miércoles, 28 de octubre de 2009

ABUSO SEXUAL INFANTIL CON FINES DE LUCRO


A principios de año, Charles Soderman, ciudadano estadunidense originario de Florida, tomó un vuelo a Arizona para cruzar a Sonora como turista. Venía por sexo.
“Voy por un niño de entre seis y nueve años de edad”, dijo a un agente encubierto de su país que se hacía pasar por proxeneta.
En declaraciones judiciales a las que tuvo acceso MILENIO, Soderman reveló que quería cruzar la frontera para “conseguirse un niño”, para lo cual pagó al oficial 600 dólares con los que se financiaría un tour a un hotel mexicano donde la especialidad eran los menores de edad “a la carta”.
“Quiero ir en tour sexual (a México). Ahí he tenido sexo oral”, dijo Soderman al agente mientras planeaba el viaje.
El 20 de febrero, cuando desembarcó en Yuma listo para cruzar a México, Soderman fue detenido por oficiales federales bajo los cargos de ser “depredador sexual” y ahora podría ser condenado a hasta 20 años de prisión.
El de Soderman es el caso de un pederasta ingenuo que se delató a sí mismo. Porque otros ni siquiera entran al radar de las autoridades. Hoy México se ha convertido en foco rojo de trata de personas en el planeta, un país que ha sido calificado por activistas como la “Tailandia de América Latina” y en el que hay una “seria crisis” en este rubro, según coinciden las Naciones Unidas, la Organización Internacional para las Migraciones y el gobierno de Estados Unidos.
El país ocupa el lugar 25 mundial con más casos de trata de personas (20 mil), según la Organización Internacional para las Naciones Unidas, y es el quinto país de Latinoamérica con más víctimas, sólo debajo de Brasil, Colombia, Venezuela y Cuba.
Y las garantías de impunidad para los tratantes son casi absolutas como resultado de un marco jurídico deficiente.
Pese a la existencia desde 2007 de una ley contra la trata de personas —cuyo reglamento sólo se aprobó hasta febrero de 2009—, la legislación presenta huecos explotados por el crimen organizado, de acuerdo con especialistas.
A la fecha sólo cinco estados del país penalizan de forma directa este delito, en línea con los protocolos internacionales.
Acorde con la ONU, sólo el Estado de México, Chihuahua, Guerrero, Sonora y Zacatecas han aprobado leyes que explícitamente castigan la trata de personas —un fenómeno de reconocimiento relativamente reciente— y cuentan con unidades en sus procuradurías para atender a víctimas del fenómeno.
En tanto, en el resto del país las leyes para combatir este delito son de carácter limitado. Un total de 14 entidades cuentan con leyes parciales que sólo penalizan la prostitución forzada o el abuso de menores, pero sin considerarles potenciales víctimas del crimen organizado y menos aún sin destinar fondos a la atención de personas afectadas por el fenómeno.
Otras ocho entidades, por el contrario, tienen pendientes sus reformas legales o ni siquiera castigan un delito que cada año involucra a alrededor de 20 mil mujeres y niñas mexicanas y extranjeras —desde centroamericanas, sudamericanas, asiáticas y europeas— en el mercado negro de la prostitución.
Entre quienes no penalizan la trata de personas o tienen lagunas legales de consideración están Campeche, Yucatán, Veracruz, Durango, Nayarit, Tabasco y Tamaulipas.
“Nuestras leyes contra la trata de personas tienen deficiencias gravísimas y prueba de ello es que no se ha podido sentenciar un solo caso después de dos años de que la ley federal fue aprobada”, aseguró Teresa Ulloa, directora de la Coalición contra la Trata de Personas en América Latina y el Caribe.
—¿Ha habido tortuguismo?
—Mucho. Hay muchos intereses en el gobierno para que esto no se detenga.
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La ONU define la trata de personas como el reclutamiento, secuestro o transporte de personas contra su voluntad mediante el uso de fuerza, amenazas, coerción, fraude o engaño, generalmente para fines de explotación sexual.
Pero dentro entre las organizaciones no gubernamentales internacionales parece haber también un consenso de que en buena parte de México no existe una diferenciación clara entre tráfico y trata de personas, lo que deja al crimen organizado la posibilidad de actuar sin temor al castigo.
Mientras el primer fenómeno se refiere a la gente que accede a viajar a otro país con la ayuda de un pollero, el segundo se identifica con personas que han sido reclutadas contra su voluntad como esclavos sexuales o laborales.
“En México existen inconsistencias legales que limitan la definición de víctima del tráfico de personas, lo que tiene implicaciones negativas para quienes han sido víctimas de la trata de personas”, consideró la Barra Americana de Abogados para el Estado de Derecho.
Aun cuando el gobierno federal ha reconocido que el país enfrenta una crisis en esta materia y ha lanzado iniciativas para enfrentar el fenómeno, las calificaciones internacionales de México han sido pésimas a lo largo de los últimos nueve años.
Pocos avances, efectivos, se reportan en los índices globales, debido a lo que se percibe como un “mal desempeño” o “actuación tímida” de las autoridades mexicanas, según la comunidad internacional involucrada en el combate a la trata de personas.
El Departamento de Estado de Estados Unidos, que año con año emite un reporte sobre la situación mundial de la trata de personas, ha calificado por tres años consecutivos de “muy limitados” y “un fracaso” los esfuerzos para encarar este delito por parte de la administración del presidente Felipe Calderón.
“Un número significativo de mujeres mexicanas, niñas y niños son traficados para explotación sexual”, consideró Washington en 2007. “El gobierno mexicano ha hecho sólo esfuerzos muy modestos para proteger a las víctimas”, sentenció en 2008.
“El gobierno de México fracasó en mejorar sus limitados esfuerzos policiacos contra los tratantes de personas en 2008. No hubo ni procesados ni encarcelados a nivel federal, estatal o local”, deploró en 2009.
En su reporte para este año, Washington insistió en que la principal dinámica en la trata de personas en México es el turismo sexual, una industria creciente y en boga en ciertas partes del país, como lo demuestra el caso de Soderman.
“El turismo sexual, incluido el turismo sexual infantil, presenta una tendencia al alza, en especial en zonas turísticas como Acapulco y Cancún y urbes fronterizas como Tijuana y Ciudad Juárez. Los turistas sexuales extranjeros arriban por lo general de Estados Unidos, Canadá y Europa occidental”, informó el Departamento de Estado.
Víctor Hugo Michel

MILENIO DIARIO
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