“Los retrocesos son consecuencia de los avances. Todas las leyes que reconocen necesidades de los grupos más vulnerables, producen objeciones, incluso de participantes de buena fe, que son producto de su propia formación cultural”, constata Rozanski a través de su propia experiencia con la Ley 25.852 de diciembre de 2003, de la cual es autor y que modifica el Código Procesal Penal de la Nación argentina, al establecer que menores de 16 años, víctimas de delitos sexuales, “solo serán entrevistados por un psicólogo especialista en niños y/o adolescentes designado por el tribunal que ordene la medida, no pudiendo en ningún caso ser interrogados en forma directa por dicho tribunal o las partes”.
La misma ley dispone que “el acto se llevará a cabo en un gabinete acondicionado con los implementos adecuados a la edad y etapa evolutiva del menor” pudiendo, a pedido de parte o cuando el tribunal lo disponga de oficio, ser seguidas las alternativas del acto “desde el exterior del recinto a través de vidrio espejado, micrófono, equipo de video o cualquier otro medio técnico con que se cuente”.
La ley Rozanski
Rozanski explica que, a partir de un juicio en el que participó cuando era juez de la Cámara del Crimen de Bariloche, nació su preocupación por la vulneración de derechos en esas instancias y su urgencia de legitimar por ley mecanismos para evitarlo. Recuerda el magistrado que en ese juicio se trataba el abuso sufrido por una menor de 17 años con retardo mental, que había sido penetrada con un palo en la vagina. Mientras ella relataba lo sucedido, uno de los jueces actuantes le preguntaba “si el muchacho le gustaba, si no quería tocarlo…”. La instancia se interrumpió y Rozanski denunció al día siguiente a ese juez por violación a los derechos del niño y torturas psicológicas. “Había algo que no cerraba en la escena y lo que no cerraba era que esa chica no tenía que estar en el juicio”, relata, agregando que lamentablemente “Más allá de la locura perversa de ese juez, hoy sigue siendo juez”.
La investigación con vistas a la elaboración del texto de la Ley 25.852, que se conoce como “Ley Rozanski” le llevó cinco años, durante los cuales se fue consolidando el interés del magistrado por la protección de la infancia y adolescencia en ámbitos judiciales. Obviamente la norma resultante significó quitarle el poder de interrogar a los jueces, lo que les produjo una suerte de “herida narcisista” que muchos resienten todavía.
Existen malos jueces
La Convención de Derechos del Niño de 1989, ratificada por todos los países miembro de Naciones Unidas a excepción de Estados Unidos, contiene normas sobre la protección integral de la infancia (artículo 19) y la observancia del interés superior del niño (articulo3), pero “en la mayoría de los casos se viola”, denuncia Rozanski.
El artículo 12 del mismo instrumento internacional consagra el derecho de niños y niñas a ser oídos, lo cual está lejos de significar “sentarlo y decirle que hable: eso es silenciarlo. El derecho a ser oído es crear condiciones para que la víctima pueda ser escuchada”, advierte el magistrado, para quien los jueces no están preparados para interrogar a menores abusados, por lo que la opinión tiene que venir de una “ciencia blanda” como es la psicología. “Ningún juez se graduó en psicología evolutiva. Quien decida sin escuchar a las otras disciplinas, comete errores y sacará conclusiones equivocadas. Y si no escucha, muere gente. Existen malos jueces, saberlo es importante para que las cosas cambien”, afirma.
El abuso sexual infantil es el delito más impune: cada mil casos se esclarece uno. El mito de que “los chicos mienten” asegura impunidad. “Las ciencias sociales estudiaron y avanzaron: los chicos no mienten. Hasta determinada edad no pueden inventar situaciones sexuales no ocurridas”, aclara Rozanski.
Otro error es liberar de responsabilidad al acusado a través de lo que se interpreta como contradicciones de los niños: “Todos desarrollamos mecanismos de defensa frente a hechos traumáticos para sobrevivir. La criatura abusada secuencialmente en su familia, que es visitada en su cama de noche por el abusador, a la mañana desayuna con él. Entonces disocia”, que no es lo mismo que contradecirse.
Un delito especial
Son características del abuso: el secreto (se ejecuta en un ámbito cerrado), la confusión de la víctima (ira, temor y también afecto hacia su abusador), violencia (“el ciento por ciento de los abusos son violentos, pero se siguen considerando tales solo cuando hay himen roto…”, ironiza Rozanski).
Hasta cierta edad no hace falta amenazar, porque el niño hace lo que le dice el adulto; más tarde, cuando el niño tiene mayor roce social, llega la necesidad de la amenaza.
La responsabilidad del abuso en el ciento por ciento de los casos es del abusador, “pero en los tribunales se intenta atenuarla: adolescente provocadora de la que el adulto no se puede sustraer, por ejemplo”, ejemplifica el magistrado, para quien habría que hacerle juicio político a los operadores judiciales que así lo consideren.
Rozanski enfatiza que el abuso sexual infantil es una cuestión pública –“decir que es una cuestión privada es una mentira interesada”-, por lo cual el Estado tiene que entrar a la casa. No hay “sagrado inviolable” en estos casos. Y también en la asimetría de poder entre abusador y abusado (“antes hasta había careos entre chicos y adultos: al juez que lo ordene hay que echarlo”).
Llama también la atención sobre diferencias entre el abuso sexual infantil y el resto de los delitos, que no quedan atrapados por todas estas características. “El abuso apenas tiene puntos en común con la violencia doméstica”, afirma Rozanski.
Estrategias destructivas
La pérdida de poder suele provocar una reacción muy agresiva que “se traduce en estrategias destructivas. Ya no se dice que los chicos mienten pero se habla de co-construcción que hacen con la madre. Y así aparece el SAP (síndrome de alienación parental) inventado por Richard Gardner: el niño no miente, la madre le lavó el cerebro y el chico cree que fue abusado. “Hay jueces que lo usan para desincriminar al abusador, aplicando una teoría sin base científica y en nombre del debido proceso destruyen a los niños”, advierte Rozanski.
Eso incluye un ataque a todos los profesionales que defienden el derecho de los niños, generando en ellos el llamado burnaut (quemado). Entonces el profesional también es víctima ya que, a fuerza de ser descalificado, siente que no sirve como tal.
La estrategia de los abusadores es solicitar medidas que son destructivas para niños y niñas, como la revinculación, “concebida para dañar”.
El régimen de visitas, pedido en nombre del derecho de los padres a ver a sus hijos e hijas y la denuncia de las madres por impedimentos en el contacto, son estrategias defensivas pero no de los niños sino de los abusadores.
Rozanski se pregunta por qué el SAP tiene tanto éxito y se contesta: “Por la formación e ideología de las personas que tienen que intervenir. Es su cotidiano, un cristal a través del cual miran la realidad”.
Para el magistrado argentino el desafío es generar sistemas de designación de funcionarios que incluyan “la investigación de què saben de la vida” porque hay que asegurarse que los jueces “entiendan a la víctima, que tengan empatía con ella”.
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