PILAR BENITO Alrededor de dos mil facultativos de la Región, adscritos a las especialidades de Pediatría y a la de Atención Primaria, se ven directamente afectados por la entrada en funcionamiento, desde ayer, del Registro Central de Delincuentes Sexuales del ministerio de Justicia, ya que tienen que acreditar que carecen de antecedentes penales como pederastas.
El registro, previsto en la ley 26/2015 de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, establece que aquellas profesiones que impliquen un contacto habitual con menores deberán acreditar que carecen de antecedentes penales de índole sexual. Además de los médicos, también tendrán que cumplir este requisito los profesores.
Esta Ley, que modifica el art 13-5 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor 1/1996, establece que «será requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores, el no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos. A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales».
Los pedófilos permanecerán en el registro durante tres décadas.
En el Colegio de Médicos de la Región hay registrados actualmente 600 pediatras, mientras que médicos de Atención Primaria –donde se atienden a los niños a partir de los once años– hay poco más de 1.400 profesionales.
La consejería de Sanidad ha iniciado ya el procedimiento que exige la ley para solicitar el certificado de penales a los facultativos. Asimismo, Recursos Humanos ha solicitado información al ministerio de Justicia para incluir toda la documentación en el sistema general.«Aún nos falta completar la información pero se está ello», apuntaron fuentes de la Consejería.
«Es bastante razonable»
El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, que estuvo ayer en Murcia, destacó que el Registro es una iniciativa «bastante razonable» que sirve de protección a los menores y que va en consonancia con la Ley de Protección a la Infancia.
Al respecto, señalado que no sólo las relacionadas con los menores, sino que cualquier persona que haya tenido una condena de este tipo constará específicamente en el citado Registro.
Además de los datos de las personas condenadas, este fichero también incorporará el ADN del condenadocuando lo establezca una resolución judicial, con el fin de dar seguimiento y control a estos delincuentes dentro y fuera de España, así como las penas y medidas impuestas contra estos delincuentes.
Críticas
Distintos representantes del colectivo médico mostraron ayer su rechazo a esta iniciativa de Justicia. Así, la Organización Médica Colegial de España (OMC), tras apuntar que «el compromiso y defensa de los intereses superiores del menor son asumidos íntegramente» por esta organización, apuntaron que contenido en el artículo 9-3 del Código de Deontología Médica es la mejor garantía para evitar las situaciones previstas en la ley.
Ese artículo dice: «Médico y paciente tienen derecho a la presencia de un acompañante o colaborador cuando el carácter íntimo de la anamnesis o la exploración así lo requieran».
En opinión del colectivo médico, esta medida tiene la virtud añadida de ser de doble vínculo, ya que protege al menor del abuso, pero también protege al médico de falsas acusaciones.
Aun así, la OMC insta a la Administración para que se restablezca la presencia de otro profesional sanitario auxiliar en las consultas. «Si no en todas, al menos en las que se puedan plantear problemas de esta índole, por la especial vulnerabilidad de los pacientes», indican.
Por último, la Organización expresó su compromiso para la formación, divulgación y control de estas conductas; y manifiestó que no tolerará desviación alguna de sus profesionales en esta materia.
En el Colegio de Médicos de Murcia, perteneciente a la OMC la medida tampoco gusta nada por la sospecha preventiva que sitúa sobre los médicos.
24.200 Docentes
Esta norma también afecta a otro amplio colectivo, como es el docente, quienes no podrán tener antecedentes penales por delitos sexuales para ejercer su profesión. En concreto, en la Región se estaría hablando de 24.267 profesionela, de los cuales 10.250 son maestros de Educación Infantil y Primaria; 7.281 profesores de Secundaria; 988 de Formación Profesional; y 5.748 profesores de la concertada.
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