Chaco se convirtió en la primera provincia en la que una sobreviviente de abuso sexual en la infancia (ASI) accede a la justicia desde la vigencia de la ley 27.206 “de respeto a los tiempos de las víctimas” sancionada en el 2015 por unanimidad en el Congreso de la Nación.
La Cámara Primera en lo Criminal, a cargo de Lucía Ester Martínez Casas de Resistencia, sentenció el martes a 17 años de prisión por abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal agravado doblemente por el vínculo y por ser un menor de 18 años, a Miguel Ángel Frutos, quien estuviera encargado de la guarda de Victoria (seudónimo que usaremos para resguardar la identidad de la víctima), desde 1992 hasta 1995.
Así lo dieron a conocer desde el colectivo Unión de Mujeres en Lucha Chaco (UMEL) destacaron que la Ley de Respeto al Tiempo de las Víctimas introdujo una modificación sustancial en el Código Penal al ampliar los plazos de prescripción para los delitos contra la integridad sexual y delitos de trata cuando la víctima sea menor de edad, independientemente del tiempo transcurrido entre el delito y su denuncia.
“Así, Victoria, a sus 32 años pudo denunciar a Miguel Ángel Frutos, quien -bajo su rol de “padrastro”- le robó su infancia, cuando ella tenía entre 6 y 9 años, y pudo denunciarlo 25 años después de cometido el delito”, detallaron.
Los tiempos de las víctimas
Desde la organización de Mujeres contaron el camino que Victoria recorrió hasta lograr la sentencia para su abusador: “Victoria logró poner en palabras el horror que sufrió, recién cumplidos los 11 años, cuando le contó a sus hermanos (de 14 y 15 años) y a su madre lo ocurrido. En los ´90, nada se podía hacer: su hermano adolescente intentó efectuar la denuncia y en la comisaría le dijeron que ya había pasado mucho tiempo”.
Señalaron además que ella jamás pudo contar detalles de los hechos a su familia. Lo detalló por escrito recién, cuando realizó la denuncia en octubre del 2017.
“Este tipo de crímenes son cometidos sin la presencia de testigos, y el pacto de silencio que es la característica típica de estos delitos. El niño siente la responsabilidad de las consecuencias que traen aparejados estos hechos, no puede procesar lo que ocurre, no entiende muy bien, esto genera un trauma que lleva al silencio, que cuando crece y encuentra las herramientas para poder romper ese silencio, ya es tarde para la justicia”, fundamentó Leandro Ramírez, abogado de la querella.
Romper el silencio y denunciar
“Victoria, sin embargo, rompió el silencio a sus 11 años, cuando apenas comprendió el daño que le causó el criminal. Sus hermanos, si bien no presenciaron los aberrantes hechos, son testigos de sus 25 años de tristezas, de dolores, cambios de humor, dificultades en sus relaciones familiares y sociales, sus insomnios, sus intentos de suicidios, sus recurrentes crisis y siempre volvía a la misma causa: “A mi, Miguel me lastimó”, explicaba Victoria, cada vez que sufría una crisis nerviosa. No tuvo contención psicológica, ni acceso a la justicia, solo incertidumbre y miedo, pensando ¿dónde podría estar su agresor, y cuántas víctimas más habrían?”, indica el texto de la UMEL.
Esto último, resaltaron, fue lo que motivó a Victoria a tomar la decisión de realizar la denuncia: Había identificado al agresor a través de las redes sociales, quien se mostraba en pareja con una mujer madre de una niña de unos 5 años, en similares condiciones de vulnerabilidad que las que vivió Victoria. El agresor sexual de niñas, tuvo 25 años de impunidad.
Un juicio sanador
Desde la Unión de Mujeres en Lucha aseguraron que se trata de un hecho inédito, “cuando todas las causas por ASI en Argentina han sido archivadas, en este caso, la justicia chaqueña actuó con celeridad y empatía”.
Roberto Villaba, de la Fiscalía Penal N°6 junto a la Juez de Garantías Rosalía Beatriz Zózzoli, fueron quienes elevaron la causa a juicio, previa orden de captura del agresor por no presentarse a la citación judicial.
Sobre el proceso judicial, relataron que tras la orden de captura, fueron la propia Victoria junto a su abogado, quienes se encargaron de buscar al criminal, ya que Investigaciones Complejas no aportaba datos al caso ni daba con el agresor. Fue la víctima quien dio con el paradero del delincuente, notificando a la fiscalía. Posteriormente se resolvió la prisión preventiva del acusado a riesgo de que pueda escaparse y se elevó a juicio.
La causa pasó a la siguiente instancia, llevada por el Fiscal de Cámara, Jorge Fernando Gómez, quien al igual que el patrocinio letrado de Leandro Ramírez pidió16 años de prisión para el condenado. Finalmente, la juez Lucía Ester Martínez Casas resolvió 17 años de prisión de cumplimiento efectivo y accesorias legales. “Es destacar el accionar de los funcionarios judiciales, quienes han actuado con perspectiva de género, prontitud y empatía, apareciendo como una luz en la oscuridad de tantas injusticias”, mencionaron.
Cifras alarmantes
Por otra parte, desde la UMEL dieron precisiones sobre el flagelo de abuso sexual en la infancia en la provincia: “En el Hospital Pediátrico de Resistencia, hay 167 casos registrados de ASI en lo que va del año y se registraron 350 en el 2018. Las cifras ascienden, según la directora del Servicio de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Violencia (SAINNAV) del Hospital Pediátrico, Paola Benítez. Más del 80% son intrafamiliares.”
En cuanto a la lucha de Victoria para alcanzar esta reparación judicial, subrayaron que “no solo se valió de los principios de la nueva ley, sino que también pudo comprender que en Argentina hay un auge de luchas histórico del movimiento de mujeres y feministas, que vino a cuestionar las estructuras de poder patriarcal y a defender sus derechos por Ni Una Menos, contra todo tipo de violencias hacia las mujeres y disidencias, por sus derechos sexuales y reproductivos, y contra los delitos sexuales hacia las infancias”.
“Victoria no estuvo sola, tomó fuerzas conociendo a la Red nacional y Provincial de sobrevivientes de ASI, Campaña contra la prescripción, y luego tuvo el acompañamiento de organizaciones de mujeres, feministas, sociales y políticas chaqueñas, muchas de ellas integrantes de la Mesa Multisectorial Feminista, quienes la ayudaron a sostener su decisión de mantener la denuncia en el tiempo”, indicaron.
En ese sentido, calificaron la sentencia como “un triunfo colectivo y una reparación histórica a las infancias, y debe sentar un precedente para las innumerables causas que se guardan en un cajón en la Argentina”.
“Esta vez hubo justicia, aunque el estado y la sociedad toda deben prepararse para llegar a tiempo, y evitar que estos delitos ocurran. Por el momento, la lucha sigue, y hay que gritar más fuerte que nunca Yo Sí Te Creo”, concluye el comunicado.
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