Los casos de pederastia son los que más intensamente remueven las entrañas de la sociedad. Y junto con la repulsa generada, se cuestiona también la forma en que la legislación protege a los ciudadanos de estos delitos.
El asesinato de la pequeña Mariluz, en 2008, supuso un punto de inflexión. Incrementó la concienciación social ante estos delitos e impulsó un cambio legislativo. Sin embargo, seis años después muchas propuestas siguen pendientes de aprobación. También el endurecimiento de penas que contempla la reciente reforma del Código Penal sigue pendiente de su ratificación definitiva, encallada en el proceso de tramitación parlamentaria.
Las penas y medidas contra los pederastas varían de forma considerable según los países.
España
La reforma del Código Penal,planteada en septiembre del año pasado, y que contempla un endurecimiento de las penas por abusos sexuales, está aún pendiente de su aprobación definitiva, debido a los sucesivos aplazamientos en el plazo de las enmiendas, prorrogados hasta 35 veces.
Esta reforma recoge una nueva tipología de condena “la cadena perpetua revisable” para el caso de violadores que asesinen a sus víctimas. Se trata de una especie de cadena perpetua pero reversible a los 25 o 35 años, según el delito, tiempo en el que un tribunal colegiado deberá determinar si el preso está rehabilitado. Si es así, podrá salir de prisión (con entre cinco a diez años en régimen de libertad condicional). En caso contrario, seguiría en la cárcel y sería evaluado anualmente.
El nuevo Código Penal mantiene también la libertad vigilada para violadores, una medida introducida por el Gobierno de Rodríguez Zapatero en 2010, que tiene una duración de diez años, aunque contempla además la posibilidad de que un juez decida ampliarla de forma indefinida, si se considera que el riesgo de reincidencia es elevado.
El texto reformado considera además delito cualquier acto sexual con menores de 16 años, salvo que exista proximidad de edad o madurez y castiga a los clientes españoles de prostitución infantil aunque cometan el delito en el extranjero.
En abril de este año, y en plena convulsión por el caso de los abusos de un profesor en el Colegio Valdeluz, de Madrid, a varias alumnas, el Gobierno anunció también un “registro de pederastas” una medida planteada ya en otras ocasiones y que forma parte de una batería sobre protección de menores presentado por la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, al Consejo de Ministros, y pendiente de su aprobación definitiva.
Además, se contemplaba también que colegios, centros deportivos o aquellos con actividades para menores a exigir un certificado de antecedentes penales junto con el currículum para garantizar que el personal que contratan no tenga antecedentes o sentencias condenatorias por delitos contra la libertad sexual de niños o de explotación de menores.
También pendiente de aprobación está la figura del “agente encubierto” en casos de delitos sexuales, algo que ya existe en otras investigaciones, como tráfico de drogas, y que permite a las fuerzas de seguridad del Estado detectar a posibles pederastas que contacten con menores a través de la Red.
Las penas por abusos sexuales a menores llegan a quince años de prisión en el actual Código Penal, en los casos en que el ataque conlleve violación. Desde 2010, las cárceles catalanas tienen además a disposición de los condenados por abuso sexual el programa de “castración química”, un tratamiento inhibidor de la líbido que debe ser solicitado de forma voluntaria por el preso. Sin embargo, hasta el momento, únicamente el conocido como “Violador del Eixample” pidió someterse al tratamiento, tras su salida de prisión, en julio del año pasado.
Reino Unido
El país tiene una larga tradición en la lucha contra la pederastiay de hecho, desde 2003 cuenta con una Ley de Ofensas Sexuales, que contempla un registro de delincuentes relacionados con violencia sexual contra menores, a disposición de la policía y de empresas de seguridad. Desde 2008, los padres de Inglaterra y Gales pueden además requerir a la policía información sobre antecedentes de abusos sexuales.
La permanencia en este registro de pederastia va desde los dos años, en caso de que no exista condena, hasta “de por vida”, cuando ésta haya superado los 30 meses. Los pederastas están además obligados a comunicar cualquier cambio laboral o en su domicilio. El país cuenta también con un programa de castración química.
La legislación británica es especialmente dura contra los agresores sexuales de menores, cuyas penas son equiparables a las de terrorismo.
Francia
La legislación francesa establece que aquellos pederastas que hayan sido condenados a más de diez años de cárcel serán objeto de vigilancia policial tras su salida de la cárcel cuando exista un informe que determine riesgo de reincidencia. Además, todos los condenados a más de cinco años deben llevar brazalete electrónico.
El país galo incluyó, en 2010, la castración química a todo aquel delincuente sexual que lo reclame. Las penas pueden llegar a los 20 años.
Italia
Aquellas personas que hayan sido condenadas por delito sexual contra menores o por posesión de pornografía infantil no podrán trabajar en colegios ni en ningún otro centro al que acudan menores.
Alemania
El país contempla la “custodia de seguridad”, la reclusión voluntaria de personas con tendencia pedófila, aunque no hayan cometido delito. Alemania aplica además terapias de prevención, que han demostrado buenos resultados, y la castración química a mayores de 25 años.
Dinamarca
La legislación danesa contempla la posibilidad de que los condenados a penas inferiores a 18 meses sustituyan la cárcel por un tratamiento psiquiátrico, que podrá ser reforzado con sustancias químicas para inhibir la líbido.
Bélgica
Al igual que en otros países, se establece también la prohibición de que un pederasta preste trabajo en centros frecuentados por niños. Además, podrán someterse a un “control terapéutico”, una vez en libertad.
La legislación contempla la cadena perpetua en casos de especial gravedad. La libertad condicional está sujeta a lo que determine un Tribunal de seguimiento, que debe reunir distintos informes sobre su riesgo de reincidencia.
Portugal
El país prevé endurecer las penas por delitos sexuales contra menores y podría también aprobar un registro para pedófilos, a disposición de los padres de niños de hasta 16 años.
EEUU
Varios Estados, como California, Georgia, Texas, Montana, Florida y Luisiana, aplican de manera obligatoria la castración química.
El país tiene la legislación más dura del mundo occidental, con penas que no suelen bajar de los 25 años de prisión.
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