Esta fotografía de archivo del 23 de marzo de 2018 muestra un sobre con el censo enviado a un residente de Estados Unidos.Crédito: Michelle R. Smith/AP
Un juez federal de California se sumó este miércoles a la opinión emitida en enero por otro magistrado de Nueva York al declarar ilegal el polémico plan del gobierno de Donald Trump para incluir una pregunta sobre ciudadanía en el censo de 2020, al que se oponen varias asociaciones de inmigrantes.
En una resolución de 126 páginas, el juez Richard Seeborg aseguró que "la inclusión de la pregunta sobre ciudadanía en el censo de 2020 amenaza la misma fundación de nuestro sistema democrático", ya que a su juicio resultaría en una infravaloración del número de personas latinas no ciudadanas.
Seeborg destaca que preguntar si se tiene o no la ciudadanía estadounidense supondría "rebajar la cifra de respuestas por parte de los inmigrantes y no ciudadanos, e implicaría un riesgo significativo de distorsión en la distribución de representantes al Congreso entre los estados".
En su fallo de 126 páginas, el magistrado señaló directamente al secretario de Comercio, Wilbur Ross, de acutar de "mala fe", violar varias leyes y la base constitucional de la democracia al agregar la polémica pregunta al censo.
El Departamento de Comercio no ha reaccionado de momento al fallo del juez.
El censo del país, que se renueva cada diez años, es una herramienta clave a la hora de determinar el reparto de fondos federales, de asignar escaños a la Cámara de Representantes o de decidir la distribución de distritos legislativos estatales y del Congreso.
Actualmente, la elaboración del censo se realiza sin preguntar el estado legal de los encuestados ni si son ciudadanos o residentes, pero se calcula que en el país viven en torno a 11 millones de inmigrantes indocumentados, en su mayoría latinos.
La posibilidad de que se incluya una pregunta sobre ciudadanía podría significar que las personas que se encuentran en situación irregular decidiesen no participar en el censo, ante el temor de que esta información pudiera ser enviada a las autoridades de inmigración.
Agencias discuten acuerdo para compartir información
Pero mientras el caso se dirime en la Corte Suprema, la Oficina del Censo busca discretamente información completa sobre el estatus legal de millones de inmigrantes.
Bajo un plan propuesto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) proporcionaría a la Oficina del Censo una gran cantidad de datos personales de individuos que no son ciudadanos, como nombres completos, direcciones, fechas y lugares de nacimiento, número de la seguridad social y número de registro de extranjeros, según un documento firmado por la Oficina del Censo que obtuvo la AP.
Se trabaja en un acuerdo pendiente de aprobarse entre las agencias desde al menos enero, cuando el juez Jesse M. Furman de Nueva York bloqueó los planes de la Casa Blanca al emitir un dictamen similar al de este miércoles en California.
Michael Cook, vocero de la Oficina del Censo, dijo que se espera que el acuerdo sea firmado en el DHS, pero que su agencia prevé que quede concluido “lo antes posible”.
Pedido del Departamento de Justicia de incluir pregunta sobre ciudadanía en el censo genera miedo en la comunidad inmigrante
“La Oficina del Censo llega a acuerdos de forma rutinaria para recibir registros administrativos de muchas agencias, incluido el acuerdo pendiente con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, para asistirnos en nuestra misión para ofrecer estadísticas de calidad al público estadounidense”, dijo Cook en un comunicado.
Leon Rodríguez, quien dirigió la DHS bajo el gobierno de Barack Obama, destacó a la AP que "en general, se supone que la información guardada en un sistema de registros es privada y no puede publicarse a menos que encaje en una serie de excepciones definidas”.
Grupos defensores de los derechos civiles acusan a la Casa Blanca de querer integrar la pregunta de ciudadanía porque desalentaría a los no ciudadanos a participar en el censo, lo que provocaría una menor recaudación de dinero federal y menor representación en el Congreso en los estados con grandes poblaciones de inmigrantes.
La iniciativa ha causado indignación entre los demócratas, quienes afirman que afectaría desproporcionadamente a los estados que favorecen a su partido. La última vez que se preguntó a la gente si eran ciudadanos estadounidenses fue en el censo de 1950.
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