Contreras, aspirante a defensora de la infancia, afirmó que el cese del embarazo no puede ser negado a la víctima de una violación. La finalista del concurso que organizó el Congreso dijo que los niños deben acceder a información sobre sus derechos sexuales.
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"Estamos atrasadísimos. Nosotros ni siquiera podemos reconocer a los chicos como sujetos de derecho", dijo Contreras.
La única candidata tucumana y del Norte a la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación considera que otro debió haber sido el desenlace del caso de la víctima de violación de 11 años que quedó embarazada, y que fue sometida a una cesárea (se informa por separado sobre el deceso de la recién nacida). “De ninguna manera se puede negar la interrupción de la gestación a una mujer abusada porque este derecho está reconocido en el Código Penal desde 1921 y en el fallo ‘FAL’ desde 2012. El Estado trató a la niña de 11 años con impericia, negligencia e imprudencia”, opina Roxana Contreras.
La finalista del concurso que organizó el Congreso de la Nación desliza que el abuso sexual seguido de abuso estatal es más común de lo que se cree. “La mayoría de las violaciones suceden puertas adentro de la vivienda y de la familia. Entonces, la instrucción es necesaria. Los padres deben aprender a creer y a tomar en serio los relatos de los niños”, observa Contreras. Y diagnostica: “estamos atrasadísimos respecto de lo que sucede en otras partes del mundo. Nosotros ni siquiera podemos reconocer a los chicos como sujetos de derecho”.
La educación es el único camino para evitar los abusos sexuales infantiles y los embarazos forzados. Contreras afirma que esto es “básico” y lamenta que Tucumán no haya adherido a la Ley de Educación Sexual Integral. “Es fundamental que los niños accedan a información atinente a su cuerpo. No podemos negar la realidad: los chicos tienen y ejercen derechos sexuales, y nosotros no debemos retacearles la información que necesitan para tomar decisiones”, propone en la entrevista. Los chicos precisan ser educados, pero Contreras no deja afuera de esa necesidad a los padres: “debemos pensar en quienes no están capacitados para educar a sus hijos porque no tuvieron, a su vez, posibilidades de educarse ellos”.
La aspirante a defensora cuestiona la indiferencia y el individualismo de la ciudadanía. E ilustra el fenómeno con una anécdota: dice que ella a menudo se encontró con funcionarios que se reunían a debatir sobre los derechos de los niños, pero luego salían a la calle y ni miraban a los chicos abandonados que se les cruzaban por el camino. “La apatía es generalizada”, advierte.
Centralismo doloroso
Contreras, de 46 años, es abogada y trabaja como mediadora judicial. Dice que siempre le atrajo la niñez y que por ello se involucró en la creación de la Fundación Cainaf. Por ese sendero llegó a postularse para la Defensoría nacional, a la que la Ley 26.061 encomienda velar por la protección y promoción de los derechos consagrados en la Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño y las normas federales. En Tucumán no existe la figura del defensor de los derechos de los niños y adolescentes: Contreras apunta que la Legislatura provincial sacó el capítulo completo al sancionar la Ley 8.293 en 2010.
El cargo con mandato por cinco años (prorrogable por un término más) ha de ser cubierto por medio de un concurso: el Congreso adeuda la designación desde 2005. La competencia fue convocada en 2017. Rindieron 68 inscriptos el examen escrito. Luego de exponer un proyecto de trabajo, quedaron 14 competidores y sólo dos del interior: Contreras y el mendocino Gustavo Álvarez Pereira. Sólo falta la “parte política”, que es difícil porque dos tercios de la comisión bicameral tienen que ponerse de acuerdo y elegir quién ocupará la Defensoría. La decisión ha de ser tratada en forma expresa por ambas cámaras. Los diputados y senadores que integran el comité bicameral también pueden seleccionar a los defensores adjuntos. La estructura no existe y hay que armarla desde cero. “Aspiro a que este proceso no sea postergado porque estamos en un año electoral. Se trata de un concurso muy complejo, que puede caer. Pero la deuda que existe con la defensa de la infancia no admite más demoras”, reflexiona Contreras.
La candidata tucumana se tiene fe entre otros motivos porque representa a la región del país con los índices más altos de pobreza infantil. Explica: “somos los más postergados y necesitamos que nos defiendan. A mí me duele el centralismo argentino porque profundiza las asimetrías y las inequidades”.
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