jueves, 7 de marzo de 2019

Episcopado mexicano presenta nuevas “líneas de acción” contra abuso sexual de menores

Imagen referencial / Crédito: Unsplash
Imagen referencial / Crédito: Unsplash
La Conferencia de Episcopado Mexicano (CEM) lanzó un plan de trabajo que detalla las nuevas “Líneas de acción para la protección de menores” a fin de evitar posibles abusos por parte de miembros del clero y agentes de pastoral. 
Las líneas de acción fueron presentadas en un comunicado del CEM este martes 5, luego de la reunión que su Consejo de Presidencia tuvo con el Papa Francisco el 1 de marzo.
Las acciones propuestas se dividen en cinco objetivos concretos desarrollados a lo largo del texto: diagnóstico, prevención, justicia y respuesta, apoyo a víctimas, y promover el respeto por la ley.
A través del diagnóstico se pretende “dimensionar y transparentar el problema del abuso sexual infantil”, con la recopilación de información especializada, incorporando los 21 puntos propuestos durante el encuentro mundial para la protección de menores realizado en Roma, entre otros.
Con la prevención se busca “implementar políticas, protocolos, controles y mecanismos institucionales en cada diócesis” para que ningún niño sea abusado. En este punto se propone formar a los sacerdotes y que la Conferencia Episcopal sea el órgano encargado de dirigir, supervisar y verificar las acciones de cada diócesis, establecer comisiones, actualizar las líneas de acción, entre otros.
El objetivo de justicia, por su parte, pretende “verificar el cumplimiento de la legislación civil y canónica por parte de las instancias responsables en todos los casos de abuso”, y para ello se precisa que “ningún abuso debe ser jamás encubierto ni infravalorado”.
Asimismo, la CEM señala que debe reforzar el Equipo Nacional de Protección de Menores, utilizar las estructuras eclesiales para facilitar el trabajo de investigación, volver completamente funcional el sitio web, crear centros de escucha, etc.
El cuarto punto se refiere al apoyo a las víctimas, brindando “apoyo humano, espiritual, psicológico y/o material que requieran conforme a los principios de proporcionalidad y necesidad”
Finalmente, la CEM propone promover el respeto por la ley, haciendo llamados constantes a denunciar los abusos.
En su comunicado los obispos informaron que, con relación al número de casos de abusos sexuales en el país y en pro de la transparencia, han “encomendado” al Equipo Nacional de Protección de Menores (conformado por laicos, independientes y expertos), a que “revisen toda la información disponible en torno a los mismos y previo análisis jurídico de cada uno de los asuntos nos indiquen la forma más adecuada de hacerlo”.
“Es importante destacar que cada uno de los asuntos tiene particularidades que implican la necesidad de un análisis exhaustivo de tal suerte que se proteja la identidad de las víctimas, se cuide el debido proceso y los derechos humanos de los probables responsables”, continúa el texto.
Sobre la información dada a conocer previamente sobre sacerdotes perpetradores de abusos, la CEM aseguró que “es parte de este esfuerzo de transparencia y se irá profundizando y precisando conforme a los avances que este equipo vaya obteniendo”.

“Hay temor en la iglesia de perder poder”

Reclamos a la iglesia de parte de abusados
Representantes del Comité de América latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) y del Instituto de Género, Derecho y Desarrollo (Insgenar), informaron, que tres de cada 100 denuncias de abuso sexual infantil (ASI) llegan a sentencia. Y de las sentenciadas, solo el uno por ciento son condenatorias. Advierten que la única prevención conocida contra el ASI es la Educación Sexual Integral (ESI).
“La resistencia a la ESI de parte de la Iglesia Católica tiene que ver con la defensa de un modelo que les permite encubrirse ellos y tener a los niños y adolescentes en una situación de indefención”.
Detalles de algunos casos
Se recolectaron casi 70 denuncias hacia curas y otros miembros de jerarquía en la Iglesia Católica. En la provincia de Santa Fe se pueden encontrar varios de los casos. Uno es el caso del exarzobispo Edgardo Storni, quien fue condenado a ocho años por abusar de un seminarista en 2009.
El cura Néstor Monzón de Reconquista, detenido en 2016, quien está a punto de ir a juicio oral. La monja Bibiana Fleitas que fue expuesta en 2015 por una exnovicia que escribió un libro contando los abusos en el Colegio Santa Rosa de Viterbo de San Lorenzo.
La mujer fue trasladada a Mendoza pero aún no fue investigada. Además está el caso de Reinaldo Narvais, acusado por acoso sexual y abuso de poder en la parroquia Nuestra Señora de Pompeya, de Rosario. El Vaticano le ordenó hacer un tratamiento “hasta que se logre su adecuada recuperación”.  Por último se acusa a José Rohr de abusar de un joven en la década del 80 en Venado Tuerto: “La víctima decidió hacer la denuncia en la Justicia estatal en 2018”.
Postura de la iglesia
Sobre las objeciones que la Iglesia Católica expresa en la provincia para que no se garantice la ESI, Espinoza opinó: “Esta es una discusión que llega tarde porque la ley ya fue aprobada. Es nacional y lo que tienen que hacer es implementarla en cada provincia. No implementarla es un manotazo de ahogado de un sector que está desesperado, mientras menos sepan las personas es más fácil controlarlas”.
En algunas provincias, como Santa Fe, lamentablemente hay una presión muy fuerte de parte de esos sectores. Hay provincias donde es más difícil visibilizar hay sobrevivientes que están dispuestos a denunciar públicamente y ante la justicia, tribunales y fiscalías. Pero lo que nos topamos habitualmente es con un fuerte lobby de la Iglesia Católica que dificulta el trabajo de la Red”.
“Hay un miedo muy grande a la pérdida de poder de la Iglesia Católica, y de quienes viven amparados en su influencia social y poder económico. Ahora, lo que hay que reflexionar es: ¿por qué la iglesia siente como ataque develar los abusos y las redes de encubrimiento? ¿Es intrínseco? El abuso de niños, niñas y adolescentes no está separado de los demás crímenes y abusos avalados por la curia. Como la reducción a la esclavitud de miles de mujeres que visten hábito, abusos de poder, violencia psicológica, entre otros. En tanto no aborden la cuestión desde allí toda medida será
inútil”, reflexionó Espinoza.

Senadora exige 'tolerancia cero' para el abuso de menores en los centros de detención de migrantes

El juez federal de California, Richard Seeborg, aseguró que la inclusión de la pregunta sobre ciudadanía "amenaza la misma fundación de nuestro sistema democrático" y supondría "rebajar la cifra de respuestas por parte de los inmigrantes y no ciudadanos".
7 MAR 2019 – 5:25 AM EST
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Esta fotografía de archivo del 23 de marzo de 2018 muestra un sobre con el censo enviado a un residente de Estados Unidos.Crédito: Michelle R. Smith/AP
Un juez federal de California se sumó este miércoles a la opinión emitida en enero por otro magistrado de Nueva York al declarar ilegal el polémico plan del gobierno de Donald Trump para incluir una pregunta sobre ciudadanía en el censo de 2020, al que se oponen varias asociaciones de inmigrantes.
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En una resolución de 126 páginas, el juez Richard Seeborg aseguró que "la inclusión de la pregunta sobre ciudadanía en el censo de 2020 amenaza la misma fundación de nuestro sistema democrático", ya que a su juicio resultaría en una infravaloración del número de personas latinas no ciudadanas.
Seeborg destaca que preguntar si se tiene o no la ciudadanía estadounidense supondría "rebajar la cifra de respuestas por parte de los inmigrantes y no ciudadanos, e implicaría un riesgo significativo de distorsión en la distribución de representantes al Congreso entre los estados".
En su fallo de 126 páginas, el magistrado señaló directamente al secretario de Comercio, Wilbur Ross, de acutar de "mala fe", violar varias leyes y la base constitucional de la democracia al agregar la polémica pregunta al censo.
El Departamento de Comercio no ha reaccionado de momento al fallo del juez.

El censo del país, que se renueva cada diez años, es una herramienta clave a la hora de determinar el reparto de fondos federales, de asignar escaños a la Cámara de Representantes o de decidir la distribución de distritos legislativos estatales y del Congreso.
Actualmente, la elaboración del censo se realiza sin preguntar el estado legal de los encuestados ni si son ciudadanos o residentes, pero se calcula que en el país viven en torno a 11 millones de inmigrantes indocumentados, en su mayoría latinos.
La posibilidad de que se incluya una pregunta sobre ciudadanía podría significar que las personas que se encuentran en situación irregular decidiesen no participar en el censo, ante el temor de que esta información pudiera ser enviada a las autoridades de inmigración.
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Agencias discuten acuerdo para compartir información

Pero mientras el caso se dirime en la Corte Suprema, la Oficina del Censo busca discretamente información completa sobre el estatus legal de millones de inmigrantes.
Bajo un plan propuesto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) proporcionaría a la Oficina del Censo una gran cantidad de datos personales de individuos que no son ciudadanos, como nombres completos, direcciones, fechas y lugares de nacimiento, número de la seguridad social y número de registro de extranjeros, según un documento firmado por la Oficina del Censo que obtuvo la AP.
Se trabaja en un acuerdo pendiente de aprobarse entre las agencias desde al menos enero, cuando el juez Jesse M. Furman de Nueva York bloqueó los planes de la Casa Blanca al emitir un dictamen similar al de este miércoles en California.
Michael Cook, vocero de la Oficina del Censo, dijo que se espera que el acuerdo sea firmado en el DHS, pero que su agencia prevé que quede concluido “lo antes posible”.
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Pedido del Departamento de Justicia de incluir pregunta sobre ciudadanía en el censo genera miedo en la comunidad inmigrante
“La Oficina del Censo llega a acuerdos de forma rutinaria para recibir registros administrativos de muchas agencias, incluido el acuerdo pendiente con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, para asistirnos en nuestra misión para ofrecer estadísticas de calidad al público estadounidense”, dijo Cook en un comunicado.
Leon Rodríguez, quien dirigió la DHS bajo el gobierno de Barack Obama, destacó a la AP que "en general, se supone que la información guardada en un sistema de registros es privada y no puede publicarse a menos que encaje en una serie de excepciones definidas”.
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Grupos defensores de los derechos civiles acusan a la Casa Blanca de querer integrar la pregunta de ciudadanía porque desalentaría a los no ciudadanos a participar en el censo, lo que provocaría una menor recaudación de dinero federal y menor representación en el Congreso en los estados con grandes poblaciones de inmigrantes.
La iniciativa ha causado indignación entre los demócratas, quienes afirman que afectaría desproporcionadamente a los estados que favorecen a su partido. La última vez que se preguntó a la gente si eran ciudadanos estadounidenses fue en el censo de 1950.