Boletín

Altos índices de violencia contra la infancia, con poca posibilidad de atención frente a inconsistencias en los datos: REDIM

• Las cifras que reportan algunas de la Procuradurías del DIF impiden saber si ha crecido la violencia o si se incrementaron los reportes.
• Destaca en los reportes de 2012 a 2014 la ausencia del dato de casos llevados ante el Ministerio Público.

Los datos sobre maltrato infantil ratifican que la violencia en contra de niñas y niños está normalizada en nuestra sociedad, sin que el Estado mexicano haya tomado medidas contundentes para prevenir y atender de forma efectiva este problema. Carecemos de un Diagnóstico Nacional sobre todas las formas de violencia, no contamos con un Sistema de Información único que nos permita conocer la dimensión del problema y la impunidad sigue siendo una constante para niñas y niños víctima.

Ante esta situación, la Red por los Derechos de la Infancia en México #REDIM expresa su preocupación por el rezago que México presenta respecto a las políticas públicas para prevenir el maltrato infantil. Sumado a ello, las personas con menos de 18 años no pueden acudir a denunciar sin un acompañante adulto lo cual se vuelve en su contra, por ejemplo, cuando la persona agresora es un familiar.

De acuerdo con los datos del Portal de las Procuradurías de DIF Nacional, los reportes por casos comprobados de maltrato contra niñas y niños aumentaron en 9,398 (51.4%) entre 2013 y 2014, pasando de 18,277 a 27,675. Sin embargo, la gran inconsistencia de las cifras que reportan algunas de las entidades federativas, impiden saber si ha crecido la violencia, si solo se han incrementado los reportes o bien si algunos estados tienen subregistro (ver tabla).

En la información que muestra el micrositio destacan las inconsistencias respecto de la obtención y presentación de los datos así como poca claridad en los objetivos de las estadísticas. Preocupa de manera especial que en los últimos tres años la información registrada omite el número de denuncias presentadas ante el ministerio público. Otro ejemplo de las fragilidades metodológicas es que hasta el 2011 un número importante de Estados no habían reportado los casos de maltrato infantil por lo que los datos que se encuentran actualmente en el registro dan cuenta de que hubo reportes tardíos.

En el análisis realizado por REDIM, destaca el Estado de Coahuila que reportó 2,960 casos comprobados de maltrato en 2013 y 9,698 en 2014, lo que representa un aumento de 6,738 casos (un incremento del 227% en el número de reportes). Otro caso que destaca es el del estado de Chiapas, que no había reportado casos en 2012 y 2013 y que para 2014 reporta 3,735 casos. La suma de los casos reportados por ambos estados entre 2013 y 2014 (10,473) son en gran medida los que explican el incremento en el total de reportes de casos comprobados de maltrato a nivel nacional.

Desde el enfoque de derechos de infancia el aumento en el número de registros y las denuncias debe verse como un avance, ya que muestran la confianza de la ciudadanía hacia las instituciones, funcionarias y funcionarios más capacitados para reconocer los casos de violencia y brindan la  evidencia para tomar decisiones que logren prevenir nuevos casos.

Ante este contexto, desde la Red por los Derechos de la Infancia en México, llamamos al Estado mexicano a:

• Garantizar la seguridad y atención de las víctimas, así como brindar el seguimiento y apoyo psicológico necesario en todos los casos.
• Realizar el Diagnóstico y Programa nacional sobre las distintas expresiones de violencia contra niñas, niños y adolescentes en México.
• Introducir en las legislaciones federales y estatales la prohibición legal explícita de toda forma de violencia contra las niñas y los niños, en todos los entornos;
• Promover un Sistema Nacional de información oficial que permita elaborar una línea base para la toma de decisiones sobre evidencia y datos certeros.
• Avanzar en la implementación de la Ley General por los Derechos de Niñas, Niños y adolescentes así como en la creación del Sistema Nacional de Garantía de Derechos de la Infancia en los tres niveles (federal, local y municipal), entendido como los mecanismos de articulación de los sistemas de asistencia, educación, salud, desarrollo social y de justicia a través de políticas públicas, programas e instituciones que atienden a la niñez.