En México, el tema del abuso sexual infantil en escuelas públicas se ha convertido en un grave problema en el que no existen estadísticas oficiales sobre su incidencia y al cual las autoridades educativas (federal y estatales) han convertido prácticamente en un tabú, sobre todo por el desprestigio que representa no sólo para las instituciones, sino para los mismos trabajadores de la educación (maestros, directores, prefectos).
Las dimensiones reales de esta problemática son difíciles de cuantificar, aunque existen suficientes evidencias en todo el país (denuncias que trascienden a los medios de comunicación) para afirmar, con absoluta claridad, que se trata de un asunto sumamente espinoso y complicado.
Los más desprotegidos de la inoperancia y falta de interés para afrontar este denigrante problema, son los miles y miles de estudiantes (niñas, niños y adolescentes) que a diario están expuestos a sufrir vejaciones que, sin duda, los marcarán para el resto de sus vidas.
En lo que bien podría ser un récord para la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió en tan sólo 47 días la nada despreciable suma de ocho recomendaciones a la dependencia federal por casos de abuso sexual (las número 48, 51, 55, 59, 65, 66, 69 y 70), del 29 de octubre al 16 de diciembre de 2013, ilícitos que afectaron a 65 estudiantes de educación básica y media superior (6 correspondieron a escuelas públicas en el DF y dos a instituciones de Tamaulipas y Zacatecas).
Ante la gravedad y continuidad de los casos, la CNDH estableció que la Unidad de Atención al Maltrato y Abuso Sexual Infantil de la SEP no da un seguimiento adecuado a los mismos. “No está cumpliendo cabalmente con las obligaciones que le corresponden, lo que pone a los alumnos en un estado de desprotección”, aseguró el organismo.
Una investigación realizada en el estado de Jalisco revela que de 2000 a 2010 se reportaron mil 158 casos de abuso sexual infantil en escuelas públicas de México, aunque el documento se enfoca propiamente al problema en esa entidad. Cita, por ejemplo, que la Procuraduría estatal recibió de 2007 a 2011 un total de 69 denuncias de índole sexual referentes a hechos registrados en planteles educativos de la Secretaría de Educación de Jalisco (SEJ), de los cuales 83 por ciento se suscitaron en escuelas ubicadas en tan sólo cuatro municipios metropolitanos (Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá).
En la Ciudad de México
A enero de 2011, se dio a conocer que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) inició en 2010, 50 averiguaciones previas por los delitos de abuso, hostigamiento sexual y violación cometidos en contra de estudiantes, la mayoría del género femenino, en escuelas de educación básica y media superior.
De acuerdo con un informe de la Fiscalía Central para la Atención de Delitos Sexuales enviado a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), los principales acusados fueron maestros, conserjes y compañeros.
Las edades de la mayor parte de las víctimas osciló entre los 10 y 17 años, aunque se presentó el caso de abuso sexual a un niño de dos años en un Centro Asistencial de Desarrollo Infantil (CADI), en la colonia Desarrollo Urbano, de la delegación Álvaro Obregón.
La única denuncia presentada en Azcapotzalco fue también por abuso sexual a una niña de tres años, en un centro escolar ubicado en la colonia Santa María. En otra escuela, en la colonia Tacubaya, delegación Miguel Hidalgo, se reportó otro caso similar contra una pequeña de cinco años, en el que el agresor fue el profesor.
En mayo de 2010, la fiscalía atendió la denuncia por violación a una adolescente de 15 años en una escuela secundaria de la colonia Pedregal de Santo Domingo, en Coyoacán. El acusado también fue un profesor. En un CETIS de la colonia Nueva Tenochtitlán, en Gustavo A. Madero, se denunció al novio de una estudiante por estupro, y en una escuela de la colonia Un Hogar para Nosotros, en Miguel Hidalgo, se acusó al conserje por los delitos de abuso sexual y corrupción de menores.
Del total de casos ingresados, a enero de 2011 ninguno había sido resuelto o remitido a la Procuraduría General de la República (PGR), al declararse las autoridades locales incompetentes para resolver la denuncia.
En aquella época, en todas las delegaciones, excepto Cuajimalpa, se registraron denuncias por delitos sexuales en instituciones educativas. La mayoría sucedió en Iztapalapa y Gustavo A. Madero, al concentrar ocho y siete casos, respectivamente.
Nula atención de autoridades
Aun cuando existen muchos tipos y situaciones que pueden dar pie a este ilícito, las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia poco o nada hacen al respecto para castigar a los responsables, por lo que en la mayoría de los casos no procede la causa penal, ante lo cual el agresor o agresora, la mayor de las veces, sólo es suspendido por un breve lapso o cambiado a otra institución educativa.
Las comisiones de derechos humanos (tanto la nacional como las estatales) actúan ante la denuncia de estos hechos, pero lamentablemente se topan ante una burocracia (educativa y judicial) que dilata y extiende los procesos o ignora las recomendaciones establecidas.
No obstante, se tiene la certeza de que la SEP no aborda el problema como debería, mientras que las instancias judiciales retrasan los procesos hasta uno o dos años, sin que los presuntos culpables paguen verdaderamente por el delito o delitos cometidos.
Las conductas más frecuentes de abuso obedecen a besos forzados, tocamientos de naturaleza sexual, miradas morbosas, mostrar material pornográfico al menor, acercamiento físico que incomoda al menor, besos y caricias (aún con el consentimiento del menor), acciones de seducción o deslumbramiento hacia el menor con el fin de agradarle o atraerle, cartas, llamadas o mensajes de índole sexual, así como amenazas.
Cuantificar los daños que este tipo de situaciones pueden provocar en cada menor de edad es muy complejo, pues dependen de muchos factores. Lo cierto es que emocional y psicológicamente la niña o el niño no volverán a ser los mismos por el resto de sus vidas.
La CNDH documenta omisiones
A finales del año pasado, la CNDH documentó omisiones y dilaciones por parte de las autoridades educativas ante casos de acoso y abuso sexual padecidos por alumnos de escuelas de educación básica, especial y media superior.
En las recomendaciones emitidas a la SEP (así como otra a la UNAM, que causó indignación al rector José Narro), el común denominador fue la impunidad, pues en ninguno de los casos se sancionó administrativa ni penalmente a los responsables.
Las secuelas psicológicas para los estudiantes en todos los casos, según los peritajes del Ministerio Público y la CNDH, fueron miedo, angustia, sentimientos de culpa, tristeza, depresión, pesadillas, sumisión, rebeldía, rechazo al contacto físico, deterioro en las relaciones con las demás personas y trastornos alimenticios.
"Lo que se ha evidenciado en estos casos es que hay falta de supervisión y control por parte de las autoridades educativas que propician que este tipo de casos se repitan y que, además, queden impunes", advirtió Luis García, primer visitador general de la CNDH.
Indicó que en los últimos meses de 2013 se incrementaron las quejas contra la SEP por casos de violencia ocurridos en las escuelas, y uno de los hechos más recurrentes fue el abuso sexual. "Estas son situaciones graves donde hay un agravio al sano desarrollo de los menores de edad", destacó.
A partir de tales resultados, se han girado diversas recomendaciones a la SEP, entre las que destacan la urgente necesidad de que las autoridades educativas implementen medidas rigurosas para evitar que aquellos miembros del personal escolar que ya han estado involucrados en una queja de abuso y/o acoso sexual vuelvan a cometer una ofensa de ese tipo.
Con frecuencia, los medios de comunicación de todo el país reportan y exhiben los descalificables hechos y atrocidades cometidas por quienes se supone son parte de la formación educativa de nuestras hijas e hijos.
Existen casos en los que un sólo profesor, por ejemplo, abusó sexualmente de 28 infantes de una escuela primaria en el Estado de México, de acuerdo a una recomendación emitida el año pasado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
A principios de abril de este año, la CNDH dio entrada a una investigación que refiere presuntas violaciones a los derechos humanos contra 10 niñas indígenas tojolabales, presuntamente acosadas y abusadas sexualmente por un profesor de la escuela de la comunidad Ejido Nuevo, de San Juan Chamula, municipio de Las Margaritas, Chiapas.
Otro caso refiere a una directora de una escuela secundaria del estado de Zacatecas, quien el año pasado obligó a 50 alumnas a bajarse las pantaletas, a fin de determinar quién de ellas había dejado toallas sanitarias en el baño.
CMDH lamenta desatención
La Comisión Mexicana de Derechos Humanos, A.C. lamentó que las autoridades correspondientes no atiendan la problemática a cabalidad, sobre todo porque su vigencia pone en riesgo el sano desarrollo y bienestar de la niñez mexicana. De igual modo, señaló que los casos de abuso sexual en escuelas públicas se multiplican en todo el país, razón por la cual es urgente que la SEP actúe decididamente, pero sobre todo que reconozca y aborde el problema con la seriedad y responsabilidad necesarias, mientras que a las autoridades judiciales sólo se les pide que actúen en forma expedita y castiguen como se debe a quienes resulten responsables de este tipo de ilícitos.
Eugenia Diez Hidalgo, presidenta de la CMDH, expuso que el tema, como tal, es muy delicado, pues todo parece indicar que representa un tabú para las autoridades de educación, tanto federal como estatales, ya que las cifras reales de los casos suscitados se esconden bajo el aparente argumento del daño moral que ello les significa, sin tomar en cuenta el irreversible efecto psicológico y emocional que se les causa a las víctimas.
“Abusar sexualmente de cualquier persona es un delito grave, pero lo es más aún cuando los afectados son menores de edad, pues con tales actos se denigra y desgarra su inocencia, marcándolos así para el resto de sus vidas. Por ello, es imperdonable que las autoridades educativas evadan su responsabilidad ante un hecho que a todas luces es evidente en todo el país. Y ese mismo compromiso recae en quienes tienen la responsabilidad inherente de impartir y procurar justicia, principalmente a las víctimas, pues la realidad demuestra dilación e ineficiencia en el tratamiento que se le da a esos procesos”, argumentó.
La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), a través de su presidenta, Consuelo Mendoza, calificó de dramático el abuso sexual infantil en escuelas públicas, debido a que en la mayoría de los casos sólo se cambia de plantel a los maestros agresores o se les suspende temporalmente.
“Ante la denuncia o presunción, se debe actuar de manera inmediata, a fin de que el delito no quede impune y los infractores enfrenten el juicio legal que les corresponde”, aseveró.
@yoinfluyo
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