La responsabilidad del Estado es velar por la seguridad y bienestar de los niños, teniendo en cuenta que nos encontramos ante una temática extremadamente sensible.
Al respecto, solicitamos la rigurosidad del accionar de la justicia y la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y demás tratados internacionales.
Recordemos que estos instrumentos internacionales poseen jerarquía constitucional, y por lo tanto son jurídicamente vinculantes ya que los mismos obligan a investigar, identificar, procesar y, en su caso, sancionar, a los responsables de este tipo de violaciones a la vez que obliga al Estado a adoptar medidas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual e impedir la explotación del niño.
El maltrato, de cualquier tipo, vulnera todos los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, es una violación a sus derechos, y ellos se encuentran vulnerables ante estos hechos aberrantes.
El mismo puede producirse en familias de cualquier nivel socioeconómico y producen daños tan intensos que perduran en el tiempo, significando un atentado contra la vida del menor, contra su salud física y psíquica, y que se expresan en su desarrollo integral, durante toda su vida.
Solicitamos al Poder Judicial que actúe con eficacia y rapidez en estos casos, para lograr el pronto esclarecimiento de los mismos, permitiendo a los niños y niñas de , el pleno goce y ejercicio de sus derechos, reconocidos por la Constitución , tratados internacionales, legislación nacional.
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