martes, 21 de julio de 2009

Declaración de Milán Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 40/34, del 29 de noviembre de 1985


1. A.-Las víctimas de delitos

2. Se entenderá por "víctimas" las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder.

3. Podrá considerarse "víctima" a una persona, con arreglo a la presente Declaración, independientemente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al perpetrador e independientemente de la relación familiar entre el perpetrador y la víctima. En la expresión "víctima" se incluye además, en su caso, a los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización.

4. Las disposiciones de la presente Declaración serán aplicables a todas las personas sin distinción alguna, ya sea de raza, color, sexo, edad, idioma, religión, nacionalidad, opinión política o de otra índole, creencias o prácticas culturales, situación económica, nacimiento o situación familiar, origen étnico o social, o impedimento físico.

5. Acceso a la justicia y trato justo

6. Las víctimas serán tratadas con compasión y respeto por su dignidad. Tendrán derecho al acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta reparación del daño que hayan sufrido, según lo dispuesto en la legislación nacional.

7. Se establecerá y reforzarán, cuando sea necesario, mecanismos judiciales y administrativos que permitan a las víctimas obtener reparación mediante procedimientos oficiales u oficiosos que sean expeditos, justos, poco costosos y accesibles. Se informará a las víctimas de sus derechos para obtener reparación mediante esos mecanismos.

8. Se facilitará la adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos a las necesidades de las víctimas:

a) Informando a las víctimas de su papel y del alcance, el desarrollo cronológico y la marcha de las actuaciones, así como de la decisión de sus causas, especialmente cuando se trate de delitos graves y cuando hayan solicitado esa información;

b) Permitiendo que las opiniones y preocupaciones de las víctimas sean presentadas y examinadas en etapas apropiadas de las actuaciones siempre que estén en juego sus intereses, sin perjuicio del acusado y de acuerdo con el sistema nacional de justicia penal correspondiente;

c) Prestando asistencia apropiada a las víctimas durante todo el proceso judicial;

d) Adoptando medidas para minimizar las molestias causadas a las víctimas, proteger su intimidad, en caso necesario, y garantizar su seguridad, así como la de sus familiares y la de los testigos en su favor, contra todo acto de intimidación y represalia;

e) Evitando demoras innecesarias en la resolución de las causas y en la ejecución de los mandamientos o decretos que concedan indemnizaciones a las víctimas.

9. Se utilizarán, cuando proceda, mecanismos oficiosos para la solución de controversias, incluidos la mediación, el arbitraje y las prácticas de justicia consuetudinaria o autóctonas, a fin de facilitar la conciliación y la reparación en favor de las víctimas.
10. Resarcimiento

11. Los delincuentes o los terceros responsables de su conducta resarcirán equitativamente, cuando proceda, a las víctimas, sus familiares o las personas a su cargo. Ese resarcimiento comprenderá la devolución de los bienes o el pago por los daños o pérdidas sufridos, el reembolso de los gastos realizados como consecuencia de la victimización, la prestación de servicios y la restitución de derechos.

12. Los gobiernos revisarán sus prácticas, reglamentaciones y leyes de modo que se considere el resarcimiento como una sentencia posible en los casos penales, además de otras sanciones penales.

13. En los casos en que se causen daños considerables al medio ambiente, el resarcimiento que se exija comprenderá, en la medida de lo posible, la rehabilitación del medio ambiente, la reconstrucción de la infraestructura, la reposición de las instalaciones comunitarias y el reembolso de los gastos de reubicación cuando esos daños causen la disgregación de una comunidad.

14. Cuando funcionarios públicos u otros agentes que actúen a título oficial o cuasioficial hayan violado la legislación penal nacional, las víctimas serán resarcidas por el Estado cuyos funcionarios o agentes hayan sido responsables de los daños causados. En los casos en que ya no exista el gobierno bajo cuya autoridad se produjo la acción u omisión victimizadora, el Estado o gobierno sucesor deberá proveer al resarcimiento de las víctimas.

15. Indemnización

16. Cuando no sea suficiente la indemnización procedente del delincuente o de otras fuentes, los Estados procurarán indemnizar financieramente:

a) A las víctimas de delitos que hayan sufrido importantes lesiones corporales o menoscabo de su salud física o mental como consecuencia de delitos graves;

b) A la familia, en particular a las personas a cargo, de las víctimas que hayan muerto o hayan quedado física o mentalmente incapacitadas como consecuencia de la victimización.

17. Se fomentará el establecimiento, el reforzamiento y la ampliación de fondos nacionales para indemnizar a las víctimas. Cuando proceda, también podrán establecerse otros fondos con ese propósito, incluidos los casos en los que el Estado de nacionalidad de la víctima no esté en condiciones de indemnizarla por el daño sufrido.

18. Asistencia

19. Las víctimas recibirán la asistencia material, médica, psicológica y social que sea necesaria, por conducto de los medios gubernamentales, voluntarios, comunitarios y autóctonos.

20. Se informará a las víctimas de la disponibilidad de servicios sanitarios y sociales y demás asistencia pertinente, y se facilitará su acceso a ellos.

21. Se proporcionará al personal de policía, de justicia, de salud, de servicios sociales y demás personal interesado capacitación que lo haga receptivo a las necesidades de las víctimas y directrices que garanticen una ayuda apropiada y rápida.

22. Al proporcionar servicios y asistencia a las víctimas, se prestará atención a las que tengan necesidades especiales por la índole de los daños sufridos o debido a factores como los mencionados en el párrafo 3 supra.

23. B.-Las víctimas del abuso de poder

24. Se entenderá por "víctimas" las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que no lleguen a constituir violaciones del derecho penal nacional, pero violen normas internacionalmente reconocidas relativas a los derechos humanos.

25. Los Estados considerarán la posibilidad de incorporar a la legislación nacional normas que proscriban los abusos de poder y proporcionen remedios a las víctimas de esos abusos. En particular, esos remedios incluirán el resarcimiento y la indemnización, así como la asistencia y el apoyo materiales, médicos, psicológicos y sociales necesarios.

26. Los Estados considerarán la posibilidad de negociar tratados internacionales multilaterales relativos a las víctimas, definidas en el párrafo 18.

27. Los Estados revisarán periódicamente la legislación y la práctica vigentes para asegurar su adaptación a las circunstancias cambiantes, promulgarán y aplicarán, en su caso, leyes por las cuales se prohíban los actos que constituyan graves abusos de poder político o económico y se fomenten medidas y mecanismos para prevenir esos actos, y establecerán derechos y recursos adecuados para las víctimas de tales actos, facilitándoles su ejercicio.

Unos 450 niños habrían sido víctimas de abuso sexual en la diócesis de Dublín

La diócesis de Dublín confirmó hoy que entre 400 y 450 menores podrían haber sido víctimas de abusos sexuales en sus centros educativos católicos desde 1940.

Sus nombres y los de los religiosos supuestamente implicados en los maltratos están recogidos en un nuevo informe elaborado por la Comisión Investigadora de Abusos contra Menores de la Archidiócesis de Dublín, que está presidida por la juez Yvonne Murphy.

El documento fue entregado hoy al ministro irlandés de Justicia, Dermot Ahern, quien, sin embargo, no lo hará público hasta que consulte con la Fiscalía si su completa divulgación podría afectar los procesos judiciales que se mantienen abiertos contra varios clérigos señalados en el texto.

De los 15 sacerdotes identificados en el informe con nombres y apellidos, 11 ya han sido condenados por cometer abusos sexuales contra menores, mientras que otros cuatro están siendo juzgados en los tribunales y uno de ellos ya se ha declarado culpable de los cargos.

La esperada publicación de este último informe seguirá a la del ya conocido como el “Informe Ryan”, que el pasado mayo reveló que miles de menores fueron objeto de abusos sexuales, físicos y psíquicos durante más de 60 años en instituciones estatales gestionadas por la Iglesia católica irlandesa en toda la isla.

El principal objetivo de la Comisión, establecida en marzo de 2006, es el examen de la respuesta de las autoridades eclesiásticas a las denuncias de abusos sexuales lanzadas contra 46 religiosos en la diócesis de Dublín entre enero de 1975 y abril de 2004.

En este sentido, el informe analiza el papel desarrollado por los 19 obispos que han estado al frente de la diócesis, entre ellos el actual cardenal Desmond Connell, quien retiró el pasado año una acción judicial encaminada a bloquear el acceso de la Comisión a ciertos documentos comprometedores.

Connell, ascendido por el Papa Benedicto XVI a la categoría de purpurado en 2007, había solicitado al Alto Tribunal irlandés una orden que impidiese a la Comisión de Investigación acceder a casi 5.000 archivos.

Al parecer, los archivos secretos contenían parte de la correspondencia mantenida entre el cardenal y los abogados de la diócesis entre 1988 y 2004, en la que se abordan cuestiones legales derivadas de denuncias de abusos sexuales contra menores y sobre las pólizas de seguros contratadas por la diócesis para hacer frente a posibles compensaciones económicas.

La publicación de este último informe estaba prevista para el pasado enero, pero el Gobierno irlandés pidió a la Comisión que lo retrasase para investigar otros supuestos casos ocurridos en la diócesis de Cloyne, en el condado de Cork, al sur de la isla.

Su obispo, John Magee, se vio obligado a abandonar su cargo el pasado marzo después de conocerse que violó las reglas establecidas por la Iglesia para abordar este tipo de asuntos retrasando, por ejemplo, el comienzo de investigaciones sobre supuestos abusos.