La Legislatura provincial tratará en el recinto un proyecto de ley por el cual se inhabilitará a condenados por delitos sexuales a trabajar en ámbitos relacionados con chicos o jóvenes.
Viedma.- Las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda, en reunión plenaria, dieron tratamiento a varios expedientes que requerían de su dictamen conjunto.
El encuentro permitió dar trámite favorable a la iniciativa de la legisladora Patricia Ranea Pastorini (ACD) que promueve la inhabilitación a perpetuidad para el desempeño y ejercicio de todo cargo, empleo, actividad o profesión relacionada con el cuidado, atención, instrucción, enseñanza o cualquier otra actividad o servicio público que implique el trato directo con niñas, niños o adolescentes, a quienes hayan sido condenados por delitos contra la integridad sexual.
“En los últimos años las denuncias sobre diferentes formas de abuso infantil han crecido sustancialmente en todo el mundo” no obstante lo cual “y muy especialmente en el caso del abuso sexual, gran parte del iceberg sigue sumergido y oculto a pesar de los progresos recientes” sostuvo la autora al fundamentar el proyecto.
Agregó Ranea Pastorini que “la magnitud del problema supera nuestra imaginación. Se ha estimado que anualmente, el uno por ciento de los niños sufriría abuso sexual y que el 20% de los niños que alcanzan la vida adulta han experimentado durante su infancia alguna forma de abuso sexual”.
“La pedofilia o la pederastia, utilizados como sinónimos en el lenguaje común y periodístico al referirse a situaciones de abuso sexual y violación a niños y adolescentes, se ha incrementado notoriamente en los últimos años. Las estadísticas a nivel mundial señalan que, sufren de explotación sexual mas de dos millones de niños”.
Según el Sistema Nacional de Información Criminal, en la Argentina se cometen 9,5 delitos sexuales cada 100.000 habitantes. En Chile, esa tasa es de 9,2; en Venezuela, de 15, y en México, de 14,8. En los países desarrollados “estos números son mayores, aunque se cree que se debe a que se denuncia la mayoría de los casos de violación o abuso sexual”, dijo Ranea Pastorini.
Afirmó la legisladora que “en la provincia de Buenos Aires, entre enero y septiembre del año 2007, se realizaron 1016 denuncias sobre casos de abuso a menores, un 40% más que la registrada en los mismos meses de 2006. Del total de las denuncias recibidas en esa provincia, siete de cada diez casos de abuso sexual tienen como víctima a un menor de edad”.
Frente a “esta realidad horrorizante y al daño irreparable producido a jóvenes y niños cuyas vidas son estigmatizadas, a veces inclusive destruidas, debemos asumir el indelegable, imperativo y proclamado propósito de proteger y preservar el sano y libre desarrollo y formación de los niños y adolescentes al menos en la esfera de competencia del Estado rionegrino”.
Entre otros conceptos explicó que la inhabilidad que promueve esta norma abarca a todos los funcionarios y agentes del Estado, entes autárquicos, descentralizados y demás instituciones públicas o privadas de Río Negro cuya actividad o ejercicio implique una relación directa e indirecta con niños, niñas y adolescentes y que dependan para su funcionamiento como tal, de una autorización, licencia o habilitación del Poder Público Provincial.
Grabaciones de juicios por crímenes contra la humanidad
En la reunión también fue dictaminado de manera favorable el proyecto de ley de Silvia Horne (PJ) que promueve que El Ministerio de Educación de la Provincia, la Subsecretaría de Derechos Humanos y los medios de comunicación con participación del Estado, obtendrán y asegurarán las grabaciones de los juicios por crímenes contra la humanidad ocurridos en el período 1976-1983.
El mismo tratamiento tuvo la ley que auspician los legisladores Iván Lazzeri, Patricia Ranea Pastorini y Nelly Meana (ACD) para reglamentar el ejercicio del derecho de todos los habitantes de Río Negro de peticionar la revocatoria de una ley, según establece el artículo 149 de la Constitución Provincial.
También, aunque con modificaciones a la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo, el proyecto de ley que tiene por objeto establecer la composición de las comisiones de Fomento y la remuneración del comisionado de Fomento, respectivamente. Del debate surgió reformar el artículo que originalmente imponía la gratuidad de la tarea que desempeñarán los vocales de las comisiones.
Autoconvocados por la igualdad de derechos
El plenario recibió al inicio del encuentro a un grupo de vecinos “Autoconvocados por la Igualdad de los Derechos” quienes, tras una reciente reunión concretada en Fuerte San Javier, resolvieron presentar a los legisladores un documento con propuestas para reformar el proyecto del Poder Ejecutivo, de modificación a la Ley 643 que crea las comisiones y comisionados de Fomento.
Escudo de Río Negro
Las comisiones resolvieron conjuntamente dar dictamen favorable a la iniciativa de ley de la legisladora Magdalena Odarda (ARI) con la que propone revindicar el escudo de la Provincia que fuera aprobado por la Legislatura rionegrina en 1966.
Al respecto la autora recordó que el 27 de junio de ese año “fue sancionada la Ley 471, pero dos días después de aquella histórica sesión el golpe militar de Juan Carlos Onganía determinó que la norma no fuera promulgada”, tras lo cual el gobierno de facto de Río Negro encargó un nuevo símbolo que es el que aún está vigente y que será reemplazado por el sancionado por el gobierno democrático de entonces.
Finalmente se dio dictamen a numerosos proyectos de comunicación y declaración previstos en el temario de la reunión conjunta.
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