miércoles, 7 de agosto de 2019

Revelan 310 clérigos Arquidiócesis Nueva York acusados abuso sexual


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NUEVA YORK.- Los nombres de 310 clérigos en la Arquidiócesis de Nueva York acusados de abuso sexual fueron revelados este jueves por un abogado de derechos de las víctimas en una conferencia de prensa en Manhattan.
La lista –que también contiene detalles y algunas fotografías– es más extensa que la que fue revelada por la Arquidiócesis hace anteriormente, que solo contenía 120 nombres de clérigos acusados de conducta sexual inapropiada.
El anuncio se da en el marco de una nueva ley aprobada este año por el congreso del estado de Nueva York, que ofrece mayores protecciones a menores que han sido víctimas de abuso sexual.
El “Child Victims Act” ofrece una «ventana» de un año a partir del 14 de agosto para que las sobrevivientes de abuso sexual infantil tomen acción legal contra sus abusadores y las instituciones que los protegen, sin importar la fecha del abuso.
La lista de la Arquidiócesis contiene abusos reportados desde 1969 y la mayoría de los presuntos abusos ocurridos en las décadas de 1970 y 1980. Una gran parte de los clérigos acusados ya han fallecido.
En Febrero, miembros de la iglesia católica en Nueva Jersey hicieron una revelación similar con más de 180 clérigos acusados.

Reformarán la Ley para sancionar con severidad violencia sexual en escuelas



Colima, Col.-   La legisladora Ana Karen Hernández Aceves propuso en el Congreso del Estado una iniciativa de reforma a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en nuestra entidad, tendiente a proteger a quienes son menores de edad y evitar que sean víctimas de violencia sexual en las escuelas.
La propuesta busca reformar las fracciones XI y XII del artículo 58 de esa ley, para quedar así: “Conformar una instancia multidisciplinaria responsable que establezca mecanismos para la prevención, atención y canalización de los casos de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, violencia sexual o cualquier otra forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes que se suscite y/o detecte en centros educativos”.
Igualmente, para que se elaboren protocolos de actuación sobre situaciones de acoso, violencia escolar y violencia sexual que afecte a niñas, niños y adolescentes, para guiar la actuación del personal en las escuelas, y para quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la violencia sexual es todo tipo de acto sexual o tentativa de consumarlo, comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, acciones para comercializar o utilizar la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de su relación con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo.
La OMS ha reconocido que la violencia sexual afecta a millones de personas en todo el mundo; que representa un problema grave de salud pública global y constituye un problema de derechos humanos de las víctimas y de justicia social, y uno de los grupos más vulnerables ante este tipo de violencia son las niñas y niños.
“Una violencia cuya magnitud y consecuencias son amplias, pero sobre la que poco se ha incidido para contener y atender de manera efectiva”, estableció la legisladora manzanillense.
Para el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), el abuso sexual infantil o infanto-juvenil es una forma de violencia a la infancia que ocurre con mayor frecuencia de la que se piensa, que constituye desde el minuto cero un delito, con graves consecuencias que pueden durar toda la vida.
Medir la magnitud de la violencia sexual y del abuso sexual infantil no es tarea fácil pues se estima que respecto a este fenómeno no existen estadísticas confiables, pues es un problema que no se detecta a tiempo o es ocultado, sin llegar a la denuncia.
Según cifras de la OMS, 150 millones de niñas y 73 millones de niños han sido sexualmente violentadas y violentados en el mundo; una de cada cuatro mujeres y uno de cada seis hombres será abusado sexualmente antes de sus 18 años; y hasta 20% de mujeres refieren antecedentes de abuso sexual infantil.
De acuerdo con datos recopilados por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, entre 2010 y 2015, se integraron 6 mil 300 averiguaciones previas en materia de abuso sexual infantil en quince estados de nuestro país. No obstante, esta Comisión estima que existe una «cifra negra» superior al 94% en lo que hace a los delitos sexuales.
Por su parte, la organización “Save the Children” reporta que cuatro personas en cada diez delitos sexuales son en menores de edad. En México, cada año se cometen al menos 600 mil delitos sexuales. Más de 28 mil personas figuran como víctimas en averiguaciones previas registradas entre 2010 y 2015 por casos relacionados con violencia sexual hacia niñas menores de 15 años de edad.
En el mismo periodo fueron atendidas 317 mil 996 niñas y adolescentes hasta 15 años de edad por casos de violencia sexual y las personas que agreden a las niñas y niños generalmente forman parte de su círculo “de cuidado» y convivencia inmediata: padres, padrastros, hermanos, abuelos, primos y personas conocidas de la familia.
Karen Hernández dijo que fuera de la familia suelen ser otros cuidadores o personas con las que se relacionan: docentes y personal de instituciones educativas, niñeras, entrenadores deportivos, sacerdotes, líderes de grupos y otros; figuras de autoridad y contacto frecuente con las y los niños agredidos.
Concluyó que como maestra, sabe que la comunidad escolar es espacio central para prevenir y detectar las diferentes formas de violencia sexual que pudieran estar viviendo niñas y niños, dado el contacto cotidiano y directo, así como el nivel de conocimiento que pueden tener las y los docentes y otros actores educativos respecto a cada una de las y los menores a su cargo.
“En ese sentido, es pertinente que las y los adultos cuidadores sepan qué hacer ante un caso de abuso sexual infantil. En especial, las y los docentes deben contar con una ruta o protocolo de actuación ante esta forma de violencia”, concluyó la diputada manzanillense.

Facebook abre para todos su tecnología que detecta contenido nocivo

Facebook
Es la primera vez que comparte una tecnología de comparación de fotos o videos en código abierto.

La compañía también reveló que el esfuerzo hace parte de un compromiso de toda la industria para construir una internet más segura.

La red social Facebook anunció este jueves el lanzamiento de dos tecnologías de código abierto para detectar videos y fotos similares o casi idénticos, enfocadas en el contenido nocivo, explotación infantil, propaganda terrorista y violencia gráfica.

A través de un comunicado, la firma de Palo Alto, California, indicó que dispondrá los algoritmos en código abierto en la plataforma GitHub "para que nuestros socios de la industria, desarrolladores pequeños y organizaciones sin fines de lucro, puedan utilizarlos". 

En casos en los que otros desarrolladores ya cuenten con su propia tecnología, Facebook anunció que podrán usar los códigos como una capa adicional de defensa.

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Esta es la primera vez que Facebook comparte una tecnología de comparación de fotos o videos en código abierto, es decir que cualquiera puede utilizarlo, copiarlo y modificarlo.

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“En solo un año, hemos sido testigos de un aumento del 541 por ciento en la cantidad de videos de abuso sexual infantil reportados por la industria tecnológica a CyberTipline. Confiamos en que la generosa contribución de Facebook de esta tecnología de código abierto en última instancia conducirá a la identificación y rescate de más víctimas de abuso sexual infantil”, señaló el presidente del Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados.

La compañía también reveló que el esfuerzo hace parte de un compromiso de toda la industria para construir una internet más segura. En su comunicado revelaron que el anuncio acompaña a los proyectos de PhotoDNA, por parte de Microsoft en la lucha contra la explotación infantil, y el lanzamiento de la API de seguridad de contenido, hecho por Google.

Cuando identificamos propaganda terrorista en nuestras plataformas, la eliminamos y la analizamos utilizando una variedad de técnicas, incluidos los algoritmos que compartimos hoy
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TWITTER
La tecnología PDQ de Facebook permite crear una manera eficiente de almacenar archivos como 'hashes' digitales, que son algoritmos que resumen la información, 
para determinar si dos archivos son iguales o similares, incluso sin la imagen o el video original.

Estos 'hashes' también se pueden compartir más fácilmente con otras compañías y organizaciones sin ánimo de lucro. 

"Cuando identificamos propaganda terrorista en nuestras plataformas, la eliminamos y la analizamos utilizando una variedad de técnicas, incluidos los algoritmos que compartimos hoy", explica Facebook y detalla que después, esos 'hashes' se comparten con otros organismos a través de GIFCT "para que también puedan eliminar el mismo contenido si aparece en alguno de sus servicios".


"Esperamos que al contribuir de nuevo a la comunidad, estaremos permitiendo que más compañías mantengan sus servicios seguros y empoderen a las organizaciones sin fines de lucro para que puedan trabajar en el espacio", puntualiza el comunicado de la red social. "Continuaremos expandiendo y mejorando nuestros propios productos y características para combatir este problema crítico", concluyen.

A la gente le resulta difícil creer las cifras de violencia contra los niños y niñas porque le dan miedo"




Pepa Horno es una experta en prevención de la violencia contra la infancia con una dilatada y reconocida trayectoria. Además de numerosas guías de actuación para prevenir y hacer frente a este grave problema social, ha publicado numerosos libros y cuentos sobre buen trato a la infancia. Ha llevado a cabo campañas para defender el derecho de niños, niñas y adolescentes a una vida libre de violencia y no cesa de elevar su voz para denunciar un problema que, considera, muchos no quieren ver. Defiende que " cambiaría las cosas dejar de mirar al otro lado y entender que el llanto del vecino, de mi sobrino, de la niña que tengo en clase o de la que acude a mi consulta son también MI problema". 

¿Es la violencia contra la infancia un problema grave y extendido en nuestra sociedad?


La violencia contra la infancia es un problema grave en todas las sociedades, no solo en la nuestra. A la gente le resulta difícil creer las cifras porque le dan miedo. Miedo por sus hijos e hijas, miedo por lo que esas cifras significan de nosotros como sociedad. España se sitúa, como el resto de los países de Europa donde se ha estudiado el fenómeno, en torno a uno de cada cinco niños y niñas víctimas de abuso sexual infantil, por ejemplo. Además es país consumidor, productor y distribuidor de pornografía infantil.

Por otro lado, la negligencia y la violencia emocional son las formas de violencia más abundantes pero menos estudiadas porque están tan metidas en nuestra forma de relacionarnos con los niños, niñas y adolescentes y entre los propios adultos que nos cuesta visibilizarlas como violencia. La amenaza, el chantaje, el abandono o la exclusión del grupo o la humillación pública son formas de violencia que se viven en muchos hogares, escuelas, centros u oficinas y están normalizadas. Y ocurren tanto de los adultos a los niños, niñas y adolescentes como entre ellos mismos. En todas las clases sociales. En los pueblos y las ciudades. En hombres y mujeres. La violencia siempre se basa en el abuso de poder y ese abuso se puede dar en todos los contextos.

¿Está la sociedad sensibilizada sobre este problema?

Este aspecto es uno de los que más ha cambiado en los últimos años. Se está produciendo un fenómeno de conciencia social sobre la gravedad de la problemática. Para quienes llevamos muchos años trabajando en el tema es emocionante ver cómo poco a poco la gente va dejando de negarlo y de ignorarlo. Pero queda mucho por hacer. Con el tema del abuso sexual infantil se están logrando cambios muy importantes en los últimos cinco años, pero sigue sin estar incluido el tema del maltrato infantil de forma sistemática en todos los currículos universitarios de las profesiones relacionadas con niños, niñas y adolescentes: Medicina, Psicología, Derecho, Trabajo Social, Educación Social, por mencionar algunas.

Y no se puede ver aquello que no se está formado para ver. Si la formación es a posteriori y dependiendo de la voluntad y sensibilidad del profesional también la atención que reciba un niño, niña o adolescente cuando llegue a un centro de salud o a la escuela o a un juicio va a seguir dependiendo del profesional que le toque o de la zona en la que viva.

¿Qué tiene que cambiar en la sociedad para erradicar la violencia contra la infancia?

Para erradicar la violencia contra la infancia son necesarios tres aspectos esenciales. Primero, un cambio en la forma de relacionarnos. No estamos hablando sólo de dejar de pegar, sino de la ternura, la presencia, la constancia, la comunicación...No educamos en lo que decimos sino en lo que vivimos. Transformar las relaciones implica mirar hacia dentro, hacia nuestros propios modelos vinculares, hacia nuestra infancia y nuestros miedos. Implica consciencia. La maternidad y paternidad conscientes son mucho más complejas y agotadoras.

Un segundo cambio necesario es generar espacios seguros para el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Personas que quieran dañarles va a haber siempre, pero no podrán hacerlo si la sociedad, si cada uno de nosotros se lo impide. Dejar de mirar al otro lado y entender que el llanto del vecino, de mi sobrino, de la niña que tengo en clase o de la que acude a mi consulta son también mi problema cambiaría las cosas.

Y un tercer aspecto clave es la plena implementación de los derechos del niño, niña y adolescente en nuestra sociedad. Mientras se sigan estableciendo diferencias sociales entre adultos y niños como que pegar a un adulto sea considerado un delito y pegar a un niño, niña o adolescente sea considerado como educación se seguirán vulnerando los derechos de los niños, niñas y adolescentes como personas. Erradicar el castigo físico y psicológico no es una cuestión de buena voluntad sino de derechos humanos. Pero ésa es sólo una de las vulneraciones de sus derechos. Es necesario un marco legislativo adecuado, unas instituciones que cumplan adecuadamente su cometido y una comunidad que entienda que es también responsable de la protección de sus niños, niñas y adolescentes.

¿Qué podemos hacer las familias, desde nuestras casas, para resolver este problema y proteger a nuestros niños?

Poner consciencia en nuestras rutinas cotidianas. Despertarles con abrazos, con mimos. Decirles que les queremos. Para que cuando alguien les trate mal no lo acepten como normal. No pensar "si él ya sabe que le quiero". Aprendemos a amar sintiéndonos amados y nos sentimos amados en las pequeñas rutinas de cada día. Enseñarles esa diferencia tan importante entre "querer bien" y "querer mal". Porque la mayoría de las formas de violencia les van a llegar de gente a la que conocen y quieren, no de desconocidos, locos, borrachos o desalmados. Tienen que reconocer el maltrato les venga de quien les venga y eso sólo se aprende cuando tienes una vivencia clara de "buen amor".

Segundo, hablar con ellos, sin temas tabú, contarles que esto existe y enseñarles a pedir ayuda, no decirles: "Sé fuerte, defiéndete sola, ten cuidado". Así cuando estén en riesgo pedirán ayuda. Y por último ponerles límites firmes y claros en la crianza. Las normas no son un derecho de los padres y madres, lo son de los niños, niñas y adolescentes. Las necesitan para desarrollarse plenamente y no perderse. Y especialmente marcar esos límites desde un principio y con claridad cuando abusan de otros niños. No justificarlo como "son cosas de niños".

Dice en una entrevista con UNICEF que la salud mental infanto-juvenil no se está abordando en España. ¿Hay más problemas de salud mental en niños y adolescentes ahora? ¿Cómo se puede abordar este problema?

No hay estadísticas suficientes para saber si hay más problemas, pero sí sabemos que los perfiles son más graves. Los niños, niñas y adolescentes que llegan al sistema de protección ahora, comparados con la situación hace veinte años, están mucho más dañados. Las medidas para abordar la salud mental infanto-juvenil son claras: unidades interdisciplinares (psiquiatría, psicología, trabajo social, al menos) que trabajen siempre en red; trabajo no sólo con el niño o niña sino con las familias y/o educadores y entender la medicación como un apoyo de una intervención global que no se limite a un diagnóstico.

¿Cree que el acoso escolar tiene en España una dimensión preocupante?

El acoso escolar es el resultado de todo lo ya expuesto. El manejo de poder en las relaciones entre iguales plasma modelos ya aprendidos, no sólo en las familias, sino en los medios de comunicación, en el barrio...Es decir, en la sociedad. Claro que es preocupante porque plasma tres aspectos clave ya expuestos: la escasa afectividad y cuidado en las relaciones; la dificultad que tienen los niños, niñas y adolescentes para poner conciencia y sostener las propias emociones que dificulta la empatía y la minusvaloración y falta de preparación, consciencia o voluntad, según el caso, de los adultos para abordar el problema. Pero cometemos un error si limitamos y formulamos el acoso como "escolar" porque no se limita a la escuela, la trasciende. El acoso sigue siéndolo en el barrio, el pueblo, en las redes sociales…No es un problema de la escuela, es un problema de la sociedad.


Denuncian falta de recursos contra el maltrato infantil

Violencia infantil. Foto: AFP.

El femicidio de la niña de 4 años Anna Clara se continúa investigando “a los efectos de lograr una abultada condena contra los responsables”, dice un informe de la Fiscalía General de la Nación. Mientras se sustancia ese juicio contra el padrastro y la madre de la pequeña, varias organizaciones no gubernamentales preocupadas por la violencia contra los niños y adolescentes firmaron un comunicado en el cual denuncian que aun cuando se avanzó en un discurso de derechos, éste no se traduce “en acciones concretas acordes para la protección”.
El problema “tiene una magnitud altísima y pone en riesgo la vida y la salud de muchos”, coinciden en declarar el Comité de Derechos del Niño del Uruguay, la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, la Intersocial Feminista y la asociación Anong.
“Los recursos económicos destinados no son suficientes y los recursos humanos tienen debilidades en la formación o están saturados en su capacidad de respuesta”, agregan los denunciantes. También se sostiene que, debido a tales carencias, “no se logra garantizar la atención en condiciones seguras y la respuesta no siempre llega en el momento necesario”.
Este documento se fechó el 31 de julio, tres días después del crimen de Ana Clara, cometido en Rivera, y el mismo día en que se conocía un fallo de la Justicia de Rocha que condenó a 16 años de penitenciaría a un hombre por reiterados delitos de violación, abuso sexual y atentado violento al pudor contra sus hijas de 9 y 10 años. En el expediente de la sentencia se dice que el enjuiciado era visto “como un tirano doméstico que sometía a toda su familia a todo tipo de abusos”.
María Elena Mizrahi, coordinadora del Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (Sipiav), dijo a El País que en los últimos años se ha ampliado la cobertura, se ha invertido mucho en servicios, y hay más cupos de atención, aunque se siente que no alcanza y se quiere hacer más. En el comunicado, las ONGs consideran urgente la instalación de servicios especializados en todos los departamentos, con acompañamiento diurno y de acogimiento en la emergencia “para trabajar la protección y el acceso a la Justicia”.
Asimismo se reclama que operen en todo el país equipos especializados en el sector salud “para el tratamiento y reparación del daño producido por la violencia”, que haya estrategias masivas de prevención que cuestionen las prácticas de crianza violentas contra los niños, y que exista formación de operadores para detectar las situaciones de violencia.
En la actualidad hay protocolos, referencias y equipos de atención tanto en el sector de la salud pública como en las mutualistas pero escasean los técnicos. Se han realizado, por ejemplo, llamados a psiquiatras infantiles que terminaron siendo declarados desiertos.
Desde las ONGs se sostiene justamente que falta gente en el territorio, donde se vulneran más derechos, donde el maltrato se mantiene naturalizado, como parte de una cultura del disciplinamiento que abarca a tres o más generaciones.
La socióloga Lucía Vernazza, de Unicef, manifestó que coincide con los reclamos de las ONGs, porque hay carencias de servicios en territorio, pero también comparte que mucho se hizo desde el Estado para atender una realidad estrechamente vinculada con la violencia de género vivida por miles de niños que, al crecer, la reproducen.

Alarmas y acciones

En cifras absolutas, la mayor parte de los casos de maltrato a niños se concentra en el área metropolitana, pero en zonas rurales y ciudades cercanas a las fronteras del noreste abundan los casos de violencia en comparación con la población residente. También en materia de homicidios en general hay datos de esas zonas que alarman. La información de 2018 ubicó a Rivera como el departamento con mayor tasa de homicidios cada 100.000 habitantes: 13,5. En segundo lugar aparecía Rocha, con 11,7.
Además de los protocolos para casos de maltrato infantil, desde abril de este año existe un Código del Niño reformulado en su capítulo 11, con múltiples previsiones para la prevención y detección, así como para la reparación y acompañamiento de las víctimas, para regular la intervención de los jueces y prever la figura de un protector familiar. La ley es clara y abarcadora, pero los especialistas coinciden en que dejar atrás una realidad dramática llevará tiempo. En los últimos 4 años fueron asesinados en Uruguay 31 niños y adolescentes debido a violencia intrafamiliar, mientras el país sobrelleva la mayor tasa de descarga de pornografía infantil de Latinoamérica.
Esa realidad se enfrenta en el Pereira Rossell, referente para la sociedad y el sistema judicial, por tener un fuerte servicio social, de psiquiatras y pediatras consustanciados con la problemática. Allí todos los días hay ingresos de niños que fueron víctimas de castigo físico o abuso sexual. También la Sociedad Uruguaya de Pediatría es un referente, desde que creó en 2001 el Comité de Maltrato Infantil y estimuló a que cada vez más se le prestara atención al tema “situaciones de maltrato”, que incluye múltiples variables y enormes dificultades, y que en países del primer mundo llegó a demandar declaraciones de emergencia nacional.
El Sipiav por su parte se propone este año sistematizar los datos obtenidos mediante la aplicación de la nueva ficha de trabajo de los Centros de Recepción Local en Rocha y Rivera, “a efectos de caracterizar los tipos de violencia allí atendidos; evaluar las intervenciones realizadas y elaborar recomendaciones para superación de debilidades”. También se quiere incrementar la presencia en el territorio de asistentes técnicos, promover la creación de nuevos Comités de Recepción Local, e implementar, en coordinación con los centros de formación y estudios del INAU, la capacitación de integrantes de los centros de todo el país “en aspectos teórico- metodológicos necesarios para optimizar sus prácticas”. Para detectar los casos, el Sipiav trabaja con 31 comités de recepción, con técnicos del Estado y de esa sociedad civil que ahora plantea urgencias.

La violencia recurrente

Uno de los indicadores que utiliza el Sipiav para conocer su capacidad de detección precoz de las situaciones es el de “Frecuencias de las situaciones de violencia”. Los datos muestran que en el 80% de los casos que son captados, la violencia se produce de forma recurrente. El Sipiav está presidido por el INAU y lo integran el Mides, el Ministerio de Salud Pública, ASSE, el Ministerio del Interior y la ANEP. Cuenta con el apoyo de Unicef y en su Comité de Gestión figuran el Poder Judicial y el Ministerio Público y Fiscal. Al presentarse en el pasado mes de mayo la guía para la atención de niños de entre 0 y 3 años en situación de violencia se dijo oficialmente que nunca antes se invirtió tanto en esta franja etaria. Un grupo de ONGs -sin embargo- ahora denuncia carencia de recursos.
MÁS

La familia como ámbito de doble filo que acuna la violencia

Para comprender la violencia contra niños y adolescentes en todas sus manifestaciones, los especialistas dicen que no alcanza con explicaciones psiquiátricas y psicológicas, sociales o legales por sí solas. Hay una multicausalidad con escasa visualización que demanda abordajes múltiples. La cuantificación no es algo sencillo de establecer aunque todos los números obtenidos permiten un acercamiento a la dimensión real. 

También se advierte que el concepto generalizado que identifica a la familia como un ámbito privado, puede ser un factor de riesgo para los niños pequeños que no son capaces de denunciar la violencia y el abuso. 

Cuando los niños denuncian la violencia y el abuso, con frecuencia se enfrentan a la incredulidad de los adultos que les rodean. Por lo tanto, la sensibilización y la movilización de la comunidad son requisitos importantes para mejorar la protección de los niños contra la violencia y el trato negligente. Según un informe del Sipiav, cuando los niños y adolescentes llegan al sistema de protección para recibir atención, la mitad de ellos no advierte el daño que le produjo ser víctima de abuso sexual.

En América Latina y el Caribe, 2 de cada 3 niños entre 2 y 4 años experimentan regularmente algún tipo de disciplina violenta (agresión psicológica o castigos corporales) en el hogar y el 5% de los menores de cinco años son víctimas de graves castigos físicos.

En los protocolos para el abordaje de situaciones de maltrato se afirma que es importante tener en cuenta que frente a una situación de violencia hacia un niño o adolescente la actitud tomada por los profesionales puede ser determinante de la evolución de la situación. 

De ahí justamente “la importancia de contar con técnicos capacitados y sensibilizados con la temática para brindar atención de calidad y evitar malas prácticas individuales e institucionales”. En general se coincide en una definición de violencia: agresividad (inherenhente al ser humano) más cultura de poder o acto intencional para dominar al otro. Según datos de la Organización Mundial de la Salud y Unicef, a nivel internacional se estima que uno de cada cuatro adultos manifiesta haber sufrido maltrato físico en la infancia, y una de cada cinco mujeres y uno de cada trece varones declara haber sufrido abuso sexual. Anualmente 58 % de los niños y adolescentes en América Latina y el Caribe sufren abuso físico, sexual o emocional, con más de 99 millones de vidas afectadas por la violencia.

ESI para (ma)padres: claves de educación sexual, según las etapas

ESI para (ma)padres: claves de educación sexual, según las etapas

El Programa Nacional de Educación Sexual Integral, Ley 26.150, fue promulgado en 2006 y establece que los alumnos tienen derecho a recibir educación sexual en la escolaridad pública y privada. 

La educación sexual es imprescindible tanto en los colegios como en los hogares. Hace a la conformación de seres humanos libres y responsables de su cuerpo y el cuerpo de los otros. En el interior de las familias, los padres y madres abordarán los temas de acuerdo a su idiosincracia. Pero es importante destacar que una educación sexual temprana previene hechos de abuso sexual; integra la diversidad y permite la expresión de género y orientación sexual propia de cada chico; previene los embarazos adolescentes, las ETS y los noviazgos violentos (entre otras muchas cuestiones).

Valeria Mulli es la directora de los cursos de “ESI para padres” que se dictan en el Instituto Universitario Hospital Italiano (IUHI). Para ella, es importante entender que “la sexualidad está presente y se construye desde el nacimiento. Los bebés reciben estímulos relacionados con la sexualidad y a medida que van creciendo aparecen nuevos estímulos que generarán búsquedas de respuestas, gratificación de necesidades... y los cuidadores acompañarán con sus gestos, actitudes, permisos y respuestas.”


Por eso es importante que la educación sexual esté presente en los hogares: “Los contenidos de la ESI involucran todos los aspectos de la sexualidad: cuidados del cuerpo, respeto del otro, intimidad, prevención de situaciones de abuso sexual infantil, estereotipos de género, diversidad de orientación e identidades sexuales, vínculos amorosos, cuidados en las relaciones sexuales, entre otros”.

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Puede hacer la diferencia en que tu hija tenga anorexia o no, en que un niño pueda hablar de una situación angustiante en relación a su cuerpo, o que exprese con libertad y sin culpa deseos y sentimientos amorosos hacia alguien de su mismo sexo.

Victoria Lagos es licenciada en expresión corporal, diplomada en géneros, políticas y participación, doula y coordinadora en educación sexual integral en el municipio de Marcos Paz: “En el recorrido por los tres niveles educativos (inicial, primaria y secundaria), si bien hay claras resistencias a la temática, el origen de las mismas se debe a la desinformación y a temores generalizados, la propuesta de sensibilización habilita una toma de conciencia significativa para darse cuenta de la urgencia en la aplicación de la ley de ESI”. 

¿Qué temáticas se movilizan en cada etapa escolar y será bueno tener en cuenta? Esto respondió Victoria Lagos a Clarín:

Nivel inicial
En este momento es importante habilitar mucho espacios de circulación de afecto en forma de miradas, escucha, juegos, disponibilidad de los cuerpos y del sentido de validación emocional, para acompañar a los chicos con conciencia y revisar qué se moviliza dentro nuestro cuando se nos interpela con preguntas, situaciones y con los temas específicos. 


¿Usamos las palabras para contener y acariciar o para herir y desvalorizar? Es algo que se pueden preguntar los (ma)padres. 

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Emociones, límites, libertad, cuidados del cuerpo, prevención de abuso son los temas que más preocupan en el jardín. Que un niñe pueda decir cuando hay una situación incómoda es importante; luego, debemos enseñarle a poner sus límites a las agresiones potenciales. 

También es importante ver hábitos de crianza no respetuosos con la integridad y derechos de la niñez, así como identificar aspectos adultocéntricos que colocan a sus hijos en lugares estereotipados, reproduciendo mandatos familiares y/o sociales, o siendo objetos de proyección de deseos ajenos: no hacerles sentir culpa por los juegos que les gustan, los colores que eligen o los roles que aman representar, no reproducir mandatos gordofóbicos. Y al mismo tiempo, reconocer recursos a favor para acompañarlos, resignificar conceptos de libertad y límites, desnaturalizar las grandes y pequeñas violencias; favorecer un vínculo de comunicación positivo.

Escuela primaria
En la primaria se agudizan las violencias grupales, el bullying, y urge ahondar en las prácticas que como sociedad tenemos (denigración, incomprensión de las diferencias y maltrato). La cultura y sus productos simbólicos avalan la violencia de género, la xenofobia, la competencia exacerbada, la opresión de la diversidad en todas sus expresiones posibles, la hipersexualización, la autoestima degradada, los parámetros corporales estrictos.

Como mamá o papá, te invitamos a cuestionar los modelos de masculinidad y feminidad que forjamos como sociedad, el binarismo que invisibiliza otras identidades, y por lo tanto, la convivencia entre todos.



Nuestra misión es, mediante ejemplos, explicaciones y una escucha permanente, habilitar capacidades creativas, amorosas y respetuosas de la vida en cada niñez.

¿Cultivamos el placer del individualismo y la crueldad como doctrina social o la cooperación y el sentido comunitario como realización humana?

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Si una niña se siente mal con su cuerpo porque no cumple con los estándares, si un niño se siente mal porque tiene gustos más sensibles (distintos a la norma), si observamos conductas despóticas en nuestros hijos, debemos dialogar con ellos.

Aquí las propuestas son también vernos y reconocernos en nuestros discursos y prácticas, en nuestras creencias y desinformaciones, en nuestras necesidades también desoídas y en las exigencias y/o incomprensiones sobre los hijos. Pero siempre resaltando la fuerza colectiva, la sinceridad y el amor con que deseamos acompañar su crecimiento. Nuestro desafío como (ma)padres, es aprender junto con ellos. 

Escuela secundaria
En la secundaria es más compleja la participación de las familias, pero en los talleres con adolescentes he visto y sentido la necesidad de un diálogo abierto, desprejuiciado, acompañado de afecto y abrazos, de mirada, de encontrarle otra forma al vínculo que genere entendimiento mutuo.

Aparece la sexualidad en toda su amplitud, y junto con ella el amor, la intimidad, los sentidos de pertenencia. El deseo más propio confronta con lo esperado por demás.

El derecho al tiempo contra el abuso sexual

Imagen ilustrativa tomada de Internet.
El pasado 21 de mayo de 2019, se publicó la ley Nº.9685 llamada el “Derecho al Tiempo”, que aumenta el plazo de prescripción para que aquellos delitos sexuales que han sufrido personas que hoy tienen hasta 43 años de edad, para que denuncien el injusto sufrido en la niñez, ampliando con ello, la posibilidad de darle voz, credibilidad y justicia a las víctimas. Tengo que decir, que me llenó de satisfacción, que los crímenes cometidos contra menores de edad, cuyas consecuencias mentales y traumáticas derivadas de violencia sexual ahora cuenten con una nueva herramienta de justicia.
Nótese que en la mayoría de los casos, los perpetradores (as) de esos crímenes, son personas aparentemente normales e integrados socialmente, y que además ejercen cierto grado de poder sobre su víctima. De ahí que sea particularmente difícil, sin importar de que sector social, cultural o económico provenga la víctima; romper el silencio casi absoluto, es un atentado contra su propia memoria, por la vergüenza y el miedo a no ser escuchada (o), enviando el evento doloroso a un espacio non grato de la memoria y al agresor (a) a la impunidad.
El silencio y acoso cómplice del entorno social, desincentiva a la víctima del maltrato a denunciar, por lo que el sufrimiento aumenta por la falta de empatía social ante los evidentes juicios valor como ¿Seguro lo provocó? ¡Ah sí, desde niña era sometida!, ¡Qué cuento, se le metió al padrastro a propósito!, ¡Sí claro, desde niño era amanerado!, ¡Ese niño andaba buscando plata! ¡De qué se extraña, viene de aquel pueblo donde andan casi desnudas!
Expresiones tan degradantes y lamentables proferidas por hombres y mujeres; expresiones que cuestionan la vida y la credibilidad del testimonio de la víctima, convierten la posibilidad de denunciar como la última opción, para quien ha sufrido el daño, primero porque la víctima ha hecho un esfuerzo en “olvidar” y en segundo lugar por la apatía social, ante la necesidad actual de las personas de emitir juicios de valor, sin fundamento y desde la definición de sus propias convicciones.
Valga mencionar, que la National Center of Child Abuse and Neglect (1978- EE. UU.) definió el abuso sexual infantil como “contactos o interacciones entre un niño (a), cuando un adulto (agresor-agresora) usa al niño o niña para estimularse sexualmente a él (ella) mismo, al niño (a) o a otra persona. El abuso sexual puede ser cometido por una persona menor de 18 años cuando esta es significativamente mayor que el niño (a) víctima o cuando el agresor está en una posición de poder o control sobre otro”; esa definición hoy tiene 41 años de existencia.
En Costa Rica el PANI define, la “Violencia Sexual refiere a cualquier acción que lesione, limite o violente la libertad e integridad sexual de las personas. La Violencia Sexual contra las personas menores de edad es todo contacto sexual, directo o indirecto por parte de otra persona mayor a la víctima, ya sea en cuanto a la edad, la madurez o el poder, realizado contra una niña, niño o adolescente, con el fin de obtener provecho, ventajas o placer, sometiéndolo mediante el ejercicio del poder físico, psicológico o pecuniarios”.
Como sociedad, tenemos la responsabilidad de divulgar y educar cuando existan instrumentos que protejan y devuelvan a las afectadas (os) la posibilidad de ejercer su derecho para acceder a la justicia, y de conocer en palabras claras pero simples, que a pesar del transcurso del tiempo, las “niñas y niños” de hasta 43 años tendrán la posibilidad de ser escuchadas (os) judicialmente, cuando acciones propiciadas por terceros contra su humanidad, y en muchos casos cobijados por el abuso de una obediencia ciega implantada por poder.
Como siempre el común denominador de la violencia sexual, es el ejercicio ilegítimo del poder sobre la víctima. Recientemente a la luz de las denuncias por delitos sexuales, en algunas universidades, así como otras denuncias que involucran figuras públicas, serán los Tribunales del país donde se comprueben o no, los hechos denunciados pero no por ello, debemos coartar el derecho de las víctimas en denunciar públicamente el sufrimiento personal; la afectación y la ponderación del daño causado es personalísimo, pero no menos importante que otros bienes jurídicos tutelados.
La dignidad de las víctimas ha de encontrar respuestas en nuestro sistema judicial. No es populismo punitivo o excesiva intervención del Estado, se trata de empatía, misma que es fundamental en la política y en las relaciones sociales, tanto entre particulares como entre particulares y el Estado. En un periodo cercano, se harán públicas las estadísticas en cuanto al cumplimiento de los fines de la ley, por lo que veremos, que tan efectiva y eficiente será la puesta en marcha de la misma por los operadores del derecho.

Más casos de maltrato físico y menos de abuso sexual a niños

Más casos de maltrato físico y menos de abuso sexual a niños

Los abusos y distintas situaciones de maltrato infantil (población que incluye a niños, niñas y adolescentes) son una problemática por demás preocupante y terrible en todo el mundo. Por supuesto que Mendoza no está ajena a esta situación; y desde el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Provincia presentaron hace semanas los datos detallados y sectorizados sobre los últimos dos años.

En líneas generales; comparado con 2017, el año pasado hubo más intervenciones gubernamentales focalizadas  en casos de supuesto maltrato. Es que el Programa de Prevención de Maltrato Infantil -PPMI- tuvo 8.656 actuaciones generales en 2018 frente a las 8.056 del año anterior. No obstante, esto no quiere decir que en todas los casos se haya comprobado un diagnóstico positivo de maltrato. De hecho, mientras que en 2017 se confirmaron estos indicadores en 6.447 casos (80% del total de intervenciones de ese año); el año pasado las alertas se activaron en 6.478 episodios (75% del universo total de 2018).

Dentro de los maltratos identificados, se diferencian además las 3 situaciones más comunes: abuso físico, abuso psicológico y abuso sexual infantil. Siempre de acuerdo a la comparación -y haciendo la aclaración de que no se trata de meros números, más teniendo en cuenta que detrás de cada cifra hay un niño de menos de 18 años involucrado-; entre 2017 y 2018 hubo dos tipos de abusos que registraron una disminución, frente a uno que subió. Mientras que los abusos sexuales y los psicológicos bajaron 1,8% y 2%; los maltratos físicos tuvieron un incremento de casi 3%. 


 
 
“Sin datos no podemos tomar las decisiones necesarias. Hoy las herramientas informáticas necesarias nos permiten  hacer el seguimiento y tener todo actualizado. Es muy importante atreverse a mostrar los datos y no esconder la basura debajo de la alfombra”, destacó durante la presentación la ministra de Salud, Elisabeth Crescitelli. “De un año al otro hemos descendido el porcentaje de abusos sexuales en la provincia. Y hay que entender que no es sólo un porcentaje, sino que son niños los involucrados”, detalló la ministra.


Además, durante el año pasado la línea telefónica 102 (para asistencia a niños y adolescentes) recibió 17.919 llamados; de los cuales 2.948 fueron coordinados con distintas instituciones porque efectivamente se detectó una situación de vulneración de derechos.

“La mayor cantidad de casos de abuso sexual se dan en los niños de entre 5 y 14 años; y la mayoría de las situaciones son dentro del núcleo familiar. Por eso es más difícil muchas veces la detección”, destacó a su turno la directora del PPMI, Silvina Mollo.

Además, resaltó que es la primera vez en que se toman las estadísticas de los 4 indicadores de forma correlacionada.

En detalle
Las actuaciones más comunes el año pasado vinculadas a niños y adolescentes fueron por maltrato o abuso físico. 


La Provincia intervino en 2.245 episodios de este tipo en 2018, lo que representó casi 35% de las actuaciones del total. En comparación con el porcentaje de estas situaciones en 2017 (32% de la totalidad de hace dos años), hubo un alza de casi 3% en estos hechos. Además de ser los abusos más detectados, fueron los únicos que crecieron entre 2017 y 2018.

En cuanto al abuso psicológico, representó el segundo rubro con más intervenciones el año pasado (hubo 2.151 casos, equivalentes a 33,4% del total del 2018). A diferencia de lo ocurrido con los maltratos físicos, aquí se detectó una baja en comparación con 2017 (representaron 35,4% del total de ese año).

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Los abusos menos frecuentes entre los detectados sobre menores de 18 años el año pasado fueron los sexuales. En total, el PPMI intervino en 1.411 casos; correspondiente a 21,9% de las actuaciones totales del 2018. En 2017, estos abusos equivalieron al 23,7 de las actuaciones totales.

Perfil de los pacientes
En otro de los apartados, el informe del Gobierno de Mendoza detalla el perfil de los pacientes asistidos por el PPMI de acuerdo a su edad. 

Aquí llama la atención el hecho de que casi 40% de las intervenciones por los diferentes abusos tienen como víctimas a chicos de entre 5 y 14 años. Mientras que en el segmento de 5 a 9 años la mayoría de los abusos se cometen contra niños; entre los 10 y los 14 las víctimas más comunes son niñas.



El informe destaca que en lo referido específicamente a abusos sexuales, predominan los ataques a niñas. Del total, 70% de los casos involucran a nenas, mientras que 30% a nenes.

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En el resto de los abusos o maltratos, la proporción es más equitativa (siempre de acuerdo a las intervenciones y estadísticas difundidas). 

En cuanto a abuso físico, casi 52% tienen como víctimas a niños y 48% a niñas. Y en el abuso psicológico -o emocional- 48,5% son contra niños y 51,5% contra niños. 
 

Más de  8.700 niños atendidos
En 2018, el Programa provincial de Prevención de Maltrato Infantil (PPMI) tuvo 14.632 intervenciones generales. Más allá de su denominación, también trabajan en la atención de adultos. Incluso, se intervino en 5.924 casos que involucraban a mayores de edad.

En la diferenciación por departamentos, la mayoría de las atenciones se hizo en Las Heras (2.223 pacientes -15,2% del total-); seguido por Luján (1.941 personas -13,3%-) y Godoy Cruz (1.592 intervenciones -10,9%-).

Caso Provolo: el escándalo de abusos sexuales a niños sordos que surgió en Italia y por el que ahora se juzga a dos sacerdotes en Argentina


Nicola CorradiDerechos de autor de la imagenGENTILEZA DIARIO EL CIUDADANO MENDOZA
Image captionEl cura Nicola Corradi, de 83 años, había sido denunciado por abusos en Italia décadas antes de ser nombrado director de dos internados para niños sordos en Argentina.
Es uno de los casos más escabrosos que involucra a la Iglesia católica: este lunes comienza el juicio en Argentina contra dos sacerdotes que dirigían un internado para sordos y a los que se acusa de abusar sexualmente de más de 20 niños y adolescentes que estaban a su cuidado.
Dos monjas también fueron detenidas, acusadas de haber sido partícipes necesarias en los abusos. Contra una pesa también el cargo de haber cometido abusos.
Lo que hace especialmente desgarrador lo ocurrido en el Instituto Antonio Provolo para Sordos, en la provincia centro-occidental de Mendoza, no es solamente que las víctimas eran niños, incluyendo a pequeños de hasta 4 años, sino que también por su discapacidad no podían comunicar lo que les estaba sucediendo.
Y debido a que muchos venían de familias humildes, no tenían otra opción más que dormir en el instituto.
Pero hay un dato más que ahonda el horror y que le ha dado trascendencia internacional a este juicio.
El principal acusado, el sacerdote italiano Nicola Corradi, de 83 años, ya había sido culpado de cometer abusos en la sede central del Instituto Provolo, en Verona, Italia, mucho tiempo antes de llegar a Argentina.
El Instituto Provolo en Luján de Cuyo, provincia de Mendoza.Derechos de autor de la imagenFACEBOOK
Image captionEl Instituto Provolo en Luján de Cuyo, provincia de Mendoza.
Esas denuncias, que tienen más de una década, llegaron incluso hasta las manos del propio papa Francisco. Sin embargo, el Vaticano no hizo nada, denuncian las víctimas.
Fueron las autoridades argentinas las que ordenaron el cierre del Instituto en la ciudad mendocina de Luján de Cuyo en 2016 y detuvieron a Corradi, al sacerdote Horacio Corbacho, de 59 años, y a otros 12 sospechosos (entre ellos las monjas Kosaka Kumiko y Asunción Martínez).
La justicia argentina también investiga una serie de abusos cometidos en otro Instituto Provolo, el de la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, que Corradi dirigió entre 1970 y 1997.

"Encubrimiento"

Tanto las víctimas italianas del Instituto Provolo como las de las dos sedes argentinas sostienen que la Iglesia católica sabía que Corradi era un pedófilo y no obstante lo pusieron a cargo de niñas y niños sordos en Argentina.
En 2017 el obispo de Verona, Guiseppe Zenti, se desligó de reponsabilidades, afirmando que la curia no tenía poder sobre el Instituto Provolo porque es manejado por una congregación "autónoma".
Esa congregación es la Compañía de María para la Educación de los Sordomudos o Sociedad de María, fundada en 1840 por el sacerdote italiano Antonio Provolo, que, según Zenti, depende directamente del Vaticano.
Hasta ahora la Santa Sede no ha hablado públicamente sobre el caso. BBC Mundo contactó a la oficina de prensa del Vaticano pero de momento no obtuvo respuesta.
Las primeras denuncias sobre lo que ocurría en el Instituto Provolo de Verona se dieron a conocer en 2009, gracias a una investigación del diario L'Espresso de Milán.
Un grupo de 67 exalumnos revelaron los abusos a los que habían sido sometidos entre las décadas de 1950 y 1980 y acusaron al Vaticano de "encubrir" a los abusadores.
Si bien se denunciaron decenas de delitos, por el tiempo transcurrido la justicia no pudo intervenir. Sin embargo, las víctimas, agrupadas en una asociación, presentaron sus denuncias ante la Iglesia para que actuara.
Una marcha de las víctima del Instituto Provolo de Verona, en Roma, en 2019.Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGES
Image captionUna marcha de las víctima del Instituto Provolo de Verona, en Roma, en 2019.
Entre la veintena de sacerdotes acusados de haber cometido abusos estaban Corradi y otros dos curas que también se habían mudado a Argentina en los años 70: Eliseo Primati y Luigi Spinelli.
El primero, de 83 años, codirigió el Instituto de La Plata junto con Corradi, y también es requerido por la Justicia argentina por abusos presuntamente cometidos durante sus casi cuatro décadas allí.
Sin embargo, el prelado retornó a Italia a finales de 2017 (un año después de que estallara el escándalo en Mendoza) y está viviendo nuevamente en la sede central del Provolo en Verona, por lo que la Justicia argentina ha pedido su extradición.

El papa Francisco

El caso afecta de cerca al papa Francisco, el exarzorbispo de Buenos Aires que fue elegido cabeza de la Iglesia católica en 2013.
En 2014, la Asociación Sordos Antonio Provolo de Verona, que agrupa a las víctimas italianas, realizó un video donde dio a conocer el nombre de los presuntos abusadores de esa institución, incluyendo a los tres que para entonces estabanya en Argentina.
Y unos meses más tarde, uno de los miembros de la asociación, Giuseppe Consiglio, logró organizar un encuentro personal con Francisco y le entregó en mano una carta con la lista de los acusados.
Giuseppe ConsiglioDerechos de autor de la imagenSIMONE PADOVANI/AWAKENING
Image captionGiuseppe Consiglio lleva años luchando para que el Vaticano castigue a los presuntos abusadores.
Sin embargo, el papa argentino recién ordenó una investigación preliminar sobre las denuncias de abuso en el Instituto Provolo de Mendoza en 2017, un año después de que los sacerdotes fueran arrestados y ese internado fuera cerrado por las autoridades argentinas debido al gran número de testimonios sobre los horrores que estaban ocurriendo allí.
El caso había llegado hasta la Justicia gracias a la intervención de una legisladora mendocina, la senadora Daniela García.
Durante un acto público sobre derechos del niño, en noviembre de 2016, Luis Batistelli, presidente del Movimiento de Sordos de Mendoza, le contó, con ayuda de un intérpete, lo que ocurría en el Provolo.
García alertó a la gobernación y al procurador, quien puso un fiscal a cargo de la investigación.
La Justicia entrevistó a decenas de presuntas víctimas -en muchos casos con la ayuda de intérpretes-, detuvo a 14 personas y ordenó el cierre del instituto. Los testimonios que se recogieron dieron cuenta de más de una década de abusos contra los menores.
Las autoridades mendocinas también empezaron a recibir testimonios de vejaciones ocurridas en la sede de La Plata del Instituto Provolo, lo que dio pie a la apertura de una segunda investigación allí.

Desgarrador

Las cosas que descubrieron los investigadores dan escalofríos.
El juez de la causa en La Plata constató que los abusos allí se cometían los sábados, porque era el "día en que disminuía el número de alumnos internados y solo quedaban los que no tenían familia".
Horacio CorbachoDerechos de autor de la imagenTWITTER
Image captionEl cura Horacio Corbacho, de 59 años, es juzgado junto a Corradi.
Yoel, uno de los chicos abusados en Mendoza, contó al diario local Los Andes que allí los abusos "siempre eran de noche" y que a los niños que dormían en el instituto se los obligaba a quitarse los audífonos para ir a dormir, para que no escucharan los gritos.
Tampoco se le permitía a los niños utilizar el lenguaje de señas, ya que el método de enseñanza desarrollado por Antonio Provolo busca sustituir la mímica por la palabra. Por ello, algunos de los niños más pequeños no podían comunicarse con sus padres.
Yoel también reveló que a los niños más grandes se los obligaba a abusar de los más pequeños, mientras sus cuidadores miraban.
Varias de las víctimas contaron que sus abusadores amenazaron con matar a sus madres si revelaban lo que estaba pasando.
Paola, la mamá de una exalumna abusada, dijo a Los Andes que Corradi "ataba de pies y manos" a su hija para abusar de ella.
Las historias de horror involucran también a Corbacho y a otros tres hombres que trabajaban en el Instituto: el jardinero Armando Gómez (que está siendo juzgando junto con los dos curas), un cuidador cuya identidad no se ha revelado porque es considerado inimputable y un empleado administrativo llamado Jorge Bordón.
Bordón, conocido como "el monaguillo", confesó haber cometido 11 delitos contra cinco víctimas y fue condenado a 10 años de prisión en 2018.
Los demás acusados niegan los cargos.
Todos ellos forman parte de la primera de las tres causas que conforman el "Caso Provolo" de Mendoza.

La "monja mala"

La segunda causa involucra a Kumiko Kosaka, una monja nacida en Japón y criada en Argentina a la que muchos de los testigos destacaron por su crueldad.
Kosaka era llamada "la monja mala" porque se dice que azotaba a los niños, pero los crímenes de los que se le acusa van mucho más allá de la violencia física.
Tiene seis imputaciones como partícipe primaria en los abusos cometidos por los presuntos violadores. Y también se le acusa de haber abusado ella misma.
El arresto de Kumiko KosakaDerechos de autor de la imagenDYN
Image captionLa monja Kumiko Kosaka está acusada de graves crímenes contra menores.
El abogado querellante Sergio Salinas, de la ONG Xumek, dijo al canal de noticias TN que Kosaka golpeaba a los niños "para ponerlos a prueba".
"Los golpeaba sistemáticamente y el más sumiso era entregado a los violadores. El que se rebelaba se salvaba de los abusos", afirmó Salinas.
La monja, que cumple prisión domiciliaria después de haber pagado una millonaria fianza, asegura ser inocente y ha acusado a los intérpretes de los testigos de tergiversar sus dichos. Incluso publicó un video en el que pedía un "juicio justo" y en el que aseguraba que las pruebas en su contra son "falsas".
Sin embargo, algunas de sus presuntas víctimas dieron detalles escabrosos de sus denuncias.
Una aseguró que Kosaka la "entregó" a Corbacho para que abusara de ella.
Y otra dijo que le colocó pañales para ocultar la sangre de sus heridas tras ser violada, cuando tenía cinco años.
Una segunda monja, Asunción Martínez, será juzgada en una tercera causa, junto con exdirectoras y personal del Provolo de Mendoza.
En tanto, también se espera que llegue a juicio el caso por los abusos en el Provolo de La Plata, que involucra a Corradi, Primati y a un empleado administrativo llamado Jorge Britez.
En el juicio que comienza este lunes, Corradi y Corbacho enfrentan penas de hasta 50 años de cárcel.