miércoles, 12 de junio de 2019

Pew Research Center publicó un informe el 11 de junio



WASHINGTON (Elizabeth Bachmann/CNS)—. A pesar de la cantidad de denuncias y casos de abuso sexual que han surgido dentro de la Iglesia Católica, la mayoría de los estadounidenses no creen que el abuso sexual infantil  sea más común entre los sacerdotes y líderes católicos que entre los otros grupos de adultos.
La crisis de abuso también ha provocado que algunos católicos asistan a misa con menos frecuencia y disminuyan las donaciones a la iglesia, aunque mucho continúan apoyando personalmente a su párroco local.
El Pew Research Center publicó un informe el 11 de junio que revelaba estadísticas sobre lo que los estadounidenses, y en particular los católicos estadounidenses, creen acerca del abuso en la Iglesia Católica.
Según la encuesta de Pew, el 57 por ciento de los adultos estadounidenses cree que el abuso sexual infantil es tan común entre el clero católico como entre otros adultos que trabajan con niños. Sin embargo, al encuestar solo a los no católicos, Pew descubrió que solo el 44 por ciento cree que el abuso sexual es tan común entre los líderes católicos como en otros adultos que trabajan con niños.
Además, entre los católicos, el 68 por ciento cree que este no es un problema exclusivo de la religión católica.
De todos los adultos encuestados, el 92 por ciento ha escuchado sobre el escándalo y el 79 por ciento cree que refleja un problema que continúa ocurriendo, mientras que el 12 por ciento cree que se trata de un problema del pasado.
Los católicos son más propensos que cualquier otro grupo religioso a creer que el abuso sexual ya no ocurre dentro de la iglesia. El 69 por ciento de los católicos cree que la Iglesia aún enfrenta un problema de mala conducta sexual, mientras el 24 por ciento cree que es una situación que se ha superado.
  • Además, más de la mitad de los católicos encuestados, el 61 por ciento, considera que el abuso sexual eclesial es tan común como en otras organizaciones religiosas. Una percepción a la que se acercan ateos, agnósticos y no afiliados según reflejan las estadísticas. El 47 por ciento de los ateos, el 46 por ciento de los agnósticos y el 52 por ciento de las personas sin afiliación a alguna iglesia están de acuerdo en que la mala conducta sexual afecta por igual a los católicos como a otras denominaciones religiosas. Algo que solo el 39 por ciento de los protestantes y el 25 por ciento de los judíos creen que sea cierto.
La encuesta del Centro de Investigación Pew también se enfocó en las respuestas al escándalo de abuso sexual a partir de la propia demografía interna y local de la Iglesia católica.
El centro descubrió que  es más probable que un católicos blanco piense que el abuso sexual es más común en la Iglesia católica —el 39 por ciento— comparado con un católico hispano —solo el 22 por ciento.
La investigación de Pew reveló una clara discrepancia de respuesta entre los católicos que asisten a misa semanalmente y aquellos que acuden ocasionalmente.
Entre los católicos que asisten a misa semanalmente, el 15 por ciento ha comenzado a asistir a misa con menos frecuencia y el 20 por ciento ha reducido las donaciones a su iglesia. Sin embargo, el 35 por ciento respondió mostrando apoyo y aliento a su parroquia y sacerdote local.
Entre quienes no asisten a misa semanalmente, el 32 por ciento ha reducido su asistencia y el 28 por ciento ha reducido las donaciones. Solo el 12 por ciento de los asistentes ocasionales a Misa expresaron su apoyo a su parroquia y sacerdote local.
El Pew Research Center colecta estadísticas a través del American Trends Panel (ATP) en el que encuesta a adultos seleccionados al azar a través de encuestas web autoadministradas. Esta encuesta se llevó a cabo del 18 de marzo al 1 de abril. De los 8,396 panelistas potenciales, 6,364 respondieron, para una tasa de respuesta del 76 por ciento

EE.UU. arresta a 1.700 supuestos agresores sexuales de niños en la operación 'Corazón roto'


Decenas de grupos operativos especiales investigaron más de 18.500 denuncias de abusos por medio de Internet, tras lo cual realizaron los arrestos.
EE.UU. arresta a 1.700 supuestos agresores sexuales de niños en la operación 'Corazón roto'
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61 grupos operativos del programa estadounidense Internet Crimes Against Children (ICAC, por sus siglas en inglés) han realizado una operación a escala nacional a lo largo de dos meses que resultó en el arresto de alrededor de 1.700 supuestos agresores sexuales de menores en línea.
Según precisa un comunicado del Departamento de Justicia, la operación 'Corazón roto' fue dirigida contra sospechosos que producen, distribuyen o poseen pornografía infantil, participan en la seducción por Internet o en el tráfico sexual de niños y viajan por el país o al extranjero para abusar sexualmente de menores.
En su marco fueron identificados 308 delincuentes que produjeron pornografía infantil o cometieron abuso sexual infantil, así como 357 niños que "sufrieron abuso sexual reciente, actualmente o con anterioridad, o fueron explotados en la producción de pornografía infantil".
La publicación precisa que en la operación, que se llevó a cabo en los meses de abril y mayo, los grupos operativos investigaron "más de 18.500 denuncias de delitos facilitados por la tecnología y dirigidos contra niños".

Cada tres horas se denuncia un abuso sexual hacia un menor en España, pero el 70% de los casos nunca llega a juicio

Abuso sexual a menores

La reciente detención de varias mujeres ligadas a la asociación Infancia Libre ha llevado a las portadas de los medios de comunicación un asunto que habitualmente permanece en la sombra: el drama de los menores víctimas de abusos sexuales. Una tragedia ampliamente silenciada por tabúes ancestrales y que, en contra de lo que muchos piensan, afecta a una proporción muy amplia de menores.
Diversos estudios llevados a cabo por instituciones como el Consejo de Europa, expertos y asociaciones de defensa de los derechos de los menores calculan que en el ámbito internacional, entre el 15% y el 20% de los niños y niñas sufren algún tipo de abuso sexual antes de cumplir los 18 años. Uno de cada cinco.
Eso significa que muy probablemente usted conoce a niños o niñas que están siendo víctima de algún tipo de abuso o agresión sexual continuada. Están en su barrio, en el colegio de sus hijos, en su edificio o, quizás, en su propio círculo familiar o de amistades. Pero su sufrimiento permanece oculto y silenciado.
España no es una excepción. Un reciente informe de la organización Save the Children, titulado precisamente Ojos que no quieren ver, calcula que en nuestro país se denuncian tan sólo un 15% de los abusos a menores y que el 70% de las denuncias no supera la fase de investigación, con lo que nunca llega a juicio oral. Según los datos de esta organización (que analizó más de 200 denuncias interpuestas entre los años 2012 y 2016) sólo tres de cada siete denuncias acaban en algún tipo de condena. ¿Significa esto que son denuncias falsas? En absoluto. Según denuncian muchos expertos, la mayoría de los casos naufragan en los procesos judiciales por razones que poco tienen que ver con la veracidad de las denuncias.
En España se denuncia tan sólo un 15% de los abusos sexuales a menores y el 70% de esas denuncias no llegan a juicio oral
Tal y como apuntan tanto Save the Children como muchos expertos y expertas consultados por Públicoel sistema judicial español “no está preparado para escuchar y atender a los menores en sede judicial” y garantizar la plena protección de los menores víctimas de abuso o agresión sexual, por un sinfín de razones que incluyen la escasez de recursos, la burocracia, la falta de personal debidamente cualificado o la ausencia de protocolos precisos y homologados sobre cómo tomar testimonio a los menores.
El hecho de que este tipo de abusos se produzca mayoritariamente en el entorno más cercano al menor (su colegio, su vecindario o en su propia familia) dificulta aún más la detección de los abusos y la capacidad de los menores para identificar que lo que les está sucediendo es algo malo y para ser capaces de relatar los hechos ante desconocidos o ante su propia familia. Ocurren de puertas para adentro, en la intimidad de los hogares o en lugares en los que sólo el abusador y el menor están presentes, y esto supone que en la inmensa mayoría de los casos, la declaración del menor es la única o principal prueba de cargo. Por ello es clave la correcta escucha de los menores y la especialización de los profesionales que la realizan.
Público se ha sumergido en el infierno que viven las víctimas del abuso de menores entrevistando a decenas de personas relacionadas con este drama: psicólogos, jueces, abogados, organizaciones de derechos del menor y madres que han denunciado este tipo de abusos hacia sus hijos, principalmente por parte de sus parejas.

Entre el 86% y el 90% de los abusadores son hombres

Según datos de diversas fuentes, el abuso sexual hacia los menores se produce mayoritariamente por hombres (Save Children lo sitúa en un 86% y otros expertos en el entorno del 90%). En todos los casos recopilados para estas piezas el relato es persistente y demoledor. Y la moraleja, aterradora: “Si detectas que tu hijo o tu hija está siendo abusado o abusada por tu pareja, ten mucho cuidado a la hora de denunciar. Si no tienes pruebas físicas irrebatibles, es posible que el sistema judicial considere que estás mintiendo y termine quitándote la custodia”, explica María, nombre ficticio de una de las madres consultadas para este reportaje. María denunció a su expareja por presuntos abusos sexuales y el juzgado decidió un cambio de custodia, otorgándosela al denunciado.
Muchas madres que denuncian abusos sexuales hacia sus hijos por parte de sus parejas se dan de bruces con informes psicológicos que las acusan a ellas de tener ‘preocupación mórbida’ o de ‘instrumentalizar’ a sus hijos, relata María. Con esos términos en realidad se refieren al llamado Síndrome de Alienación Parental (SAP), una supuesta patología sin base científica que se utiliza para acusar a las madres de manipular a los menores contra la figura paterna.
Esta presunta patología no está avalada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) ni por ningún otro organismo internacional ni institución psiquiátrica o sanitaria, y su utilización en los procesos judiciales está expresamente desaconsejada por una guía del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Cuando este supuesto síndrome entra en juego, explican muchos expertos consultados, la desprotección de los menores es casi total porque a partir de ese momento su testimonio deja de tener valor al darse por sentado que están siendo ‘manipulados’ por su madre.

La dificultad de hallar pruebas físicas

Pero, ¿qué son pruebas irrebatibles? Básicamente, tres: daños físicos de gravedad incontestable (la rotura del himen por tres sitios a una pequeña no ha sido considerada como prueba suficiente), el embarazo o un contagio de venéreas, como el que se produjo recientemente en Sevilla, donde un padre fue detenido por violar a su bebé de 19 meses y contagiarle el virus del papiloma humano.
“En mi experiencia atendiendo a menores víctimas de abusos sexuales, los únicos casos en los que se considera demostrado el abuso es cuando se produce un embarazo o el contagio de una enfermedad venérea. En ninguno de los más de 800 casos que hemos atendido y analizado en los últimos 12 años hemos visto una condena a un presunto abusador basada en la declaración de un menor y tan sólo en 8 o 10 casos hubo una sentencia condenatoria porque existía un embarazo o se comprobó la trasmisión de una enfermedad venérea”, explica Margarita García Marqués, psicóloga y fundadora de ASPASI (Asociación para la Sanación y Prevención del Abuso Sexual Infantil). Esta experta apunta, además, a la dificultad añadida que supone que el 87% de los abusadores sexuales pertenecen al entorno cercano del menor.
"Sólo el 10% de los abusos son cruentos. El otro 90% se producen como juegos"
Las pruebas físicas que puedan demostrar la existencia de un abuso o agresión sexual hacia un menor, al contrario de lo que se suele pensar, son prácticamente inexistentes. “Sólo el 10% de los abusos son cruentos. El otro 90% de los casos se producen como juegos. Los padres o abusadores suelen hacerlo jugando, por lo que el menor, en la mayoría de los casos, pueden no verlo como algo negativo. Es posible que el niño o la niña no esté traumatizado todavía porque el abuso se inicia como algo suave. Pero si no protegemos al menor, el abusador irá cada vez más allá, siendo cada vez más exigente y cruento con el menor”, relata García.
Tanto los tratados internacionales firmados por España en defensa de los menores, como la propia legislación española ponen un importante énfasis en la relevancia que se debe dar a la declaración del menor y al hecho de que su testimonio debe ser recogido en condiciones idóneas y tenido en cuenta en los procesos judiciales por este tipo de delitos. Sin embargo, el hecho de que la gran mayoría de las denuncias no lleguen siquiera a iniciar un juicio oral y se sobresean en la fase de investigación implica que, de forma generalizada, la declaración no es suficiente como para romper la presunción de inocencia del presunto abusador.
De hecho, nuestro país tiene un proceso de investigación abierto en el seno de la Comisión Europea por el posible incumplimiento en la aplicación de las directivas comunitarias en materia de protección judicial de menores que denuncian haber sufrido abusos sexuales y malos tratos en ámbito familiar. La Comisión investiga también el hecho de que España esté utilizando de forma generalizado el Síndrome de Alienación Parental.
Esta investigación de la UE se inició tras la denuncia en 2015 de un grupo de organizaciones sociales (Asociación Rede de Mulleres Veciñais contra os Maltratos de VigoAgamme y Antigona) y ha sido ratificada el pasado mes de enero, aunque su tramitación se mantiene en secreto. Lo único que ha trascendido, tal como afirman las asociaciones denunciantes, es que el pasado mes de abril nuestro país presentó un escrito de respuesta que la Comisión está analizando.

Pocos datos y difíciles de cruzar

Según el estudio de Fundación ANAR Evolución de la Violencia a la Infancia en España según las Victimas (2009-2016) presentado el año pasado en el Congreso para impulsar una Ley Integral contra los abusos hacia menores de edad, los abusos sexuales en la infancia se incrementaron en un 178% en los últimos ocho años. En el 75% de los casos las víctimas son niñas. Estos datos proceden del análisis de 10.220 casos atendidos por el Teléfono de la organización entre 2009 y 2016 a partir de los testimonios de las propias víctimas o de su entorno.
A pesar de que los abusos sexuales en la infancia no son algo nuevo y su prevalencia es muy alta, no existe ningún estudio oficial en profundidad que analice este problema desde el punto de vista judicial. Los pocos datos existentes están repartidos por distintas instituciones y son difíciles de cruzar y analizar porque no hay una forma unificada de recopilarlos, en muchas ocasiones son incompletos o faltan datos clave. Esta ausencia de cifras completas, desagregadas y analizables hacen casi imposible conocer el alcance y las características del abuso sexual de menores con la profundidad necesaria para desarrollar e implementar políticas públicas de prevención, implantar medidas homogéneas de protección de los menores y corregir los fallos del sistema.
La falta de datos desagreados y analizables hace casi imposible conocer el alcance y las características del abuso sexual a menores para implementar políticas públicas
Según el Ministerio del Interior, de las 9.537 denuncias interpuestas por delitos a la libertad o indemnidad sexual durante el año 2017, casi la mitad (47,6%) tenían a un menor de 17 años como víctima (4.542). Estos totales no sólo hacen referencia a los abusos y agresiones sexuales, sino también a delitos como el exhibicionismo, la corrupción de menores, el acoso sexual o a pornografía y prostitución de menores, entre otros. Si nos atenemos sólo a las cifras que tiene que ver con abusos y agresiones sexuales, con o sin penetración, hacia menores de 17 años, los datos de Interior indican que a lo largo de 2017 se produjeron 3.041 denuncias, es decir, una cada tres horas. Si, como sostienen los expertos, solo se denuncian un 15% de los casos, nos encontramos con que probablemente en España se producen más de 20.000 abusos o agresiones sexuales a menores cada año.
Los datos relativos a los juicios por este tipo de delito son prácticamente inexistentes, puesto que tampoco hay cifras desagregadas ni estadísticas sobre el número de juicios iniciados, cuántos de ellos fueron sobreseídos, cuántos acabaron en absolución o los que ni siquiera pasaron de la fase de instrucción. El único dato que puede dar una dimensión de los hechos es el que recoge el Instituto Nacional de Estadística (INE) de fuentes del Ministerio de Justicia: en 2017 fueron condenadas 320 personas por delitos de abuso y agresión sexual a menores (316 hombres y cuatro mujeres). Este dato corroboraría la estimación de la mayoría de los expertos, que indican que el 90% de este tipo de abusos los cometen hombres mayores de edad.
La baja cifra de condenas en relación con el número estimado de casos está en línea con lo que ha narrado a Público un amplio grupo de expertos.
La Fiscalía General del Estado acaba de publicar un avance de datos estadísticos de su memoria anual para 2018. En ellos se recoge que los delitos de abusos a menores se incrementaron en un 25,5% entre 2017 (1.672) y 2018 (2.099). La Fiscalía resalta, también, que las agresiones sexuales a menores de 16 años aumentaron un 40%. El ordenamiento jurídico de nuestro país distingue los abusos de las agresiones. En el primero de los casos son delitos que se cometen sin violencia e intimidación, que sí debe estar presente en los segundos para ser considerados como agresiones.
Con todo, el dato más llamativo es el que indica que las agresiones sexuales de menores de 16 años con acceso carnal (violación), se incrementaron entre 2017 y 2018 en un 54,7%, pasando de los 53 a 82 casos. Todos estos datos no son denuncias: hacen referencia a las diligencias (actuaciones) en las que intervino esta institución, lo que no sirve para completar el puzle del drama de los menores víctimas de estas violencias.
Los portavoces del Ministerio de Justicia afirman que no disponen de datos o estudios sobre la prevalencia de los abusos a menores y su tratamiento por parte de la justicia y derivan a este medio a buscar los datos recopilados por los distintos ministerios e instituciones. Aunque la apertura de una investigación por parte de la Comisión Europea parece indicar que existe un problema con el tratamiento judicial a los menores víctimas de abusos en España, a juzgar por las respuestas recibidas no parece que el Ministerio de Justicia se sienta especialmente interpelado por ello.
Para poder hacer frente a esta y otras violencias contra los menores, Save the Children y otras organizaciones reclaman desde hace años que se apruebe una ley de protección de la infancia contra la violencia. Sí hay una ley orgánica de protección del menor, que establece la obligatoriedad de escuchar a los niños y niñas. Pero no dice cómo. Y todo parece indicar que por ahora escuchamos poco y rematadamente mal.

La niñez, vulnerable ante el abuso




La ONU ha calculado que en nuestro país hay más de un millón de pedófilos que contactan a los pequeños por medio del internet y las redes sociales. La Asociación Mexicana de Internet estima que el 38 por ciento de usuarios tiene entre 6 y 18 años; con estos dos datos ya podemos intuir el riesgo que enfrentan tantos pequeños y jóvenes.

En nuestro país los lugares más peligrosos para los menores de edad son: Acapulco, Cancún, Tijuana, Guadalajara y Tapachula en donde la actividad pedófila sigue creciendo y ocupando los primeros lugares.
Unicef advierte que la pornografía infantil, después del narcotráfico, es uno de los negocios más lucrativos del mundo con ganancias aproximadas de siete mil millones de dólares anuales, y según una investigación en 2014 del Senado Mexicano la pornografía infantil genera en nuestro país utilidades por 34 mil millones de pesos.



De igual modo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha señalado a México como el país número uno a nivel mundial en materia de abuso sexual, violencia física y homicidios perpetrados en menores de 14 años de edad.

También ha destacado que la cifra asciende a unos 4.5 millones de niños mexicanos víctimas de abuso sexual y que tan solo al 2 por ciento de los casos se les da seguimiento legal, a pesar de que este tipo de delitos va en aumento, como constan las cifras de los años anteriores que registran un incremento sostenido.

Otro foco de alarma encendido es que se nos sitúa a nivel global como el primer país en difusión de pornografía infantil y el segundo en consumo de la misma, situación que ha sido corroborada por la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, de la FGR, además de decir que el 80 por ciento de las víctimas del delito de trata de personas y explotación sexual son menores de entre 10 y 14 años.




Nuestro Estado no escapa de la problemática nacional, ya que al año se registran aproximadamente 150 casos de abuso infantil, y si tomamos en cuenta las consideraciones de la ONU que calculan que solo el 7% de los menores abusados se atreven a hablar con sus papás de lo que está sucediendo, eso ya nos da una idea que cuánto tenemos que hacer como sociedad para proteger a la niñez de ese estado de vulnerabilidad en el que se encuentra.

El Movimiento Lazo para María ha unido los esfuerzos de varias organizaciones y personas que comprometidas a favor de la niñez están trabajando para combatir este flagelo tan doloroso buscando no solo prevenir el abuso sexual infantil sino lograr que un día no se hable de ningún caso más que hiera a la infancia.

Para ello se han estado implementado diversas acciones que se agrupan en tres vertientes, a saber: la primera de Sensibilización y Difusión para la prevención; la segunda de Capacitación y Atención a Víctimas para evitar que se repitan las acciones y no permitir la revictimización, y la tercera de Iniciativas de Reformas y Homologación en materia de abuso sexual infantil para contar con un marco legal que evite que los victimarios repitan el delito y se les dé atención para que puedan reintegrarse a la sociedad después de haber cumplido su sentencia.



El abuso deja heridas muy graves en la persona, cuanto más si no se trata a tiempo, por ello es imperante trabajar para fortalecer a la familia y hacer que nuestros pequeños se sientan seguros y protegidos.

Si alguna persona tiene conocimiento de algún tipo de abuso contra un menor de edad, no dude en reportarlo al 911.

Los obstáculos para crear un estándar mundial contra el abuso sexual eclesiástico

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CIUDAD DEL VATICANO — En diversas partes del vasto mundo católico, algunos obispos consideran que el abuso sexual cometido por el clero es más un pecado que un delito. Otros lo atribuyen a la homosexualidad o dudan que exista. Donde los católicos son minoría, como el Medio Oriente, denunciar a un sacerdote pedófilo a las autoridades civiles es igual a sentenciarlo a la pena de muerte.
En la víspera de la reunión del papa Francisco con los líderes de la iglesia en el Vaticano que comienza hoy y busca abordar el ignominioso tema de los abusos sexuales perpetrados por el clero, los defensores de las víctimas están exigiendo leyes urgentes y uniformes para imponer tolerancia cero a los sacerdotes que abusan de menores y a los obispos que los encubren, sin importar la cultura en la que trabajen.

Antes de la conferencia, The New York Times entrevistó a obispos y sacerdotes de cuatro continentes, y sus opiniones variaron en gran medida respecto de la urgencia, el alcance e incluso la existencia misma de los abusos sexuales de niños y menores de edad cometidos por sacerdotes, un problema que se ha documentado detalladamente en muchas partes del mundo.
Sin embargo, los representantes del Vaticano dicen que este reclamo refleja la idea errónea de que el papa tiene el poder para imponer cambios inmediatos en una institución global y antigua. La diversidad de barreras legales y culturales para identificar a los abusadores y apoyar a las víctimas, así como la negación arraigada, hacen que sea prácticamente imposible poner en vigor un estándar mundial, señalan los expertos.
“No es tan simple”, dijo el padre Hans Zollner, uno de los organizadores de la reunión, miembro de la comisión de protección infantil del Vaticano y presidente del Centro para la Protección Infantil de la Pontificia Universidad Gregoriana. Los líderes del Vaticano han trabajado durante semanas para aplacar las expectativas de una revolución en la extensa burocracia que gobierna la iglesia.
En cambio, la conferencia será una suerte de curso intensivo de cuatro días para instruir a los líderes eclesiásticos acerca de cómo manejar los casos de abuso con responsabilidad, rendición de cuentas y transparencia, así como para convencer a algunos de que el problema es real.

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Peter Isely, líder de Ending Clergy Abuse, un grupo de defensa de sobrevivientes de abuso infantil perpetrado por miembros del clero CreditVincenzo Pinto/Agence France-Presse — Getty Images

Eso apenas ha tranquilizado a los sobrevivientes de abusos y otras personas en la iglesia que acusan a los líderes de lavarse las manos con sus argumentos en contra de medidas más concretas. “Están diciendo que hay muchos obispos que no entienden el abuso sexual, ¡lo cual es sorprendente!”, dijo Peter Isely, sobreviviente estadounidense de abuso y líder de Ending Clergy Abuse, un grupo de defensa de sobrevivientes de abuso infantil perpetrado por miembros del clero.
“¿Cómo puedes llegar a ser obispo si te tienen que educar sobre la violación de un niño?”, dijo después de que se reunió el miércoles con el padre Zollner y los prelados que están organizando la conferencia. Estaba furioso de que el papa Francisco no hubiera asistido. “La única manera de resolver el problema es desde los altos mandos”, dijo Isely. “Puede hacerlo firmando un documento”.
El padre Zollner dijo que entendía el llamado desesperado de las víctimas y los defensores a favor de tomar medidas. No obstante, aunque el Vaticano es una monarquía, no es monolítica y tiene “contextos tan diversos como pueden imaginarse en la humanidad”, señaló. “Si creen que solo se necesita que el papa dicte unos lineamientos específicos para resolver el problema, entonces creo que corren el riesgo de quedar muy decepcionados”, comentó el padre Zollner durante una entrevista en su oficina en Roma.
El sumo pontífice ya ha establecido leyes de tolerancia cero en la iglesia, argumentó Zollner y agregó que, si Francisco introducía nuevas normas de manera prematura, se arriesgaba a erosionar la autoridad pontificia pues sería muy probable que las ignoraran. Según el eclesiástico, cuando el papa enfatizó que el cambio debía comenzar desde el fondo, no estaba eludiendo la responsabilidad, sino usando la única opción disponible porque ahí era donde el cambio tenía que suceder.
El religioso aseguró que Francisco aprovechará la reunión para presionar a las conferencias episcopales reacias en los países en vías de desarrollo, aun si esta presión llega de manera tardía, con el fin de que adopten los lineamientos para proteger a los menores que ya existen en países con mucha más experiencia respecto a ese problema.

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Una conferencia de prensa celebrada el lunes, en el Vaticano, sobre la prevención del abuso sexual por parte del cleroCreditGregorio Borgia/Associated Press

Algunos líderes de la iglesia entrevistados por este medio insistieron en que el problema no existía en el lugar de donde provienen y que en otras partes los medios que se oponen a la iglesia estaban exagerándolo o le daban demasiada importancia. En muchos lugares, sobre todo África, India y otras partes del mundo en vías de desarrollo, no es una prioridad combatir los abusos.
En el llamado “sur global”, señalan muchos expertos, a menudo se cree que el abuso sexual cometido por el clero es resultado de la homosexualidad, una opinión que también comparten los detractores conservadores del papa Francisco en Estados Unidos y el Vaticano.
En todo el mundo, “la situación es realmente distinta”, dijo el sacerdote Federico Lombardi, moderador de la conferencia y exportavoz del Vaticano, y describió todo el rango de casos y culturas que debe tomar en cuenta la iglesia.
“Puedes tomar como ejemplo a un arzobispo de Bangui”, en la República Centroafricana, una nación destrozada por la guerra, comentó. “Es un tanto distinto de un obispo estadounidense. Cuando sale de su casa no está seguro de que regresará vivo una hora después. No estoy seguro de vaya a sentarse a escribir los lineamientos y procedimientos ni a proponer a su delegado en materia de abusos”.
Sin embargo, ese no es el caso de todo el continente africano. Desde 2003, se han reportado 35 casos de abuso perpetrado por sacerdotes en Sudáfrica, que en octubre expulsó a tres eclesiásticos por abusar sexualmente de niños. El sacerdote Lazarus Anondee, secretario general de la conferencia episcopal en Gana, también reconoció que, en el tema del abuso sexual cometido por miembros del clero, “las comunidades nos consideran personas con poder, y eso siempre implica la tendencia a aprovecharse de los demás”.

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Un grupo de religiosos en la Plaza de San Pedro. Los defensores de las víctimas exigen la implementación de leyes eclesiásticas urgentes y uniformes. CreditGregorio Borgia/Associated Press

Aunque no se ha enfrentado a un caso de este tipo, dijo que estaba trabajando en una nueva política de protección infantil para asegurar que “el sistema judicial del país se encargue de los abusos”.
No obstante, ese remedio no es una opción en algunos países del Medio Oriente. El obispo Paul Hinder, líder del Vicariato Apostólico del sur de Arabia, que incluye a los Emiratos Árabes Unidos y a Yemen, dijo que su conferencia episcopal habló una vez de las complejidades de denunciar a un sacerdote abusivo en un país donde es probable que lo castiguen con la pena de muerte.
“Me mostraría reacio a exponer a un hombre, aunque fuera culpable”, señaló y añadió que, dado que la mayoría de los curas a su cargo son migrantes de otros países, “preferiría que los enviaran de regreso a sus lugares de origen y decirles: ‘Debes enfrentar la justicia que imponga tu propio pueblo en tu nación’”.
Pero incluso en sus propios países, no siempre se enfrentan a la justicia. Muchos de los sacerdotes del obispo Hinder son originarios de India, que no ha cumplido con los estándares de tolerancia cero de Occidente.
Una diócesis en India, por ejemplo, permitió que el padre Joseph Palanivel Jeyapaul volviera a estar activo después de regresar de Estados Unidos, donde pasó tiempo en prisión por haber acosado sexualmente a dos niñas de 14 años mientras atendía una parroquia en Minnesota.
El cardenal filipino Luis Antonio Tagle, el orador principal del jueves y uno de los candidatos a ser el próximo papa, se rehúsa a aplicar la tolerancia cero a los sacerdotes que cometen abusos, según el grupo de defensa BishopAccountability.org. El cardenal Tagle dijo en 2012 que algunos clérigos a los que les dieron una segunda oportunidad “resultaron ser muy buenos sacerdotes”, aunque otros “fracasaron miserablemente”.
El padre Zollner, quien ha visitado más de 60 países, se mostró claramente frustrado con los obispos que insistían en que no existía ese problema.

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Luis Antonio Tagle, cardenal de Filipinas, dijo en 2012 que algunos clérigos a los que se les dio una segunda oportunidad "resultaron ser muy buenos sacerdotes", aunque otros "fracasaron miserablemente". CreditEloísa López/Reuters

“Es aún más sorprendente si lo escuchas de los labios de personas que deberían tener otra actitud porque se han enfrentado a ese tipo de casos”, comentó. “Y si no han visto casos hasta ahora, es porque la gente no ha comenzado a alzar la voz”, agregó.
Incluso en Europa, el progreso al respecto no ha ocurrido de manera homogénea. En parte debido a que el abuso ha devastado de manera tan uniforme a su iglesia, Irlanda se ha convertido en la vanguardia en materia de defensa de las víctimas.
Ese no es el caso de Italia, país al que el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas criticó este mes por su falta de investigaciones respecto de “numerosos casos” de abuso infantil perpetrados por el clero.
En España, el cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona, dijo que sospechaba que la falta de madurez y preparación llevaba a los sacerdotes abusivos a “caer en la tentación de los impulsos sexuales”. Y aseguró que jamás ha enfrentado un caso de abuso sexual en sus 22 años como obispo.
En Polonia en 2012, el arzobispo Jozef Michalik, expresidente de la Conferencia Episcopal de Polonia, culpó a los políticos, a los padres divorciados y a las feministas por los abusos del clero, así como a los niños que seducían a los sacerdotes. Otros obispos polacos rechazaron esas declaraciones.
El miércoles por la mañana, Marek Lisinski, un hombre polaco de 50 años que fue abusado sexualmente a los 13 años por un sacerdote que sigue en el ministerio, se reunió con el papa y le entregó en persona un informe sobre los abusos en Polonia. “Evidentemente creemos que se puede hacer algo, y estamos esperando acciones específicas”, comentó.
El obispo Oswaldo Escobar de Chalatenango, en El Salvador, dijo creer que la pedofilia era predominantemente un fenómeno anglosajón, pues los sacerdotes latinoamericanos tendían a pecar con mujeres adultas. “Parecen tener estructuras muy conservadoras”, dijo sobre los países anglosajones. “Pueden ocultarse más cosas”.
Luciano Bergamin, obispo en Río de Janeiro, dijo que el problema “probablemente existe” pero sostuvo que era motivado por una “campaña difamatoria en contra de la iglesia” impulsada por dinero.
Sin embargo, otros obispos brasileños esperan que Francisco acelere la aplicación de estas políticas en la reunión en Roma. “Tener instrucciones comunes es útil porque mucha gente está perdida y no sabe qué hacer”, dijo el obispo Flávio Giovenale de Cruzeiro do Sul, en Acre.