viernes, 20 de febrero de 2015

Abuso de menores: Busca Gobierno homologar códigos penales

La alta prevalencia de casos de violencia sexual en menores de 18 años es una de las causas de embarazo de niñas y adolescentes en México”, advierte la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENPEA), tras señalar que las mujeres víctimas de violencia sexual en México son expuestas a diversos riesgos como consecuencia de este incalificable acto: lesiones físicas y psicológicas, transmisión de infecciones sexuales y embarazos no deseados.
En el documento dado a conocer esta semana, se establece que el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) será la dependencia encargada de “promover acciones legislativas estatales para homologar los códigos penales con la normatividad nacional e internacional en sus artículos a violencia y abuso sexuales de menores. Por ejemplo, modificar las leyes de estupro, rapto, violación equiparada, violación a menores y matrimonios forzados”.
Como se recordará, la ENPEA basa su estrategia en cinco objetivos específicos –cada uno con sus respectivas líneas de acción-, y en este sentido, el Objetivo 2 es el que detalla las tareas que deberán realizarse para propiciar un entorno habilitante que favorezca las decisiones libres, responsables e informadas de las y los adolescentes sobre el ejercicio de su sexualidad y la prevención del embarazo.
La Línea de Acción 4 precisa que para tal propósito se deberán impulsar iniciativas en los congresos estatales que homologuen los códigos penales para eliminar la violencia, el abuso sexual y los matrimonios forzados en la población adolescente; y promover la búsqueda intencionada, la persecución de oficio y la sanción de delitos de violencia, abuso sexual y matrimonio forzado contra niñas, niños y adolescentes.
La Línea 5, por su parte, se enfoca a la tarea de fortalecer las acciones de prevención y atención de la violencia y el abuso sexual en niñas, niños y adolescentes, con especial atención en las zonas rurales, indígenas y urbanas marginadas y de contexto migrante.
Para ello, delinea las siguientes acciones de prevención:
• Sensibilizar a la comunidad sobre los efectos del abuso sexual por medio de reuniones, programas o actividades lúdicas en las escuelas.
• Capacitar al personal docente para reconocer los signos del abuso sexual de niñas, niños y adolescentes.
• Realizar tamizajes anuales en las escuelas para identificar casos de violencia a niñas, niños y adolescentes y canalizarlos/as a instancias de apoyo.
• Mejorar los sistemas de registro y seguimiento de casos de violencia sexual y/o abuso sexual en niñas, niños y adolescentes.
• Organizar talleres formales para madres y padres que contribuyan con la comunicación asertiva sobre el abuso sexual en el seno de las familias.
• Organizar espacios de diálogo y reflexión para que niñas y niños reconozcan e identifiquen situaciones de violencia sexual y/o de abuso sexual.
• Generar espacios de sensibilización con adolescentes sobre los tipos y modalidades de violencia contra niñas, niños y adolescentes.
La ENPEA da especial atención a las siguientes necesidades:
• Crear y promover lineamientos de atención para implementar la prevención de la violencia en las escuelas y en el entorno comunitario que faciliten la detección, canalización y denuncia de casos de abuso o violencia sexual.
• Desarrollar acciones informativas en el ámbito comunitario dirigidas a la población adulta y adolescente sobre la ruta de respuesta ante la violencia y abuso sexuales.
• Fortalecer a los equipos de atención primaria a la salud para la detección del abuso sexual y para ofrecer una respuesta integral médica, legal y psicosocial frente a los embarazos forzados.
• Incluir en los protocolos de análisis del contexto familiar la detección de abuso o agresión sexual contra niñas, niños y adolescentes en el hogar.
• Crear y referir a instancias de apoyo (que incluyan hospedaje, alimentación y terapia psicológica) para restaurar los daños de la violencia y el abuso sexual para las y los adolescentes.
• Asegurar la protección de las niñas, niños y adolescentes en los procesos de intervención jurídica, principalmente durante la etapa de identificación y persecución penal del violador.
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