jueves, 27 de septiembre de 2012

Abuso sexual infantil, entre el silencio y la indiferencia



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Agustín Castilla,
Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y Maestro en Administración Pública y Política por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Es panista y se ha desempeñado como diputado local, diputado federal y consejero del Poder Legislativo ante el IFE.  

Hace aproximadamente seis años abordé por primera vez de manera pública un asunto que me parece de primera importancia y que percibo ausente en las agendas de gobiernos, congresos y partidos, tanto en el orden local como federal: el abuso sexual infantil.

En aquel entonces, a partir de información y testimonios de los que tuve conocimiento, me di cuenta que más allá de los escándalos que surgen de vez en cuando a través de los medios de comunicación como los de Marcial Maciel, Jean Succar Kuri o el colegio San Felipe de Jesús en Oaxaca, los casos de abuso sexual infantil se dan con mucho mayor frecuencia de la que pudiéramos pensar y no se circunscriben a un determinado segmento social o condición particular.
De hecho, en su gran mayoría se presentan en el entorno familiar, pero al no ser denunciados ya sea porque la víctima no sabe expresar lo que le pasó, sus padres no le creen, o simplemente se abstienen de presentar la denuncia ante su desconfianza en el sistema de justicia o para evitar la "vergüenza social" así como las consecuencias adicionales que se generan cuando el agresor es una persona cercana o incluso es un miembro de la familia, el problema se minimiza y no es considerado de interés público. 
Lo cierto es que, a diferencia de la trata de personas, que ha adquirido visibilidad y atención en los últimos años, el abuso sexual infantil sigue siendo un tema marginal y aun cuando en este delito no se involucran redes delincuenciales (generalmente el pederasta actúa solo) y tampoco se persiguen fines económicos o comerciales como en la trata además de que no hay cifras concretas y los datos estimados varían mucho dependiendo de la fuente que los proporciona, afecta a decenas o quizá cientos de miles de víctimas y por tanto representa un problema social muy grave que no podemos seguir ignorando.
En primer término, tengamos claro que no es creando nuevos tipos penales o incrementando las penas como vamos a inhibir la comisión de un delito de estas características dadas las oscuras motivaciones que tiene un pederasta para actuar, a lo que hay que sumarle los altos niveles de impunidad que siguen prevaleciendo en nuestro país. Por supuesto no pretendo restarle valor a la presentación de denuncias y a la necesidad de castigar con la mayor severidad estas conductas criminales, máxime si tomamos en cuenta que un pederasta no abusa una sola vez y únicamente de la misma persona por lo que el peligro es constante, pero estoy convencido que las medidas punitivas por sí, no son una solución.
La apuesta debe ir enfocada a la prevención y para ello es indispensable generar conciencia entre las autoridades, padres de familia y en la sociedad en su conjunto sobre las implicaciones que tiene el no supervisar adecuadamente las actividades de niñas y niños en cualquier espacio público pero también en casa, en las redes sociales y lo que quizá sea todavía más importante, inculcarles que son sujetos de derechos y que nadie puede estar por encima de ellos.
Es de reconocer que ya se han realizado algunos esfuerzos en este sentido como la campaña televisiva "Mucho Ojo", pero aunque importantes no dejan de ser esfuerzos aislados a partir de iniciativas particulares. Lo que en realidad se requiere es de un programa general de prevención encabezado por el Estado, que detone la implementación de políticas públicas y de acciones coordinadas entre los sectores público, privado y social.
Otro aspecto fundamental es el de la atención a las víctimas. Cuando un menor de edad que ha sufrido abuso sexual no recibe una atención adecuada, muy probablemente padecerá las consecuencias por el resto de su vida en lo que se conoce como síndrome post-traumatico y que pueden ir desde insomnio, pesadillas, pérdida de control de esfínteres, vergüenza de su cuerpo, inseguridad, rencor o dificultad para relacionarse, hasta tendencias suicidas o riesgo de que se convierta en agresor sexual.
Peor aún, en muchas ocasiones es re-victimizado durante el proceso penal al tener que contar la historia una y otra vez, confrontarse con el presunto agresor o participar en la reconstrucción de los hechos o en la inspección ocular, con lo que revive lo que le sucedió.  Este es otro de los motivos por los que los familiares optan por no presentar la denuncia.
Como se puede apreciar, estamos ante un problema sumamente complejo que debe ser abordado de manera integral y que requiere de acciones decididas desde el ámbito legislativo y gubernamental, pero también de la participación de la sociedad. Debo decir que gracias a la labor incansable de organizaciones como la Red por los Derechos de la Infancia (REDIM), Infancia Común, la Oficina por los Derechos de la Infancia (ODI) o de  Miguel Adame (ASÍ Nunca Más) ya se han registrado algunos avances por ejemplo en el Distrito Federal, pero desde luego distan mucho de ser suficientes.
Este es un tema prioritario que no puede esperar más y que nos convoca a todos. Porque el silencio y la indiferencia también nos convierten en cómplices, estamos obligados a comprometernos y a actuar ya. 

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