viernes, 9 de octubre de 2009

EL A.S.I EN COLOMBIA



Como todas las tardes, Lisbeth hizo sus tareas y tomó su bicicleta.
Paseó cerca de su casa. Hacía calor. Hizo una parada en casa de su tía. Entró, abrió la refrigeradora y bebió agua. Su tío político la llamó gritando: “¡Lisbeth, sube!”.
La niña, de nueve años, obedeció de inmediato. En la habitación, su tío le tapó la boca, la tiró a la cama y abusó de ella. Luego, él la bañó y ella huyó donde Silvia, su madre. Cuando Lisbeth llegó no dijo nada, solo lloraba.

La madre entendió lo ocurrido cuando, al revisar a su hija, vio su ropa interior ensangrentada.
La violación fue denunciada. Ahora este caso se tramita junto con otros 1.785, presentados durante el primer semestre de 2008, por la misma causa: abuso sexual infantil.Aunque sobrepasen las mil, las acusaciones apenas representan una pequeña parte de la magnitud del problema. Eso si se toma en cuenta que un informe, recientemente publicado por INFA y Defensa Internacional de los Niños (DNI), asegura que en el país más de medio millón de niños han sufrido esta agresión.La situación se agrava, de acuerdo con quienes tratan a las víctimas, si es que el afectado y su familia no reciben ayuda psicológica para superar el trauma. Pero únicamente los niños que denuncian reciben ese apoyo profesional y por ello pocos acceden a él.
“La víctima debe ser atendida en su crisis emocional, no solo de emergencia. Habrá gente que necesite ayuda toda su vida”, explicó Carola Cabrera, coordinadora del DNI en Guayaquil.Y Sofía Rodríguez, sicóloga del Centro Ecuatoriano de Promoción a la Mujer (Cepam) respaldó esa postura al agregar que “siempre se requiere tratamiento en un caso de violencia sexual, por el impacto a corto, mediano y largo plazo”.Ambas especialistas aseguraron que el trabajo no solo es con la víctima, sino también con la familia, ya que en el hogar se presenta una crisis. Más aún si hubo incesto.Silvia y Lisbeth son el ejemplo. El abusador está prófugo y su esposa, la hermana de Silvia, está desaparecida.“La familia estaba en una encrucijada. Una hija se fue con un violador y la única nieta fue abusada”, afirmó Vilma Torres, presidenta de la Fundación Voces del Silencio, una ONG que ayuda en este caso y otros similares.Actualmente madre e hija reciben terapia en la maternidad del Guasmo, al sur de Guayaquil.

INFA ofreció sus servicios a la familia, pero la rehusaron. No está claro por qué. Torres cree que el local de esta institución está lejos y como la familia es de escasos recursos, “movilizarse les cuesta”.El informe de INFA y DNI señaló que los niños abusados “atraviesan períodos, a veces muy largos, de profundo sufrimiento que nadie entiende” y crecen con sentido de desprotección y la crisis se extiende al resto de la familia.En el país hay 40 centros de protección del INFA. En estos lugares se atiende la violación de los derechos de los niños. Allí también están las víctimas de abuso sexual.En el puerto principal, Cepam también colabora. “Tenemos un equipo: una abogada y dos sicólogas y trabajadoras sociales”, explicó Anabelle Arévalo, coordinadora de este servicio.Estos profesionales se encuentran en la Fiscalía para atender las denuncias. Las sicólogas dan atención en emergencias porque, según Rodríguez del Cepam, “a veces se quiebran, entran en crisis y hay que contenerlos”.
Las trabajadoras sociales además recopilan información, que le servirá al fiscal como prueba. Además, verifican la situación familiar de la víctima, cuando es incesto, o si la víctima o el agresor deben salir de la casa.La ayuda dura hasta cuando el juez emite su fallo, “que sucede en pocas ocasiones”, reconoció Arévalo pero ellos continúan brindando la protección. Aun así, este apoyo solo llega a quienes llevan su caso ante la justicia y “la defensa común es huir o abandonar el proceso”, afirmó Torres, quien también es jueza de la Niñez y la Familia.Ella conoció un ejemplo que la escandalizó. Julia tiene tres hijas, una de 17, otra de 10 y una de dos. Conoció a Carlos, con quien procreó a Martha. Carlos violó sistemáticamente a todas, incluida a la más pequeña, su propia hija.A esto se suma que la mayor, la de 17, tiene una hija de dos años, presumiblemente de Carlos. “La madre es alcohólica. Pusieron la denuncia, pero nunca más vinieron. El proceso está abandonado”, informó Torres.Para ella, falta la presencia del Estado en estos casos, para evitar la deserción. “No hay políticas -se quejó- y hay que ir de un lado al otro, y no hay dinero para eso”.Sin embargo, Lorena Chávez, coordinadora de Protección Social de MIES-INFA, aseveró que está en vigencia la agenda nacional de la Niñez y un plan para erradicar el abuso sexual en escuelas. Pero aceptó que “aún falta mejorar la legislación y el sistema judicial. Incrementar las campañas de prevención”.Pero para Torres la legislación es clave: “La sanción en algo mejora la vida de la niña”. Lisbeth y Silvia, aún la esperan, y mientras tanto tienen miedo, pues creen que al abusador nada le impide volver.
Publicar un comentario