El Gobierno de la República reconoce las dificultades que enfrentan niñas, niños y adolescentes al sufrir violencia en todas sus formas, particularmente las relacionadas a castigos físicos y delitos sexuales. Sin embargo, la actual Administración Federal trabaja de manera responsable y comprometida con todos los actores que intervienen en este tema para revertir dicha situación en favor de los menores de edad.Con la finalidad de visibilizar, fortalecer y coordinar acciones para atender temas que enfrentan niñas, niños y adolescentes en México, así como para avanzar en la garantía del derecho a una vida libre de violencia al que tiene derecho este grupo poblacional, el 19 de noviembre de cada año ha sido declarado como el Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil.

El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) establece que a partir de este 2016 se realizará dicha conmemoración, la cual fue promovida por el  Congreso de la Unión y emitida por el Ejecutivo Federal.

Cabe destacar que el Gobierno de la República reconoce el paso que en el mismo sentido tomara en días pasados la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con una acción de inconstitucionalidad en la que abre el camino a penalizar la violencia física y verbal con fines correctivos en la educación de niñas, niños y adolescentes.

Estas acciones promovidas por los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, representan pasos positivos en la labor de hacer vigente el principio del interés superior de la niñez y la adolescencia, expresado en el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Convención de los Derechos  del Niño, y en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA).

La LGDNNA reconoce como uno de sus principios rectores el acceso de todas las niñas, niños y adolescentes de México a una vida libre de violencia y a la integridad personal, además el que todas las personas de 0 a 17 años de edad tienen derecho de prioridad, el cual les otorga atención jurídica e institucional preferente para la garantía plena de sus derechos humanos.

De igual manera, plantea cambios estructurales en los ámbitos jurídico, institucional, presupuestal y cultural, con el propósito de que las acciones coordinadas de los tres órdenes de gobierno, organizaciones de la sociedad civil, sector privado y académico, así como la población en general, propicien políticas y acciones de prevención ante la existencia de casos de violencia física, verbal y sexual, además de la intervención del Estado para la restitución integral de derechos, en los casos donde se violen los derechos de niñas, niños y adolescentes.