Como si no fueran suficientemente dolorosas las centenares de muertes diarias a causa de la pandemia en el país, otra muerte con culpables múltiples y con nombres y apellidos, casi siempre del género masculino, se ensaña en estos pocos días de lo que va de 2021 contra los más vulnerables entre los vulnerables: las mujeres y los niños.
Según el ICBF, el terrible conteo de asesinatos de niños ya va en seis y de acuerdo con colectivos feministas agrupados en la Campaña Nacional contra el Feminicidio, la cifra de agresiones fatales contra mujeres llega a 25.
Los niños. La siquiatra Isabel Cuadros, directora de la Fundación Afecto y pionera en Colombia en temas de maltrato y abuso infantil, le dijo a este diario que “lo primero es que no se trata de una sociedad enferma. Usted y yo no matamos a nadie. Eso disminuye la responsabilidad. Es un individuo específico, que es sociópata, y lo que necesitamos es que ese individuo no esté en la sociedad, porque no es rehabilitable”.
De manera que, en términos prácticos, lo que la experta propone es “tener un equipo de reacción inmediata, porque esos niños que se los roban y no aparecen en 24 horas, generalmente cuando aparecen, aparecen muertos. Entonces lo que sí debería tener el país es un organismo intersectorial, con todos los organismos de seguridad y el ICBF haciendo una labor de reacción inmediata”.
“No van a la tienda”
Agrega Cuadros que “los niños tienen que tener supervisión las 24 horas, pero la gente no se da cuenta de eso: los niños no hacen domicilios, los niños no van a la tienda, porque es como mandar a Caperucita al bosque, es pensar que en la calle hay lobos”.
Además, vuelve la experta sobre la necesidad de disponer la capacidad estatal en pro del cuidado de los menores: “Necesitaríamos fiscales especializados, investigadores especializados en crímenes contra los niños, una división, y toca poner plata”.
Desde el Congreso
Se espera que el Gobierno radique en marzo la reglamentación de la cadena perpetua para asesinos y violadores de niños, a la que le espera una fuerte oposición de parte de sectores más liberales que consideran la medida como producto del populismo punitivo.
Así mismo, el Colegio de Abogados Penalistas demandó la norma alegando su inconstitucionalidad.
Uno de los ponentes de la iniciativa, César Lorduy, de Cambio Radical, justificó la medida en este medio en el hecho de que “37 niños cada día son víctimas de violencia sexual, y casi que la consecuencia inmediata para protegerlos es separarlos de su familia, porque el autor del atroz y miserable delito vive, en la mayoría de los casos, en su entorno familiar. Resultado de lo anterior es que actualmente hay más de 30 mil niñas y niños que crecen y se desarrollan por fuera de su familia”.
A su vez, la autora del articulado, la representante Martha Villalba, de La U, advirtió a este periódico que con estos crímenes “el Estado está fallando porque con las herramientas jurídicas que hay no se está aplicando con severidad la pena, pues a pesar de que existen penas para maltratadores y violadores de niños, nuestro aparato judicial todavía está aplicando subrogados penales para quienes cometen esta clase de delitos, y por esa razón reinciden”.
Las mujeres
La directora del Observatorio de Asuntos de Género y Diversidades de la Universidad del Rosario, Danghelly Zúñiga, analizó para esta casa periodística la situación: “El fenómeno del que estamos siendo testigos es de incremento en la visibilidad de un flagelo que hemos sufrido las mujeres en Colombia permanentemente. ¿La sorpresa es que haya más? Eso no debe ocurrir, una sola víctima debería conmover al país entero”.
Añade la socióloga y PHD en ciencias sociales que “el incremento de la violencia intrafamiliar en Colombia, en la cual las principales víctimas son mujeres, durante la pandemia expone que hace falta mayor difusión de las leyes de violencia contra la mujer y la que define el acoso sexual como un delito; los funcionarios públicos deben apropiarse de la normatividad que protege los derechos de las mujeres y de la población vulnerable para ayudar con mayor eficacia y eficiencia a las víctimas; es necesario introducir en la formación escolar y universitaria el conocimiento de la normatividad, en especial de la Ley 1257 de 2008 y del artículo 210A del Código Penal, y las instituciones que están encargadas de contribuir a la protección de los derechos de las mujeres en el país requieren más recursos”.
“Transformaciones”
Beatriz Quintero, directora de la Red Nacional de Mujeres, le dijo a este diario que “con la información que hay es difícil hacer un análisis de lo que nos está pasando y solo para aventurar algunas hipótesis podríamos decir que esto se debe a lo que ya hemos dicho las feministas: la desigualdad y la discriminación se aumentan en momentos de crisis y la violencia contra las mujeres se exacerba en momentos de conflicto armado, de confinamiento, de crisis económica, etc”.
Aquí lo importante, agrega, “es que la sociedad haga conciencia de esta desigualdad, exclusión y discriminación y se comprometa con eliminarlas. Esto implica transformaciones sociales y culturales muy profundas, donde la educación formal, los medios de comunicación y toda la sociedad busquen de una manera estructurada, no fragmentada o por ratos, estos cambios en las personas, hombres y mujeres. Claro, también se debe buscar que las normas y leyes ya existentes se cumplan y la impunidad disminuya”.
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