La crudeza de los casos de violencia contra niños y adolescentes, en especial la sexual, en círculos familiares y por parte de redes criminales, son la preocupación de la ONG Educo en Bolivia, que coopera en la tarea de “reconstruir” la vida las víctimas que han logrado escapar de este tipo de abusos.
En una entrevista a Efe, el director nacional de Educo en Bolivia, Lorenzo Leonelli, advirtió sobre el fenómeno social que consideró “es más fuerte” y que afecta a “todo el país”.
Leonelli lamentó de que en Bolivia, al igual que en el resto de los países latinoamericanos, exista un “sistema patriarcal y adultocéntrico” que no reconoce a los niños como sujetos de derechos.
“Hay un ejercicio de poder y de violencia constante hacia las niñas y los niños. Aquí es muy fuerte en todos los sectores de la sociedad”, explicó.
Al respecto, sostuvo que la peor expresión del abuso infantil es la explotación sexual comercial que encuentra el “terreno fértil” en los menores con familias disgregadas, sin comunicación y que se desenvuelven prácticamente solos.
El director dio el ejemplo de una adolescente que cayó en manos de una de estas organizaciones que la obligaba a prostituirse y a hacer que sus clientes consumieran la mayor cantidad de cerveza posible, ya que por cada 12 botellas recibía únicamente 70 centavos de dólar.
“Es un fenómeno complejo, es uno de los delitos más aberrantes contra la dignidad del ser humano”, recalcó Leonelli.
La explotación sexual conduce en muchas ocasiones al consumo excesivo de alcohol y de drogas, y con ello se abre la posibilidad que la víctima contraiga alguna adicción.
El director de esta ONG afirmó que muchas veces las adicciones “se mezclan” con embarazos de adolescentes, que implica una situación todavía más adversa puesto que el hijo nace con problemas de salud y se desarrolla dentro del círculo de adicción de su madre.
Leonelli también resaltó que las redes que se lucran con menores destinados principalmente al negocio sexual tienen aliados, que muchas veces pueden ser taxistas, comerciantes, operadores de turismo o agencias de empleo que están a la pesca de nuevas víctimas.
A esto se suma el entorno social, que generalmente termina fortaleciendo el funcionamiento de este tipo de circuitos.
El director aseguró que en especial El Alto, la segunda ciudad más poblada de Bolivia, es un sitio donde este delito “es muy intenso” y ha ido creciendo durante los últimos años.
En este contexto, dio el ejemplo de que cuando en El Alto se sabe de la apertura de un nuevo lugar en el que va a haber prostitución, después de “una primera resistencia” de los vecinos lo que sucede es que se abren pequeños negocios a su alrededor.
“Entonces se lucra de forma legal gracias a un negocio que legal no es”, sentenció.
Asimismo, manifestó que “es muy difícil” que las niñas y adolescentes que forman parte de estas estructuras logren salir, pero que cuando esto sucede recién se puede hablar de un difícil proceso de “reconstrucción” de la persona.
“Tenemos que fortalecer a la comunidad y a las redes comunitarias”, recalcó Leonelli.
Justamente Educo, una organización que está en 15 países, colabora con la fundación local Munasim Kullakita, que en aimara significa quiérete hermanita, para restituir socialmente a las menores víctimas de abuso sexual familiar y comercial.
Para Leonelli, esa reconstrucción personal “es una cosa muy difícil”, puesto que suele salir adelante aquella persona que tiene un entorno familiar fuerte y porque recibe ayuda, aunque el desenlace no es necesariamente el más feliz.
“Hemos visto el rechazo de las familias cuando la víctima después de un periodo en el hogar vuelve a su grupo familiar (…) hay el estigma (…)”, explicó.
Ante situaciones así se opta por apoyar a la persona emocionalmente y formarla de manera que pueda subsistir de manera autónoma para evitar una posible recaída.
Algunos datos proporcionados a Efe por Educo dan cuenta de que en Bolivia “el grueso” de las víctimas de abuso sexual está entre los 11 y los 17 años.
La misma entidad refiere que la Fiscalía del país estableció que en 2016 que se dieron 701 casos de trata y tráfico de personas, de los que un 78 por ciento corresponde a mujeres de distintas edades. EFE
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