Ayer fue el Día Mundial contra la Trata de Personas, y el gobierno realizó una actividad de conmemoración en la sede de la cancillería. Allí se presentaron los contenidos centrales de la Ley de Prevención y Combate a la Trata y la Explotación de Personas, aprobada recientemente por el Parlamento, y se adelantaron las líneas de acción del plan integral para combatir la trata.
La subsecretaria del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Ana Olivera, explicó que el plan tendrá cinco líneas de acción: prevención y sensibilización, investigación y acceso a la Justicia, protección y reparación de las víctimas, coordinación interinstitucional y cooperación internacional. En materia de prevención se prevé realizar, por ejemplo, jornadas de capacitación dirigidas a periodistas para el tratamiento y la visibilización del problema, de modo de evitar, entre otras prácticas, la revictimización. Asimismo, en materia de protección, se habilita a las víctimas a tener una atención especializada en el sistema de salud.
El director de Asuntos Políticos de la cancillería, Raúl Pollak, destacó que la ley “le da a Uruguay un elemento jurídico sólido y coherente” para enfrentar la trata de personas. Señaló que el tema “no está en la conciencia de la gente”, porque se lo vincula con “países con guerra y pobreza extrema”. “Y no, lo tenemos aquí en Uruguay, y todos tenemos que luchar contra eso”, remarcó. Olivera complementó recordando que no existiría la explotación sexual si no existieran clientes, a los que en la actividad se llamó “prostituyentes”. “Ese es el espejo en el que no nos queremos mirar”, manifestó la subsecretaria.
Andrea Zaugg, representante del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, afirmó que la situación de trata a nivel laboral es muchas veces más difícil de identificar que otro tipo de trata. Recordó que se da fundamentalmente en el sector de la construcción y en el trabajo doméstico, y muchas veces afecta a migrantes. Contó casos de empleadores que se negaron a dejar pasar a los inspectores del ministerio a sus locales o a sus casas, y que estos debieron hacerlo con ayuda de la Policía. Relató el caso de un hombre que negó conocer a una empleada doméstica que había contratado en condiciones de semiesclavitud.

Presupuesto y cifras

Andrea Tuana, integrante de la ONG El Paso y representante de la sociedad civil en la mesa interinstitucional de combate a la trata de personas, reclamó “un salto cualitativo” en presupuesto para poder implementar la ley.
Tania Zina, del proyecto Travesía del Instituto Nacional del Niño y el Adolescente, que atiende a niñas, niños y adolescentes en situación de trata y explotación sexual, también sostuvo que se necesita más presupuesto. Contó que la mayoría de las niñas, niños y adolescentes que denuncian situaciones de trata son uruguayos y que han recibido pocas adolescentes extranjeras, aunque todavía no saben muy bien las razones. Relató casos en los que los explotadores llevaban a las niñas y adolescentes en autos a fiestas privadas en barrios de nivel económico alto, fiestas que luego derivaban en situaciones de violencia sexual. Zina recordó los “altísimos” daños físicos y psicológicos que estas situaciones producen, por ejemplo en términos de la autopercepción y las formas de mirar el mundo de las víctimas. Para modificar esta situación es necesario “un cambio estructural y cultural de todos nosotros”, remarcó.
La diputada del Frente Amplio Cristina Lustemberg recordó que hasta 2004 la explotación sexual infantil no era penada en Uruguay. Señaló que las denuncias treparon en pocos años de 20 casos a 350 en 2017. De esa cantidad de denuncias sólo se procesó a diez personas el año pasado. Entre 2013 y 2016 hubo siete casos de trata que derivaron en procesamientos. Lustemberg, por otra parte, recordó que en Uruguay 400 niños por año son víctimas de abuso sexual, y opinó que la sociedad uruguaya es “muy hipócrita”. Finalmente, destacó la necesidad de asignar recursos para la implementación de la ley integral, que permitan garantizar a las víctimas acceso a vivienda y trabajo para poder salir de esa situación.

Explotación de adolescentes con discapacidad

La ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, cerró la actividad de ayer en la cancillería destacando que el país ha avanzado en el combate a la trata. De todos modos, relató una situación que a su entender ilustra la dificultad para abordar el tema. Contó que el Mides detectó el caso de un residencial para adultos mayores en el que se realizaba explotación sexual de adolescentes con discapacidad, según surgió de testimonios de las propias víctimas. Arismendi explicó a la diaria que las adolescentes no lo contaban como un abuso, sino que decían que en el residencial tenían “muchos novios”. Con la colaboración de Interpol y de la Justicia del crimen organizado, el Mides logró allanar este año ese residencial y reubicar a las 31 personas que estaban alojadas allí, incluidas las menores de edad. Sin embargo, la Justicia no procesó por trata a la dueña del residencial porque alegó que faltaban pruebas; sólo se la pudo procesar por desacato, porque después de que las autoridades cerraron el residencial, la persona volvió a abrirlo.