domingo, 19 de julio de 2009

CASO DE A.S.I EN COLOMBIA


El pasado 28 de mayo la señora María -madre de la menor- denunció ante el Ministerio Público de La Unión, el abuso sexual de que podría haber sido víctima su pequeña hija de 2 años 3 meses.

Situación que se hace notoria cuando la menor comienza a presentar cambios sicológicos visibles en su comportamiento y ciertas molestias físicas. El temor de esta madre respecto a un posible abuso se acrecentó cuando su hijo de 15 años le manifestó que su hermanita le había dicho en forma textual: “tío yaya poto”. Con estos antecedentes y solicitando el apoyo de la sala cuna a la que asiste la menor, esta madre realizó la correspondiente denuncia en la fiscalía local.

La denuncia fue interpuesta por la madre de la menor en compañía de una psicóloga de la JUNJI. El día 29 de mayo se le práctica un primer examen en el Instituto Médico Legal. Se le repite este análisis el 5 de junio. Posteriormente, se le toma declaración a la pequeña el 15 junio y dos días después, el 17, se le toma declaración a su hermano, al que la pequeña había manifestado con anterioridad lo que le sucedía. Y recién para el próximo mes de agosto la infante tiene hora para una nueva evaluación con un profesional idóneo, según le informa a la mamá el Ministerio Publico.

“Mi único error fue dejar pasar 12 días para realizar la denuncia. Yo no le creí inmediatamente a mi hijo. Pero cuando mi hija empezó a orinarse, siendo que ya había dejado los pañales, se empezó a aislar y no quería comer en la sala cuna, ahí reaccioné.

Algo le estaba pasando y algo muy malo. Pero no por eso va a haber tanta demora en recabar los antecedentes. Incluso yo le entregué al fiscal los informes de la sala cuna y de la psicóloga particular a la que llevé a mi hija” expreso angustiada. Según expresa esta desorientada madre, los exámenes preliminares que se le tomaron en el Instituto Médico Legal no sirven ya, por el hecho de haber transcurrido varios días desde que se produjo la supuesta agresión. Sólo un examen acucioso arrojaría un resultado real sobre si su hija fue o no violentada sexualmente, y esto se lo manifestó el mismo profesional que la atendió en dicha oportunidad.

La señora María, como haría cualquier madre o padre en su lugar, ha tocado muchas puertas, ha solicitado apoyo a diferentes personas, pero sin embargo nadie le ha ayudado en forma concreta y el caso se ha seguido dilatando. El presunto culpable sigue libre, la menor en este minuto está sin apoyo psicológico, su familia con el temor de que este hecho quede impune o que esta situación se repita y que afecte a otra menor.

Su lucha por esclarecer esta situación y encontrar justicia ha llegado al punto que decidió hacer un llamado público a quienes estén pasando por una situación similar para aunar fuerzas y en conjunto buscar justicia.

Viviana Villanueva Casas

LA RESPONSABILIDAD EL ESTADO


La responsabilidad del Estado es velar por la seguridad y bienestar de los niños, teniendo en cuenta que nos encontramos ante una temática extremadamente sensible.

Al respecto, solicitamos la rigurosidad del accionar de la justicia y la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y demás tratados internacionales.

Recordemos que estos instrumentos internacionales poseen jerarquía constitucional, y por lo tanto son jurídicamente vinculantes ya que los mismos obligan a investigar, identificar, procesar y, en su caso, sancionar, a los responsables de este tipo de violaciones a la vez que obliga al Estado a adoptar medidas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual e impedir la explotación del niño.

El maltrato, de cualquier tipo, vulnera todos los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, es una violación a sus derechos, y ellos se encuentran vulnerables ante estos hechos aberrantes.

El mismo puede producirse en familias de cualquier nivel socioeconómico y producen daños tan intensos que perduran en el tiempo, significando un atentado contra la vida del menor, contra su salud física y psíquica, y que se expresan en su desarrollo integral, durante toda su vida.

Solicitamos al Poder Judicial que actúe con eficacia y rapidez en estos casos, para lograr el pronto esclarecimiento de los mismos, permitiendo a los niños y niñas de , el pleno goce y ejercicio de sus derechos, reconocidos por la Constitución , tratados internacionales, legislación nacional.