Recreación de una escena de violencia en la infancia. /
Sin contabilizar el dolor, la angustia, la vergüenza, los problemas emocionales y un largo etcétera, la violencia contra la infancia cuesta a las administraciones bastante más de 1.000 millones de euros al año. Y eso que se calcula que solo se denuncian un 4% de las violaciones y abusos sexuales que sufren los niños, y buena parte de las demandas, como da cuenta casi cada semana EL PERIÓDICO, se interponen cuando las víctimas han llegado a la madurez de sus vidas y tienen la valentía de iniciar un litigio o, si el caso ya ha prescrito, denunciar públicamente a sus violadores.
Aun así, investigadores de la Cátedra Santander de la Universidad Pontificia de Comillas y la Fundación Educo han tratado de dilucidar el coste de la violencia infantil bajo el convencimiento de que “si no se puede cuantificar una realidad, no se puede resolver, no es posible hacer política pública, generar presupuestos y evaluar el impacto y la eficacia de las conclusiones”. “El Gobierno no sabe si se gasta lo suficiente o si sus políticas tienen impacto o no”, explica Adam Dubin, profesor de Derechos Humanos del centro universitario.
Las dificultades
Intentar dar una cifra aproximada de cuánto cuesta, como mínimo, cubrir las necesidades de un niño maltratado no ha sido una tarea fácil. En primer lugar, no hay precedentes de estudios similares, ni en España ni en otros países. En segundo término, no hay estadísticas fiables del número de niños que sufren malos tratos. Y, por último, la violencia infantil no solo devasta a los menores y normalmente a su entorno, sino “que afecta al conjunto de la sociedad y al desarrollo socioeconómico del país”, según destaca el informe ‘Los costes de la violencia en la infancia. Impacto económico y social’.
Por todo ello, el resultado del análisis, que arroja un coste de 979 millones al año, es solo “la punta del iceberg” y una cifra “infravalorada”, según avisa Eugenia Fabra, profesora de Economía y una de las coordinadoras del informe. De entrada, ante las dificultades de medición, los investigadores solo han tenido en cuenta el abuso sexual, que no es el delito más frecuente pero sí el que tiende más a repetirse, y las víctimas directas: 3.919, según el anuario de criminalidad del 2015. Además, han hecho uso de la prevalencia para calcular el impacto de los maltratados en años anteriores.
La pérdida de capacidades
A partir de estas cifras, han computado los costes sanitarios de atención a los maltratados, los costes jurídicos, los costes educativos con motivo de la pérdida de atención del menor, la posibilidad de repetición de curso y los costes sociales en los que se incluyen la posibilidad de que necesite un centro de acogida. Son cifras “muy pequeñas porque es prácticamente imposible cuantificar el dolor, el sufrimiento y la pérdida de capacidades” de los niños violados, según el informe.
La cuantía más significativa, 850 millones, es la que se destina a la atención sanitaria. Y el conjunto, unos 1.000 millones, es una cifra equiparable al gasto de revalorizar las pensiones, mientras que el presupuesto del Ministerio de Sanidad asciende a 4.251 millones.
La prevención, un ahorro
Teniendo en cuenta el resultado, el informe concluye que la inversión en prevenir los abusos “sería inferior” a la de reparar a las víctimas. Para ello, el estudio propone elaborar indicadores adecuados de violencia infantil, incorporar la infancia en los análisis de costes, sensibilizar a la población, promover una educación afectiva y sexual en los colegios dentro el currículo oficial y mejorar los protocolos de detección, entre otras muchas medidas destinadas a atajar el problema y varias de ellas recogidas en el anteproyecto de ley de protección infantil, que está a la espera de que se forme nuevo Gobierno.
“Aun llevando a cabo todas nuestras recomendaciones, el ahorro sería considerable”, sostiene Eugenia Fabra, quien tiene en cuenta que la campaña ‘Uno de cada cinco’, del Consejo de Europa, calcula que uno de cada cinco niños sufre violencia sexual, lo que implicaría que los casos denunciados en España solo alcanzan el 4%. “La prevención de la violencia contra la infancia debe ser calificada como una inversión que revierte no sólo en la persona, sino en toda la sociedad”, concluye el informe.
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