Recientemente la prensa reportó el caso de Shinichi Nakagawa, un fotógrafo japonés de 33 años que fue sentenciado por la Corte de Sihanoukville a permanecer seis años en prisión bajo los cargos de abuso infantil. Tiene además que pagarle 119 dólares a cada uno de los niños por su comportamiento. Después de que termine su condena, será expulsado del país de acuerdo a la sentencia del juez. Por su parte, la organización Action Pour Les Enfants (APLE) apelará la sentencia para demandar una mayor compensación de Nakagawa para los niños.
El fotógrafo japonés fue arrestado en agosto de 2008 cuando la policía lo sorprendió tomando fotos de muchachos desnudos con edades que oscilan entre los 7 y los 14 años. Ya había sido sentenciado en Japón a dos años y medio por los mismos cargos.
Parece que el abuso infantil se ha convertido en una pandemia en Camboya. Si hace años las minas antipersonales y el país se habían asociado como ideas en el terreno internacional, ahora parece que el turno es el de este mal de niños bajo la amenaza por parte de adultos. Los medios registran muchos casos, lo que es positivo porque a mayor información, más elementos para combatir el mal. Las presiones de la comunidad internacional sobre Camboya para que fortalezca su legislación en el combate contra el abuso infantil da sus resultados. Pero aún hay mucho qué hacer en este sentido. Por ejemplo, los extranjeros parecen que están recibiendo una mayor covertura de la prensa y de las ONGs, mientras que los abusadores infantiles camboyanos permanecen todavía en una gran impunidad e indiferencia por parte de autoridades locales y sociedad en general.
El pasado 6 de enero de 2009 el cuerpo de dos niñas de 12 y 14 años fue descubierto en un bosque de Pursat. Las niñas fueron violadas, golpeadas a muerte y colgadas de un árbol en un incidente propio del tiempo del regimen de los jemeres rojos. La noticia fue revelada por The Cambodia Daily y pobremente insinuada en los diarios jemeres. Desde entonces, poco se ha sabido sobre el nombre de los criminales que, con toda seguridad no son extranjeros. Entonces, hay una especia de acuerdo silencioso nacional para señalar que quienes abusan niños en Camboya ‘son extranjeros‘. A este punto, un caso como el de Nakagawa se muestra como una ‘prueba’ de que algo se está haciendo en el país para ‘proteger a los niños’, cuando criminales salvajes como los asesinos del bosque de Pursat gozan de la más fría indiferencia e impunidad.
En el caso del fotógrafo japonés, APLE apela para que este dé una mayor compensación a los niños porque ‘(…) es muy poco y no repara la reputación de las víctimas‘. Traduciendo esto, quiere decir que los 119 dólares americanos no son suficientes para cada niño y, por lo tanto, el tipo tiene que pagar una mejor cantidad para ‘reparar la reputación de las víctimas’.
Por supuesto, el trabajo de organizaciones como APLE es grandioso. Pero tiene un límite: estamos tomando el problema desde el punto de vista de la represión y estamos haciendo poco en el plano de la prevención.
Si vamos a poner el caso de Nakagawa en un contexto más profundo, tendríamos que llevar a la Corte a otros personajes también. Los primeros a ser investigados por un cuadro represivo deberían ser los padres de los chicos. Seguramente cada caso tiene sus luces y sombras y no podemos levantar acusaciones al aire. Sin embargo, en el cuadro represivo que se impone en Camboya en este tema, los padres de familia son los primeros responsables de la seguridad de sus hijos. ¿Cómo es posible que un chico de entre 7 y 14 años es invitado por un forastero a posar desnudo y sus padres no lo saben? No es para nadie un secreto que en Camboya algunos padres de familia envían a sus niños a ‘ganar dinero’ para ‘ayudar a la economía del hogar’ a cualquier costo y que incluso muchos ‘venden’ a sus niños a las redes del tráfico humano como sucede por ejemplo en Poipet.
Si la ‘reputación de la víctima’ se recobra con dinero, entonces ‘vendamos reputación’ mientras ciertos extranjeros se convierten a su vez en víctimas de ofertas malintencionadas de prostitución infantil. El sistema trabajaría entonces así: tentas al extranjero para que abuse, denunciarlo a las autoridades y hacerlo que comense la ‘reputación de la víctima’ con un buen saco de dólares. Negocio perfecto en un país como Camboya.
¿Por qué nuestras estructuras en la protección de niños no están hablando de formación, prevención y atención a los niños víctimas de estos incidentes, atención a las familias y fortalecimiento de campañas naciones que hagan el problema conciente?
El otro personaje a ser llamado a la Corte debería ser la escuela. Esperamos que cada una de las víctimas de Nakagawa vaya a una escuela. Si no es así, la compesación que pide APLE debería ser para garantizar que cada uno de los muchachos ingrese lo más pronto posible a una. Si no, los nilos estarían sufriendo otro abuso más: se les estaría negando el derecho a la educación básica. Si están yendo a la escuela, sus escuelas deberían ser investigadas, porque sus estudiantes están bajo el peligro de ser abusados y sus profesores hacen nada por evitarlo.
Es necesario que se fortalezca la ley en un país para proteger a los niños. Pero tal ley debe ser completa y justa. El plano represivo es solo una parte del gran proceso de protección de los niños y debe ser uno de los últimos escalones. El primero plano es el de la prevención de tales casos a través de la educación de los mismos niños y sus familias. Cada uno es responsable en la lucha contra este mal social.
Es posible que otros tipos como Nakagawa vengan a Camboya a buscar niños para abusar. Pero si nuestros sistemas de educación, nuestras familias y los mismos niños son bien concientes del peligro, entonces semejantes individuos encontraran difícil la realización de sus planes ante una sociedad madura, solidaria y llena de valores.
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