Los jueces no están dispuestos a juzgar este tipo de hechos. Se amparan en que en muchas ocasiones no es evidente el maltrato. Puede que los rastros físicos menores, como eritemas e incluso fisuras anales, sean atribuidos a los pañales y la higiene del niño, y que desgarros discretos en los labios vaginales sean juzgados como dudosos por algunos servicios médicos de urgencias.Los jueces solamente contemplan la violación del menor como penetración y laceraciones importantes. No se han parado a informarse que el abuso a niños tan pequeños está más cercano a la seducción que a la violación física.
Tampoco se toman la molestia de pedir a sus psiquiatras forenses un análisis del estado mental del acusado (al igual que debería hacerse también con el acusador). Todo queda circunscrito a un rastreo superficial del victimario y de las condiciones de vida del mismo, pasando por alto que la mayoría de los abusadores infantiles de primera infancia abusan exclusivamente de sus hijos (casi siempre de las niñas), todos ellos tienen antecedentes de violencia de género, además de tener en su conducta hábitos de consumo de alcohol y cocaína.
Si la Justicia quiere saber lo que juzga ha de ampararse más en sus peritos psiquiatras y en la obligación de rastrear conductas de riesgo presentes y pasadas en el abusador. Y poner remedio social y sanitario. No creo que una condena penal arregle la situación. Lo que hemos de buscar es una imposición legal de tratamiento del victimario, amén del resto familiar de víctimas.
Precisamente porque el abuso de primera infancia se basa más en los tocamientos y en las coerciones verbales del abusador, no dejando apenas huellas físicas, y porque el menor no tiene credibilidad jurídica al declarar, he intentado diseñar un protocolo psicométrico de medida del Trastorno de Estrés Postraumático, que es la manifestación emocional al sufrir el trauma. En estos niños de primera infancia es diferente del de los adolescentes y adultos.
El abuso se sigue dando con la misma frecuencia, pero ahora la gente tiene más información y cree tener más derechos.
Es cierto que la afluencia a nuestro servicio de Psiquiatría Infantil sufrió un crecimiento exponencial: el primer año vimos 12 casos y el segundo 50.
Creo que se debe a que las organizaciones que “cuidan” de estos problemas se han sintonizado excesivamente con los jueces y circula el planteamiento de que “Si es verdad, ya se manifestará en toda su gravedad más adelante”. Estos profesionales han olvidado que el TEPT infantil por abuso pederástico deja secuelas indelebles, manifestándose en los trastornos del comportamiento graves de la adolescencia tales como el coqueteo con las drogas, las conductas de promiscuidad y riesgo y, por supuesto, en un fallo estruendoso en el paso a la edad adulta tanto en el plano académico como de adaptación social.
La falta de implicación y pusilanimidad por parte de los servicios sociales que han orientado a los jueces, motivando que todo se ralentice y se produzca una segunda y una tercera victimización del niño, que jamás ha sido explorado con detenimiento y, mucho menos, por los adultos que le rodeaban. Gracias a esta tibieza, durante este tiempo la mayoría de los abusadores ha seguido teniendo “el derecho inalienable de ver a sus hijos”.
La segunda victimización se produce cuando el denunciante no es escuchado, tratado como un delincuente potencial de levantar falsos testimonios y amenazado con perder la tutela de su hijo.
La tercera victimización la provocan aquellos servicios de detección que no se implican ni escuchan a las víctimas, enlenteciendo el proceso y volviéndolo insidioso.
De ser víctima yo también de la tibieza de los jueces que, al no proteger a la víctima condenando u obligando al abusador a tratamiento emocional y de drogas, permiten con ello que el agresor denuncie al perito. Es cada vez más frecuente la denuncia de los abusadores a los colegios profesionales y a los centros de trabajo, etc. A los profesionales que hacen peritajes de Psiquiatría-Psicología y a los de la Sanidad.
Se necesita tiempo y buenos profesionales para dirimir correctamente si ha existido abuso sexual. El menor ha de ser explorado lo más sutilmente que se pueda y en un solo proceso e, igualmente, han de ser observados quienes le rodean. Las sanciones al delincuente han de ser de tipo social y sanitario. Hay que empezar a olvidarse de las condenas penales.
Tal como están las cosas ¿vale la pena denunciar? ¿Hay suficientes garantías de que se resuelva favorablemente para los intereses del menor?
Hoy por hoy no hay garantías. Ya hemos hablado del dolor de la impotencia de sentirse desamparado durante años por la Justicia y de los que les siguen el juego. Y lo costoso del proceso. No nos olvidemos que muchos abogados sin escrúpulos han hallado en la tibieza y en la insidia de los jueces una mina de oro.
Entrevista a Isabel Quiles, publicado en Salud mental pertenece a Joan Montane Lozoya.
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