viernes, 28 de septiembre de 2012

Cuando un niño convive con su agresor


Imagen de archivo de niñoz jugando en un parque. | Mitxi.
Imagen de archivo de niñoz jugando en un parque. | Mitxi.

Alicia tenía tres meses cuando su madre, que sufría abusos de su marido, decidió separarse. La sentencia de divorcio atribuyó la custodia a la madre de la pequeña y estableció un régimen de visitas ordinario entre padre e hija, cuando el proceso penal por violencia de género aún no había concluido. Con 17 meses de edad, en junio de 2007, la madre de Alicia intenta bañarla tras pasar el fin de semana con su padre. La niña se resiste a ser desnudada, pero al conseguirlo, la madre descubrió hematomas en ambas piernas y enrojecimiento en la vagina. Tras pasar por un médico forense y abrir las diligencias penales oportunas, el juez denegó la protección cautelar a la menor. El caso fue sobreseído por falta de indicios del delito. La niña fue obligada a cumplir el régimen de visitas, a pesar del creciente rechazo hacia su padre.
Esta es una de las historias que la organización Save the Childrenpresenta en un informe en el que pone al descubierto las deficiencias de la Justicia española para afrontar los abusos infantiles en el entorno familiar.
La entidad pública de protección de menores de la Comunidad Autónoma de Alicia intervino en el caso, pero lejos de intentar esclarecer los posibles abusos sexuales que sufría la niña, advierte a la madre que si continua denunciando al padre, podría perder la custodia. Cada vez, recibía reproches más explícitos del organismo de la Comunidad acerca de que los relatos de la niña podrían ser producto de una manipulación de la madre.

Desprotegidos ante su abusador

La ONG ha presentado historias tan escalofriantes como estas en su informe 'La Justicia española frente al abuso sexual infantil en el entorno familiar'. En él, alertan de las graves deficiencias del sistema a la hora de dar respuesta a las víctimas, especialmente en los casos de niños muy pequeños.
Durante tres años, Alicia siguió un programa de atención para niños abusados sexualmente en el Hospital. Con cuatro años, al regreso de sus visitas con su padre, presenta un fuerte dolor vaginal y dificultades para orinar. El Hospital le diagnostica 'eritema y erosión vaginal'. El médico forense decide denunciarlo.
En los casos expuestos, se aprecia las dificultades para acreditar los abusos debido a la corta edad de las víctimas. La Administración de Justicia, tiende a archivar las causas sin investigar en profundidad las acusaciones, dejando a los menores en situaciones de verdadero riesgo. Solo ante su presunto abusador.
Los jueces ponen en duda los testimonios de los niños por su corta edad
El informe analiza casos concretos como el de Alicia y recorre el camino judicial que la pequeña, así como otras víctimas de abuso sexual infantil, tiene que seguir en España para conseguir protección. "Los casos y los autos analizados confirman que en España no se están aplicando estándares internacionales para la protección de los niños y niñas en el ámbito de la Administración de Justicia y que resulta urgente revisar la normativa y la práctica judicial", explica Yolanda Román, Responsable de Incidencia Política en un comunicado.
La organización denuncia que en muchos casos, los testimonios de los pequeños se ponen en duda por su corta edad. O, tras un informe pericial, se archivan las causas porque el niño no da información que los jueces estimen suficiente. Es el caso de Almudena, otra niña de cinco años que, ante la petición de que cuente su caso en presencia de cuatro adultos que no conoce, se bloquea. Se cubre la cara con un abrigo y no sigue hablando. El juez y el fiscal consideraron que era "una forma demasiado madura para expresarse una niña de su edad". No pensaron que sintiera miedo, que tuviera vergüenza, que no entendiera nada. Simplemente no lo consideraron creíble y, por tanto, no había indicios suficientes para probar el abuso sexual. Se denegaron las peticiones para realizar pruebas "por innecesarias". La madre interpuso un recurso de apelación, que aún hoy reposa pendiente de resolución en alguna mesa de los organismos de Justicia.

'Exigen a un niño que se exprese como un adulto'

"La temprana edad debería ser un incentivo para esclarecer los hechos, no un impedimento añadido. No se puede exigir a un niño que se exprese como un adulto para poder probar los hechos que relata, lo que es exigible es que el Estado ponga en marcha todos los medios y las máximas cautelas para esclarecer los hechos y proteger al niño, pero lo que hemos visto es que ante la dificultad de probar hechos tan graves,los jueces prefieren archivar las causas", cuenta Román.
Además, los niños parten de una situación desfavorecida. No se les cree a ellos, pero tampoco se cree al progenitor que denuncia los abusos. Jueces, fiscales y abogados consideran que la 'madre denunciadora' ha manipulado a su hijo por el rechazo que siente hacia el padre.
Quizá que Raquel, con tres años, regrese a casa tras un fin de semana con su padre con las braguitas manchadas de sangre y dolor en la vagina no fuera suficiente indicio para un juez. Cuando en el hospital contó como su padre "le había metido algo como un cuchillo", ellos sí la creyeron y denunciaron un caso cuya investigación tardó seis meses en iniciarse. No se dictó ninguna medida cautelar y el examen forense de la niña se produjo un año después de la denuncia. Un año durante el que Raquel siguió visitando a su padre.

Deficiencias en el sistema

Es llamativa, también, la falta de especialización de los profesionalesque intervienen en los procesos judiciales de casos de abuso sexual infantil. Ni los jueces de instrucción, ni los fiscales, ni los abogados de oficio ni los equipos psicosociales o forenses de los juzgados tienen la obligación de especializarse. Esta falta de formación puede tener un gran impacto a la hora de impulsar la investigación, valorar adecuadamente las pruebas y, por tanto, decidir sobre el archivo de la causa.
En ocasiones existe un régimen de visitas sin vigilancia, pese a haber denuncia de abuso sexual
Además, en el ámbito civil se toman medidas sobre guarda y custodia y régimen de visitas, a veces cuando está abierto el proceso penal por los presuntos abusos sexuales, sin tener en cuenta los posibles riesgos para los niños. "En ocasiones vemos que existe un régimen de visitas sin vigilancia, cuando todavía están investigando los abusos sexuales o no se han descartado vía penal, que pueden significar un peligro para el niño, ya que se les está obligando a vivir con su agresor", añade Román.
En abril de 2010, cuando todavía se investigaba una segunda denuncia en el caso de Alicia, la entidad pública de protección de menores de la Comunidad, ofrece a la madre y al padre un 'plan de mejora temporal'. Tenían que declarar a la niña en situación de desamparo. En ese caso el organismo asumiría su tutela y otorgarían la guarda temporal a los abuelos maternos, teniendo tanto el padre como la madre un régimen de visitas. La madre de Alicia afirmó a Save the Children: "yo renuncio a ella porque me garantizan que, si yo no la veo, él tampoco, y considero que es la única forma de protegerla". Hoy continua luchando por recuperar la patria potestad de su hija y ha renunciado a denunciar de nuevo los abusos sexuales de los que, todavía, con seis años, se queja la pequeña Alicia.
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