Sus nombres y los de los religiosos supuestamente implicados en los maltratos están recogidos en un nuevo informe elaborado por la Comisión Investigadora de Abusos contra Menores de la Archidiócesis de Dublín, que está presidida por la juez Yvonne Murphy.
El documento fue entregado hoy al ministro irlandés de Justicia, Dermot Ahern, quien, sin embargo, no lo hará público hasta que consulte con la Fiscalía si su completa divulgación podría afectar los procesos judiciales que se mantienen abiertos contra varios clérigos señalados en el texto.
De los 15 sacerdotes identificados en el informe con nombres y apellidos, 11 ya han sido condenados por cometer abusos sexuales contra menores, mientras que otros cuatro están siendo juzgados en los tribunales y uno de ellos ya se ha declarado culpable de los cargos.
La esperada publicación de este último informe seguirá a la del ya conocido como el “Informe Ryan”, que el pasado mayo reveló que miles de menores fueron objeto de abusos sexuales, físicos y psíquicos durante más de 60 años en instituciones estatales gestionadas por la Iglesia católica irlandesa en toda la isla.
El principal objetivo de la Comisión, establecida en marzo de 2006, es el examen de la respuesta de las autoridades eclesiásticas a las denuncias de abusos sexuales lanzadas contra 46 religiosos en la diócesis de Dublín entre enero de 1975 y abril de 2004.
En este sentido, el informe analiza el papel desarrollado por los 19 obispos que han estado al frente de la diócesis, entre ellos el actual cardenal Desmond Connell, quien retiró el pasado año una acción judicial encaminada a bloquear el acceso de la Comisión a ciertos documentos comprometedores.
Connell, ascendido por el Papa Benedicto XVI a la categoría de purpurado en 2007, había solicitado al Alto Tribunal irlandés una orden que impidiese a la Comisión de Investigación acceder a casi 5.000 archivos.
Al parecer, los archivos secretos contenían parte de la correspondencia mantenida entre el cardenal y los abogados de la diócesis entre 1988 y 2004, en la que se abordan cuestiones legales derivadas de denuncias de abusos sexuales contra menores y sobre las pólizas de seguros contratadas por la diócesis para hacer frente a posibles compensaciones económicas.
La publicación de este último informe estaba prevista para el pasado enero, pero el Gobierno irlandés pidió a la Comisión que lo retrasase para investigar otros supuestos casos ocurridos en la diócesis de Cloyne, en el condado de Cork, al sur de la isla.
Su obispo, John Magee, se vio obligado a abandonar su cargo el pasado marzo después de conocerse que violó las reglas establecidas por la Iglesia para abordar este tipo de asuntos retrasando, por ejemplo, el comienzo de investigaciones sobre supuestos abusos.
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