaluación de la credibilidad de su culpa sobre estas alegaciones” según consignó la agencia EFE.
La lista fue ordenada por el obispo de Harrisburg, Ronald W. Gainer, en el cargo desde 2014, y que manifestó que todos los nombres de los obispos de la diócesis durante los últimos 70 años serán eliminados de las iglesias y edificios de Harrisburg, en reconocimiento a su “incapacidad de tratar adecuadamente las acusaciones de abuso”, señaló el comunicado emitido por la diócesis, según consignó Reuters.
El obispo Gainer ofreció disculpas a las víctimas, a los fieles católicos y a la comunidad tras señalar que “muchos de los que fueron victimizados de niños continúan sufriendo como sobrevivientes del daño que experimentaron”.
El 27 de julio pasado, la Corte Suprema de Pennsylvania ordenó la difusión de un informe del gran jurado de 900 páginas sobre presuntos abusos por parte de miembros de la iglesia pertenecientes a seis de las ocho diócesis católicas del estado, mayoritariamente católico, entre las que se encuentra Harrisburg.
Según The Associated Press, el documento podría ser publicado este mes, pero ha sido detenido debido a los recursos que se han presentado. La Corte señaló que en la investigación se identificaron más de 300 “sacerdotes depredadores” en las seis diócesis.
En abril, la diócesis de Erie, que está entre las investigadas, “identificó a más de 50 sacerdotes y laicos acusados de abuso sexual infantil”, según la revista Time.
El obispo Gainer intentó publicar la lista en 2016, pero la oficina del fiscal general le solicitó no hacerlo para proteger la investigación que estaba en curso. Así, la publicación de la lista es un anticipo de la resolución de la Corte Suprema estatal. La diócesis de Harrisburg reunirá los registros que mantienen para crear una lista de religiosos y seminaristas sospechosos de abusos sexuales a menores. Sin embargo, varios de los acusados ya fallecieron.
En 2002 estallaron las acusaciones de abuso sexual contra menores de edad por parte de miembros de la Iglesia Católica en Estados Unidos después que el diario The Boston Globe destapó casos de la arquidiócesis de Boston que luego se extendieron a otras latitudes, recordó Reuters.

Sánchez recibe a James Rhodes tras una carta del músico sobre los abusos a menores

En un mensaje de Twitter, el pianista James Rhodes ha calificado el encuentro como "maravilloso" /EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recibido este viernes en La Moncloa a James Rhodes, músico que sufrió abusos sexuales durante su infancia, tras enviarle una carta que publica El País. En ésta el pianista británico ofrece su colaboración para trabajar en medidas que protejan a los niños y niñas víctimas de abusos sexuales.
Así lo ha asegurado el pianista británico en su perfil de Twitter, en donde ha publicado un mensaje en el que califica como "maravilloso" la entrevista que ha mantenido con Sánchez y con la ministra de Justicia, Dolores Delgado. Además, al encuentro también ha asistido presente el director general de Save The Children, Andrés Conde.
En esta tribuna titulada “Carta a Pedro Sánchez”, el músico relata las consecuencias que han generado los abusos sexuales sufridos durante su infancia y sigue teniendo en su vida, así como la necesidad de actuar con urgencia en la toma de medidas que protejan a las víctimas de abuso infantil.
Antes hacer pública la celebración de este encuentro, Sánchez ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros (la última antes del parón veraniego) que "se pueden hacer muchas cosas en beneficio de los más débiles y este Gobierno las va a hacer".
James Rhodes ha asegurado estar "entusiasmado por la respuesta tan rápida del señor Sánchez y todo su equipo, así como por su gran disposición a trabajar juntos”. Además, espera “que esto sea el punto de partida de algo realmente prometedor".
La reunión, que ha sido una “primera toma de contacto”, volverá a repetirse ya que, según Rhodes, ambos han coincidido en la necesidad de volver a verse en septiembre para "pasar a la acción".

En busca de una nueva ley que proteja a niños y niñas

Desde Save the Children, han advertido en reiteradas ocasiones de que el abuso sexual es una de las formas de violencia más graves y han alertado de su "prevalencia, de la dificultad de detectar los casos y la gravedad de las secuelas emocionales, sexuales y sociales en estos niños y niñas".
"De todas las denuncias por abusos sexuales que se registraron en 2016 en nuestro país, más de la mitad tenían a un menor como víctima. Es urgente poner en marcha medidas e impulsar una ley que proteja a los niños y las niñas de los abusos sexuales", ha reclamado Conde.
Entre las peticiones que el músico y Save the Children hacen al presidente del Gobierno está la aprobación de una nueva ley que erradique la violencia contra los menores y adolescentes que se centre especialmente en las medidas preventivas, así como una formación obligatoria, unos protocolos y una reforma profunda del proceso judicial que asegure que en los casos de abuso sexual infantil se respetan los derechos del niño o niña víctima y sus necesidades particulares.
En este sentido, la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, se comprometió a remitir antes del mes de julio de 2019 al Congreso de los Diputados el proyecto de Ley Integral Contra la Violencia a la Infancia.

Preocupación en Cuba por abuso sexual a menores: “Hay quienes quedan muy afectados e intentan suicidarse”



Como un tema “candente” y de “gran preocupación” calificaron autoridades cubanas la incidencia de casos de abuso sexual a niños, niñas y adolescentes en la oriental provincia de Granma, según informó el periódico local La Demajagua. 
“Este es un tema candente y de gran preocupación, por eso creemos que los barrio-debates y las charlas pueden sensibilizar a las personas”, dijo al diario Nidia Revé, funcionaria de los CDR en el territorio.
De acuerdo con la coordinadora de ese organismo, resulta crucial identificar los hogares proclives a tener un menor victimizado para tratar de prevenir cualquier hecho. “Cuando ocurre, procuramos atraer al menor e insertarlo en las actividades para que no se aísle y tampoco trate de atentar contra su vida”, explicó.
La doctora Yaumara Milán Estrada, especialista de Primer Grado en Psiquiatría Infantil, coincidió con que es determinante tener percepción del riesgo, “no ser confiados ni desatender a los hijos”.
“También es importante tener paciencia y no maltratarlos, sobre todo si son niños intranquilos, o presentan una discapacidad mental y física. La parentela debe permanecer más cerca de su prole y saber dónde están, adónde van y con quiénes andan”, apuntó.
La médica afirmó que, cuando llegan a las consultas los menores afectados, se les brinda tratamiento médico y psicológico si el daño es físico, y se trabaja con el grupo de Salud Mental. “Para borrar esa experiencia traumática aplicamos varias técnicas psicoterapéuticas”, indicó.
Respecto al tema, la funcionaria María Elena Hechavarría Carralero, miembro del Secretariado provincial de la FMC, sostuvo que últimamente se ha requerido la realización de escuelas de educación familiar, donde se les enseña a los adultos cómo percatarse cuando los niños son víctimas de su actuar inadecuado o del proceder vergonzoso de otra persona.
“Otra cuestión significativa está en no ver como normal lo anormal. Ante cualquier hecho, los tutores legales no pueden evadir la responsabilidad y la consiguiente acusación”, enfatizó.
Los casos de niños y niñas abusados son evaluados por las Casas de Orientación a la Mujer y la Familia (COMF), los especialistas de allí deben asesora a los familiares de cómo debe ser la conducta, el comportamiento y la atención al menor.

Riesgos de violaciones y asaltos sexuales a menores en zonas rurales

Declaraciones de Caridad León Castillo, subdirectora provincial de Educación, revelan que existe un alto riesgo de violaciones o asaltos sexuales a estudiantes en camino a algunos centros educativos, por la lejanía de los mismos y su ubicación en zonas intrincadas. 
“Tenemos situaciones riesgosas, porque reorientamos escuelas y hay educandos viajando solos, en horarios complejos, y en la montaña recorren caminos desolados para llegar al centro escolar”, admitió la directiva.
Sin embargo, precisó, estos menores no son los más vulnerables, sino aquellos de los municipios urbanos, donde la familia está más desprendida.
León Castillo manifiesta que es muy difícil darle atención a un niño victimizado, el trabajo no solo depende del psicopedagogo, sino del claustro de profesores y de los especialistas del departamento de Salud Mental.
“Hay quienes quedan muy afectados y desean suicidarse, por eso estamos junto a ellos brindándoles apoyo.
La funcionaria afirma que las actas de advertencia realizadas por la Fiscalía General de la República (FGR) y los oficiales de Menores “nos están dando resultado, a quienes pasamos los casos más críticos y en los cuales nuestras acciones no han sido tan efectivas como quisiéramos o los padres se muestran indolentes”.
Ada de la Caridad Marín Melo, Fiscal Jefa del Departamento de Protección a la Familia y Asuntos Jurisdiccionales, detalló que en “la Constitución existen pronunciamientos sobre la protección de los niños”. 
“Particularmente el Código de la Familia, en sus artículos 82 y 85, establece las relaciones paterno-filiales, y fija los derechos y obligaciones asociadas al cumplimiento de la patria potestad”.
En el caso de los menores, existe en el Código Penal o Ley 62, un capítulo denominado Delitos contra el normal desarrollo de las relaciones sexuales y contra la familia, la infancia y la juventud, dirigido a protegerlos.
Entre las sanciones por los referidos hechos se encuentran las que oscilan desde los siete a los 15 años de privación de libertad, y en los casos más graves pueden imponerse sanciones de 20-30 o muerte, precisó.
 

Cristina Lustemberg en la Mesa Interinstitucional para la Prevención y Combate a la Trata de Personas, ayer, en Cancillería.

En 2017 hubo 350 casos de explotación sexual infantil y sólo diez procesamientos

Organizaciones sociales y gubernamentales reclamaron presupuesto para aplicar la ley.

Ayer fue el Día Mundial contra la Trata de Personas, y el gobierno realizó una actividad de conmemoración en la sede de la cancillería. Allí se presentaron los contenidos centrales de la Ley de Prevención y Combate a la Trata y la Explotación de Personas, aprobada recientemente por el Parlamento, y se adelantaron las líneas de acción del plan integral para combatir la trata.
La subsecretaria del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Ana Olivera, explicó que el plan tendrá cinco líneas de acción: prevención y sensibilización, investigación y acceso a la Justicia, protección y reparación de las víctimas, coordinación interinstitucional y cooperación internacional. En materia de prevención se prevé realizar, por ejemplo, jornadas de capacitación dirigidas a periodistas para el tratamiento y la visibilización del problema, de modo de evitar, entre otras prácticas, la revictimización. Asimismo, en materia de protección, se habilita a las víctimas a tener una atención especializada en el sistema de salud.
El director de Asuntos Políticos de la cancillería, Raúl Pollak, destacó que la ley “le da a Uruguay un elemento jurídico sólido y coherente” para enfrentar la trata de personas. Señaló que el tema “no está en la conciencia de la gente”, porque se lo vincula con “países con guerra y pobreza extrema”. “Y no, lo tenemos aquí en Uruguay, y todos tenemos que luchar contra eso”, remarcó. Olivera complementó recordando que no existiría la explotación sexual si no existieran clientes, a los que en la actividad se llamó “prostituyentes”. “Ese es el espejo en el que no nos queremos mirar”, manifestó la subsecretaria.
Andrea Zaugg, representante del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, afirmó que la situación de trata a nivel laboral es muchas veces más difícil de identificar que otro tipo de trata. Recordó que se da fundamentalmente en el sector de la construcción y en el trabajo doméstico, y muchas veces afecta a migrantes. Contó casos de empleadores que se negaron a dejar pasar a los inspectores del ministerio a sus locales o a sus casas, y que estos debieron hacerlo con ayuda de la Policía. Relató el caso de un hombre que negó conocer a una empleada doméstica que había contratado en condiciones de semiesclavitud.

Presupuesto y cifras

Andrea Tuana, integrante de la ONG El Paso y representante de la sociedad civil en la mesa interinstitucional de combate a la trata de personas, reclamó “un salto cualitativo” en presupuesto para poder implementar la ley.
Tania Zina, del proyecto Travesía del Instituto Nacional del Niño y el Adolescente, que atiende a niñas, niños y adolescentes en situación de trata y explotación sexual, también sostuvo que se necesita más presupuesto. Contó que la mayoría de las niñas, niños y adolescentes que denuncian situaciones de trata son uruguayos y que han recibido pocas adolescentes extranjeras, aunque todavía no saben muy bien las razones. Relató casos en los que los explotadores llevaban a las niñas y adolescentes en autos a fiestas privadas en barrios de nivel económico alto, fiestas que luego derivaban en situaciones de violencia sexual. Zina recordó los “altísimos” daños físicos y psicológicos que estas situaciones producen, por ejemplo en términos de la autopercepción y las formas de mirar el mundo de las víctimas. Para modificar esta situación es necesario “un cambio estructural y cultural de todos nosotros”, remarcó.
La diputada del Frente Amplio Cristina Lustemberg recordó que hasta 2004 la explotación sexual infantil no era penada en Uruguay. Señaló que las denuncias treparon en pocos años de 20 casos a 350 en 2017. De esa cantidad de denuncias sólo se procesó a diez personas el año pasado. Entre 2013 y 2016 hubo siete casos de trata que derivaron en procesamientos. Lustemberg, por otra parte, recordó que en Uruguay 400 niños por año son víctimas de abuso sexual, y opinó que la sociedad uruguaya es “muy hipócrita”. Finalmente, destacó la necesidad de asignar recursos para la implementación de la ley integral, que permitan garantizar a las víctimas acceso a vivienda y trabajo para poder salir de esa situación.

Explotación de adolescentes con discapacidad

La ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, cerró la actividad de ayer en la cancillería destacando que el país ha avanzado en el combate a la trata. De todos modos, relató una situación que a su entender ilustra la dificultad para abordar el tema. Contó que el Mides detectó el caso de un residencial para adultos mayores en el que se realizaba explotación sexual de adolescentes con discapacidad, según surgió de testimonios de las propias víctimas. Arismendi explicó a la diaria que las adolescentes no lo contaban como un abuso, sino que decían que en el residencial tenían “muchos novios”. Con la colaboración de Interpol y de la Justicia del crimen organizado, el Mides logró allanar este año ese residencial y reubicar a las 31 personas que estaban alojadas allí, incluidas las menores de edad. Sin embargo, la Justicia no procesó por trata a la dueña del residencial porque alegó que faltaban pruebas; sólo se la pudo procesar por desacato, porque después de que las autoridades cerraron el residencial, la persona volvió a abrirlo.