FUNDACIÓN MARGENES Y VINCULOS

El encubrimiento de la familia y la sensación de que puede tratarse de una situación normal hacen que muchos casos de abuso sexual en menores escapen a la justicia.

Hasta los cinco o seis años de edad, y siempre y cuando no haya dolor físico, el niño ni siquiera llega a ser consciente.
De los seis a los nueve generan una sensación de inseguridad, de desagrado, y toman conciencia de que lo que ocurre es algo secreto. A partir de esta edad puede aparecer daño psicológico al comprender que algo no anda bien.

Las conclusiones son de la psicóloga Celia Nevado, coordinadora del equipo de atención a menores víctimas de abusos sexuales de la provincia, que comenzó a funcionar a finales de año.
Este dispositivo está gestionado por la Fundación Márgenes y Vínculos con financiación de la Junta. En ese tiempo los profesionales se han hecho cargo de un total de 45 casos en la provincia que aún permanecen abiertos. La mayoría de ellos tienen como víctima a niñas de entre seis y ocho años de media que se enfrentan a un proceso lento con riesgo de secuelas.

Proceso

Nevado aseguró que «la mayoría de los menores que lo terminan contando son conscientes de que pasa algo raro y es entonces cuando entra en la espiral». De esta forma definió todos los pasos que tienen que recorrer los afectados desde que se constata el abuso hasta que se llega a juicio. Se trata de recordar una y otra vez cómo han ocurrido los hechos y pasar por reconocimientos médicos y psicológicos que generan una sensación de miedo e inseguridad en los pequeños», insistió la especialista.

Para que se abra un proceso con un menor que puede derivar en una denuncia no es necesario que haya habido violencia física o violación. Se considera abuso a contactos y tocamientos para satisfacer los deseos sexuales del agresor. Eso sí, para iniciar el trámite debe constatar el delito un profesional que puede ser un médico, profesor, agente de policía o especialista.

En los últimos años se ha producido un aumento de las denuncias, pero eso no quiere decir que haya más casos sino que son más visibles. En ello ha influido el aumento de los dispositivos de protección como los teléfonos de atención al menor de la Junta, que «llegan a colapsarse, según admitió ayer la directora general de Infancia y Familia de la Junta, Carmen Belinchón, que asistió a la presentación de programas de tratamiento y evaluación de menores víctimas de violencia sexual en Cádiz.

Más visibles

«Hemos visto una mayor implicación de la sociedad para denunciar cuando hay sospecha de un delito de este tipo», insistió la responsable andaluza. El abuso sexual es otra forma más de maltrato infantil y sólo en 2008 supuso el 8,2% de las denuncias por este motivo, según datos del informe anual del Observatorio de la Infancia en Andalucía, publicados recientemente.

Belinchón insistió en que en todo el proceso hay que «proteger la intimidad del menor a toda costa e intentar reparar el daño. Tenemos que tener en cuenta que trabajamos con niños y que la realidad para ellos es muy diferente», señaló. En este sentido, aseguró que se pueden tardar hasta ocho meses en que un niño consiga contar algo, pero también hay otras vías como los dibujos o determinadas reacciones ante estímulos que pueden evidenciar el delito, por lo que instó a padres, familiares y educadores a «estar atentos a cualquier comportamiento extraño que pueda llevar a sospecha.

El equipo de prevención de abusos sexuales a menores es una más de las herramientas con las que cuenta la Junta para detectar situaciones de riesgo. Para ello se ha apoyado en la Fundación Márgenes y Vínculos, que ya gestiona los casos de acogidas temporales y atención a menores con problemas. Su presidente es Francisco Mena, que rescató ayer datos de un informe de ámbito nacional según los cuales, un 23% de las niñas y un 16% de los niños han sido víctimas de abusos, aunque sólo una mínima parte salen a la luz.

Mena aseguró que el 60% de los casos se producen en el entorno familiar, porque «el agresor puede hacerse con la confianza del pequeño y pedirle que no cuente nada». De la misma forma, consideró que si la sospecha está suficientemente fundamentada, «lo mejor es denunciar». Una vez se constata el hecho, se pone en marcha todo el dispositivo jurídico asistencial. Se trata de un proceso duro en el que el sufrimiento del menor es inevitable, por lo que solicitó «una simplificación del mismo para evitar la victimización de los denunciantes.