domingo, 3 de agosto de 2014

Silencio ante el abuso sexual


Pocas veces un delito de explotación sexual infantil en Uruguay había estado tan claro como el caso de Javier Moya. Así al menos lo consideró el juez de Primera Instancia que condenó a este hotelero de Punta del Este a una pena de prisión a finales de 2013 por haber mantenido relaciones sexuales con una menor de 15 años a cambio de dinero y regalos. Como es habitual en otros casos parecidos, la adolescente proviene de un entorno vulnerable y tiene problemas de drogadicción. Pero además, había sido explotada sexualmente desde los 11 años por sus padres, quienes también fueron procesados.



Pese a los avances sociales que el país ha experimentado con el gobierno de Mújica, que ha despenalizado el aborto, ha aprobado la ley de matrimonio igualitario o ha regulado la marihuana, en Uruguay aparecen continuamente nuevos casos de explotación sexual infantil. La mayoría pasan inadvertidos. Y el de Moya no hubiera llamado la atención de no ser porque la sentencia del Tribunal de Apelaciones ha indignado a la ciudadanía y, sobre todo, a las organizaciones sociales que luchan para combatir el problema. El pasado 20 de junio hubo incluso una concentración frente a la Suprema Corte de Justicia de Montevideo para mostrar el rechazo por la liberación del empresario. “Este fallo ha sido la gota que colma el vaso. Puede sentar un precedente muy peligroso, da una señal de total impunidad. Demuestra que cualquier persona puede explotar sexualmente a un menor poniendo como excusa que no sabía su edad. Los hechos son tremendos, tanto por la diferencia de edad entre el explotador y la víctima [75-15] como por la evidencia de las pruebas. Por eso la sociedad ha reaccionado de forma contundente. Ahora la última palabra la tiene la Suprema Corte de Justicia y si no lo resuelve, acudiremos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, advierte Andrea Tuana, directora de la ONG El Paso, organización comprometida con la defensa de los derechos humanos de las niñas, niños, adolescentes y mujeres afectadas por la violencia de género.La evidencia de que el empresario era culpable, pese a la dificultad para reunir pruebas en este tipo de casos, parecía indiscutible tras una larga investigación policial. El juez comprobó que existía una red de explotación formada por al menos un intermediario que actuaba desde el interior del país y al que Moya pagaba enviando giros. Además, el propio acusado admitió haberse acostado con la menor, alegando en su defensa que la chica le había dicho que era mayor de edad. Javier Moya, de 75 años, excura, antropólogo y de origen español, ha permanecido en prisión seis meses, un breve periodo de tiempo antes de ser liberado, si se tiene en cuenta que laLey 17.815 de violencia sexual comercial y no comercial cometida contra menores en Uruguay establece penas de dos a 12 años de cárcel. Todo se debe a que un Tribunal de Apelaciones revocó la sentencia aceptando el argumento de que “Javier Moya no sabía que la joven era menor” y que, por tanto, fue engañado.


La reacción de la sociedad ante el conocido como caso Moya ha sido significativa en tanto que Uruguay es un país donde el machismo sigue siendo estructural y la violencia de género está a la orden del día. Pero no se ha traducido en una mayor preocupación de los políticos. A las organizaciones les llama la atención que con las elecciones generales a la vuelta de la esquina —se celebrarán en octubre—, la lucha contra la explotación sexual de menores no es una prioridad de ningún partido político en sus programas. La directora de El Paso asegura que no existe voluntad política para erradicarla. “Hace algunas semanas escuché consternada al presidente de la República hablar acerca de un incendio que provocaron unos jóvenes de entornos vulnerables en un colegio de Montevideo, pero aún estoy esperando a que se pronuncie sobre la explotación sexual que se extiende por todo el Uruguay. Parece que no interesa ni al Gobierno ni a la oposición”, lamenta.
Andrea Tuana asegura que llevan denunciando a las autoridades este problema desde hace muchos años. Ya en 1995 hubo una primera investigación titulada Uruguay adolescente: Prostitución de adolescentes y niños. Aproximación a un diagnóstico, realizada por la socióloga y ahora diputada del Frente Amplio, María Elena Laurnaga. El documento causó revuelo en el país porque hablaba de "turismo sexual con menores", "venta de vírgenes", y de "chicas en calles, locales y redes”. Otrasinvestigaciones posteriores de Unicef y de la relatora especial sobre trata de personas de Naciones Unidas también mostraban que en Uruguay, la explotación sexual de menores es un fenómeno común en el que abunda la falta de información estadística, lo que hace que permanezca invisible y no reconocido por la población y las autoridades.

“Siempre ha estado ahí. No hay ni un solo departamento del país en el que no existan este tipo de casos. Está tan naturalizado que no se ve como un problema ni como una vulneración de derechos”, dice Tuana. Como consecuencia, añade, se produce la estigmatización de los menores, pues a ellos se les achaca el problema, y no al explotador. De hecho, es común escuchar por la calle o leer en redes sociales comentarios como “lo hacen porque quieren”, “en realidad les gusta” o “son unas vivas porque así consiguen ropa y celulares”.


Kariña Núñez sufrió abusos sexuales por parte de su vecino cuando tenía 12 años.“A Uruguay le faltan muchos años de madurez social para poder llegar a ser libre de explotación sexual”, asegura. / SUSETTE KOK
“La sociedad no se escandaliza porque tanto la explotación sexual infantil como la prostitución cumplen una función social que tiene que ver con el manejo de la sexualidad: existe una especie de aceptación tácita de que tiene que existir porque hay gente que lo necesita. Y si en los últimos meses hemos conocido más casos es porque implicaban a políticos, conocidos empresarios o policías”, señala la directora de El Paso.
Las noticias de los últimos meses que aparecen en los medios corroboran estas declaraciones. Si bien el caso Moya ha sido el más sonado de este año, en 2013 lo fue el de la casita del parque. En aquel, fue condenado a una pena de presión Horacio De los Santos, el número dos del Ayuntamiento de Paysandú, al norte del país, por participar en fiestas en la que circularon drogas, alcohol y hubo sexo con adolescentes. Aquellos encuentros se celebraban en un local municipal —conocido como la casita del parque—, un espacio destinado a actividades culturales para los vecinos de la localidad. Más aún, poco tiempo después de que saliera a la luz el caso, una de las víctimas, de 16 años, que participó en una de esas fiestas murió en circunstancias poco claras que todavía están bajo investigación.

Ocurre más de lo que imaginamos”

Según los datos extraídos de las denuncias, las víctimas suelen ser chicas adolescentes de entre 13 y 17 años que provienen de entornos de exclusión social y hogares vulnerables. Aunque hay excepciones. “Existen factores como el sometimiento o la violencia doméstica que también generan situaciones de vulnerabilidad, independientemente de la clase social. La pobreza aumenta el riesgo, pero no es la causa en sí misma. La causa es la mentalidad machista y patriarcal que hace que los hombres consideren que está bien pagar por sexo sin importar la edad. La industria del sexo en Uruguay es como una institución: fuerte, arraigada y en la que nadie se mete. Existen whiskerías (prostíbulos), casas de masaje, fiestas privadas donde hay mucho dinero... en las se paga por sexo como si fuera una tradición”, sostiene Tuana.
La explotación sexual a menores es importante especialmente en zonas de frontera donde el tráfico de camiones es intenso o en lugares donde hay importantes parques logísticos con abundante mano de obra masculina. También son complicadas las zonas turísticas y el interior del país, en los pueblos donde todo el mundo se conoce y en los que el silencio es cómplice. “Ocurre mucho más a menudo de lo que pensamos”, explica Karina Núñez, trabajadora sexual que sufrió abusos cuando era adolescente. “Si las chicas denunciaran, la mitad de los habitantes de muchos pueblos del interior iría a la cárcel porque no solo están los que abusan, sino también los que callan”, añade.


Manifestación contra los abusos de menores ante la Corte Suprema de Uruguay. / MARÍA GARCÍA
Las palabras de Karina son duras como la vida que le ha tocado vivir. Cuando era pequeña su padre era preso político y su madre tenía que sacar adelante a cinco hijas. Vivían a las afueras de Montevideo y pasaban mucho tiempo solas en casa. A Karina le llevó años asimilar y admitir que su vecino, aquel que siempre las ayudaba si necesitaban algo, había abusado de ella. “Tenía 12 años y quería comprar algo rico para comer, me daba envidia cuando veía a otros niños con algún dulce. Mi vecino solía darme una moneda a cambio de que me subiera en sus piernas y un día me dijo que me daba el doble si me quitaba las bombachas (bragas). Fui consciente de lo que había pasado muchos años después, cuando acudí a terapia”. A pesar de lo ocurrido, Karina asegura sentirse afortunada porque quien abusó de ella no era de su familia, como sucede en muchos otros casos. “Esa es la base de que yo sea tan fuerte, soy una mujer empoderada y no sumisa. No quiero imaginar lo que debe suponer que abusen de ti tus propios familiares”, dice con orgullo esta trabajadora sexual que da charlas a otras compañeras para asesorarles en temas de sanidad o vivienda.

Aumentan las denuncias

El Instituto Nacional del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) ha dado la voz de alarma sobre el aumento de las denuncias judiciales por explotación sexual de menores en los últimos años. Si en 2012 se registraron 51 casos, en 2013 esa cifra se elevó hasta los 59. Y en lo que va de 2014, el programa de atención a víctimas de trata de explotación sexual comercial ya ha trabajado más de 70 situaciones en un país que cuenta con algo más de tres millones de habitantes. Los motivos de ese aumento, según los expertos, son principalmente dos: una mejor atención para detectar situaciones de abuso y el crecimiento económico del país. “Que Uruguay haya crecido económicamente no significa que se haya producido un desarrollo social en ciertos sectores. Sigue habiendo pobreza y exclusión y ese es un caldo de cultivo. Es necesario controlar el impacto del crecimiento económico”, advierte Luis Purtscher, director del Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y no Comercial de la Niñez y la Adolescencia (Conapees), dependiente del INAU.
Para poder afrontar con eficacia esta situación, desde el Conapees piden que los casos de explotación sexual sean de nuevo competencia de los juzgados de Crimen Organizado, donde cuentan con policía especializada y protección de testigos, entre otros recursos. En junio de 2012 se produjo un cambio en la ley para que el abuso de menores pasara a ser tratado en un juzgado común, algo que Purtscher considera un “auténtico retroceso”. “Complica mucho las cosas. No puede ser que una víctima se encuentre en el mismo pasillo con su explotador. Lo que han hecho con la nueva ley es dar prioridad al narcotráfico y a las armas; y en realidad son temas que van muy unidos a la explotación sexual porque muchas veces recorren los mismos caminos”, abunda.


“Cuando era niña jugaba a las muñecas, las protegía mucho y lo sigo haciendo. Dentro de ellas están todas las lágrimas de mi vida. Nunca tuve infancia, aunque creí haberla tenido porque usé zapatos chiquitos, vestidos chiquitos, porque había sido chiquita”. Palabras de Sandra, 52 años, explotada sexualmente desde los 8. / SUSETTE KOK

Atención a las víctimas

Fue a partir del año 2011 cuando la explotación sexual infantil comenzó a ser más visible en Uruguay. Los casos empezaron a aparecer con más frecuencia en los medios de comunicación, había más procesamientos judiciales y las campañas de sensibilización se hicieron más intensas. Si bien es cierto que la situación ha mejorado en los últimos años, el país sigue sin contar con los recursos necesarios para hacer frente a esta problemática.
Sirve de ejemplo el INAU: solo cuenta con un equipo fijo en Montevideo formado por educadores, trabajadores sociales y psicólogos para atender a las víctimas de explotación sexual; y en el interior de Uruguay, donde el problema es mayor, solo hay dos equipos itinerantes que se desplazan por todo el territorio para asesorar cuando se detecta un caso (no atienden directamente a las víctimas). “Se han dado pasos muy importantes con jornadas de capacitación y campañas de sensibilización, pero aún queda mucho por hacer. Los cambios culturales llevan mucho tiempo, hacer cambiar la opinión de la población es todo un reto. Pero, además, necesitamos una mayor flexibilidad en la órbita estatal para que podamos tener más servicios, soluciones más rápidas. Hay veces que conseguir dinero para pagar una entrada de cine a los menores, comprarles ropa o facilitarles un curso se vuelve una tarea complicada porque los mecanismos actuales están pensados para otras instituciones”, señala Sergio Pereira, psicólogo y director del Programa de atención a situaciones de trata y explotación sexual infantil del INAU.
Las ONG hacen hincapié en que en el país se construya una política pública que involucre a diversos sectores, a los ministerios de Salud Pública, Interior, Turismo y Cultura, que aumenten las campañas de sensibilización y que haya una mejor prevención y atención a las víctimas. “La explotación sexual es un problema estructural que tiene que ver con la violencia de género, con el poder, con la dominación, con el machismo y el patriarcado. Sabemos que es muy complicado erradicarlo por completo, pero está claro que se puede combatir mucho mejor si hay más gente involucrada”, dice Luis Purtscher, quien ya ha propuesto a la comisión especial de Género y Equidad de la Cámara de Representantes cambios en las leyes para proteger mejor a los menores. “Existen protocolos como el de Palermo que Uruguay no está cumpliendo y hay marcos normativos que deben ser actualizados. Es realmente necesario avanzar hacia una ley integral de violencia de género que dé soluciones a estas víctimas”, insiste.
En todo caso de explotación sexual existe un proceso "de cosificación hacia la persona, se las trata como si fueran mercancía”, subraya el experto. Por eso, denunciar no solo requiere de valentía por parte de la víctima, sino también de apoyo. Ellas se pueden recuperar si existen condiciones que les brinden esa oportunidad y esa no se podrá dar si en Uruguay la explotación sexual de menores sigue formando parte de la vida cotidiana.
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