La Memoria Anual del Ministerio Público en la Comunidad Autónoma refleja además la apertura de diligencias por un caso de una 'Nueva Manada' con menores procesados en 2018
Miguel Ángel Autero | S/ C De Tenerife 23.09.2019 | 00:41
Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife. EL DÍA
Los delitos contra la libertad sexual que acabaron en los Juzgados de la Comunidad Autónoma de Canarias el año pasado experimentaron un incremento del 22% respecto a los asuntos incoados en 2017. Según la Memoria de la Fiscalía de Canarias, las diligencias conocidas por delitos relacionados contra la libertad sexual en ambas provincias ascendieron a 1.480 asuntos por los 1.165 casos registrados en el ejercicio anterior. La tendencia alcista, en cuanto a los tipos delictivos más característicos, se da en ambas provincias casi en la misma proporción. En este sentido, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife se incoaron 265 diligencias por agresión sexual; 285 por abuso sexual; 26 por acoso sexual; 17 por exhibicionismo; 9 por prostitución; 7 por pornografía infantil y 15 diligencias de diverso tipo. En lo que a la provincia de Las Palmas se refiere, los asuntos incoados por agresión sexual se elevaron a 378; 379 por abuso sexual; 18 por acoso sexual; 29 por exhibicionismo; 18 por prostitución, y 34 por pornografía infantil.
En los delitos de tipo sexual más graves es donde se produjo un mayor aumento respecto a los asuntos ingresados en los juzgados el año 2017. Así, en la provincia tinerfeña el aumento de casos de agresión sexual fue de 108 diligencias más, mientras que en la provincia oriental el incremento fue de 106 casos más. En cuanto a los abusos sexuales, hay un importante incremento de las causas abiertas en la Audiencia chicharrera con 142 diligencias más que en 2017, mientras que en Las Palmas solo hubo dos diligencias más que en 2017.
Menores
En lo que a delitos sexuales con participación de menores, se contabilizaron 24 casos frente a los 22 de 2017. En este ámbito, la Fiscalía adoptó ocho medidas cautelares de internamiento en régimen cerrado. Sin embargo, el Ministerio Fiscal destaca en su Memoria la comisión de dos delitos de agresión sexual en grupo, uno de ellos por la denominada Manada.
En este sentido, la Fiscalía reflexiona sobre el posible efecto de contagio por un afán de imitación de los agresores en este tipo de delitos, caracterizados por la presencia de una pérdida o disminución de la responsabilidad individual por la acción o, si bien se trata de un efecto de mayor visibilidad, denunciando ahora las víctimas delitos que antes permanecían silenciados por vergüenza o miedo al saber ahora que contarán con el adecuado respaldo social.
En cuanto a los abusos sexuales, se formularon 71 denuncias frente a las 76 registradas en el año 2017. Dentro de los expedientes de reforma incoados por abusos sexuales, cinco fueron sobreseídos por falta de pruebas y dos expedientes fueron archivados.
El Ministerio Público resalta igualmente en su Memoria el elevado número de denuncias por abusos formuladas contra menores de 14 años y, en especial, "niños de muy corta edad", en cuyo caso, además de incoar y archivar las diligencias preliminares por aplicación de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, se incoó un expediente de riesgo al menor denunciado.
"Llegada masiva de los MENA"
El Ministerio Fiscal en Canarias tramitó 1.106 expedientes de riesgo en 2018 frente a los 1.120 del año anterior, aunque la evolución de este dato es muy diferente según la provincia. En Santa Cruz de Tenerife se redujeron los expedientes por esta causa con 345 diligencias en 2018 por las 494 que se incoaron en 2017. En Las Palmas el fenómeno fue muy distinto y se produjo un incremento de expedientes por riesgo en menores. En dicha jurisdicción territorial se registraron 761 expedientes el pasado año por los 626 conocidos del año anterior.
La Fiscalía señala que este incremento notable se debe fundamentalmente a la "llegada masiva de menores no acompañados (MENA), especialmente durante el segundo semestre de 2018, hasta el punto de que el 54% de los expedientes de riesgo incoados en los últimos seis meses del año pasado correspondió a menores de nacionalidad marroquí".
La Fiscalía afirma que "un año más, la tramitación de expedientes de riesgo se extiende por un plazo superior al deseable debido en la mayoría de casos a los retrasos en la emisión de informes por parte de las corporaciones locales". En el caso de los expedientes de riesgo incoados a los MENA, el plazo medio de emisión de la resolución de desamparo por la Dirección General es de dos meses desde que tiene conocimiento del expediente.
En cuanto a los expedientes de tutela, en Las Palmas se incoaron 381 el pasado año frente a los 318 de 2017, mientras que fueron 9 los expedientes de guarda contabilizados por 6 casos en 2017. En Santa Cruz de Tenerife, las tutelas registradas ascendieron a 213, una cifra muy similar a la de 2017, año en el se incoaron 228 expedientes, mientras que los expedientes de guarda ascendieron a 7 el pasado año frente a los 10 del año anterior.
La reforma del artículo 284.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2015 supuso una modificación sustancial de las cifras señaladas en los procedimientos más comunes: las diligencias previas. La reforma implica que no se remiten a los juzgados los atestados policiales por hechos delictivos de los que no se conozca su autor, lo que ha determinado una notable reducción del número de diligencias previas incoadas. Pues bien, el número diligencias previas registradas experimentó una ligera disminución en 2018, año en el que se incoaron un total de 129.332 frente a las 132.593 diligencias contabilizadas en 2017. En cuanto a los procedimientos abreviados se produjo un aumento de los asuntos conocidos 6.347 casos en 2018 frente a los 6.180 de 2017. Las diligencias urgentes se mantienen con 14.774 en 2018 por las 14.837 incoadas en 2017. En cuanto a los datos referidos a sumarios y procedimientos del tribunal del jurado las cifras son similares a las de años anteriores: el pasado se incoaron 126 sumarios frente a los 89 de 2017, mientras que los procedimientos con tribunal del jurado ascendieron a 50 el pasado año por los 39 registrados en 2017. En cuanto a las diligencias de investigación se constata un notable incremento de los asuntos registrados con 946 casos en 2018 frente a los 787 diligencias en las que se trabajaba en 2017. En cuanto a la pendencia, también se observa un ligero aumento, lo que resulta coherente con el mayor número de diligencias incoadas siendo 201 diligencias pendientes de resolver en 2018 frente a las 160 inacabadas en 2017. Sobre estas cifras cabe señalar que los asuntos en trámite no solo se deben a un incremento de las investigaciones sino a la complejidad de algunas de ellas como las relativas a delitos económicos o contra el medio ambiente.
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