viernes, 8 de marzo de 2019

ONG: niñas víctimas de abuso sexual son invisibles


Early Institute lanza Alumbra, proyecto para prevenir el abuso sexual infantil.

ONG: niñas víctimas de abuso sexual son invisibles
EFE
Las niñas mexicanas que son víctimas de abuso sexual son invisibles para las autoridades, aseveró el jueves el laboratorio de ideas mexicano Early Institute.
De acuerdo con el doctor Mario Arroyo, miembro del Consejo Consultivo e investigador de la organización, las autoridades mexicanas carecen de información sistematizada que permita documentar este delito y mejorar las acciones de prevención.
Explicó que hace falta incluir la modalidad "infantil" en el registro del abuso sexual, así como el género de la víctima y la entidad federativa donde fue agredida.
Además, es necesario conocer indicadores sobre los presuntos delincuentes presentados y sentenciados.
Arroyo explicó que el sector de procuración de justicia debe monitorear los abusos sexuales infantiles como delito.
Del mismo modo, señaló que el sector salud debe vigilar epidemiológicamente esta forma de violencia, "ya que los datos de ambas instituciones tendrían que integrarse para entender la problemática en todas sus dimensiones".
Para analizar mejor esta situación la organización elaboró el diagnóstico sobre la situación del abuso sexual infantil en un contexto de violencia hacia la infancia en México.
Con ese estudio se encontró que, de las 641,417 hospitalizaciones de personas menores de 18 años registrados en 2015, 309 estuvieron relacionadas con abuso sexual infantil.
De esos casos 87.7 % fueron niñas, y en particular entre los cero y los cinco años hubo 43 casos.
"Estas cifras revelan un dato contundente: la posibilidad de que una niña sea hospitalizada a causa de un abuso sexual es siete veces mayor que la de un niño", agregó Arroyo.
Durante 2017 se registraron 36,158 delitos sexuales, de los cuales 44 % son delitos de abuso sexual, y nueve de cada 10 víctimas son mujeres.
Asimismo, el diagnóstico arrojó que 60 % de los delitos son cometidos en el hogar de la víctima, y cuatro de cada 10 víctimas son menores de 15 años.
Debido a ello, la organización puntualizó la importancia de contar con información debidamente sistematizada y clasificada sobre el abuso sexual infantil con el objetivo de poder identificar los factores de riesgo, variables y tendencias sobre esta problemática que afecta mayoritariamente a las niñas.
Además, es preciso impulsar una agenda entre organizaciones civiles y Gobierno para dar seguimiento y evaluación periódica de las fuentes de información disponibles, que permita asegurar la existencia de datos monitoreables.
Un primer paso por parte de Early Institute es la creación de Alumbra, proyecto enfocado en la prevención del abuso sexual infantil en México.
El propósito de Alumbra, dijo, Arroyo es "visibilizar el abuso sexual infantil en México, a fin de que se atienda partiendo de un panorama real de la situación que enfrentan miles de niñas y niños" concluyó.

jueves, 7 de marzo de 2019

Episcopado mexicano presenta nuevas “líneas de acción” contra abuso sexual de menores

Imagen referencial / Crédito: Unsplash
Imagen referencial / Crédito: Unsplash
La Conferencia de Episcopado Mexicano (CEM) lanzó un plan de trabajo que detalla las nuevas “Líneas de acción para la protección de menores” a fin de evitar posibles abusos por parte de miembros del clero y agentes de pastoral. 
Las líneas de acción fueron presentadas en un comunicado del CEM este martes 5, luego de la reunión que su Consejo de Presidencia tuvo con el Papa Francisco el 1 de marzo.
Las acciones propuestas se dividen en cinco objetivos concretos desarrollados a lo largo del texto: diagnóstico, prevención, justicia y respuesta, apoyo a víctimas, y promover el respeto por la ley.
A través del diagnóstico se pretende “dimensionar y transparentar el problema del abuso sexual infantil”, con la recopilación de información especializada, incorporando los 21 puntos propuestos durante el encuentro mundial para la protección de menores realizado en Roma, entre otros.
Con la prevención se busca “implementar políticas, protocolos, controles y mecanismos institucionales en cada diócesis” para que ningún niño sea abusado. En este punto se propone formar a los sacerdotes y que la Conferencia Episcopal sea el órgano encargado de dirigir, supervisar y verificar las acciones de cada diócesis, establecer comisiones, actualizar las líneas de acción, entre otros.
El objetivo de justicia, por su parte, pretende “verificar el cumplimiento de la legislación civil y canónica por parte de las instancias responsables en todos los casos de abuso”, y para ello se precisa que “ningún abuso debe ser jamás encubierto ni infravalorado”.
Asimismo, la CEM señala que debe reforzar el Equipo Nacional de Protección de Menores, utilizar las estructuras eclesiales para facilitar el trabajo de investigación, volver completamente funcional el sitio web, crear centros de escucha, etc.
El cuarto punto se refiere al apoyo a las víctimas, brindando “apoyo humano, espiritual, psicológico y/o material que requieran conforme a los principios de proporcionalidad y necesidad”
Finalmente, la CEM propone promover el respeto por la ley, haciendo llamados constantes a denunciar los abusos.
En su comunicado los obispos informaron que, con relación al número de casos de abusos sexuales en el país y en pro de la transparencia, han “encomendado” al Equipo Nacional de Protección de Menores (conformado por laicos, independientes y expertos), a que “revisen toda la información disponible en torno a los mismos y previo análisis jurídico de cada uno de los asuntos nos indiquen la forma más adecuada de hacerlo”.
“Es importante destacar que cada uno de los asuntos tiene particularidades que implican la necesidad de un análisis exhaustivo de tal suerte que se proteja la identidad de las víctimas, se cuide el debido proceso y los derechos humanos de los probables responsables”, continúa el texto.
Sobre la información dada a conocer previamente sobre sacerdotes perpetradores de abusos, la CEM aseguró que “es parte de este esfuerzo de transparencia y se irá profundizando y precisando conforme a los avances que este equipo vaya obteniendo”.

“Hay temor en la iglesia de perder poder”

Reclamos a la iglesia de parte de abusados
Representantes del Comité de América latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) y del Instituto de Género, Derecho y Desarrollo (Insgenar), informaron, que tres de cada 100 denuncias de abuso sexual infantil (ASI) llegan a sentencia. Y de las sentenciadas, solo el uno por ciento son condenatorias. Advierten que la única prevención conocida contra el ASI es la Educación Sexual Integral (ESI).
“La resistencia a la ESI de parte de la Iglesia Católica tiene que ver con la defensa de un modelo que les permite encubrirse ellos y tener a los niños y adolescentes en una situación de indefención”.
Detalles de algunos casos
Se recolectaron casi 70 denuncias hacia curas y otros miembros de jerarquía en la Iglesia Católica. En la provincia de Santa Fe se pueden encontrar varios de los casos. Uno es el caso del exarzobispo Edgardo Storni, quien fue condenado a ocho años por abusar de un seminarista en 2009.
El cura Néstor Monzón de Reconquista, detenido en 2016, quien está a punto de ir a juicio oral. La monja Bibiana Fleitas que fue expuesta en 2015 por una exnovicia que escribió un libro contando los abusos en el Colegio Santa Rosa de Viterbo de San Lorenzo.
La mujer fue trasladada a Mendoza pero aún no fue investigada. Además está el caso de Reinaldo Narvais, acusado por acoso sexual y abuso de poder en la parroquia Nuestra Señora de Pompeya, de Rosario. El Vaticano le ordenó hacer un tratamiento “hasta que se logre su adecuada recuperación”.  Por último se acusa a José Rohr de abusar de un joven en la década del 80 en Venado Tuerto: “La víctima decidió hacer la denuncia en la Justicia estatal en 2018”.
Postura de la iglesia
Sobre las objeciones que la Iglesia Católica expresa en la provincia para que no se garantice la ESI, Espinoza opinó: “Esta es una discusión que llega tarde porque la ley ya fue aprobada. Es nacional y lo que tienen que hacer es implementarla en cada provincia. No implementarla es un manotazo de ahogado de un sector que está desesperado, mientras menos sepan las personas es más fácil controlarlas”.
En algunas provincias, como Santa Fe, lamentablemente hay una presión muy fuerte de parte de esos sectores. Hay provincias donde es más difícil visibilizar hay sobrevivientes que están dispuestos a denunciar públicamente y ante la justicia, tribunales y fiscalías. Pero lo que nos topamos habitualmente es con un fuerte lobby de la Iglesia Católica que dificulta el trabajo de la Red”.
“Hay un miedo muy grande a la pérdida de poder de la Iglesia Católica, y de quienes viven amparados en su influencia social y poder económico. Ahora, lo que hay que reflexionar es: ¿por qué la iglesia siente como ataque develar los abusos y las redes de encubrimiento? ¿Es intrínseco? El abuso de niños, niñas y adolescentes no está separado de los demás crímenes y abusos avalados por la curia. Como la reducción a la esclavitud de miles de mujeres que visten hábito, abusos de poder, violencia psicológica, entre otros. En tanto no aborden la cuestión desde allí toda medida será
inútil”, reflexionó Espinoza.

Senadora exige 'tolerancia cero' para el abuso de menores en los centros de detención de migrantes

El juez federal de California, Richard Seeborg, aseguró que la inclusión de la pregunta sobre ciudadanía "amenaza la misma fundación de nuestro sistema democrático" y supondría "rebajar la cifra de respuestas por parte de los inmigrantes y no ciudadanos".
7 MAR 2019 – 5:25 AM EST
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Esta fotografía de archivo del 23 de marzo de 2018 muestra un sobre con el censo enviado a un residente de Estados Unidos.Crédito: Michelle R. Smith/AP
Un juez federal de California se sumó este miércoles a la opinión emitida en enero por otro magistrado de Nueva York al declarar ilegal el polémico plan del gobierno de Donald Trump para incluir una pregunta sobre ciudadanía en el censo de 2020, al que se oponen varias asociaciones de inmigrantes.
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En una resolución de 126 páginas, el juez Richard Seeborg aseguró que "la inclusión de la pregunta sobre ciudadanía en el censo de 2020 amenaza la misma fundación de nuestro sistema democrático", ya que a su juicio resultaría en una infravaloración del número de personas latinas no ciudadanas.
Seeborg destaca que preguntar si se tiene o no la ciudadanía estadounidense supondría "rebajar la cifra de respuestas por parte de los inmigrantes y no ciudadanos, e implicaría un riesgo significativo de distorsión en la distribución de representantes al Congreso entre los estados".
En su fallo de 126 páginas, el magistrado señaló directamente al secretario de Comercio, Wilbur Ross, de acutar de "mala fe", violar varias leyes y la base constitucional de la democracia al agregar la polémica pregunta al censo.
El Departamento de Comercio no ha reaccionado de momento al fallo del juez.

El censo del país, que se renueva cada diez años, es una herramienta clave a la hora de determinar el reparto de fondos federales, de asignar escaños a la Cámara de Representantes o de decidir la distribución de distritos legislativos estatales y del Congreso.
Actualmente, la elaboración del censo se realiza sin preguntar el estado legal de los encuestados ni si son ciudadanos o residentes, pero se calcula que en el país viven en torno a 11 millones de inmigrantes indocumentados, en su mayoría latinos.
La posibilidad de que se incluya una pregunta sobre ciudadanía podría significar que las personas que se encuentran en situación irregular decidiesen no participar en el censo, ante el temor de que esta información pudiera ser enviada a las autoridades de inmigración.
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Agencias discuten acuerdo para compartir información

Pero mientras el caso se dirime en la Corte Suprema, la Oficina del Censo busca discretamente información completa sobre el estatus legal de millones de inmigrantes.
Bajo un plan propuesto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) proporcionaría a la Oficina del Censo una gran cantidad de datos personales de individuos que no son ciudadanos, como nombres completos, direcciones, fechas y lugares de nacimiento, número de la seguridad social y número de registro de extranjeros, según un documento firmado por la Oficina del Censo que obtuvo la AP.
Se trabaja en un acuerdo pendiente de aprobarse entre las agencias desde al menos enero, cuando el juez Jesse M. Furman de Nueva York bloqueó los planes de la Casa Blanca al emitir un dictamen similar al de este miércoles en California.
Michael Cook, vocero de la Oficina del Censo, dijo que se espera que el acuerdo sea firmado en el DHS, pero que su agencia prevé que quede concluido “lo antes posible”.
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Pedido del Departamento de Justicia de incluir pregunta sobre ciudadanía en el censo genera miedo en la comunidad inmigrante
“La Oficina del Censo llega a acuerdos de forma rutinaria para recibir registros administrativos de muchas agencias, incluido el acuerdo pendiente con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, para asistirnos en nuestra misión para ofrecer estadísticas de calidad al público estadounidense”, dijo Cook en un comunicado.
Leon Rodríguez, quien dirigió la DHS bajo el gobierno de Barack Obama, destacó a la AP que "en general, se supone que la información guardada en un sistema de registros es privada y no puede publicarse a menos que encaje en una serie de excepciones definidas”.
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Grupos defensores de los derechos civiles acusan a la Casa Blanca de querer integrar la pregunta de ciudadanía porque desalentaría a los no ciudadanos a participar en el censo, lo que provocaría una menor recaudación de dinero federal y menor representación en el Congreso en los estados con grandes poblaciones de inmigrantes.
La iniciativa ha causado indignación entre los demócratas, quienes afirman que afectaría desproporcionadamente a los estados que favorecen a su partido. La última vez que se preguntó a la gente si eran ciudadanos estadounidenses fue en el censo de 1950.

lunes, 4 de marzo de 2019

Miles de niños inmigrantes fueron violados en centros de detención de EE.UU.


Violación



Denuncia fue presentada ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos por el congresista demócrata Ted Deutch.



 Violación
"Cuando se hacen acusaciones de abuso, agresión sexual o abandono, se toman en serio y la ORR actúa rápidamente para investigar y responder", indicó la portavoz del HHS.
Redacción:

La República
1 Mar 2019 | 18:30 h

Miles de niños instalados en centros de detención en Estados Unidos son víctimas de todo tipo de abusos, según una denuncia presentada ante la Cámara de Representantes por el congresista demócrata Ted Deutch.

La información revela que, entre los años 2014-2018, el Departamento de Salud recibió más de 4.500 denuncias de abuso sexual sobre menores inmigrantes detenidos.

Al parecer, este órgano recibió otras 1.303 denuncias adicionales de violación sexual sobre menores no acompañados durante el mismo período.

 
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Durante una audiencia del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Deutch señaló que al menos 154 de las denuncias son en contra de trabajadores de las propias instalaciones.

"Estos documentos demuestran que durante los últimos tres años hubo 154 acusaciones de agresiones sexuales perpetradas por trabajadores sobre menores acompañados, déjenme repetirlo, trabajadores sobre menores no acompañados", declaró con indignación.

"Esto supone, de media, una agresión sexual perpetrada por alguien del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) sobre un menor no acompañado por semana", precisó.

La audiencia del comité, que se centró en la política migratoria de "tolerancia cero" del gobierno de Donald Trump que llevó a que miles de niños inmigrantes fueran separados de sus familias, contó con el testimonio de Jonathan White, subdirector del programa infantil de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), que pertenece al Departamento de Salud y Servicios Humanos.

White clarificó que dichas acusaciones no son contra personal del HHS sino contra contratistas que son pagados por el HHS para gestionar los centros de detención de menores inmigrantes.

"Haré esa clarificación. Pero no hace que lo ocurrido sea menos horrible", respondió el congresista.

Reacción del HHS
Caitlin Oakley, portavoz del HHS, dijo que los refugios son gestionados por centros que ofrecen servicios de cuidado infantil con permisos de las autoridades del estado.

"La seguridad de los menores es nuestra principal preocupación en la gestión del programa de menores inmigrantes no acompañados", expuso Oakley en declaraciones al sitio Axios, el primero en informar sobre los documentos.

 
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"Cada uno de nuestros concesionarios que gestionan los refugios está autorizado por los correspondientes servicios de cuidado infantil del estado. Además de los estrictos estándares que aplica la ORR, los controles de antecedentes de todos los empleados son obligatorios.

"Estos son niños vulnerables en circunstancias difíciles", añadió Oakley,

"Cuando se hacen acusaciones de abuso, agresión sexual o abandono, se toman en serio y la ORR actúa rápidamente para investigar y responder", indicó la portavoz del HHS.

Según Axios, las denuncias incluyen relaciones sexuales, la exhibición de videos pornográficos a menores y tocamientos forzados.

Política de tolerancia cero
Las cifras de abusos fueron reveladas al mismo tiempo que demócratas del Comité de la Cámara sobre Supervisión y Reforma votaron para emitir citaciones a funcionarios del gobierno de Trump involucrados en la ahora suspendida política de separación de padres e hijos que cruzaban de forma ilegal la frontera entre México y EE.UU.

en abril del año pasado, el entonces fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, anunció la aplicación de la llamada política de tolerancia cero frente a la inmigración irregular en la frontera sur.

Esta política incluía la aceleración del proceso para determinar si las personas son elegibles para quedarse en el país, la expulsión inmediata a quienes se les niegue la permanencia y el procesamiento penal a los inmigrantes que entren al país de forma ilegal por primera vez (antes eran procesados por la vía civil).

La separación de las familias fue consecuencia de esta política ya que al no ser imputados por ningún delito, los hijos de los inmigrantes procesados no podían estar en la cárcel con sus padres y eran separados.

"Si no quieres que te separen de tus hijos, entonces no los traigas ilegalmente a través de la frontera", señaló Sessions en su momento.

Tras airadas críticas, dentro y fuera de Estados Unidos, el presidente Trump decidió revocar la política de separación de familias a finales de junio, y su gobierno se comprometió a reunificar a niños y padres.

Las acusaciones presentadas por Deutch, sin embargo, van más allá de la práctica de separación de familias, pues los documentos se remontan a años anteriores y las denuncias comprenden también casos de menores inmigrantes que no fueron separados, sino que cruzaron solos la frontera.

Crisis clerical

Crisis clerical

Domingo 3 de marzo de 2019
La cumbre del papa Francisco para intentar prevenir la pederastia clerical nunca iba a alcanzar las expectativas que tenían los grupos de víctimas, la prensa y los católicos de a pie indignados ante un escándalo que ha dañado a tantos y comprometido en gran nivel la autoridad moral de la Iglesia. De hecho, no se anunció una ley revolucionaria para castigar a los obispos que encubrieron los abusos. No se difundieron archivos ni se respaldó la elaboración de informes globales que exigieran que los sacerdotes violadores sean reportados a la policía. En su discurso de clausura de la cumbre del pasado domingo, el Pontífice incluso mencionó la constante queja de la jerarquía por la injusta cobertura mediática. Pero algo cambió. Al invitar a los líderes de las conferencias de obispos y órdenes religiosas de todo el mundo a un tutorial de cuatro días para prevenir el abuso sexual, Francisco dejó claro que todos son responsables de proteger a los niños y deben sancionar a los sacerdotes que abusen de ellos, o correrían el riesgo de ellos mismos ser sancionados.
“En la ira justificada de la gente, la Iglesia ve el reflejo de la ira de Dios, traicionado e insultado por estas deshonestas personas consagradas”, aseveró  Francisco.
Pese a lo fuerte de las palabras del Papa, en realidad fue un puñado de mujeres invitadas a la cumbre las que dieron el mensaje más fuerte. Eso también habla mucho sobre el futuro de una institución en la que las mujeres oficialmente están vetadas de puestos jerárquicos, pero cada vez levantan más sus voces y se alejan cuando no son escuchadas.
La hermana nigeriana Veronica Openibo, superiora de su orden religiosa, avergonzó a los hombres en la sala por “décadas de silencio ante las atrocidades cometidas por sus sacerdotes”. Advirtió que serían juzgados por su falta de acción en el futuro. “Esta tormenta no pasará”, aseguró. 
Valentina Alazraki, corresponsal en el Vaticano para Televisa México, desafió a los hombres en el poder por no decidir si se pondrán del lado de las víctimas o de los sacerdotes abusivos. “Hemos elegido de qué lado estar”, dijo Alazraki en la cumbre y advirtió que, a menos que la jerarquía se ponga del lado de las víctimas, “los periodistas, que queremos el bien común, seremos sus peores enemigos”. Se espera que en los próximos días el Vaticano publique una nueva ley de protección infantil para el Estado de Ciudad del Vaticano. A pesar de haber instruido a las conferencias de obispos globales a redactar dicha política en 2011, la sede de la Iglesia católica global todavía no cuenta con ella.

Condena 
La dolorosa noticia de la condena del cardenal australiano George Pell, el clérigo de más alto rango de la Iglesia Católica acusado de abuso sexual a menores, sorprendió a mucha gente, dijo aseguró esta semana un portavoz del Vaticano, que añadió que el prelado “ha reiterado su inocencia y tiene derecho a defenderse” en todos los estamentos judiciales.
Pell, asesor financiero del papa Francisco y ministro de Economía del Vaticano, fue declarado culpable en su país por manosear a dos monaguillos momentos después de oficiar una misa, en un nuevo revés para la credibilidad de la jerarquía católica luego de un año de revelaciones de abusos y encubrimientos en todo el mundo. 
Francisco confirmó que ya se han tomado “medidas de precaución contra Pell”, incluyendo una prohibición para celebrar misa  y, como es norma, los contactos de cualquier tipo o forma con menores”, dijo el portavoz en funciones de la Santa Sede, Alessandro Gisotti, en una declaración que leyó a reporteros sin admitir preguntas.
Pell guardó la compostura mientras el jurado, compuesto por doce miembros, emitía veredictos unánimes en el tribunal del condado de Victoria, tras más de dos semanas de deliberaciones. 
La corte tenía prohibido publicar detalles del proceso hasta esta semana. El jurado declaró al religioso culpable de haber abusado de dos niños de 13 años a quienes encontró bebiendo vino sacramental en un cuarto trasero de la Catedral de San Patricio en Melbourne a fines de 1996, cuando él tenía 55 años, mientras cientos de fieles salían de la iglesia tras los servicios dominicales. 
También se declaró culpable a Pell de haber abusado de uno de los muchachos en un pasillo más de un mes después.
El cardenal, que ahora tiene 77 años, se enfrenta una condena de hasta 50 años en prisión en la audiencia para la sentencia. La semana pasada presentó una apelación a las condenas.
El presidente de la Conferencia Episcopal de Australia, el arzobispo Mark Benedict Coleridge, dijo que la condena a Pell ha “sorprendido a muchos en Australia y en todo el mundo”, incluyendo a los prelados del país. Los obispos están de acuerdo en que “todo el mundo debería ser igual ante la ley y respetamos el sistema judicial australiano”, agregó Coleridge en una declaración ante periodistas desde Roma. “Rezamos por todos los que han sido víctimas de abusos y por sus seres queridos y nos comprometemos de nuevo a hacer todo lo posible para garantizar que la iglesia sea un lugar seguro para todos, especialmente para los jóvenes y los más vulnerables”, manifestó.
Además el prelado debe enfrentar un segundo juicio en abril por una supuesta agresión a dos niños de nueve años y de once a finales de la década de 1970, cuando todavía era un joven sacerdote, en una piscina pública de Ballarat, su localidad natal.

Cura con orden internacional e captura
La Curia Metropolitana de San José confirmó el lunes pasado la expulsión del clero costarricense del sacerdote Mauricio Víquez, acusado de abusar sexualmente de menores de edad y sobre quien pesa una orden internacional de captura. En este mismo caso, El Vaticano también investiga al arzobispo de la capital, José Rafael Quirós, a quien los denunciantes de Víquez acusaron de encubrir al sacerdote. Pues los abusados aseguran que el hoy obispo conocía de los aberrantes delitos desde 2003. El vocero de la curia, Jason Granados, encargado de comunicar a la prensa la resolución emitida por El Vaticano, indicó que se notificó a Víquez de su expulsión hace quince días, primero en su domicilio y luego en las instalaciones de la Universidad de Costa Rica. Al no recibir respuestas, se decidió hacer pública la resolución en su contra. Granados indicó que sobre Víquez ya pesaba una sanción provisional y desde el 19 de febrero hay una orden internacional de captura en su contra porque, según los registros migratorios, huyó del país el pasado 7 de enero. El Ministerio Público informó que Víquez viajó a Panamá y ahora la Interpol lo busca en México, a donde se habría trasladado con posterioridad. El arzobispo Quirós, acusado de encubrir a Víquez, no asistió al encuentro convocado en Roma por el Papa Francisco para tratar el tema de los abusos sexuales contra menores en el seno de la Iglesia Católica, que culminó el pasado domingo.

“Vamos a enfrentar a los agresores con la ira de Dios”

Familiares de los abusados claman para que se termine el ocultamiento de los casos por parte de la curia.
El papa Francisco clausuró el domingo de la semana pasada una cumbre extraordinaria sobre la prevención de abusos sexuales del clero comprometiéndose a enfrentar a “los agresores con la ira de Dios”, a poner fin al encubrimiento de sus superiores y a priorizar a las víctimas de este “descarado, agresivo y destructivo mal”.   
Por su parte, el reverendo Federico Lombardi, el moderador de la cumbre, anunció durante la clausura que en un futuro próximo el Estado de Ciudad del Vaticano emitirá una ley y directrices para prevenir el abuso sexual infantil que cubrirá a la curia romana y entrará en vigor en el Vaticano. 
La falta de política era significativa, ya que la Santa Sede en 2011 había dado la tarea a las conferencias de obispos alrededor del mundo de crear directrices de protección infantil. También le dijo a Naciones Unidas en 2014 que se trabajaba en la redacción de una ley de protección infantil.
Francisco realizó sus declaraciones al final de una misa ante 190 obispos y líderes religiosos que fueron citados en Roma luego de que la aparición de nuevos escándalos de abusos provocó una crisis de credibilidad en la jerarquía católica.  

En el seno familiar  
El Papa jesuita destacó que la gran mayoría de los abusos sexuales ocurren en el seno de la familia y ofreció una visión global del problema social que suponen el turismo sexual y la pornografía en internet, en un intento por contextualizar lo que, según dijo, “supo ser un tema tabú”.
Pero este tipo de agresiones a menores son todavía más escandalosas cuando ocurren en la Iglesia católica “porque es totalmente incompatible con su autoridad moral y credibilidad ética”, agregó. “Tenemos que reconocer con humildad y coraje que estamos cara a cara con el misterio del mal, que golpea con más violencia a los más vulnerables porque son una imagen de Jesús”, apuntó Francisco. 
El Pontífice reunió obispos de todo el mundo en una cumbre de cuatro días para recordarles que los abusos sexuales cometidos por sacerdotes y su encubrimiento no son sólo un problema que afecte a determinados países, sino que es una cuestión global que amenaza a la misión de la Iglesia católica.  
El Papa ofreció un compromiso de ocho puntos, pidiendo un cambio en la mentalidad defensiva de la Iglesia y una promesa para no volver a tapar los casos. Las víctimas, agregó, “deben ocupar un lugar central mientras los sacerdotes deben seguir un camino continuo de pureza en el que el santo temor de Dios guíe el examen de sus propios fallos”.