Lo que comenzó como una esperanza terminó siendo una pesadilla para la familia de Carlos y Gloria. Su hijo “Carlitos” (nombre supuesto) sería sometido a una cirugía de reconstrucción de manos en el Centro Médico Nacional de Occidente (CMNO). El 22 de enero de 2009, era la fecha a partir de la cual, el pequeño de apenas cuatro años, jugaría y dibujaría como cualquier niño.
Apenas minutos después de la operación, Gloria recibió al pequeño de manos de un camillero. Todavía anestesiado e inconsciente tuvo que vestirlo, pues su doctora, Graciela Chico Murillo, les pidió se lo llevaran a casa pues “había muchos virus y bacterias en el ambiente”. En un papel sin membrete escribió el nombre de un medicamento que el pequeño debía tomar. La operación había sido un éxito, les dijo y se retiró.
Mientras le cambiaba el camisón hospitalario por ropa común, Gloria observó a una señora preguntar a una de las enfermeras por qué su pequeña hija recién operada tenía el recto dilatado. Titubeante la enfermera dijo no saber nada. Gloria notó que su hijo tenía lo mismo y supuso que era por los sedantes.
Una vez en casa y quizás por el efecto de la anestesia que apenas pasaba o por el terror, “Carlitos” se hizo del baño en los pantalones. Preocupada su madre observó que la dilatación rectal no aminoraba y comenzó a sospechar.
Temeroso, el pequeño se escondía y temblaba cuando sus papás le cuestionaban si alguien lo había lastimado. Dos días después les confirmó lo que temían: dentro del hospital, en la sala de quirófanos, uno de los camilleros abusó de él y, como es común en este tipo de agresores, le hizo creer que nadie le creería y hasta lo golpearían si contaba lo que había pasado.
El presunto agresor, Alberto Darío Espinoza González, fue supuestamente el mismo empleado que, unas horas después de cometido el delito, entregó al menor a su mamá luego de ser dado de alta.
Convencidos de que debían denunciar el hecho, Carlos y Gloria, quienes prefieren omitir su nombre completo, acudieron a varias instancias para que le practicaran al niño un examen que comprobara el delito. La Cruz Roja los mandó al SEMEFO y de ahí los remitieron a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco, donde levantaron una denuncia, les tomaron declaración y le practicaron exámenes a “Carlitos”, cuyos resultados señalaron que había sufrido una violación.
Una vez iniciada la averiguación previa, en la Fiscalía en Delitos Sexuales, Gloria acudió acompañada por un agente del ministerio público al Centro Médico a identificar al supuesto agresor, quien fue aprehendido ahí mismo. Reacio a dar algún tipo de información, el encargado de la división de asuntos jurídicos del CMNO, Miguel Ángel Calzada Cobián, les pidió que no hicieran público el caso.
“Antes de retirarse, él le comentó a mi esposa que esto lo hiciéramos lo más discreto posible porque el Seguro Social estaba muy quemado y con este nuevo caso se iba a quemar aún más. Que ya que pasara este asunto, que él lo iba a reacomodar en otro lugar donde no tuviera contacto con niños. Desde el principio comenzaron a encubrirlo y más porque sabemos que su papá trabaja en el sindicato del Seguro”, dijo Carlos en entrevista.
El 26 de enero, día que fue llevado preso al penal de Puente Grande acusado como probable responsable de los delitos de cohecho y violación ante el juzgado décimo segundo de lo criminal, Espinoza González tenía en su mochila preservativos y lubricantes. Una vez en el vehículo que lo traslado intentó sobornar a los agentes para que lo dejaran huir.
También los papás del menor interpusieron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco. La investigación realizada por esta dependencia fue turnada a la Comisión Nacional, que emitió la recomendación 58/2009, dirigida a Daniel Karma Touhem, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
En el, la CNDH documenta que el personal del Hospital de Pediatría del centro médico “debió tener a su cuidado y vigilancia al menor antes y después de la cirugía y que, con su omisión (que) permitió que se desplegara la agresión, realizaron una conducta administrativa que debe ser investigada”.
Desde que inicio el proceso penal, Carlos y Gloria han sido hostigados por parte de personal del CMNO y de los abogados del presunto agresor, señalan ambos. Además varios de los trabajadores han encubierto a Espinoza González dando testimonios falsos durante su comparecencia ante el juez.
“El IMSS nos ha amenazado, hostigándonos, difamándonos, dandónos una cantidad para que nos desistiéramos de toda queja. Todo ha sido mediante su abogado defensor Jesús Ramírez Aceves. Dicen que nos envían citatorios y no acudimos. Nos enviaron a la casa un supuesto psicólogo que nunca se quiso identificar, quien nos dijo que con una o dos sesiones tenía el niño para decir que fue en nuestra casa donde sucedió el delito y no en el Seguro Social. Esa era la ayuda que nos ofrecía el Seguro”.
Carlos refiere que el abogado le presentó un convenio por pago de indemnización por los daños causados al menor por la cifra de 116 mil 639 pesos, que les serían otorgados si se desistían de las reclamaciones, liberaban al IMSS de toda responsabilidad en el caso, si se daban legalmente satisfechos y si se reservaban cualquiera acción legal contra el instituto.
A más de un año de lo ocurrido, Carlos y Gloria se encuentran aún peleando contra los obstáculos que el IMSS les ha puesto para solucionar el caso. Hace un mes acudieron a una inspección ocular del lugar donde sucedieron los hechos. Antes los abogados habían rechazado este recurso, para dar tiempo a las autoridades del IMSS a que remodelaran y no quedaran evidencias, consideran. “Cambiaron todo. Los quirófanos están diferentes. Incluso hubo camilleros que nos dijeron que los habían obligado a estar ahí durante la inspección, para que pareciera como si siempre hubiera mucha gente”.
Dicen que hay muchas pruebas que señalan no sólo a Espinoza González sino a sus compañeros como el hecho “de que hayan dado de alta de inmediato al niño, o que ellos mismos trataran de inculpar a otro camillero, cuando mi esposa y el niño habían identificado dos veces al agresor”.
Un oficio emitido por el Sindicato de Trabajadores del IMSS con fecha del 28 de diciembre de 2009, señala que Alberto Darío Espinoza González aún pertenece a ese organismo como auxiliar de servicios de intendencia, a pesar de que es sometido a un proceso penal.
Aseguran que lo único que los mueve es “justicia, es todo. Queremos que esta persona sea castigada por el delito que cometió con mi hijo. Desgraciadamente mucha gente no se anima a denunciar, pero si se cometió un delito hay que denunciarlo y más cuando es contra menores. Ya basta de tantas injusticias que comete el Seguro Social”.
Poco seguimiento a casos de abuso sexual.
Aseguran que lo único que los mueve es “justicia, es todo. Queremos que esta persona sea castigada por el delito que cometió con mi hijo. Desgraciadamente mucha gente no se anima a denunciar, pero si se cometió un delito hay que denunciarlo y más cuando es contra menores. Ya basta de tantas injusticias que comete el Seguro Social”.
Poco seguimiento a casos de abuso sexual.
Aunque las estrategias gubernamentales en el estado registran un avance en cuanto a la difusión en la prevención del abuso y la explotación sexual infantil, todavía las autoridades carecen de herramientas para dar el seguimiento penal adecuado a cada caso.
La especialista en el tema y académica de la Universidad de Guadalajara, María Antonia Chávez Gutiérrez, mencionó que si bien existe una legislación actualizada respecto a este tema, el cuello de botella es la normatividad que es llevada a la práctica. “El problema es hacer valer esta legislación, que la gente sepa cómo levantar una denuncia, que las agencias del ministerio público encargadas estén sensibilizadas para atender a sujetos vulnerables como los niños, con el trato que estos deben de tener. En eso no estamos preparados”.
Si bien las instancias de gobierno son las encargadas de acompañar cada caso de niños victimados, esto se hace a medias pues en muchas ocasiones no completan el proceso, no sólo para que el culpable sea castigado sino que la víctima y, en su caso, la familia, superen el asunto mediante atención psicoterapéutica.
“El seguimiento debe de ser desde quién identificó el caso, cómo lo turnó, a qué instancia lo derivó, qué seguimiento se le dio y no únicamente a la rehabilitación de la víctima sino de los que victimizan. ¿Qué pasa con ellos? ¿Se les da rehabilitación o cumplieron una pena judicial? Todo eso queda fuera, el seguimiento ya no se da”.
Chávez Gutiérrez, quien publicará en breve un libro sobre este tema, recordó que las campañas de difusión han estado orientadas a la prevención del abuso sexual contra menores en cualquier circunstancia pues, de suceder y no ser atendido de manera adecuada, el niño estaría en un mayor riesgo de ser prostituido, vejado o comercializado en otras etapas de su vida.
“Hemos encontrado que entre los niños que son explotados sexualmente en la calle hay antecedentes de que sufrieron abuso en su ámbito más cercano. Es el primer paso, es casi como una primera pauta para que ellos no tengan el referente de otra orientación de su propia sexualidad. El hecho de que hayan sido violentados en etapas tempranas, de alguna manera los insensibiliza para poder identificar que la explotación sexual es un abuso y un delito”.
Por ello es importante que los padres de familia estén atentos a su entorno, pues el abuso sexual “pasa en todo tipo de circunstancias y espacios, sobre todo donde haya personas que tengan dificultad para sostener contactos sexuales saludables. Entonces, en cualquier lado donde existan niños bajo protección de los adultos existe la posibilidad de abuso”.
La académica del Departamento de Desarrollo Social del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, consideró como grave que el número de casos de menores que han sufrido violación o que han sido prostituidos vaya en aumento, pues este asunto se liga al asunto de trata de personas.
“Está de manera muy cercana al tráfico de personas y de órganos, pero de momento no hay quien quiera retomar el tema y trabajarlo, sobre todo porque está ligado a este tipo de problemas que están estrechamente relacionados a la delincuencia organizada”.
La ley dice
El Artículo 176 del Código Penal de Jalisco prevé una pena de seis a quince años de prisión para quien comenta el delito de violación a un menor de diez años.
De acuerdo con estadísticas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco, en promedio cada mes son registradas una decena de denuncias por violación, tan sólo en el municipio de Guadalajara, pero no especifican si el delito fue cometido en contra de adultos o menores de edad.
Aunque no existe un concentrado de las averiguaciones previas totales presentadas durante los años de 2008 y 2009, por lo menos en las primeras quincenas de cada uno de esos años, los datos coinciden en que en la comuna tapatía fueron registradas de cinco a siete casos de violación. Ello sin contar las denuncias por corrupción de menores.
Mariana González/La gaceta UDG.
La especialista en el tema y académica de la Universidad de Guadalajara, María Antonia Chávez Gutiérrez, mencionó que si bien existe una legislación actualizada respecto a este tema, el cuello de botella es la normatividad que es llevada a la práctica. “El problema es hacer valer esta legislación, que la gente sepa cómo levantar una denuncia, que las agencias del ministerio público encargadas estén sensibilizadas para atender a sujetos vulnerables como los niños, con el trato que estos deben de tener. En eso no estamos preparados”.
Si bien las instancias de gobierno son las encargadas de acompañar cada caso de niños victimados, esto se hace a medias pues en muchas ocasiones no completan el proceso, no sólo para que el culpable sea castigado sino que la víctima y, en su caso, la familia, superen el asunto mediante atención psicoterapéutica.
“El seguimiento debe de ser desde quién identificó el caso, cómo lo turnó, a qué instancia lo derivó, qué seguimiento se le dio y no únicamente a la rehabilitación de la víctima sino de los que victimizan. ¿Qué pasa con ellos? ¿Se les da rehabilitación o cumplieron una pena judicial? Todo eso queda fuera, el seguimiento ya no se da”.
Chávez Gutiérrez, quien publicará en breve un libro sobre este tema, recordó que las campañas de difusión han estado orientadas a la prevención del abuso sexual contra menores en cualquier circunstancia pues, de suceder y no ser atendido de manera adecuada, el niño estaría en un mayor riesgo de ser prostituido, vejado o comercializado en otras etapas de su vida.
“Hemos encontrado que entre los niños que son explotados sexualmente en la calle hay antecedentes de que sufrieron abuso en su ámbito más cercano. Es el primer paso, es casi como una primera pauta para que ellos no tengan el referente de otra orientación de su propia sexualidad. El hecho de que hayan sido violentados en etapas tempranas, de alguna manera los insensibiliza para poder identificar que la explotación sexual es un abuso y un delito”.
Por ello es importante que los padres de familia estén atentos a su entorno, pues el abuso sexual “pasa en todo tipo de circunstancias y espacios, sobre todo donde haya personas que tengan dificultad para sostener contactos sexuales saludables. Entonces, en cualquier lado donde existan niños bajo protección de los adultos existe la posibilidad de abuso”.
La académica del Departamento de Desarrollo Social del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, consideró como grave que el número de casos de menores que han sufrido violación o que han sido prostituidos vaya en aumento, pues este asunto se liga al asunto de trata de personas.
“Está de manera muy cercana al tráfico de personas y de órganos, pero de momento no hay quien quiera retomar el tema y trabajarlo, sobre todo porque está ligado a este tipo de problemas que están estrechamente relacionados a la delincuencia organizada”.
La ley dice
El Artículo 176 del Código Penal de Jalisco prevé una pena de seis a quince años de prisión para quien comenta el delito de violación a un menor de diez años.
De acuerdo con estadísticas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco, en promedio cada mes son registradas una decena de denuncias por violación, tan sólo en el municipio de Guadalajara, pero no especifican si el delito fue cometido en contra de adultos o menores de edad.
Aunque no existe un concentrado de las averiguaciones previas totales presentadas durante los años de 2008 y 2009, por lo menos en las primeras quincenas de cada uno de esos años, los datos coinciden en que en la comuna tapatía fueron registradas de cinco a siete casos de violación. Ello sin contar las denuncias por corrupción de menores.
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