Si se logra, la Iglesia Católica no le podrá negar información sobre religiosos abusadores a la justicia ni a los afectados.
Si se logra, la Iglesia Católica no le podrá negar información sobre religiosos abusadores a la justicia ni a los afectados.
Frente al Congreso de la Nación, un grupo de organizaciones de víctimas de abuso sexual por parte de sacerdotes católicos presentó una iniciativa de modificación del Concordato de 1966 entre el Vaticano y la Argentina. Si tiene éxito la iniciativa popular o el proyecto es impulsado por algún legislador y aprobado, las autoridades eclesiásticas no podrán alegar ejercicio de jurisdicción y se verán obligados a suministrar a la justicia de la información que tenga sobre religiosos que hayan cometido delitos.
Impulsan la propuesta la organización internacional de víctimas Ending Clergy Abuse(Fin del abuso del Clero), la base de datos sobre abusos eclesiásticos Bishop Accopuntability (Responsabilidad de los Obispos), Adultos Protectorxs e Iglesias sin abusos además del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño (CASACIDN) acompañados por el abogado Juan Pablo Gallego, especialista en casos de abuso sexual infantil y representante de víctimas del cura Julio Grassi.
Las organizaciones firmantes promueven que se agregue al artículo 1 del Concordato entre la Santa Sede y el estado argentino: "El ejercicio de su jurisdicción por parte de la Iglesia Católica Apostólica Romana en el ámbito de su competencia se interpretará en armonía con los principios y garantías consagrados por la Constitución Nacional de la República Argentina y los Tratados Internacionales a ella incorporados. En los casos en que dicho ejercicio colisione con el orden público, se vincule con hechos o actos penados por las normas jurídicas de la República Argentina o afecte de cualquier modo la garantía del debido proceso, existirá deber de comunicación a la autoridad judicial competente y se garantizará la participación y el derecho de acceso a la información a las partes o personas afectadas".
En el documento que intentan hacer llegar a los representantes de ambas cámaras, señalan que "a partir de la década del 2000, los abusos sexuales por parte de miembros del clero católico en la Argentina tomaron fuerte estado público ante una verdadera oleada de casos, entre los más notorios el del condenado sacerdote Julio César Grassi, que imponen la protección primordial de las víctimas", y que el proyecto tiende a resguardar la supremacía de la Constitución y "los elementales derechos de quienes resultan víctimas de tales delitos aberrantes, que imponen reafirmar la vigencia de la jurisdicción estatal".
La propuesta se presentó el mismo día de la divulgación en el Vaticano de una carta apostólica del papa Francisco, titulada Vos Estis Lux Mundi, (Vosostros sois la luz del mundo) en la que instruye a los obispos sobre cómo recibir denuncias sobre delitos sexuales dentro de la Iglesia.
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