Red por los Derechos de la Infancia en México

Pronunciamiento 18 de marzo de 2011

REDIM expresa preocupación por la impunidad que impera en el caso de agresión sexual cometido en el Instituto San Felipe, en el Estado de Oaxaca

Hace cuatro años, en mayo del 2007, Leticia Valdés Martell denunció que en el Instituto San Felipe, en el Estado de Oaxaca, su hijo de cuatro años fue violado por el profesor Adán Salvador Pérez Ramírez y Gabriel Hugo Constantino García, esposo de la propietaria de la escuela, Yolanda León Ramírez. Han pasado ya casi cuatro años de que se hiciera la denuncia y los afectados aún no han encontrado justicia.

En el delito también está involucrada la profesora Magdalena Rufina García Soto, acusada de ser cómplice de abuso sexual infantil quien se encuentra detenida. Leticia Valdés ha pedido se dé a la profesora García Soto, la pena máxima de 17 años ya que, de acuerdo con los argumentos, está plenamente comprobada su participación ya que ella entregaba al niño a los acusados, Pérez Ramírez y Constantino García, contra quienes se giraron órdenes de aprehensión en 2007 y a la fecha no han sido detenidos.

Para la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), el caso del niño agredido en la escuela privada, adquiere un carácter paradigmático, ya que evidencia muchos de los vacíos institucionales que existen para garantizar el derecho a la protección y el acceso a la justicia de niñas y niños víctimas del delito. La afectación que ha producido este delito en el niño han quedado establecidas dentro de la Recomendación 042008 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Consideramos que este caso paradigmático constata diversas problemáticas para garantizar los derechos de niñas y niños víctimas del delito, entre las que destacan:

• Ausencia de supervisión en las escuelas, públicas y privadas, por parte de las autoridades competentes.

• Carencia de coordinación entre autoridades, para garantizar la seguridad de niñas y niños, lo que imposibilita que muchos de los delitos cometidos sean denunciados y/o perseguidos de manera oportuna.

• Omisión de las autoridades estatales al momento de cumplimentar con las órdenes de aprehensión.

• Largos y complejos procedimientos judiciales que revictimizan a los afectados y que impiden el acceso a la justicia.

• Estigmatización por parte de las autoridades, hacia los niños y niñas que han sido víctimas del delito

• Ausencia de la reparación del daño en beneficio de las víctimas del delito y por tanto, la falta de una efectiva restitución de sus derechos.

• Diversas formas de corrupción, en nuestro sistema de Justicia, representando uno de los mayores obstáculos y desafíos para México como un Estado de Derecho.

Desde la REDIM hacemos un llamado a la autoridad judicial estatal, para que ejecute las órdenes de aprehensión, que aún se encuentran pendientes y se sancione a los responsables materiales del delito.

Tenemos confianza, en que en el próximo debate y sentencia del presente caso en el seno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), además de pronunciarse sobre los aspectos de debido proceso, buscará ponderar los derechos que tienen las víctimas respecto al acceso a la justicia, la reparación del daño y la restitución de sus derechos; asimismo esperamos, que esta resolución sea un avance en la determinación de la responsabilidad a la que están sujetas las diversas autoridades (tanto educativas, como judiciales), en la protección y defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en nuestro país.

Este caso, vuelve a recordar la urgencia por construir el Sistema Nacional de Protección de Derechos de la Infancia que, entre otros aspectos, ayudaría a reducir la impunidad en los casos donde se han visto violentados los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Juan Martín Pérez García Director Ejecutivo Red por los Derechos de la Infancia en México