martes, 5 de agosto de 2014

Violación infantil, el delito "invisible"


El abuso sexual de menores de edad va al alza en el país, pues mientras a lo largo de 2013 se registraron 5 mil 736 denuncias por violación infantil, sólo en el primer trimestre de 2014 se han presentado 2 mil 216, casi la mitad de las acusaciones del año pasado.
Lo anterior se desprende de una investigación realizada por EL UNIVERSAL, en la que 25 de las 32 entidades de la República respondieron a un cuestionario sobre el tema a través de sus portales de transparencia, ya que las autoridades federales carecen de un diagnóstico de violación infantil.
De acuerdo con el número de denunciantes, en 2013 hubo 5 mil 736 víctimas de violación de entre cero y 17 años de edad.
El Estado de México fue una de las entidades más opacas en la entrega de información, ya que dio datos generales: 2 mil 320 denuncias por violación, sin especificar cuántos fueron casos infantiles, por lo que esta cifra no se tomó en cuenta para este reportaje.
Expertos en el tema consideran “una grave omisión” el hecho de que los casos de violación a niños y niñas en México no quedan concentrados en un reporte nacional, y critican que no exista un diagnóstico general sobre este delito.
Los datos específicos no existen ni en la Procuraduría General de la República (PGR) ni en la Secretaría de Salud, tampoco en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) o en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
Crecimiento sin tregua
Antes se creía que los niños estaban más seguros que las niñas, pero la agresión sexual no distingue sexo ni edad. Se suponía que el delito se cometía en espacios cerrados, pero igual ocurre en casas que en escuelas, consultorios e iglesias. No es exclusivo de personas de bajos recursos, sucede en todos los niveles socioeconómicos.
La vorágine de violencia sexual contra menores ha crecido sin tregua en los entornos de familia y escuela, advierte la CNDH. Luis García, primer visitador del organismo, explica que en 2012 cinco de cada 10 niños sufrieron algún tipo de violencia, y en 2013 siete de cada 10. “¿Qué pasará cuando sean 10 de cada 10?”, pregunta.
Laura Martínez, directora de la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas, AC (Adivac) —la organización brinda terapia sicológica y apoyo legal desde 1990—, sostiene que “la violación infantil va en aumento cada año. Lo vemos en el control de las entrevistas que hacemos. Muchos no denuncian porque no creen en las autoridades”.
La titular de Adivac explica que esto genera que la impunidad sea apabullante: 8% de las denuncias se configuran como delito y, de este porcentaje, sólo en 1.5% se condena al violador.
Además, teniendo en cuenta que la mayoría de las víctimas calla, sobre todo cuando el abusador es parte de la familia, la dimensión de la violación infantil es aún más grande de lo que reflejan las cifras.
Laura Martínez afirma que los números oficiales no llegan al 10% de lo que realmente pasa en el país.
El año pasado, la CNDH emitió siete recomendaciones a autoridades educativas, la mayoría vinculadas con violencia sexual. Por la gravedad del tema, el organismo desarrolla programas que buscan sensibilizar a padres y autoridades educativas para detectar y contener esos patrones.
El primer visitador de la CNDH, Luis García, dice que es urgente capacitar a los Ministerios Públicos, facultarlos para que investiguen y sancionen, y que no haya impunidad. “La obligación del Estado es contar con una política para prevenir la violencia y tener acceso eficaz a la justicia”, dice.
Para Rosa María Álvarez, experta en protección a la niñez del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, si la situación es preocupante en centros urbanos, peor escenario hay en los estados. En localidades regidas por usos y costumbres el sometimiento de los niños es mayor, “se vulneran gravemente sus derechos humanos”, dice, y lo peor es que muchas zonas rurales no cuentan con clínicas y menos con centros de atención especializada.
Vulnerables al pedir justicia
Este panorama tiene como consecuencia que el registro, la tipificación y la penalidad de este delito se muevan en un campo nebuloso, mientras que las víctimas quedan doblemente vulnerables al demandar justicia.
Mayra Rojas, directora de la organización Infancia Común, sostiene que el Estado ha sido incapaz de frenar esta violencia. “Ni siquiera hay un registro nacional de violaciones infantiles. No se le da seguimiento, no se visibiliza. Las víctimas deben acudir con un adulto para denunciar. Es una sociedad adultocentrista”, considera Rojas.
Al respecto, Elva Cárdenas, directora de Protección a la Infancia del DIF, reconoce que efectivamente aún no hay un diagnóstico que refleje el número agresiones sexuales contra menores en el país, pero argumenta que ya trabajan en uno y promete que a finales de año tendrán un concentrado informativo.
Falta reforzar la educación sexual, dado que “no se ha sabido difundir bien la información. Muchas veces confunden a los niños”, opina la funcionaria.
Además, se debe poner énfasis en la esfera masculina. “Se ha desatendido mucho la salud mental. En las conferencias de violencia intrafamiliar hay más mujeres, cuando debería haber hombres. Hay que trabajar más con ellos”, dice.
Elva Cárdenas comenta que las entidades que se han concentrado en el tema de prevención de la violencia infantil son Sinaloa, Colima y Baja California Sur, porque “han incluido los programas de prevención al maltrato infantil en sus planes de desarrollo”.
Minimizan el castigo
Los derechos de protección a niños, niñas y adolescentes se ejercen de forma distinta en los estados. La mayoría castiga la violación con cárcel, que va de ocho a 20 años, pero hay ambigüedad a la hora de determinar qué tipo de violencia se sufrió. Algunos califican como abuso sexual lo que es violación y con ello el castigo se minimiza.
El Código Penal Federal señala que comete violación quien por medio de la violencia física o moral realice cópula [introducción del miembro viril u otro elemento en el cuerpo de la víctima por vía vaginal, anal u oral] con persona de cualquier sexo. Y abuso sexual quien ejecute en una persona, sin su consentimiento, o la obligue a ejecutar actos sexuales [tocamientos o manoseos corporales]. También se considera abuso cuando se obliga a la víctima a observar un acto sexual o a exhibir su cuerpo. La pena para este delito es menor, va de seis a 10 años de prisión.
Cada entidad, según su Legislación, define la violencia sexual infantil y sus derivaciones. En Jalisco, por ejemplo, la violación a menores ni siquiera está contemplada; en todo caso, para ellos es abuso sexual infantil. Su Código Penal establece que se impondrán de ocho a 15 años de prisión a los adultos que abusen de adultos, pero no menciona qué pena recibiría un violador infantil.
Lo más cercano a un registro de agresiones sexuales contra la niñez en México se obtiene de la información estatal, sin embargo, las cifras no indican necesariamente la incidencia delictiva, puesto que es mínimo el número de víctimas que denuncian. De hecho, en muchas ocasiones son los médicos, abogados o profesores quienes enteran a las autoridades del ilícito.
A través de los portales de transparencia de cada entidad se solicitó el detalle estadístico de violación infantil de 2013 y los primeros tres meses de 2014: denuncias, averiguaciones previas, edad y género de las víctimas, así como cifras de detenidos y consignados.
Cada estado hace sus reportes. Entre plazos oportunos y prórrogas, 25 entidades entregaron a este diario sus números, algunos cuadran entre sí, otros no.
Jalisco contabilizó el mayor número de casos [tipificados como abuso sexual], con mil 267. Le sigue Chihuahua, con 592 denuncias por violación; Hidalgo, con 518; Tamaulipas, 309, y Sonora, 289. En contraparte, Tlaxcala tiene el menor número, con 11; en Baja California Sur hubo 21, en Morelos 45, en Durango 55 y en Zacatecas 63.
Colima, Nuevo León, Oaxaca y Aguascalientes reportan falla en sus portales de internet y no respondieron. Nayarit, Chiapas y Yucatán alegaron falta de competencia o información inexistente.
Durango citó la secrecía de las averiguaciones previas, pero otorgó números gruesos: 55 denuncias. Los estados de Campeche y Puebla también dieron cifra llana: 116 y 183, respectivamente.
Miles claman justicia
Casi siempre coincide el número de denuncias con el de averiguaciones previas, pero a veces hay varias víctimas que denuncian a un mismo agresor y se inicia un solo expediente. Cuando las autoridades ministeriales determinan que hay pruebas para conformar el delito, consignan la averiguación, con o sin detenido. En ocasiones el agresor es aprehendido en flagrancia; otras veces se manda a llamar al presunto delincuente para que declare.
De las 25 entidades que entregaron información, sólo 14 reportaron agresores consignados. En 2013, en total hubo mil 432. Jalisco tiene el mayor número, 262; le sigue Sonora, con 219.
En el Distrito Federal se iniciaron 182 averiguaciones previas por el delito de violación de niñas y niños de cero a 17 años; un centenar fue consignado.
A nivel nacional, por rango de edad, el mayor número de agresiones sexuales se concentra entre los 13 y los 16 años. Respecto a las víctimas más chicas, Coahuila reporta un caso de nueve meses.
Veracruz es el estado con más víctimas pequeñas: 17 bebés de un año, que equivale a 9% del total de denunciantes (187).
Las mujeres siguen siendo las más agredidas. Con base en los estados que sí detallaron el dato de género, 83% corresponde al sexo femenino. En el primer trimestre de este año se registraron 2 mil 216 denuncias en 25 estados. Mientras las autoridades dan seguimiento al proceso, hay al menos 315 consignaciones y 228 detenidos.

Conviviendo con el enemigo



La mayoría de las agresiones son cometidas por cercanos como padres, hermanos o tíos; y en estos casos no suele haber denuncia por temor a romper la familia 


En 2011 su hijo tenía cinco años. Un día, tras haber llegado de una visita paternal, Libertad notó que se tocaba con frecuencia los genitales. Fue necesario un insistente pero cariñoso interrogatorio. Al final su hijo le contó que le dolía su “colita”, había ‘jugado’ a “los penes” con su padre. “Nos tardamos muchas horas para que él pudiera platicar de lo que ese juego se había tratado, había sido largo con mucho dolor”, detalla la madre. El niño le dijo que su papá puso una película donde había ‘doctores’ desnudos y que estaban viendo cómo nacía un bebé.
Libertad enmudeció. Tenían que ir al médico. El niño no quería, sentía miedo de que regañaran a su papá; “le dije que no, pero que tenía que platicarme cómo habían sido las cosas”.
Libertad estuvo casada y se separó por violencia intrafamiliar. Cuando creyó que había más calma entre ellos, dejó al padre frecuentar al niño. Más allá de la relación filial, los veía como buenos amigos. “Siempre pensé ‘¿quién era yo para quitarle a mi hijo la posibilidad de ver a su papá?’… Teníamos muchos problemas de índole sexual como pareja pero pensé que se habían quedado entre él y yo”, cuenta. Pero se equivocó.
En cuanto su hijo acabó de narrar el grotesco episodio, Libertad optó por ir al Centro de Apoyo a la Violencia Intrafamiliar (CAVI) donde le indicaron que no era el espacio de atención, tenía que acudir a una agencia de delitos sexuales.
Fue para allá. La encargada escuchó la versión del niño pero le informó que no había médico ni perito para revisarlo. Además, le recomendó pensar bien si quería denunciar, “me dijo que era muy grave”. Libertad salió enojada y aturdida. Marcó a su ex pareja: “Haz lo que quieras”, le contestó él. “Estás loca. Denúnciame, no vas a poder probar nada”, la retó.
Buscó una clínica particular. La doctora confirmó inflamación y laceración en el pene del niño. Le sugirió denunciar. Se dirigió a la agencia 51 del Ministerio Público pero tampoco hubo revisión médica ni perito. Regresó al CAVI y ellos condujeron al niño y a la madre al Centro de Terapia de Apoyo (CTA).
Ahí, una abogada le leyó lo que su hijo había declarado. Tenía que denunciar para no convertirse en cómplice. “Si no lo hace usted lo vamos a hacer nosotros”, le dijeron. De memoria se sabe la descripción: “me narró 85 palabras, las más dolorosas de mi vida. ¡Era más de lo que él (el menor) me había dicho!”.
Libertad toca cuanta puerta tiene enfrente. Busca justicia. Su recorrido incluye procuradurías, tribunales, cámaras legislativas, secretarías de gobierno, comisiones de derechos humanos. Nada ha resuelto desde hace tres años, cuando su hijo fue abusado por su padre.
Agresores, muy cercanos
Más del 60% de las agresiones sexuales a menores es cometida por personas muy cercanas: padres, padrastros, hermanos, primos, tíos, abuelos, incluso vecinos o visitas, dice en entrevista Alicia Rosas Rubí, fiscal para la Investigación de Delitos Sexuales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).
Aunque en el DF la estadística dice que las averiguaciones previas descienden, “en realidad desconocemos la cifra real, ya que el delito se comete intramuros”, admite la fiscal Rosas Rubí. Además, la mayoría de las denuncias no prospera porque ya no se aportan elementos para continuarlas “o los niños ya no quieren declarar, o los inducen a cambiar la versión. Pasan meses y ya no se encuentran evidencias”, lamenta la fiscal.
Rosa María Álvarez, especialista en derechos de la niñez, asegura que la violencia sexual y su ocultamiento han sido socialmente aceptados en esta cultura patriarcal y machista: “suele haber denuncia cuando el agresor es ajeno a la familia, por eso no sabemos los casos que quedan escondidos”.
El Estado, añade la experta de la UNAM, falla en la protección y procuración de justicia: “Falta trabajo multidisciplinario, que todos hagan equipo: procuradurías, sistema de salud, de educación, DIF”.
Por su parte, Verónica Juárez, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez en la Cámara de Diputados sostiene que a nivel nacional, seis de cada diez niños ha vivido alguna forma de violencia.
No hay coordinación interinstitucional, dice la legisladora: “falta una ley general de garantía de los derechos para la niñez y urge un órgano rector para discutir la política”.
La adhesión de México al Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño y el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos obliga al Estado a cumplir. “Pero está pendiente la firma del Tercer Protocolo Facultativo” —agrega—, pues con ello, los niños podrían denunciar sin la intermediación de un adulto.
Violencia sofisticada
El tamaño de la violación sexual infantil es difícil de calcular. La falta de castigo refuerza la conducta del agresor que sofistica sus mañas: sabe a qué hora, cómo y en qué lugar atacar: “no deja evidencias. Amenaza al niño, le dice que si cuenta lo matará o dañará a sus papás. Hay quienes lo revelan siendo adultos”, dice Laura Martínez, directora de la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (Adivac). Ella asegura que nueve de cada 10 casos no se denuncian.
Psicóloga de profesión, Martínez, considera que a mujeres y niños se les educa para aguantar, por eso, “son valientes los que lo hablan. Es muy difícil desmenuzar lo que les hicieron. Hay familias que dicen: ‘ya pasó’, ‘se olvidará’”.
Corina García, coordinadora de la Clínica de Atención Integral al Niño Maltratado, constata que 60% de acompañantes de sus pacientes víctimas de maltrato sexual tiene el antecedente de agresión. Mamás, tías o abuelas padecieron igual abuso sexual. “Guardar silencio perpetúa el abuso”, indica.
Martirio interminable
Ante la indecisión de Libertad, las autoridades iniciaron la denuncia. Vinieron declaraciones, ratificaciones, pruebas médicas.
A los psicólogos les parecía incongruente que el niño manifestara amor por su agresor. “¿Qué prueba quieren? ¿que diga que lo odia? No voy a envenenar a mi hijo contra su padre”, exclama la madre.
No sabe cómo explicar al pequeño que debe hablar para meter a su papá a la cárcel: “¿cómo le digo que lo lastimó? Sería más fácil admitir cuando alguien se te muere, tiene un lugar, todo mundo sabrá lo que es. Esto no tiene acomodo”. El padre declaró, se dijo inocente y ha pedido la guardia custodia del niño.
Libertad lamenta la situación legal: “Hemos dejado de ser él víctima y yo su compañera y nos hemos convertido en mentirosos para las instituciones”. Pese a todo confía que su expediente no vaya a la reserva. Aún tiene esperanza.
Seducción o forzamiento
Abuso y violación son formas de violencia sexual. En el primero hay engaño o seducción. En el otro, forzamiento. Se agrava si hay vínculo familiar, explica la fiscal de la Procuraduría del DF, Rosas Rubí.
Conforme se tipifique la violencia, hay acusados que siguen el proceso en libertad. “Esto es injusto” dice Chahuis. Es padre de gemelos, y uno de ellos fue agredido por el hijo de su ex esposa. Cada sábado iba a casa de ella a recogerlos.
Hace dos años, el niño le señaló su ano y le dijo que le dolía. Al preguntarle el motivo dijo que su medio hermano, de 20 años, lo había lastimado. La revisión médica lo confirmó. El doctor quiso llamar al Ministerio Público pero Chahuis le avisó que irían a la agencia.
Informó a la mamá, quien rehusó asistir. “No podía pasar por alto que mi hijito, con tres años de edad… Es algo increíble, no daba crédito… (son) niños indefensos, que lo único que inspiran es ternura, cariño, amor”, relata. Revivir el trance lo conmueve, llora.
Pensó confrontar al agresor del niño, pero le recomendaron no hacer tonterías: “yo era la única persona que estaba defendiendo a mis hijos”. Eso lo motivó a presentar la denuncia ante el MP, “todo un calvario”, según califica.
El proceso es lento, los niños tardan en confiar. “Pueden pasar horas para que empiecen a hablar. A lo mejor no saben que se trata de una agresión sexual pero sí expresan bien qué fue lo que pasó”, explica la fiscal. Chahuis llegó con sus hijos a mediodía y salieron a las dos de la mañana. La sentencia fue abuso sexual. El agresor estuvo preso un año. “Es injusto que alguien pueda lastimar de esa forma la integridad de un niño… creo que no hay castigo para esa gente”, dice.
La violencia sexual no se borra. Chahuis no desearía esta experiencia a nadie, “es feo, triste, te rebasa… Lo recuerdo con tal vehemencia que se vuelve a abrir la herida, vuelve a doler y mucho”.
Palabra vs. palabra
El trecho es largo y Sofía recién lo inicia. Con su mamá y hermana viven de lo que da la venta de utensilios plásticos. A finales de 2013, se cayó y se lastimó el brazo. La madre decidió llevarla a un lugar que le habían recomendado. La consulta se ajustaba a lo estrecho del bolsillo.
Un señor cuarentón pidió a la niña, de 12 años, pasar sola al “consultorio”. Cuando salió nadie percibió su semblante pálido. Pasaron días. No se quejaba pero estaba como ida. Iba seguido al baño, contrajo una infección urinaria.
“¿Qué pasa?”, le preguntó la mamá, Sofía seguía silenciosa. Imposible narrar la violación sufrida. Poco a poco confió esa pesadilla. El hombre le puso algo irritante en los ojos, no podía abrirlos. La amenazó para que no gritara, luego la sometió con brutalidad.
La descripción fue desquiciante. Al oír, la madre entró en shock: “¿Qué hago?”, se repetía. Unos dijeron: “Corran al médico”, otros: “Vayan al Ministerio Público”. Terminaron en una agencia de delitos sexuales. Vendría el martirio de los trámites, harían cuanto pudieran para que el culpable pagara.
Sofía perdió días de escuela. Tampoco había ánimo de asistir, había sentido mareos e inapetencia. La escasez de dinero empeoró con los traslados imprevistos.
En la agencia no encontraron personal especializado para atenderlas. Les pidieron regresar después de diciembre. Un inconcluso ir y venir. Corrían contra el tiempo. Esperaron angustiadas el reporte médico. El documento estaba alterado, adjudicaron dos años más a Sofía. No reclamaron, pues había alivio al descartar un embarazo.
No sobró quién les dijera: “Ya déjenlo. Será la palabra de él contra la niña”. Pero no se rinden.
El ‘doctor’ ha sido llamado a declarar y niega todo.
Las evidencias físicas han desaparecido ya, pero el martirio no termina para Sofía y muchos niños más , atrapados en el silencio.

Google reveló información de usuario que poseía pornografía infantil


La colaboración del gigante de la información despertó sospechas sobre el nivel de privacidad en el servicio de correo.

Google reveló información de usuario que poseía pornografía infantil






La empresa Google reveló la identidad de uno de los usuarios de su servicio de correo Gmail luego de que descubriera que tenía imágenes de abuso sexual a menores de edad en la misma, informóBBC News.
La compañía contactó por su iniciativa a la agencia de protección infantil, la cual coordinó el arresto del sujeto de 41 años oriundo de Houston, Texas. El hombre, identificado como John Henry Skillern y condenado previamente por delitos sexuales, enfrenta cargos de posesión de pornografía infantil.
Las acciones de Google han generado preocupación entre los usuarios de este servicio respecto a su nivel de privacidad.
Según informó KHOU 11 News, solo Google pudo ver las imágenes enviadas en uno de sus correos. Es decir, no se las pasaron directamente a las autoridades, aunque si dieron la voz de alarma.
“Con el ritmo en que los mensajes de Gmail son escaneados y el hecho que la ley estadounidense obliga a las compañías en EEUU a reportar presuntos abusos a menores, es poco sorprendente que este individuo se encontró en el lado equivocado de la ley”, indicó a BBC la directora de la ONG Big Brother Watch, Emma Carr.
Sin embargo, resaltó que la situación debería dar que pensar a los usuarios sobre el nivel de privacidad que tienen en sus cuentas y exigió que la empresa sea clara en explicar que procesos y acciones tiene para que las personas no sean acusadas injustamente.
El medio británico indicó que, según su conocimiento, Google no escanea las cuentas de otro tipo de actividades ilegales como piratería.
En abril Google cambió los términos de servicio para especificar que sus sistemas analizan automáticamente el contenido (incluido el de Gmail) para proveer información personalmente relevante (al usuario)”.