Desde la Fundación Papis (Programa de Asistencia para una Infancia Segura) y desde la red que lleva el mismo nombre promueven un proyecto de ley para que el Estado brinde asistencia a quienes sobreviven al abuso sexual infantil. Buscan también que haya una indemnización para las víctimas, que les permita cubrir todos los gastos que ocurren a partir del ataque, como asesoramiento, asistencia psicológica y física.
Para visibilizar este delito y generar un compromiso de la comunidad salteña, desde hace tres meses se lleva adelante una campaña de lucha contra el abuso sexual infantil. Durante ese tiempo se distribuyeron afiches y folletos, se hizo presencia en el centro de la ciudad, hubo charlas y diálogos con la prensa.
El 13 y el 14 de junio habrá jornadas con dos sobrevivientes, que darán sus testimonios e impulsarán la creación de grupos de contención. Se busca generar una conciencia social que defienda y proteja a niños, niñas y adolescentes (NNyA) -hasta los 18 años de edad- de este flagelo. Todas las actividades serán abiertas, libres y gratuitas. No hace falta inscribirse para participar.
El jueves 13 de junio, de 9 a 12, en el salón de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), en calle Esteco 704, habrá una charla para jóvenes y adolescentes y todas las instituciones que trabajan con ellos están invitadas.
El mismo día, de 18 a 21, en el Teatro Municipal Salta, en la avenida Paraguay 1450, será la actividad para ONG, organizaciones sociales, funcionarios municipales y provinciales, empleados judiciales y para la comunidad en general.
El viernes 14 de junio, de 9 a 12, en el salón de ATE (Esteco 704), la jornada será para quienes trabajan en instituciones educativas: profesores, directivos, supervisores y psicopedagogos. Quienes quieran puntaje deben contactarse por teléfono, al 387 5873294, o por Facebook: "Fundación Papis".
Organizan esta actividad la Fundación Papis y la red homónima, con la presencia de la asociación "Adultos por los derechos de la infancia", a cargo de Sebastián Cuattromo y de Silvia Piceda, sobrevivientes de abuso sexual infantil, que vienen desde Buenos Aires. Para más información comunicarse al teléfono 387 5873294; por Facebook: "Fundación Papis" o en la calle San Juan 118.
Infancias devastadas
"Un niño que es vulnerado en su integridad sexual está vulnerado en todos sus derechos, porque no se lo considera como un sujeto de derecho al que hay que proteger, sino como un objeto para el placer y la satisfacción de alguien que ejerce un poder sobre el", advirtió la presidenta de la Fundación Papis, Lucrecia Miller, al hablar con El Tribuno.
"El abuso sexual infantil es un tipo de violencia que deja fracturado para el resto de la vida a quien lo ha padecido: no se pasa con el tiempo, no se suelda ni se repara solo. Está comprobado por la experiencia que son NNyA que quedan destruidos para el resto de sus vidas y que reconstruirse requiere de un esfuerzo muy grande por parte del entorno para ayudarlos a que esto suceda. Si no, no sucede", señaló la especialista.
Por las consecuencias que genera, Miller consideró que es necesario ocuparse de lo que les sucede a los NNyA que sufrieron abuso sexual infantil: "Después de hacer la denuncia en contra del perpetrador, nos olvidamos de que hay un niño que ha sido vulnerado en su integridad psicoemocional y física, que va a seguir su vida y no hay dispositivos que cubran lo que pasa después del abuso".
Ante la falta de políticas públicas, desde la Fundación Papis trabajan para que una ley obligue a dar asistencia a los sobrevivientes y una indemnización, que les permita cubrir todos los gastos que siguen al abuso. "Tenemos ley Brisa para los NNyA cuyas madres han sido víctimas de homicidio por género y, sin embargo, no tenemos previsto ningún dispositivo para costear la reparación y restauración psicoemocional de NNyA víctimas de abuso sexual", analizó la experta.
La víctima paga el costo
Para concretar esta norma, desde Papis convocan a legisladores que crean que es importante que haya un período de posvención -de intervención posterior, como se llama en casos de suicidio-: "Es como una muerte causada desde afuera. NNyA sobreviven físicamente, pero se trata de una muerte emocional, con lo cual hay que hacer una tarea de reparación muy expeditiva, no solo con el niño sino también con todo su entorno". Mencionó que la posvención tiene que ver con las acciones que no debe hacer la propia víctima: "Trato mucho con gente que está en estas situaciones y, por lo general, ellos mismos tienen que peregrinar en los hospitales públicos, para saber si los atienden o no. En la parte privada esto no está contemplado, por lo menos hasta este momento, con lo cual el costo del abuso encima lo tiene que pagar la víctima".
Una ley generó un cambio fundamental
A fines de octubre del año pasado se sancionó la ley nacional 27.455, que modificó el artículo 72 del libro primero, título XI, del Código Penal de la Nación, Ley 11.179. Desde entonces el abuso sexual infantil ya no es considerado un delito de instancia privada, sino de instancia pública.
"Esto significa que el proceso no debe estar sujeto a que los padres o tutores radiquen la denuncia, sino que cualquier persona que advierta indicadores de abuso sexual, sea un docente, un vecino, un médico u otro familiar, puede y debe radicar la denuncia y se inicia un proceso de investigación de oficio", señaló Miller. Consideró que esto cambia la óptica del delito y que marca un antes y un después: "El antes era el secreto, el que permaneciera todo bajo el anonimato, el que no se hablara de esta cuestión".
Miller recordó que el 85 por ciento de los delitos de abuso sexual infantil ocurre en el ámbito familiar: "Si se dejara sujeto a que las familias hicieran algún tipo de denuncia para iniciar el proceso de investigación, se iría a un punto muerto. Es como si los propios perpetradores tuvieran que denunciarse a sí mismos".
Evaluó que es muy probable que, después de este cambio, los registros estadísticos -que no hay en Salta- sean más visibles e impacten en la intervención del Poder Judicial de una manera más contundente, que permita luchar contra este flagelo.
"Desde nuestros lugares tenemos que sanear el ámbito donde crecen nuestros niños, porque el abuso ocurre no solo en la familia, sino también en las instituciones, en el propio Poder Judicial, por parte de funcionarios que tienen estas desviaciones y, cuando intervienen ponen a disposición sus propias estructuras mentales, que no se sabe cuáles son", alertó la experta. Mencionó que los NNyA pueden estar expuestos a este tipo de situaciones en todos los ámbitos donde se desenvuelven.
"No hablamos de ninguna consideración (hacia el abusador) porque es un delito y hay que luchar contra él. A partir de la Ley 27.455, que ningún abusador se sienta a salvo ni impune en el lugar en el que está: "Te estamos mirando. Estamos reaccionando contra lo que hacés. No vamos a dejar que lo ejecutes", expresó.
La mujer convocó a armar un frente social que luche contra todo tipo de abuso contra NNyA, sea donde sea que acontezca: en las iglesias, en las escuelas o en cualquier otra institución. "Si como comunidad, todos juntos, hermanados en esta lucha, no nos ponemos firmes, estas cuestiones van a seguir aconteciendo", cerró.
