Por ello es que desde ayer se desarrolla en el país la Conferencia Regional para México, Centroamérica y República Dominicana “Unidos por una infancia protegida en las TIC” donde se hizo un llamado a intensificar esfuerzos en la lucha contra la explotación sexual infantil en línea.
“La violencia en línea es un reflejo de lo que está pasando en la sociedad. No podemos dividir este tipo de violencia que se hace en casa con las tecnologías de información y comunicación (TIC) con la violencia que se hace con armas en las calles. Hablamos de violencia contra los niños de manera directa e indirecta”, dijo la representante de UNICEF en El Salvador, Nadine Perrault.
La falta de conocimiento de conductas, de herramientas de prevención, atención e investigación relacionadas al material con contenido de abuso sexual infantil ha hecho que muchos de los casos que son denunciados a los operadores de protección integral y a las autoridades queden en la impunidad.
Gracias al apoyo financiero del Reino Unido, UNICEF El Salvador implementa un programa para la protección de la niñez y adolescencia en línea con un financiamiento de cerca de $287,000 donde la Fiscalía General de la República (FGR) y la PNC son los principales socios.
Perrault detalló que “la prevención es fundamental y también la adecuación de los marcos legales: permitir y equipar para poder perseguir fuera del territorio y hacer acuerdos con otros gobiernos para detectarlo”.
Dentro de los objetivos de la conferencia regional está el compartir y conocer las buenas prácticas, perspectivas y contexto actual en la región, así como capacitar a los actores claves responsables de la prevención, investigación, persecución penal, atención integral y enjuiciamiento, exponiendo las diferentes experiencias mundiales en el área de la protección online.
“Tenemos un problema en Centroamérica y México: no tenemos legislación que regule muchas de las conductas (seducción de menores de edad por uso de tecnologías, sexting y extorsiones) que no se encuentran reguladas en las legislaciones. Solo Costa Rica y República Dominicana regulan algunas”, explicó Pilar Ramírez, asesora legal y coordinadora de proyectos para Latinoamérica y el Caribe del Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados (ICMEC).
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