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WASHINGTON — El gobierno federal estadounidense recibió más de 4500 quejas en cuatro años respecto al abuso sexual a niños migrantes que estaban en custodia de centros de detención financiados por el estado. También hubo un aumento en las denuncias durante la política de separación familiar de Donald Trump, según dio a conocer el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Los registros de niños que ingresaron a Estados Unidos sin acompañamiento adulto o que fueron separados de sus padres en la frontera detallan las acusaciones. Según estas denuncias, el personal adulto de los centros acosó a los niños y abusó de ellos de distintas maneras, como tocarlos o besarlos, mirarlos mientras se bañaban y casos de violación. También hay casos de posible abuso sexual de los niños por parte de otros menores de edad en los centros.
De octubre de 2014 a julio de 2018, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), la parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos que cuida a los menores no acompañados, recibió 4556 denuncias de abuso o acoso sexual; 1303 de ellas fueron referidas al Departamento de Justicia. El reporte dice que de esos 1303 casos considerados los más serios, 178 eran acusaciones de que el personal adulto de los centros había abusado sexualmente de los niños migrantes y el resto eran acusaciones de abuso sexual de los menores por parte de otros niños.
“La seguridad de los menores es nuestra principal preocupación en la gestión del programa UAC”, dijo Jonathan Hayes, director en funciones de la ORR en un comunicado; UAC se refiere a la sigla en inglés de menores no acompañados. “Ninguna de las acusaciones involucran al personal federal de ORR. Todas las acusaciones fueron investigadas y se tomaron acciones correctivas cuando fue apropiado”.
Los registros no detallan el resultado de todas las quejas, pero indican que se determinó que algunas de las denuncias eran infundadas o que no había evidencia suficiente para procesar la denuncia. En un caso un miembro del personal de una instalación de detención en Chicago fue acusado de tocar y besar a un menor en abril de 2015 y luego imputado. El reporte no señala si fue declarado culpable.
Los documentos, reportados en un inicio por el medio Axios, fueron hechos públicos por el representante demócrata de Florida Ted Deutch, justo antes de una audiencia sobre la política de separación familiar en la Comisión de Asuntos Jurídicas de la Cámara de Representantes, realizada el martes 26 de febrero. La política de separación, instaurada a principios de 2018, resultó en que más de 2700 menores de edad fueron alejados de sus padres. Esto se debe a que la medida de “tolerancia cero” acusa penalmente a quien sea detenido por cruzar ilegalmente la frontera, incluidas las familias con niños que buscan asilo por razones humanitarias.
En la mayoría de los cuatro años mencionados en el reporte, la cantidad de denuncias que llegó hasta la Oficina de Reasentamiento de Refugiados se mantuvo relativamente estable. Pero la cifra aumentó después de que se implementó la política de separación de familias. Entre marzo y julio de 2018 la agencia recibió 859 quejas, la mayor cantidad de reportes en cualquier periodo de cinco meses de los años previos. De esas quejas 342 fueron referidas al Departamento de Justicia, de acuerdo con el informe.
Durante la audiencia del martes, una discusión de los registros llevó a un intercambio intenso entre el representante Deutch y el comandante Jonathan White, del Cuerpo Comisionado del Servicio de Salud Pública de Estados Unidos, quien advirtió en varias ocasiones el año pasado a un funcionario del Departamento de Salud y Servicios Humanos que la política de separación familiar causaría trauma permanente entre los niños afectados.
Cuando Deutch leyó parte del reporte, White lo interrumpió y gritó: “¡Eso es falso!”.
Después de disculpó al reclamar que “una vasta mayoría de las denuncias resultaron ser infundadas” y que él no estaba al tanto de alguna queja contra personal que tuviera mérito para proceder.
