martes, 10 de febrero de 2015

63 casos de violencia sexual en escuelas públicas.




Un total de 63 casos de violencia sexual se registraron en escuelas públicas de Puebla del 2000 al 2013, que ubicó al estado en el lugar once con un mayor número de abusos, de 28 entidades federativas que fueron medidas en un estudio que realizó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).



Tras determinar que este tipo de hechos van en aumento a nivel nacional, el organismo emitió una serie de recomendaciones tanto al gobierno federal como a los gobernadores de los estados con el fin de que implementen medidas para prevenir, investigar, sancionar y reparar daños en casos de violencia sexual en contra de menores en escuelas públicas y privadas.




Entre los puntos de la recomendación que alcanzan al gobierno de Rafael Moreno Valle destaca la de presentar una iniciativa en la que se reformen los códigos penales para tipificar como delito grave conductas de violencia sexual por parte de servidores públicos en contra de niñas y niños, además que se establezcan medidas de protección a las víctimas del delito.




Esto, tras determinar que Puebla forma parte de 14 entidades que no prevén en sus códigos penales que el delito de abuso sexual tenga un agravante en el caso de que este sea cometido por un funcionario público, en un centro educativo, y tampoco señalan como parte de la pena la destitución del cargo en caso de que el abuso sexual sea cometido en ejercicio de sus funciones.




Cabe citar que en respuesta a una solicitud de información, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) informó a este medio que de enero de 2011 a octubre de 2014 se registraron 12 denuncias por abuso sexualcontra el mismo número de menores en instituciones de la entidad sin dar detalles sobre el número de presuntos responsables.








Preocupación por violencia sexual contra niños




De los 28 gobiernos de entidades federativas que proporcionaron información a la Comisión, a través de sus secretarías de gobierno, –menos Baja California Sur, Chihuahua, Michoacán y Zacatecas– reconocieron que este fenómeno ha incrementado en los últimos años por lo que el número de casos reportados podría ser mayor ya que en muchas ocasiones los padres de familia prefieren no denunciar.




En la recomendación publicada el fin de semana en su página de internet, la CNDH manifestó su preocupación al detallar que tan sólo ante este organismo, de enero de 2000 a agosto del 2014, se presentaron 190 quejas, en las cuales se señaló como autoridad responsable a la Secretaría de Educación Pública y a secretarías de educación de diversas entidades federativas por casos relacionados con abuso sexual, acoso sexual, acoso escolar, violación y tocamientos, principalmente en preescolares y primarias.




En 28 de los hechos se documentó la participación de servidores públicos, 21 hombres y 7 mujeres, quienes desempeñaban diferentes cargos en los centros escolares en los que ocurrió el abuso –profesores, prefectos, personal de intendencia y empleados administrativos–.




Ante esta situación, la CNDH emitió cinco recomendaciones a la SEP federal que incluyen supervisar el comportamiento del personal de las escuelas, emitir directrices o guías que contengan los contenidos mínimos sobre las obligaciones de atención, prevención, investigación, sanción y reparación de casos de violencia sexual en centros escolares, además de brindar capacitación y realizar evaluaciones a los trabajadores.




A los gobernadores y al jefe de gobierno del Distrito Federal, la CNDH les emitió nueve recomendaciones que garantice la protección de los menores de edad en las instituciones educativas.








¿Cómo se castiga en Puebla?




En el informe presentado por el gobierno de Puebla a la CNDH, se señaló que la forma en la que actúa la SEP estatal en contra de presuntos responsables de abusos sexuales contra menores en escuelas va desde aplicar extrañamientos hasta el cese definitivo en el cargo, mismo método que comparten otras entidades como Sinaloa, San Luis Potosí y Veracruz.




También reportó contar con una Unidad de Atención al Maltrato y Abuso Sexual Infantil desde donde se atiende a las víctimas del delito, y como una forma de prevención, aplica el programa Escuela con Valor que busca prevenir la violencia en sus diversas formas, entre ellas la sexual.




“Aunado a lo anterior, del análisis legislativo realizado se desprende que las entidades federativas deBaja California Sur, Chiapas, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco y Tamaulipas no prevén en sus códigos penales que el delito de abuso sexual tenga un agravante en el caso de que este sea cometido por un servidor público, en un centro educativo, y tampoco señalan como parte de la pena la destitución del cargo público en caso de que el abuso sexual sea cometido en ejercicio de sus funciones”.




Por eso, entre los nueve puntos de la recomendación a los gobernadores, se exhortó tipificar como grave el abuso sexual que cometa un funcionario público en contra de un menor en una institución educativa.









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