miércoles, 17 de abril de 2019

Gobierno aplicará extinción de dominio a inmuebles relacionados en casos de abuso sexual a menores


En los primeros nueve meses de 2018, la Fiscalía reportó más de 1.300 casos relacionados delitos sexuales a niños. Y en lo corrido del año, la Policía de Cartagena ha efectuado 20 capturas por estos crímenes.
Captura de pantalla de Twitter
Este martes, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez lideró una reunión interinstitucional con la Alcaldía de Cartagena, Policía, Defensoría, Bienestar Familiar y Fuerza Naval de Caribe para hablar de las estrategias de prevención y reacción contra la explotación infantil en la capital de Bolívar.
“Con la Alcaldía de Cartagena, comandantes de la Policía Metropolitana, Armada de Colombia, ICBF, CTI de la Fiscalía, Defensoría, Migración Colombia y Aeronáutica hemos definido una estrategia interinstitucional con el gobierno de Iván Duque para desmantelar redes de proxenetas y abuso sexual de niños en Cartagena”, comentó Ramírez.
Una de las principales medidas será aplicar extinción de dominio a los inmuebles que se vean relacionados en casos de abuso sexual a menores de edad.
La intención del Gobierno es hacer énfasis en las estrategias de prevención para evitar más víctimas de explotación sexual laboral infantil. En los primeros nueves meses de 2018, la Fiscalía reportó a nivel nacional más de 1.399 casos este delito.
Por su parte, la Policía de Cartagena ha efectuado 20 capturas por delito sexual infantil. Y las recompensas a quien proporcione información al respecto ascienden a $300.000 millones.
“Con el presidente tenemos cero tolerancia con el abuso sexual de menores. El trabajo interinstitucional nos permitirá acabar con las redes de proxenetas y de tráfico sexual de menores, así como proteger a nuestros niños y niñas contra familiares abusadores”, aseveró.

Abuso sexual infantil: cómo se sale del silencio

(Imagen ilustrativa / Archivo).
  • El develamiento tras el ataque sexual en la infancia es clave.
La intervención en casos de abuso sexual infantil exhibe una complejidad asociada a las dificultades de la detección.
Una investigación realizada con base en los casos atendidos en la Unidad Técnica de Psicología del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Córdoba, entre junio y diciembre de 2016, indica que el rango de edad en el que más se produce es entre los 12 y los 14 años (26,3 por ciento) y, en segundo lugar, entre los 5 y 7 años (20,5%). Además, a partir de los 9 años, hay una prevalencia de las mujeres por sobre los varones.
El trabajo, que surgió del análisis de 624 casos en los que las víctimas fueron menores de 18 años –quienes pasaron por la entrevista que se hace en la Unidad Técnica de Psicología una vez realizada la denuncia–, fue presentado ayer en el Centro de Perfeccionamiento Ricardo C. Núñez del Poder Judicial.
El libro incluye descripciones desde distintos abordajes, incluido el desarrollado por el equipo dirigido por las psicólogas Carolina Wortley y Claudia Sala.
El estudio indica que la mayoría de los casos se producen en un ámbito intrafamiliar o son cometidos por un conocido (80%). Por eso los autores y los presentadores insistieron en la importancia de las acciones de prevención, incluida la aplicación de la educación sexual integral con contenidos curriculares adecuados a cada etapa.
La fase de develamiento del abuso –que en muchos casos es un “secreto” que el niño o adolescente se preserva, al menos por un tiempo– es clave. Debido a ello es uno de los puntos más importantes de la investigación, que incluye el análisis de múltiples aspectos que la atraviesan, como el modo en que sucede, el momento, a quiénes se revela y el motivo que lleva a niños y a adolescentes a contar.
En el 73% de los casos abordados, los niños contaron voluntariamente lo que les había ocurrido. “Por eso hay que estar atento a ese primer relato y hay que creerle al niño; si no, se corre el riesgo de que quede silenciado, no vuelva a buscar ayuda y se profundicen las consecuencias psicológicas”, indicó Sala.
A pesar de que la mayoría de los abusos son intrafamiliares, las víctimas siguen acudiendo en su mayoría (casi el 60% de los casos analizados) a sus padres para contar lo que les pasó. Del trabajo se desprende también que, en la mayoría de las situaciones descriptas, recibieron de los progenitores apoyo y contención.
En cuanto al tiempo de develamiento, el 30% lo contó en forma inmediata y un 25%, después de un año, lo que indica que si el “secreto” no se revela a tiempo, transcurre mucho hasta que pueda salir a la luz.
En un amplio número de casos, si el delito sexual no se repitió o fue perpetrado por un desconocido, el niño o adolescente lo cuenta de manera inmediata.
En cambio, cuando el abuso fue cometido en forma reiterada y tuvo características más graves, el develamiento es más tardío. Según el análisis, el 57% de las víctimas –aun los niños muy pequeños– tenía una comprensión clara e inmediata de que lo que había vivido “estaba mal”. Para las especialistas, este es un dato alentador, ya que puede atribuirse a una mayor conciencia y educación en el tema. Aun así, hablan de la gran “cifra negra” de los casos de abuso que no pueden ser estudiados porque no se denuncian.

El sufrimiento y la verdad no prescriben


Como si fuera un monstruo ficticio que debía desaparecer si se lo nombraba, del abuso sexual infantil no se habló durante mucho tiempo. Su presencia, sin embargo, se ha ido imponiendo en la sociedad como un problema real del que hay que hacerse cargo. De hecho, el 30% de la población de la RM contestó en una encuesta realizada por Fundación Para la Confianza que había sido víctima de algún tipo de vulneración sexual antes de cumplir los 18 años. A pesar de esto, el 5% acudió a la justicia para denunciar. Y solo el 7% de quienes sufrieron algún tipo de vulneración tuvo acceso a atención especializada.

Considerando lo anterior, la prescripción del abuso sexual infantil no ha funcionado como una garantía procesal de juicio justo, sino como mecanismo de impunidad y reproducción del abuso. La prescripción es un dogma que hemos comenzado a cuestionar gracias a la evidencia científica. El daño por abuso muchas veces es permanente, y entre las mismas consecuencias está el silencio. Por eso, decimos que las víctimas de abuso sexual no deciden guardar silencio, sino que son silenciadas por el trauma, por el agresor o agresora y por el contexto; por la vergüenza, el miedo, la culpa, la confusión. El silencio actúa como garantía de impunidad durante años, generalmente durante toda la vida o hasta un momento en el que la persecución ha prescrito. El sufrimiento, el daño, la verdad no prescriben.

La retroactividad de la eliminación de la prescripción no toca las garantías pro reo, puesto que no aumenta las penas ni crea nuevos delitos. Solo interviene la impunidad. Más aún, el interés superior del niño/a, como principio jurídico constitucional, debiera prevalecer ante los cuestionamientos que algunos han planteado respecto de la retroactividad de la eliminación de la prescripción, o, por ejemplo, también del registro de personas inhabilitadas para trabajar con menores de edad.


Que se amplíe el tiempo para que todos los condenados/as por abuso sexual infantil estén en el registro de inhabilitados es una medida de prevención de abuso, un derecho de los niños, niñas y adolescentes que son vulnerables ante el abuso. Su derecho es nuestra obligación como sociedad. Este enfoque es el que se requiere para construir una cultura que prevenga el abuso. Y un enfoque así requiere de una ley que garantice de manera efectiva los derechos de la niñez; que además de condenar las vulneraciones a los niños y niñas fortalezca las instancias de prevención, promoción y protección, no solo judicial sino también social, local y administrativa. Esa ley, que hoy se discute en el Congreso, debe ser fortalecida para que cumpla su objetivo y no termine neutralizando la necesidad de contar con un sistema de protección integral, en lugar de responder de manera efectiva.

Ofrecen $300 millones de recompensa por abusadores sexuales en Cartagena

Abuso de menor
La Vicepresidencia de la República, en coordinación con la Alcaldía de Cartagena, estableció que se ofrecerán $300 millones a quien brinde información para dar con la captura de abusadores sexuales de menores de edaden la ciudad. 

La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez manifestó que el sistema de recompensas es esencial para que la comunidad ayude a dar con el paradero de quienes estén atentando en contra de la niñez cartagenera.
“Estamos ofreciendo $300 millones a las personas que nos den información comprobada sobre todas estas redes de criminales que están ofreciendo y buscando menores a los turistas que vienen a Cartagena, y así evitar el abuso sexual de menores”, indicó
Así mismo reiteró que los inmuebles que sean utilizados como escenarios para la consecución de estos delitos sexuales, serán acreedores de extinción de dominio.
“Cualquier activo que se utilice para llevar a los menores para abusar sexualmente de ellos. Ya sean hoteles, restaurantes, residencias, apartamentos”, explicó la Vicepresidenta de los colombianos.
Por su parte el alcalde de Cartagena, Pedrito Pereira, manifestó que hasta el momento ya se han entregado $100 millones en recompensa a quienes han dado información acerca de abusadores sexuales de menores en la ciudad. 
“Ya se han pagado $100 millones de pesos y para este año se tienen destinado $300 millones para este tema de las recompensas. Si es necesario que deba ser aumentado lo estudiaremos con el Concejo Distrital, pero lo importante es que lleguemos a las organizaciones criminales que atentan contra nuestros niños”, dijo Pereira.

Capturan a 20 personas sindicadas de delitos sexuales en Cartagena

En la lucha en contra el abuso sexual infantil, en las últimas horas la Policía Metropolitana de Cartagena, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturó a 20 personas sindicadas de los delitos sexuales con menores de edad en la ciudad.

El operativo denominado ‘Santa María Goretty’ se realizó en diferentes barrios de la ciudad y en el municipio de Turbaco, Bolívar.
Los capturados son sindicados de los delitos de acceso carnal violento, acceso carnal abusivo  y demanda de explotación sexual comercial. 
El general Henry Sanabria Cely, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, manifestó que la operación ‘Santa María Goretty’ tendrá fase II y III.
“Buscamos golpear estructuralmente las organizaciones criminales asociadas al abuso de menores. La idea es que logremos romper esa cadena criminal que involucra al aeropuerto Rafael Nuñez, el Puerto de Cartagena y la Terminal de Transportes”, explicó.
Los capturados fueron dejados a disposición de las autoridades judiciales, quienes profirieron medida de aseguramiento intramural. 

Diócesis de Toluca instala comisión contra abuso infantil


En el marco de la conmemoración de la Semana Santa, el obispo de Toluca, Francisco Javier Chavolla Ramos, instaló oficialmente la Comisión Diocesana para la Protección del Menor y del Adulto Vulnerable (CODIPROMAV), que tendrá como objetivo dar seguimiento a los posibles casos de abuso sexual cometidos por integrantes de la Diócesis de Toluca. Te recomendamos: 

Esperan declaratoria por desaparición de mujeres para 7 municipios A través de un comunicado de prensa, se dio a conocer la formalización de este órgano, que estará conformado por especialistas en Derecho Civil y Canónico, Psicología, Medicina, Ciencias de la Familia, Desarrollo Humano, Espiritualidad y Comunicación, quienes ofrecerán un seguimiento ante casos de víctimas de abuso sexual por algún clérigo, consagrado o agente de pastoral. 

La Diócesis de Toluca, a través de su Pastoral de Comunicaciones, precisó que el campo de acción de la CODIPROMAV será la atención directa e inmediata a las víctimas, siguiendo el respectivo protocolo para estos casos: llevar el proceso jurídico, canónico y civil indicado, pero también promover una cultura de prevención y transparencia en estas situaciones. “La Comisión procurará, en los casos que así lo requieran, una comunicación y colaboración con las autoridades civiles. 

Con la creación de esta Comisión, nuestro obispo responde a las indicaciones del Papa Francisco, la Congregación para la Doctrina de la Fe y la Conferencia del Episcopado Mexicano, quienes piden que cada Diócesis cuente con los instrumentos y conocimientos adecuados para atender pastoralmente los abusos sexuales a menores y personas vulnerables”. LC https://www.milenio.com/policia/diocesis-toluca-instala-comision-abuso-infantil