El abuso sexual de menores de edad va al alza en el país, pues mientras a lo largo de 2013 se registraron 5 mil 736 denuncias por violación infantil, sólo en el primer trimestre de 2014 se han presentado 2 mil 216, casi la mitad de las acusaciones del año pasado.
Lo anterior se desprende de una investigación realizada por EL UNIVERSAL, en la que 25 de las 32 entidades de la República respondieron a un cuestionario sobre el tema a través de sus portales de transparencia, ya que las autoridades federales carecen de un diagnóstico de violación infantil.
De acuerdo con el número de denunciantes, en 2013 hubo 5 mil 736 víctimas de violación de entre cero y 17 años de edad.
El Estado de México fue una de las entidades más opacas en la entrega de información, ya que dio datos generales: 2 mil 320 denuncias por violación, sin especificar cuántos fueron casos infantiles, por lo que esta cifra no se tomó en cuenta para este reportaje.
Expertos en el tema consideran “una grave omisión” el hecho de que los casos de violación a niños y niñas en México no quedan concentrados en un reporte nacional, y critican que no exista un diagnóstico general sobre este delito.
Los datos específicos no existen ni en la Procuraduría General de la República (PGR) ni en la Secretaría de Salud, tampoco en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) o en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
Crecimiento sin tregua
Antes se creía que los niños estaban más seguros que las niñas, pero la agresión sexual no distingue sexo ni edad. Se suponía que el delito se cometía en espacios cerrados, pero igual ocurre en casas que en escuelas, consultorios e iglesias. No es exclusivo de personas de bajos recursos, sucede en todos los niveles socioeconómicos.
La vorágine de violencia sexual contra menores ha crecido sin tregua en los entornos de familia y escuela, advierte la CNDH. Luis García, primer visitador del organismo, explica que en 2012 cinco de cada 10 niños sufrieron algún tipo de violencia, y en 2013 siete de cada 10. “¿Qué pasará cuando sean 10 de cada 10?”, pregunta.
Laura Martínez, directora de la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas, AC (Adivac) —la organización brinda terapia sicológica y apoyo legal desde 1990—, sostiene que “la violación infantil va en aumento cada año. Lo vemos en el control de las entrevistas que hacemos. Muchos no denuncian porque no creen en las autoridades”.
La titular de Adivac explica que esto genera que la impunidad sea apabullante: 8% de las denuncias se configuran como delito y, de este porcentaje, sólo en 1.5% se condena al violador.
Además, teniendo en cuenta que la mayoría de las víctimas calla, sobre todo cuando el abusador es parte de la familia, la dimensión de la violación infantil es aún más grande de lo que reflejan las cifras.
Laura Martínez afirma que los números oficiales no llegan al 10% de lo que realmente pasa en el país.
El año pasado, la CNDH emitió siete recomendaciones a autoridades educativas, la mayoría vinculadas con violencia sexual. Por la gravedad del tema, el organismo desarrolla programas que buscan sensibilizar a padres y autoridades educativas para detectar y contener esos patrones.
El primer visitador de la CNDH, Luis García, dice que es urgente capacitar a los Ministerios Públicos, facultarlos para que investiguen y sancionen, y que no haya impunidad. “La obligación del Estado es contar con una política para prevenir la violencia y tener acceso eficaz a la justicia”, dice.
Para Rosa María Álvarez, experta en protección a la niñez del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, si la situación es preocupante en centros urbanos, peor escenario hay en los estados. En localidades regidas por usos y costumbres el sometimiento de los niños es mayor, “se vulneran gravemente sus derechos humanos”, dice, y lo peor es que muchas zonas rurales no cuentan con clínicas y menos con centros de atención especializada.
Vulnerables al pedir justicia
Este panorama tiene como consecuencia que el registro, la tipificación y la penalidad de este delito se muevan en un campo nebuloso, mientras que las víctimas quedan doblemente vulnerables al demandar justicia.
Mayra Rojas, directora de la organización Infancia Común, sostiene que el Estado ha sido incapaz de frenar esta violencia. “Ni siquiera hay un registro nacional de violaciones infantiles. No se le da seguimiento, no se visibiliza. Las víctimas deben acudir con un adulto para denunciar. Es una sociedad adultocentrista”, considera Rojas.
Al respecto, Elva Cárdenas, directora de Protección a la Infancia del DIF, reconoce que efectivamente aún no hay un diagnóstico que refleje el número agresiones sexuales contra menores en el país, pero argumenta que ya trabajan en uno y promete que a finales de año tendrán un concentrado informativo.
Falta reforzar la educación sexual, dado que “no se ha sabido difundir bien la información. Muchas veces confunden a los niños”, opina la funcionaria.
Además, se debe poner énfasis en la esfera masculina. “Se ha desatendido mucho la salud mental. En las conferencias de violencia intrafamiliar hay más mujeres, cuando debería haber hombres. Hay que trabajar más con ellos”, dice.
Elva Cárdenas comenta que las entidades que se han concentrado en el tema de prevención de la violencia infantil son Sinaloa, Colima y Baja California Sur, porque “han incluido los programas de prevención al maltrato infantil en sus planes de desarrollo”.
Minimizan el castigo
Los derechos de protección a niños, niñas y adolescentes se ejercen de forma distinta en los estados. La mayoría castiga la violación con cárcel, que va de ocho a 20 años, pero hay ambigüedad a la hora de determinar qué tipo de violencia se sufrió. Algunos califican como abuso sexual lo que es violación y con ello el castigo se minimiza.
El Código Penal Federal señala que comete violación quien por medio de la violencia física o moral realice cópula [introducción del miembro viril u otro elemento en el cuerpo de la víctima por vía vaginal, anal u oral] con persona de cualquier sexo. Y abuso sexual quien ejecute en una persona, sin su consentimiento, o la obligue a ejecutar actos sexuales [tocamientos o manoseos corporales]. También se considera abuso cuando se obliga a la víctima a observar un acto sexual o a exhibir su cuerpo. La pena para este delito es menor, va de seis a 10 años de prisión.
Cada entidad, según su Legislación, define la violencia sexual infantil y sus derivaciones. En Jalisco, por ejemplo, la violación a menores ni siquiera está contemplada; en todo caso, para ellos es abuso sexual infantil. Su Código Penal establece que se impondrán de ocho a 15 años de prisión a los adultos que abusen de adultos, pero no menciona qué pena recibiría un violador infantil.
Lo más cercano a un registro de agresiones sexuales contra la niñez en México se obtiene de la información estatal, sin embargo, las cifras no indican necesariamente la incidencia delictiva, puesto que es mínimo el número de víctimas que denuncian. De hecho, en muchas ocasiones son los médicos, abogados o profesores quienes enteran a las autoridades del ilícito.
A través de los portales de transparencia de cada entidad se solicitó el detalle estadístico de violación infantil de 2013 y los primeros tres meses de 2014: denuncias, averiguaciones previas, edad y género de las víctimas, así como cifras de detenidos y consignados.
Cada estado hace sus reportes. Entre plazos oportunos y prórrogas, 25 entidades entregaron a este diario sus números, algunos cuadran entre sí, otros no.
Jalisco contabilizó el mayor número de casos [tipificados como abuso sexual], con mil 267. Le sigue Chihuahua, con 592 denuncias por violación; Hidalgo, con 518; Tamaulipas, 309, y Sonora, 289. En contraparte, Tlaxcala tiene el menor número, con 11; en Baja California Sur hubo 21, en Morelos 45, en Durango 55 y en Zacatecas 63.
Colima, Nuevo León, Oaxaca y Aguascalientes reportan falla en sus portales de internet y no respondieron. Nayarit, Chiapas y Yucatán alegaron falta de competencia o información inexistente.
Durango citó la secrecía de las averiguaciones previas, pero otorgó números gruesos: 55 denuncias. Los estados de Campeche y Puebla también dieron cifra llana: 116 y 183, respectivamente.
Miles claman justicia
Casi siempre coincide el número de denuncias con el de averiguaciones previas, pero a veces hay varias víctimas que denuncian a un mismo agresor y se inicia un solo expediente. Cuando las autoridades ministeriales determinan que hay pruebas para conformar el delito, consignan la averiguación, con o sin detenido. En ocasiones el agresor es aprehendido en flagrancia; otras veces se manda a llamar al presunto delincuente para que declare.
De las 25 entidades que entregaron información, sólo 14 reportaron agresores consignados. En 2013, en total hubo mil 432. Jalisco tiene el mayor número, 262; le sigue Sonora, con 219.
En el Distrito Federal se iniciaron 182 averiguaciones previas por el delito de violación de niñas y niños de cero a 17 años; un centenar fue consignado.
A nivel nacional, por rango de edad, el mayor número de agresiones sexuales se concentra entre los 13 y los 16 años. Respecto a las víctimas más chicas, Coahuila reporta un caso de nueve meses.
Veracruz es el estado con más víctimas pequeñas: 17 bebés de un año, que equivale a 9% del total de denunciantes (187).
Las mujeres siguen siendo las más agredidas. Con base en los estados que sí detallaron el dato de género, 83% corresponde al sexo femenino. En el primer trimestre de este año se registraron 2 mil 216 denuncias en 25 estados. Mientras las autoridades dan seguimiento al proceso, hay al menos 315 consignaciones y 228 detenidos.
